Parece que lo hemos olvidado, pero no son solo números. Entre setiembre de 2021 y agosto de 2022, cinco niñas de 10 años o menos dieron a luz en Perú. En ese mismo periodo, otras 1.632 chicas de entre 11 y 14 años llevaron a término una gestación. Parece que lo hemos olvidado, pero todas ellas quedaron embarazadas luego de una violación. Ni siquiera después de ese infierno hubo quien las proteja. De tan frecuente —más de cuatro niñas forzadas a parir al día— la aberración se nos ha normalizado. 

Esas, seamos sinceros, no son las únicas formas que hemos encontrado para resquebrajar vidas: en 2017, una adolescente indígena de 13 años —conocida como Camila— quedó embarazada luego de ser violada de manera sistemática por su padre. Al terror frente a las amenazas de asesinato por parte del hombre se sumaron, entonces, mareos y fuertes dolores de cabeza. Fueron sus maestras quienes alertaron a la madre, una mujer quechuahablante con discapacidad, sobre sus ausencias reiteradas al colegio y los problemas de salud que estaba experimentando. 

Días después, cuando se confirmó la gestación a través de un chequeo médico, Camila logró contarle a su madre lo que había ocurrido. Ella denunció a su pareja en la comisaría del pueblo y solicitó un aborto terapéutico para su hija. Es decir, el único procedimiento de interrupción del embarazo legal en Perú, que se realiza cuando la salud o la vida de la gestante está en peligro. 

A pesar de los riesgos que implica un embarazo a esa edad y de que la adolescente habló de sus ideas suicidas con los psicólogos y fiscales que la entrevistaron, el personal de salud no respondió a la solicitud dentro del plazo, y Camila no pudo acceder al aborto terapéutico. Cuando ya cursaba el cuarto mes de gestación, sufrió una pérdida espontánea. Entonces, empezó un nuevo calvario: primero, fue la visita sorpresiva de una obstetra, acompañada de un policía, para exigirle que retome los controles prenatales. Y, poco después, empezó una investigación fiscal por el presunto delito de autoaborto. 

Aunque inicialmente la menor fue declarada responsable y se le fijaron medidas de supervisión por parte de las autoridades, su madre inició un proceso legal que terminó con un pronunciamiento a su favor. En otras palabras, quedó libre de esas medidas y no fue registrada como “adolescente infractora”. Pero, de tan brutal, el caso es evaluado por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas.

De tan frecuente —más de cuatro niñas forzadas a parir al día— la aberración se nos ha normalizado". 

La suya no es la única historia de este tipo. Una década antes, otra adolescente —conocida como L.C.— experimentó la crueldad del sistema de salud. También tenía 13 años cuando quedó embarazada y había sufrido abusos reiterados. El 31 de marzo de 2007, al enterarse de aquella gestación forzada, la menor intentó suicidarse lanzándose desde el techo de una casa contigua a la suya. 

El impacto le dejó una lesión cervical severa, pero los médicos se negaron a operarla: para eso, era necesario interrumpir el embarazo. Tres veces pidió su madre que le practicarán un aborto terapéutico. Las tres, se la negaron. El 11 de julio de ese año —casi tres meses y medio después de su salto al vacío— la adolescente pudo acceder a la cirugía luego de tener un aborto espontáneo. Hoy, es una adulta que vive con cuadriplejia y depende de otras personas para satisfacer sus necesidades. 

En 2011, su caso fue evaluado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) —una organización encargada de supervisar el cumplimiento del tratado homónimo—. Entonces, la instancia internacional determinó que el Perú era responsable de violar la Convención Cedaw y recomendó que se despenalice el aborto en casos de violación, para evitar que esto se repita en el país.

Una década ha sido insuficiente para conseguir un avance como ese, incluso cuando el 63% de los peruanos considera que la interrupción del embarazo debe ser legal en todos o algunos casos. En los últimos seis años, mientras Argentina y Colombia han permitido el aborto por cualquier causa durante las primeras etapas del embarazo, el Congreso peruano ha evaluado dos proyectos de ley para hacer lo mismo en casos de violación sexual. 

La propuesta 00387/2016-CR fue presentada durante la primera legislatura ordinaria de 2016 y la 00954/2021-CR, en la de 2021. La primera nunca llegó al Pleno y, con la segunda, todo parece indicar que ocurrirá lo mismo. Otra, más ambiciosa, que buscaba despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo —presentada en la tercera legislatura ordinaria de 2020— tuvo aún menos chances. 

Más de 33.000 casos vinculados a abortos fueron atendidos en los hospitales públicos del Perú durante el 2021".

Las sucesivas crisis políticas que vive el país han hecho lo suyo también, cediendo terreno frente a grupos conservadores. Funcionarios del Ejecutivo que ni siquiera intentan disimular su machismo, congresistas que interponen su fe en asuntos públicos, otros vinculados a grupos antiderechos y hasta un legislador denunciado por una presunta violación sexual a una trabajadora de su despacho. Todos ellos, envalentonados por el cansancio de la mayoría de los peruanos ante tanta inestabilidad y una pandemia que los llevó al límite, han encontrado la forma de seguir su juego.

Así se ha consolidado una Comisión de la Mujer y Familia que, en lugar de buscar alternativas para garantizar los derechos de más de 33.000 mujeres y niñas que necesitaron atención por una interrupción del embarazo en los hospitales públicos del Perú durante el 2021, ha priorizado un proyecto de ley que podría limitar todavía más el acceso al aborto terapéutico. Así, con negociaciones donde los ciudadanos importan poco, el Pleno pretende debatir una iniciativa que busca cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de “Ministerio de la Familia y Población Vulnerable”. 

También así —en un país donde, solo el año pasado, más de 22.400 personas requirieron atención por violencia sexual en los Centros de Emergencia Mujer— el Congreso, respaldado por la inacción del Ejecutivo, promulgó una ley que limita las competencias del Ministerio de Educación en la elaboración de textos y recursos educactivos, además de debilitar el enfoque de género y la educación sexual integral. En resumen, un conjunto de herramientas que buscan, justamente, prevenir la violencia y darle recursos a niños, niñas y adolescentes para identificar situaciones de riesgo.

Normas como estas tampoco cumplen con el objetivo que dicen perseguir: disminuir la cantidad de interrupciones de embarazo que se realizan cada año. Eso no lo ha conseguido, siquiera la más férrea persecución penal. Pero sí vulneran múltiples derechos y condenan a las más pobres a depender de abortos inseguros o peligrosos. 

Solía creer —quería hacerlo— que las nuevas generaciones estarían más amparadas que la mía a la hora de tomar decisiones sobre sus cuerpos y destinos. Ahora no me queda fe ni en eso.