A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el virtual congresista Jorge Montoya, del partido Renovación Popular, afirmó que el memorial ‘El Ojo que Llora’ es un “monumento pro-terrorista”. Luego de revisar los antecedentes sobre la postura del Estado peruano acerca del tema y otros documentos oficiales, la red Ama Llulla concluye que esto es falso. 

Al cierre de este chequeo, la publicación contaba con más de 1.400 interacciones en Twitter. 

En principio, ‘El Ojo que Llora’, diseñado por la artista holandesa Luka Mutal, fue inaugurado en el Campo de Marte (Jesús María) en agosto del 2005. Consiste en una escultura de granito rodeada por once círculos formados por alrededor de 32 mil cantos rodados en los que están escritos los nombres de las víctimas de la violencia terrorista que asoló al Perú entre 1980 y el 2000, en base a los reportes oficiales que proporcionó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y la Defensoría del Pueblo. 

Ahora bien, contrario a lo que señaló Montoya, ‘El Ojo que Llora’ es en realidad un memorial destinado a preservar la memoria de las víctimas de la guerra contra el terrorismo. Incluso está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el mapa de los ‘Lugares de memoria vinculados a graves violaciones de los derechos humanos’.

Su existencia está oficialmente reconocida por distintos niveles de gobierno. En principio, el distrito de Jesús María lo incluye tanto en el plano general del distrito como en el plano de parques, que identifica los espacios públicos de la jurisdicción. 

Fuente: Municipio Jesús María. 

Ahora bien, el propio Estado peruano ha reconocido de manera oficial y en dos ocasiones a ‘El Ojo que Llora’ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como monumento de reconocimiento a las víctimas de agentes del aparato estatal. 

Esto ha ocurrido de manera específica en los alegatos del representante del Estado en los procesos por la ejecución extrajudicial de internos del penal Miguel Castro Castro, ocurrida en 1992, y la ejecución extrajudicial de un profesor y 9 estudiantes de la universidad La Cantuta, ocurrida en 1993, cuyas sentencias se emitieron en noviembre del 2006.

En la sentencia por el caso La Cantuta, el Estado peruano alegó, ante las medidas de reparación dispuestas por la justicia internacional, que “ya existe en Lima un monumento en homenaje a todas las víctimas de la violencia denominado ‘Ojo que Llora’. En tal sentido, este es una medida de reparación en homenaje y memoria de todas las víctimas del conflicto armado en el Perú” [pág. 99]. 

En el caso Castro Castro, el Estado alegó [pág. 137] no estar de acuerdo con colocar una placa conmemorativa al episodio en el lugar de los hechos, “debido a que ya se ha erigido en un lugar público de la capital un monumento en favor de todas las víctimas del conflicto [denominado ‘El Ojo que Llora’]”. 

La misma CIDH indica en la sentencia lo siguiente: “Al respecto, la Corte valora la existencia del monumento y sitio público denominado “El Ojo que Llora”, creado a instancias de la sociedad civil y con la colaboración de autoridades estatales, lo cual constituye un importante reconocimiento público a las víctimas de la violencia en el Perú”.

Ahora bien, la polémica alrededor del memorial se originó porque este último fallo estableció que, como parte de una serie de medidas educativas y de reparación, el Estado Peruano debía incluir en el monumento los nombres de los 41 internos senderistas fallecidos durante los hechos. Esto, tras concluir que: “Las violaciones imputables al Estado en el presente caso fueron perpetradas por personal de la policía, del ejército y de fuerzas especiales de seguridad, en violación de normas imperativas de Derecho Internacional”.

La indicación fue cuestionada tanto por el gobierno de turno de Alan García como por Luka Mutal, autora del memorial, según narra el historiador Paulo Drinot en su artículo “El Ojo que Llora, las ontologías de la violencia y la opción por la memoria en el Perú”, publicado en la edición 50 de la revista Hueso Húmero. 

Poco después del fallo de la Corte, medios de prensa en el Perú revelaron que algunos nombres de los fallecidos en la llamada ‘masacre de Castro Castro’ ya figuraban en ‘El Ojo que Llora’ —según señala el historiador Drinot, en base a recortes de la época—, debido a que la CVR los incluyó entre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden en la década de los noventa. 

Consultado por Ama Llulla respecto a su definición de ‘El Ojo que Llora’ como un monumento “pro-terrorista”, Jorge Montoya respondió que “yo lo califico así”. 

A continuación, comentó que la inclusión de los nombres de senderistas ejecutados extrajudicialmente en Castro Castro desvirtúa el sentido del memorial. “El tema es que hay [nombres] de terroristas, si no estuvieran ellos no habría ningún problema”, explicó. 

En resumen, el memorial ‘El Ojo que Llora’ ha sido reconocido oficialmente por el Estado peruano, en al menos dos procesos judiciales frente a la CIDH, como un monumento en favor de todas las víctimas de la violencia entre los años 1980 y 2000. También es reconocido como un espacio público por el Municipio de Jesús María y figura en el mapa de la Unesco de ‘Lugares de memoria vinculados a graves violaciones de los derechos humanos’.

La controversia alrededor de este monumento se debe a la inclusión —ordenada por la máxima instancia judicial del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH)— de los nombres de senderistas ejecutados extrajudicialmente en Castro Castro. Eso representa 41 nombres de un total de más de 20 mil. 

En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la declaración del virtual congresista Jorge Montoya, del partido Renovación Popular, acerca de que el memorial ‘El Ojo que Llora’ es un monumento pro-terrorista, es falsa.