La Amazonía está cerca de un punto de inflexión. La llamada sabanización del mayor bosque tropical del mundo está llevando además a los territorios amazónicos a emitir más dióxido de carbono del que es capaz de absorber. Esto nos cuenta el último informe del Panel Científico de la Amazonía (2021), lanzado durante la COP26 en Glasgow, y también la revista científica Nature. Estos cambios pueden traer efectos graves en el equilibrio natural del sistema climático del planeta con consecuencias catastróficas para la conservación de la vida humana.

En la raíz de estos procesos de destrucción y degradación forestal está un flagelo conocido: el crimen. El 95% de la deforestación en la Amazonía hoy es considerada ilegal. Entre 2001 y 2018, las zonas agrícolas dentro de las denominadas áreas protegidas en toda la región amazónica han crecido en más del 220%. El bosque tropical más grande del planeta es también un invernadero de flujos financieros ilícitos así como un ecosistema de delitos ambientales y conexos.

Estos fenómenos se encuentran principalmente relacionados al acaparamiento y tráfico de tierras y, en parte, vinculados a una expansión agresiva e ilegal de la frontera agrícola y ganadera. Todo esto, consecuencia de la inadecuada implementación de un ordenamiento ambiental y territorial, la falta de actividades productivas alternativas para poblaciones vulnerables, así como un inexistente acceso a tierras o el desactualizado registro y control de su uso por parte de los Estados amazónicos en sus diferentes niveles.

DOCUMENTO. La guía ofrece lecciones para combatir la minería ilegal en la cuenca del Amazonas y está disponible en línea.

Imagen: Instituto Igarapé.

Este caos se origina desde hace años. A medida que la fiebre del oro del siglo XXI se expande, principalmente en áreas de conservación y territorios indígenas de la Amazonía, se plantean grandes desafíos vinculados a la amenaza existencial que representan los efectos de la crisis climática tanto para los gobiernos nacionales como para la cooperación regional y  la comunidad internacional. Actuar de manera integral contra la minería ilegal de oro en pequeña escala —conocida como garimpo en Brasil— en la Amazonía es crucial para que los países de la región cumplan con sus compromisos globales en materia ambiental establecidos en el Acuerdo de París, y con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Más allá de la expansión ilegal de la frontera agrícola, la minería ilegal de oro es otra actividad que contribuye a la degradación ambiental mientras alimenta múltiples conflictos sociales y redes de economías criminales. El lavado de dinero procedente de la minería ilegal de oro es un negocio muy rentable para empresarios y organizaciones criminales ambientales, incluso organizaciones ya involucradas en otras economías criminales, como el narcotráfico. Esto se complica aún más con la poca trazabilidad y transparencia que existe en el mercado para identificar adecuadamente esos flujos financieros ilícitos. Es claro que, en la actualidad, la minería ilegal de oro en la Amazonía enfrenta menores riesgos en comparación a otras economías criminales, a cambio de altos ingresos. Estas son algunas de las alertas señaladas en el último informe publicado por el Instituto Igarapé junto a INTERPOL, titulado: “Guía Práctica para Combatir los Delitos Ambientales: Lecciones de la Minería Ilegal de Oro en la Cuenca Amazónica”.

La minería ilegal de contribuye a la degradación ambiental mientras alimenta múltiples conflictos sociales y redes de economías criminales.

Se trata de una herramienta práctica, dirigida a tomadores de decisiones; en especial, a quienes se encuentran en la primera línea institucional de lucha contra los delitos ambientales, quienes se encuentran a cargo de la prevención, protección y fiscalización ambiental, del control policial y militar, así como de los fiscales y jueces responsables de los procesos de investigación y sanción. Pero la guía también está dirigida a fortalecer los sistemas de rendición de cuentas y transparencia a nivel público y privado. Es una herramienta para construir un mejor entendimiento entre los países que comparten la Amazonía, sobre el alcance y el impacto de los delitos ambientales, a partir de una síntesis clave de experiencias prácticas en el combate a la minería ilegal de oro. Para cumplir este objetivo, se presenta una lista estratégica de 12 medidas ya vigentes en Brasil, Colombia y Perú.

Desde una mirada del mercado internacional, que involucra el rol activo del sector privado —a través de las instituciones financieras, empresas exportadoras e importadoras—, se resalta la importancia de contar con una reglamentación del comercio de oro y una mayor transparencia a lo largo de la cadena global de suministro. Esto se acompaña además de la necesidad de lograr una mayor transparencia en cuanto a la trazabilidad y certificación de origen del oro. 

En este sentido, por ejemplo, Colombia introdujo una serie de nuevos marcos regulatorios para el comercio del oro con el objetivo de restringir la compra del metal extraído de sitios mineros no autorizados. Una iniciativa muy importante es el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), creado en 2012. El Estado peruano, por su parte, estableció rutas tributarias, además de un sistema de registro de proveedores y consumidores e intercambio de información entre importadores y exportadores, todo bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

En la guía se resaltan respuestas innovadoras para el rastreo de maquinaria pesada y su desactivación automática en áreas protegidas.

En cuanto a protección ambiental, Colombia en 2014 y Brasil en 2015 adoptaron acciones para eliminar el mercurio tóxico de la cadena del oro, incluyendo registros nacionales para comerciantes e importadores. Asimismo, se recaban evidencias positivas, pero también desafíos transfronterizos, en cuanto a la aplicación efectiva del Convenio de Minamata, vinculado al rastreo y control del uso de mercurio. Bolivia, el segundo importador de mercurio más grande del mundo, se ha convertido en el centro del tráfico ilegal de este producto en la región. Es así que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales de las últimas décadas, las rutas del mercurio ilegal en la Amazonía siguen activas desde países con controles más débiles —– como Bolivia —– hacia los hotspots de la minería ilegal del oro en la Amazonía, como Madre de Dios y las tierras indígenas munduruku y yanomami, en Brasil.

En la guía elaborada por el Instituto Igarapé junto a INTERPOL se resaltan también respuestas tecnológicas innovadoras —presentadas, por ejemplo, desde la sociedad civil en Brasil— para el rastreo de maquinaria pesada y su desactivación automática en áreas protegidas. De igual manera, destacan el monitoreo remoto a través de herramientas de inteligencia artificial, el procesamiento de big data, la inspección e investigación ambiental a través del uso de inteligencia de imágenes, entre otras experiencias. Sea con drones o con vuelos de helicóptero, la sociedad civil en Perú y Colombia ha colaborado en el monitoreo de zonas y poblaciones afectadas por la minería, así como en la construcción de denuncias penales.

A nivel institucional, la guía presenta los principales desafíos y oportunidades en cuanto a los marcos legales vigentes, así como la capacidad de respuesta de las instituciones involucradas a través de una revisión de las estrategias, programas, políticas y acciones en marcha para combatir la minería ilegal en Perú, Colombia y Brasil.

En este panorama, resalta el rol crítico de reorientar las prioridades de los sistemas de inteligencia para actuar con anticipación estratégica, señalando, por ejemplo, casos puntuales de inteligencia financiera que concluyeron con la identificación de redes de lavado de dinero que vinculaban a proveedores locales con los principales compradores de oro a nivel global en Suiza, India, Emiratos Árabes Unido, entre otros. 

Aquí destacan además los esfuerzos no solo institucionales, sino también desde espacios del periodismo de investigación, para revelar ante la opinión pública estas estructuras y hacer un llamado a la priorización de las investigaciones financieras vinculadas a delitos ambientales.

Finalmente, la guía presenta un mapeo de los principales mecanismos de cooperación. Proteger y conservar la Amazonía es un desafío regional que requiere respuestas regionales. Para esto, construir un entendimiento común con prioridades compartidas y lograr una cooperación transfronteriza efectiva es fundamental para una acción regional eficaz.

Desde el Instituto Igarapé, invitamos a tomadores de decisiones, expertos y a cualquier interesado en los problemas de la Amazonía a leer esta guía y pasar a la acción, sin reinventar nada, sino implementando las enseñanzas de las lecciones aprendidas, las iniciativas innovadoras y las acciones ejecutadas que ya han demostrado resultados efectivos. Es momento de actuar.