El domingo 26 de septiembre, cuando el país podría haber discutido los resultados de la gira internacional del presidente Pedro Castillo y su comitiva, el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido lanzó un tuit amenazando con la nacionalización del gas de Camisea. Esto, por supuesto, le bajó la llanta a los esfuerzos presidenciales por dar una imagen amigable frente a inversionistas y organismos multilaterales durante su viaje por México y Estados Unidos. Guido Bellido logró que la atención pública se concentrara en él, el caso Camisea y el regreso a la discusión sobre las ambiciones estatistas del gobierno. 

En términos técnicos y de estrategia para la gestión de los recursos naturales, lo que escribió el premier no tiene ningún sentido. Veamos. Dijo textualmente: “Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”. 

En cada frase del tuit hay elementos imprecisos. No existe una empresa explotadora y comercializadora del gas, sino diferentes consorcios operando diferentes lotes (como por ejemplo el 88, 56, 57). Existe otro consorcio a cargo del transporte del gas (TGP), otro conjunto de empresas a cargo de su comercialización (en Lima y Callao, por ejemplo, es Cálidda), otro consorcio a cargo de la exportación (Perú LNG). Considerando que el premier fue a dejar un oficio a la sede de Pluspetrol, podríamos inferir que su intención es renegociar los contratos del Consorcio Camisea (lotes 88 y 56), hoy compuesto por las compañías Sonatrach, Hunt Oil Company, Repsol, Tecpetrol, Sk Innovation y Pluspetrol.

Un gas más barato para la gente no depende de las utilidades del Consorcio Camisea, sino de las medidas para la masificación que se impulsen.

Luego está el objetivo de la renegociación: “el reparto de utilidades a favor del Estado”. Si uno examina la historia del caso Camisea, esta afirmación sorprende porque el gas de los lotes 88 y 56 paga una regalía muy alta, 37.2 % sobre las ventas, además de impuesto a la renta. Fue posible negociar una regalía tan alta porque los yacimientos revirtieron al Estado peruano en los años alrededor del cambio de siglo, cuando Shell abandonó su intención de explotar comercialmente el gas y el Estado pudo negociar con la sartén por el mango los contratos de explotación.

El problema de fondo vino después, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y bajo la gestión de Pedro Pablo Kuczynski en el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando se cambió la legislación para permitir su exportación, y la masificación del consumo doméstico pasó a segundo plano. Y es sobre esto que luego se ha manifestado el presidente Castillo, cuando afirmó que “estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos”. Esto no depende de las utilidades del Consorcio Camisea, sino de las medidas para la masificación del gas natural, que no incide realmente en el precio de los balones de GLP como maliciosamente se ha intentado deslizar hacia la opinión pública.

Y por último, la “recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento” tampoco garantizará la masificación del gas, que no depende de la explotación del yacimiento sino de qué se hace con el gas cuando sale de este. 

Hay además otras cuestiones de forma que hacen difícil comprender cuál es el objetivo del anuncio de Bellido. El señor Bellido dejó un oficio dirigido a “Señores Pluspetrol” en la recepción de la empresa, luego de ir primero a una dirección equivocada –es decir, no había coordinado una cita–. Y si bien es importante que estos asuntos los aborde la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, quien firmó los contratos fue Perupetro, que no apareció en la foto inicial y estará encargado de cualquier renegociación. Hay que mencionar también que Pluspetrol no podrá tomar decisiones unilaterales a nombre del Consorcio Camisea. Estos detalles, que podrían parecer secundarios, muestran la improvisación con la que se ha iniciado la gestión sobre un tema tan importante para el país. 

El asunto es que sí hay muchas cosas que mejorar y que sí podrían renegociarse. Lo central para el Perú es impulsar la masificación del uso doméstico del gas. Eso requiere promover infraestructura y destrabar proyectos como el del gasoducto del Sur que fue paralizado en medio del escándalo de corrupción alrededor de Odebrecht. La política tendría que ser la de una masificación del consumo de gas a nivel domiciliario. 

El principal uso del gas hoy es la exportación. Sin embargo, el caso de la exportación del lote 56 es complicado de revertir porque no se trata tan solo de un contrato, sino de todo un andamiaje legal que se elaboró a inicios de siglo para permitir la exportación, que luego de la reexportación pasó por el CIADI y que hoy sería muy costoso revertir. Hay que señalar que durante el gobierno de Humala sí se logró revertir la modificación para que el gas del lote 88 sí se destine al mercado interno, pero buena parte de esto no ocurre, porque no está desarrollada la infraestructura necesaria. 

El tema de fondo –que sí debe cambiar– es que el Estado en la práctica no puede decidir qué hacer con el gas que extraen los concesionarios. La Ley de Hidrocarburos de 1993 estableció que el Estado es dueño de los hidrocarburos bajo suelo, pero una vez extraídos, estos son de propiedad de los licenciatarios (artículo 8). Por eso Humberto Campodónico insiste regularmente con la idea de que el Perú no es el “dueño de la molécula” del gas que se extrae de Camisea y no tiene las herramientas necesarias para garantizar la masificación del uso del gas. 

El tema es que sí hay cosas que se podrían renegociar. La política tendría que ser la de una masificación del consumo de gas a nivel domiciliario. 

Entonces, lo central es definir qué se quiere hacer con el gas y cuál es el camino para hacerlo operativo. Para esto se necesita una política energética clara, que defina cuál será el uso del gas en el mercado doméstico. Lo lógico sería promover su masificación para el consumo domiciliario, a nivel nacional y con énfasis en el sur del país. Después de más de quince años de haberse iniciado la distribución del gas en el país, los datos muestran que los avances son muy limitados. Según un análisis publicado en 2019 por el Grupo Propuesta Ciudadana, solo el 8 % de los hogares del país acceden al consumo de gas natural.

Pero debemos recordar también que el gas es un combustible fósil, que debe descontinuarse para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están llevando al planeta hacia una crisis climática potencialmente catastrófica. Sería un error buscar más gas para suplir la exportación, o decidir extraerlo de lugares como el Candamo (Parque Nacional Bahuaja Sonene). 

El Perú debe apostar por la masificación de energías renovables (como la eólica y solar) para la generación de electricidad y la promoción de la electromovilidad. Las energías renovables son intensivas en el uso de minerales, algo que el Perú debe aprovechar para su propia transición energética. Es decir, debemos aprovechar lo que tenemos y en ese marco definir cuál es la función del gas para esto. 

En el futuro, cuando se revise la historia del Perú en las primeras décadas del siglo XXI, el caso Camisea será un ejemplo más de cómo los peruanos desperdiciamos las oportunidades que nos brindan los recursos naturales. La historia de Camisea es la historia de un gran yacimiento descubierto en la segunda mitad de los años 1980, que revirtió al Estado peruano como un “regalo de Dios” y luego, perversamente, se creó un marco legal para facilitar su exportación y dejar en segundo plano la masificación del uso doméstico del gas.

La discusión sobre Camisea es larga y compleja, con diferentes fases, periodos, numerosos contratos, documentos técnicos y disputas legales. El más reciente capítulo es el tuit impreciso de Guido Bellido el domingo pasado amenazando con la nacionalización. 

Hoy se abre una oportunidad para promover la masificación del uso doméstico del gas que tenemos y de cambiar las reglas de juego que han puesto demasiado énfasis en los intereses empresariales, descuidando los intereses energéticos del Perú. Esto no se va a lograr con una renegociación como sea.