Verificación: Carla Díaz 
 

Durante una entrevista radial, el ex premier y congresista Guido Bellido, del partido Perú Libre, se refirió a los proyectos de ley que ha impulsado, entre los cuales se encuentra una iniciativa legal para crear una empresa nacional de fertilizantes. En ese marco, dio el siguiente dato: “Después de la Constitución de 1993, no se ha creado ninguna empresa estatal [sic]”. Luego de revisar los antecedentes y la información oficial al respecto, Ama Llulla concluye que este dato es falso. 

Ver: [22:00-22:08]

La declaración de Bellido figura en la siguiente transcripción:

“Por primera vez el congreso va a tener que aprobar la constitución de una empresa nacional. Porque nunca, después de la constitución de 1993, [...] se ha creado ninguna empresa estatal”.

De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el Estado tiene una serie de limitaciones para realizar actividad empresarial. Aunque se pueden crear nuevas empresas estatales, esto ocurre siempre que exista alto interés público sobre la materia y la intervención se realice de manera subsidiaria. 

Al respecto, Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, comentó que la Constitución establece claramente los tres criterios para la formación de nuevas empresas estatales.

“Solo se puede realizar actividad empresarial del estado con la autorización de una ley expresa, no otra norma con rango de ley. Otro requisito es que el estado debe tener una participación subsidiaria. Aquí lo que nos está diciendo es que se trata de una participación empresarial como última ratio, cuando la empresa privada no brinda el servicio o no lo hace de manera eficiente. Y el tercer requisito es que debe haber un alto interés público”. 

Ahora bien, contrario a lo mencionado por Bellido, luego de 1993 sí se han creado empresas donde el Estado peruano tiene una participación mayoritaria y de hecho, algunas de estas se conformaron mediante leyes aprobadas por el Congreso de la República.

Una de estas empresas es la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), una compañía estatal con accionariado privado y que funciona bajo el ámbito del Ministerio de Defensa. FAME fue creada a través de la Ley N° 29314, que fue publicada en enero del 2009 en El Peruano.  

El fin de esta empresa es comercializar, desarrollar y dar mantenimiento a las armas y municiones de guerra y de uso civil que utilizan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa.

La creación de esta empresa se produjo tras la aprobación de un proyecto de ley multipartidario en el Pleno del Congreso, que entonces era presidido por Javier Velásquez Quesquén.

Cabe resaltar que, esta fábrica estatal tuvo como antecedente la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército que fue creada en 1963 y luego fue liquidada en abril de 1996. 

Otras de las empresas nacionales habilitadas por el Parlamento fue el Banco Agropecuario (Agrobanco), a través de la Ley N° 27603, aprobada en diciembre de 2001. La norma indica desde su primer artículo que se trataba de “necesidad pública y de manifiesta conveniencia nacional la creación del Banco Agropecuario”. 

 

Así figura en las actas de debate del Congreso de la República que se encontraba en funciones en 2001. Durante una sesión de la Comisión Agraria, previa a la aprobación de la ley, el parlamentario Carlos Magno Chávez Trujillo señaló que la creación del banco se establecía con arreglo al artículo 60.° de la Constitución Política del Estado.

En el posterior debate en el Pleno, el congresista Chávez Trujillo hizo una reseña histórica de los antecedentes relacionados al antiguo Banco Agrario, que fue creado en 1931. El parlamentario indicó que en 1981 aquella entidad dio 127 416 préstamos, operaciones que al año 1989 se elevaron a 384 429 préstamos. También indicó que durante el quinquenio 1985-1990 otorgó 1 546 814 préstamos.

El Banco Agrario fue liquidado en mayo de 1992 a través de la Ley N° 25478, junto con otras entidades financieras estatales como el Banco Industrial del Perú, el Banco Minero del Perú y el Banco de Vivienda, según consta en la Memoria Institucional del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de 1992. 
 

“La recuperación de los créditos otorgados por el Banco Agrario estaba siguiendo su curso normal. Lamentablemente, la dictadura [de los años 90], para implementar un programa económico neoliberal ortodoxo, liquidó este banco”, comentó el congresista Chávez en el pleno en que se aprobó la creación de la nueva entidad, el 6 de diciembre de 2001.

Posteriormente, la norma fue promulgada por el presidente Alejandro Toledo.
 

Por otra parte, la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica (Adinelsa) inició también sus actividades en 1994 bajo la denominación Empresa de Ingeniería y Construcción de Sistema Eléctricos (ICSA), como consta en la escritura pública de su constitución.

En el acta notarial se indica que ICSA fue creada a partir de un acuerdo de la Copri por el cual se autorizó la división y reorganización de las empresas que conformaban el sistema eléctrico nacional. 

Se mantuvo inactiva hasta 1998, año en que inició sus labores y además modificó su nombre a la denominación actual.

Adinelsa tiene como actividad principal la distribución de energía eléctrica para zonas rurales en Lima, Ica, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica, y a la fecha ya cuenta con más de 213 instalaciones entre centrales hidroeléctricas, grupos térmicos y sistemas eléctricos rurales. 

Todas las empresas mencionadas se encuentran adscritas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), el cual fue creado en 1999, y a la fecha administra 35 empresas. En 31 de estas compañías, el Estado peruano es el socio mayoritario de manera directa o a través de otras dependencias estatales. 

Hay que precisar que el Estado también cuenta con otras empresas que tienen regímenes particulares, como Petroperú o las empresas creadas a nivel municipal que fueron creadas para servicios a pequeña escala.

Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explicó a Ama Llulla que el Tribunal Constitucional ha reconocido la legalidad de la participación del Estado peruano en el ámbito empresarial siempre que sea para cumplir una función supletoria y en busca del bien común.

 

Para esta verificación, Ama Llulla envió una consulta por escrito al número personal de Guido Bellido con el fin de que precise su afirmación, pero hasta el cierre de edición, el congresista no emitió una respuesta por esta vía. 

En función a lo expuesto, Ama Llulla concluye que la versión del congresista Guido Bellido, acerca de que no se ha creado ninguna empresa estatal luego de la aprobación de la Constitución de 1993, es falsa.