El nuevo parlamento desea resolver en dos semanas una cuestión que ha estado pendiente por seis años: designar al titular de la Defensoría del Pueblo. Esta institución cumplirá el 11 de setiembre 20 años de funcionamiento ininterrumpido. Es una de las entidades más prestigiosas del Perú y una de las mejor valoradas por la ciudadanía, a pesar de que solo la mitad de dicho tiempo lo hizo dirigido por un titular elegido por el Congreso (Jorge Santistevan 1996-2000 y Beatriz Merino 2005-2011). La otra mitad fue dirigida por encargados (Walter Albán 2000-2005 y Eduardo Vega 2011-2016).

¿Qué explica sus buenos resultados cuando lo que reina en el país es la desconfianza en un Estado débil e ineficaz?

La calidad de las personas a cargo de la entidad ha sido un factor importante, pero también lo ha sido el proceso continuo de construcción de una organización pública con profesionales con años de servicio en las labores defensoriales y con un alcance territorial cada vez mayor.

Durante este tiempo, la agenda de la Defensoría no solo se preocupó por los derechos y políticas públicas ya existentes, sino por la ampliación constante de dicha agenda, incluyendo cuestiones como el tratamiento de la conflictividad social, la violencia en contra de las mujeres, la atención de los pensionistas, el deterioro ambiental, el transporte público, los pueblos indígenas, el acceso a los servicios públicos, los derechos de la ciudadanía LGTBI, la población afrodescendiente, los derechos de los inmigrantes, las personas con discapacidad, etc.

Gutiérrez fue una de las tres personas que el Gobierno de García designó para conformar una comisión que investigara los hechos del "Baguazo, pero renunció a dicho encargo. 

El otro factor ha sido su absoluta independencia frente a los poderes de turno, lo cual le ganó un prestigio como entidad confiable y rigurosa, dentro y fuera del país. El tercer elemento a considerar es su presencia pública en sucesos críticos de la vida nacional, como la transición a la democracia y los conflictos sociales más difíciles.

Entonces, si es una entidad tan relevante, ¿por qué es tan difícil elegir al Defensor del Pueblo? Tanto el Congreso 2006-2011 como el de 2011-2016 fracasaron en dicha tarea. El alto nivel de consenso necesario (87 de 130 votos) explica en buena medida el problema. Cuando en julio de 2013 Pilar Freitas logró la votación necesaria (91 votos), fue gracias a un reparto informal de cargos -también se elegían a miembros del Tribunal Constitucional del Banco Central de Reserva-. Debido a esto, la calidad de los elegidos quedó en un segundo plano.

El nuevo parlamento desea resolver en dos semanas una cuestión que ha estado pendiente por seis años.

Todo este proceso generó una movilización ciudadana en contra de aquella negociación que fue bautizada como la «repartija». La protesta provocó que la elegida, Pilar Freitas, dimita del encargo del Congreso sin llegar a asumir el puesto. Una segunda oportunidad se presentó en mayo de 2016, al final del anterior período congresal. Pero muchos congresistas se abstuvieron de votar a favor de Eduardo Vega -actual encargado de la Defensoría-, en particular la bancada nacionalista (23 de ellos se abstuvieron). Lo mismo ocurrió con el otro candidato, Gastón Soto. En este caso, 24 abstenciones vinieron de la bancada fujimorista.

Tres candidatos han sido seleccionados por el actual Congreso. Los tres hombres. Por cierto, ¿no hay acaso una sola mujer que cumpla con el perfil para la Defensoría del Pueblo en el Perú? Uno de ellos, Walter Gutiérrez, con el apoyo de la bancada aprista, no alcanzó al final del gobierno de Alan García la votación necesaria en el pleno. Apareció nuevamente como precandidato en el siguiente Congreso, igual sin éxito.

¿No hay acaso una sola mujer que cumpla con el perfil para la Defensoría del Pueblo en el Perú? 

En el actual Congreso, Gutiérrez parece estar mucho más cerca de ser electo. Sin embargo, hay que recordar que en el año 2009 tuvo la oportunidad de asumir un papel clave frente a uno de los hechos más dramáticos de nuestra historia reciente: la tragedia de Bagua. Fue una de las tres personas que el Gobierno de Alan García designó para conformar una Comisión que investigaría dichos luctuosos sucesos.

Sin embargo, renunció a dicho encargo. Poco tiempo después, este informe derivó en un rotundo fracaso. Dos integrantes -representantes de las organizaciones indígenas, uno de ellos presidía la comisión- terminaron emitiendo un informe en minoría por estar en desacuerdo con las conclusiones del informe elaborado.

En cambio, la Defensoría del Pueblo presentó en julio de ese mismo año una propuesta de Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que llevaría años después a la norma que finalmente promulgó el Presidente Humala. Meses más tarde, la Defensoría emitió su propio informe sobre las labores que realizó durante el conflicto, el cual fue presentado ante el Congreso de la República. Las recomendaciones ahí contenidas luego fueron recogidas en las políticas que el anterior y el actual gobierno están impulsando.

La Defensoría, para lograr sus objetivos, necesita continuar y seguir ampliando la agenda de los derechos humanos en el país. No podemos quedar retrasados frente a los avances que en la materia tienen nuestros vecinos como Colombia, Brasil y Chile. Es indispensable mantener el equipo que por años ha servido a la Defensoría en diversas posiciones.

La Defensoría necesita seguir ampliando la agenda de los derechos humanos en el país.

Si el Parlamento opta por un candidato o candidata que lleve a la Defensoría al desprestigio o -peor aún- use la institución para el logro de fines particulares, las miradas girarán hacia los responsables: los congresistas que hubieran votado por dicho candidato y hacia la bancada mayoritaria, la de Fuerza Popular. Esta apoyó en el anterior parlamento la candidatura de Eduardo Vega. Lo coherente hubiera sido seguir apoyándolo o buscar a una persona con un perfil similar. O de lo contrario, garantizar un proceso abierto y transparente que permita el escrutinio de los postulantes, a fin de evaluar de mejor manera su idoneidad.

El Congreso de la República tiene hoy -después de mucho tiempo y según algunas encuestas- una aprobación que supera el 40%. Pero es todavía una cifra precaria. Malas decisiones pueden volver a llevarlo a las cifras cercanas a un dígito de los últimos años. Esperemos que no inicie un camino de costosas equivocaciones con la elección del titular de la Defensoría del Pueblo.

Iván Lanegra. Abogado. Ha sido viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura de Perú y adjunto para asuntos ambientales y servicios públicos de la Defensoría del Pueblo. Actualmente se desempeña como coordinador del Proyecto Gestión de Cambio Climático de la consultora Libélula.

FOTO: Andina.