El pasado 28 de febrero, la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap) retomó sus protestas en la zona del Lote 95 para exigir derechos postergados desde la llegada de la petrolera PetroTal, antes Gran Tierra Energy, a su territorio, ubicado en el distrito de Puinahua, provincia de Requena, región Loreto.

El 19 de marzo, vía Zoom, el primer ministro Aníbal Torres Vásquez condenó y acusó de secuestradores a los pobladores del Puinahua por protestar en contra de la militarización de la zona, que busca garantizar las operaciones de PetroTal, sin escuchar las demandas de la población ni atender a las víctimas de la masacre del 2020. 

En agosto de ese año, la policía disparó a quemarropa contra la población kukama que protestaba por el abandono del Estado durante la pandemia, como se puede observar en los videos registrados el fatídico día de la masacre. Catorce personas fueron impactadas por las balas de la Policía. Tres de ellas murieron, dejando familia e hijos en orfandad.

Los fallecidos en agosto del 2020 fueron Chemintón Flores Crispín, quien dejó una viuda y dos huérfanos; William López Ijuma, con una esposa y un hijo en orfandad, y Elix Ruiz Ortiz, con cuatro hijos huérfanos. “Aún no se ha atendido a las familias de las víctimas de la masacre, ni las demandas de la población kukama del Puinahua”, señaló el apu James Pérez Pacaya. 

En agosto de 2020, durante una protesta, 14 personas fueron impactadas por las balas de la Policía. Tres de ellas murieron". 

En julio de 2019, los pobladores kukama del Puinahua tomaron las instalaciones del Lote 95 para exigir respeto sobre su territorio y atención a sus demandas por los derechos violentados desde la presencia de la mencionada empresa extractivista en la zona. 

La respuesta del Estado fue la de siempre, es decir, represión y violencia. Once pobladores indígenas de la zona fueron denunciados por la toma de las instalaciones en PetroTal y el juicio continúa hasta la fecha. Esto dio origen, el pasado jueves 17 de marzo, a una marcha pacífica en Requena exigiendo la nulidad de esta demanda en su contra.

La población kukama se mantiene movilizada frente a la poca preocupación del Estado por acortar las brechas y las desigualdades, que son las que generan conflictos permanentes en la Amazonía peruana.

El pasado 6 de abril, después de tanta insistencia, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, lideró una reunión con los representantes de Aidecobap, las comunidades y otras organizaciones indígenas. Además, por la empresa PetroTal participaron Luis Pantoja (gerente general), Guillermo Florez (gerente general adjunto), Yolanda Zuñiga (gerente de Relaciones Gubernamentales), Patricia Díaz (gerente legal) y Pedro Arce, gerente de Gestión Social de Perú-Petro.

VÍCTIMAS. En agosto de 2020 fallecieron Chemintón Flores Crispín, William López Ijuma y Elix Ruiz Ortiz. Sus deudos aún esperan justicia.

Foto: Radio Ucamara

La primera decisión fue levantar la medida de fuerza y suscribir un acta que establece la creación de una mesa técnica de trabajo con el objetivo de analizar la problemática de las comunidades impactadas por la actividad extractiva del Lote 95. 

El Ejecutivo, a través de Perú-Petro, se comprometió a proponer la incorporación de una adenda para la implementación de un fondo de desarrollo en el área de influencia, mediante un decreto supremo. 

El circuito petrolero se ha convertido en el circuito de la muerte y la desesperanza para los pueblos. Los acuerdos a los que se han llegado repiten el mismo libreto de los gobiernos anteriores, por lo que queda claro que la gestión de Pedro Castillo no tiene una propuesta diferente.  

Cuando se habla de un diálogo franco y del compromiso de trabajar por el progreso y bienestar de esta zona del país, se deben atender demandas y cerrar brechas, pero las víctimas continúan clamando justicia a un Estado indolente y frente a una empresa que tiene las manos ensangrentadas con la vida de víctimas inocentes.

Sin embargo, aún queda esperanza en lo que se decida en las mesas técnicas, en la capacidad de las organizaciones para luchar y en la vigilancia de todos los pueblos afectados que se han organizado para gritar las injusticias y exigir respeto y dignidad.