El nacimiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) está siendo tan largo como su nombre. Recordemos su origen. La crisis que provocó el conflicto por el Proyecto Minero Conga, en Cajamarca, trajo consigo la caída del primer gabinete de la administración del Presidente Humala así como el cambio de la plana directiva del Ministerio del Ambiente. 

Entre los variados problemas identificados en el caso, muchos especialistas resaltaron las limitaciones del modelo de evaluación de impacto ambiental peruano. El Ministerio de Energía y Minas, cuyo objetivo principal es promover las inversiones mineras y energéticas en el país, es a la vez el encargado de certificar -darle la luz verde- a dichas iniciativas. Sin entrar a discutir la honestidad e idoneidad técnica de los funcionarios a cargo, era evidente la dificultad que tenían para hacer creíble la imparcialidad de la decisión ministerial, en particular en los proyectos de gran escala o de especial complejidad.

En el 2012, aún en el primer año del gobierno, los altos niveles de aprobación presidencial y los buenos indicadores económicos brindaron condiciones para impulsar mejoras en las políticas ambientales y sociales. La propuesta de crear una entidad encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental que no fuera parte del Ministerio de Energía y Minas se mostraba políticamente viable. Pero aun en este escenario, el Ministerio del Ambiente no enfrentaba un camino despejado. Las discusiones al interior del Poder Ejecutivo sobre la conveniencia de esta reforma fueron intensas.

La mayor preocupación para los ministerios productivos y económicos era la pérdida de control sobre una decisión crítica para sus objetivos sectoriales. Lo paradójico era que con ésta posición se hacía aún más clara la necesidad de la reforma. La huella de esta pugna entre los sectores se encuentra en la conformación del Consejo Directivo del Senace, en donde los sectores productivos son mayoría.

En diciembre de 2012 el Congreso de la República aprobó el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. En el mismo mes el Presidente Humala promulgó la Ley de creación del Senace. A partir de ahí todo fue lento. Tuvo que pasar un año para que el ejecutivo pudiera designar a la primera titular del Senace, la abogada Rosa María Ortiz. Ella venía de presidir Perupetro, la entidad responsable de licitar los lotes de hidrocarburos, y de formar parte del equipo de asesores presidenciales. En sus hombros se depositó la tarea de poner en funcionamiento la nueva entidad. Durante los siguientes meses, además de resolver las cuestiones administrativas básicas del organismo estatal, inició el reclutamiento del personal técnico.

 La huella de esta pugna entre los sectores [por la conformación del Senace] se encuentra en la conformación del Consejo Directivo del Senace, en donde los sectores productivos son mayoría.

Sin embargo, hace unas semanas Ortiz dejó el Senace para asumir la cartera de Energía y Minas. La primera ministra en dicho sector. Ahora, la jefatura del Senace ha sido encargada a una de las tres directoras de línea, la ingeniera química Milagros Verástegui, quien ha asumido la Secretaría General.  Ella, ex funcionaria del Consejo Nacional del Ambiente, del Ministerio del Ambiente y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, posee una larga experiencia en la gestión ambiental pública. Mantendrá esta encargatura por un máximo de seis meses, período en el cual el gobierno nacional deberá designar a un nuevo titular.

Verástegui dirigirá el inicio del proceso de transferencia que se prolongará hasta el 2020. De acuerdo al cronograma publicado a mediados de febrero, la aprobación de los estudios de impacto ambiental pasará paulatinamente de los ministerios al Senace durante los próximos 6 años. El 2015 pasarán al Senace la aprobación de los proyectos mineros, energéticos y de transporte. No son poca cosa. Combinados representan una porción significativa de la inversión privada y pública. 

Los proyectos agrícolas y de vivienda se transferirán el 2016. En los años siguientes pasarán los proyectos de saneamiento, industria, pesca, salud, cerrando con los de comercio, turismo y defensa en el 2020. Más allá de discutir la necesidad de plazos tan largos, el hecho es que en unos pocos meses el Senace empezará a evaluar los proyectos mineros y energéticos en un contexto económico difícil, con fuertes presiones por acelerar las inversiones y con discursos provenientes del gremio empresarial minero que califican públicamente al Ministerio del Ambiente como una entidad que solo sabe decir “no” a la inversiones.

Los conflictos sociales vistos en lo que va del 2015 no hacen sino ratificar la importancia de garantizar a la ciudadanía una evaluación ambiental solvente y confiable. El Senace ha establecido como su primer objetivo el asegurar que “el otorgamiento de la certificación ambiental de los proyectos de inversión garantice su viabilidad ambiental de manera técnica, confiable, transparente, eficaz y eficiente”. Lograrlo dependerá en gran medida del grado de autonomía que se le brinde al personal técnico del Senace. Pero también de los mecanismos de transparencia y participación que habilite. Difícil reto el que enfrentará Verástegui así como el futuro o futura titular del Senace.

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Foto: Archivo Andina.