Un punto de partida para abordar el contexto político actual es notar que hay una confluencia de problemas estructurales que agravan la crisis reciente. Existe una persistente tradición de discriminación social y centralismo, altísimos niveles de informalidad en la actividad económica y las economías ilegales y la criminalidad van en aumento. 

Hay también un problema de décadas de fragmentación política, crisis de representación y descrédito generalizado de la política. En la elección anterior lo preponderante fue el ausentismo, el voto blanco y viciado. En general, existe una desafección ciudadana con la política. Todo esto se agudizó durante la pandemia y contribuye al descontento social.

Esto ocurre en un contexto internacional incierto, con desequilibrios geopolíticos y con una presencia cada vez más fuerte de narrativas negacionistas del cambio climático, del conocimiento científico y con mensajes antiderechos. En la escena internacional, Perú ha perdido peso y protagonismo. En temas ambientales y amazónicos esto es particularmente notorio. En el plano doméstico, técnicamente ya estamos en recesión. Las proyecciones de inversión privada son muy bajas. 

Todo eso forma un cocktail explosivo e incide en el deterioro del país, donde priman los intereses particulares que debilitan la capacidad regulatoria del Estado, como anotaron recientemente Vergara y Quiñón (2023). 

¿Hasta qué punto lo que veíamos en el gobierno de Castillo como un proceso de debilitamiento del Estado podría ser también expresión de una transformación en las formas de relacionamiento de la sociedad con el Estado?, se preguntó en una presentación reciente Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. 

Esta transformación estaría signada por un ascenso, bastante explícito, de formas patrimoniales de Estado, pero que serían expresión de un alejamiento del paradigma basado en el rol de la tecnocracia como actor principal en la gestión pública. Porque, recordemos, la pandemia evidenció que el “milagro peruano” no era tal y que el Estado estaba lejos de cumplir efectivamente sus funciones más básicas. 

Hay una extendida percepción de que la tecnocracia, que para algunos ha sido neoliberal, y para otros ha sido caviar, gobernó el Perú durante casi dos décadas y fracasó. Entonces, con el gobierno de Castillo hubo, con matices es cierto, un cambio en el elenco de la burocracia estatal y las formas de acceder al gobierno central. En parte esto fue una respuesta al descrédito extendido que tienen hoy nociones tecnocráticas en la gestión del Estado.

Ahora bien, hacia adelante, la lógica particularista se mantiene con la presidenta Dina Boluarte, pero a nivel de quiénes le dan soporte político. No ha logrado construir una agenda de interés público, ha hecho alianza con otras instituciones políticas. Sí ha insistido con pedirle a la gente que le traiga una “agenda social”, criticando reclamos políticos y apuntando a agendas sectoriales; pero no ha construido una base social.

Sin embargo, a pesar de este cambio, sí parece estarse consolidando este tipo de relación particularista en la gestión del Estado, desde una coalición de políticos en el poder.

En esta línea, a la luz de los hechos recientes y la sacada de la careta que han hecho los políticos, sobre todo los congresistas, recojo una idea de Alberto Vergara y Aaron Quiñón (2023) en su texto “¿De Guatemala a GuatePerú?”. Los autores señalan que en el Perú de hoy la política está al servicio de restringir la capacidad regulatoria del Estado. Es decir, los intereses particulares que hoy gobiernan tienen en común su vocación por restringir la capacidad regulatoria del Estado.

.AMAZONÍA Una draga en plena operación en la cuenca del Cenepa, en Amazonas. Las economías ilegales están penetrando cada vez más la vida social.

Foto: Leslie Searles

Estos intereses particulares están debilitando la capacidad del país de hacerle frente a los diferentes problemas históricos y coyunturales que enfrentamos. Y este es el riesgo principal: que se está erosionando la capacidad del país para hacerle frente a sus principales problemas.

Los intereses particulares son de varios tipos. Pero quisiera destacar tres: las economías informales e ilegales, los lobbies para favorecer indebidamente intereses empresariales y las redes de corrupción y la agenda de impunidad. 

Economía informal y economías ilegales 

En el Perú existe una vasta economía informal. Y hay una percepción generalizada de que las economías ilegales están penetrando cada vez más la vida social y política del país.

Entre las principales economías ilegales están la tala ilegal de madera, el contrabando, la trata de personas y otras formas de explotación, la minería ilegal, la usurpación de terrenos, el tráfico de tierras, el tráfico de drogas, la extorsión a pequeñas y medianas actividades económicas, el tráfico de fauna y flora silvestre. Varias de estas se desarrollan en la Amazonía.

Existe información de que estas economías avanzan también en el financiamiento de campañas políticas y que tienen representación en municipios, gobiernos regionales, Congreso y Ejecutivo.

Se ven muy pocos esfuerzos serios por gobernar el avance de este tipo de actividades en el país. En el contexto de crisis política, parece una tarea imposible.

Por otro lado, el éxito de los lobbies para favorecer indebidamente intereses empresariales ha sido una constante en la historia del Estado peruano. Hay innumerables ejemplos históricos, antiguos y recientes. En los sectores de recursos naturales, el patrón es bastante claro, en actividades como gran minería, hidrocarburos, agroindustria, etc.

Aunque de naturaleza diferente, en esta categoría de lobbies empresariales están las universidades. Acá hay un ejemplo claro de desmantelamiento de una política pública para tomar una institución que velaba por el interés de los estudiantes, como es la Sunedu.

Y en tercer lugar, no hay que subestimar el peso de las agendas por la impunidad. Una de las enseñanzas de la Historia de la Corrupción en el Perú, de Alfonso Quiroz, es que las redes de corrupción en el país son muy resilientes. A pesar de que han aparecido como acorraladas o derrotadas en varias ocasiones, siempre han logrado recomponerse y contraatacar.

En la actualidad, buena parte del comportamiento de los políticos en el poder se explica por su interés en garantizar su propia impunidad. Esto es, en sí mismo, una expresión más del ejercicio del poder para favorecer intereses particulares. Actualmente, ningún ministro ni la Presidenta han sido fiscalizados por el Congreso. Lo que tenemos es un pacto de continuidad hasta 2026.

En una sociedad siempre habrá intereses particulares, o sectoriales, o grupos de interés. Eso es algo normal y es el punto de partida de la actividad política en cualquier parte del mundo. El problema aquí es que las agendas particulares están erosionando la capacidad regulatoria del Estado. Y esto, más allá de los problemas de gestión, tiene otro impacto grave: el deterioro de la democracia.

La comparación que hacen Alberto Vergara y Aarón Quiñón (2023) entre la situación política de Guatemala y la de Perú es muy pertinente. El texto se titula “¿De Guatemala a GuatePerú” O cómo mueren las democracias sin dictador”. Voy a reseñar algunas de sus ideas.

En Guatemala gobierna lo que la gente allá llama una “coalición de corruptos”, que han cerrado la posibilidad de que haya alternativas electorales. Esto a través de anulación de candidatos, amedrentamiento a medios y captura del sistema de justicia.

¿Cómo llegó Guatemala a este resultado? En ese país existen élites acostumbradas a la impunidad. Estas se enfrentaron a investigaciones por una comisión especial con el aval de Naciones Unidas, en 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Lo que vino después fue un verdadero contraataque de las redes de corrupción. Cuando investigaron al nuevo presidente, este formó una coalición de respuesta, hubo una convergencia por la impunidad. La CICIG tuvo que abandonar Guatemala y se inició un proceso de criminalización de las organizaciones sociales y de la protesta social. 

Se tomó la Corte Constitucional y se estigmatizó a los opositores vinculándolos al conflicto armado interno (su propia versión del terruqueo). Sin mayor justificación, tacharon candidatos que estaban por fuera de la “coalición de corruptos”, limitando la oferta electoral. Ha habido también asesinatos a defensores de derechos humanos.

El caso de Guatemala muestra la dificultad y hasta la imposibilidad de desmantelar un sistema corrupto. 

Y es importante notar que esta defensa de la impunidad se escuda en un discurso profundamente conservador. Los autores describen la situación como un régimen autoritario con pluralismo electoral limitado y sin dictador. Este proceso empezó en 2015. Podría ser el futuro del caso peruano.

MOVILIZACIÓN. Se necesita una plataforma de defensa del Estado de derecho y de la democracia. Las redes ambientalistas tienen mucho que aportar. 

Foto: Musuk Nolte

El impacto en la agenda ambiental

El impacto de esta situación en la gobernanza de recursos y conservación de ecosistemas es bastante evidente. La conservación de la biodiversidad y en general la protección del ambiente son agendas de interés público, que requieren estados fuertes y eficientes que las implementen. 

Las agendas ambientales han mantenido cierta institucionalidad, aunque con un perfil bajo. Se puede discutir qué tanto a las redes ambientalistas les conviene mantener un perfil bajo en cuestiones políticas. Pero es sintomático que prácticamente no hubo menciones a temas ambientales en el Mensaje a la Nación de 72 páginas de Dina Boluarte del último 28 de julio.

Hay que ser conscientes de la debilidad política del ambientalismo en este contexto. Más allá de los compromisos internacionales, en una lógica particularista, los temas ambientales quedan huérfanos de representación política y son, por lo tanto, vulnerables. Los gobiernos regionales y locales tienen cancha libre para despropósitos con impactos en el ambiente.

Por otro lado, hace bastante tiempo que en el país no se discuten públicamente cuestiones estratégicas. Sí hay discusiones un tanto improvisadas sobre temas urgentes, como la inseguridad ciudadana y los desastres naturales, pero es muy escaso el debate público sobre cuestiones de fondo como la estrategia del país para correr la ola de la fiebre de los minerales de transición; el impacto de las economías ilegales en los mecanismos de representación política; la estrategia que tiene el Perú para hacerle frente al cambio climático, el ordenamiento territorial en la Amazonía y las perspectivas del petróleo en un contexto de transición energética global, por poner algunos ejemplos.

¿Qué podemos hacer? Se necesita una plataforma de defensa del Estado de derecho y de la democracia. En el Perú no hay una burocracia sólida que resista este comportamiento de los políticos, como ha señalado Eduardo Dargent. Y en una plataforma de este tipo, las redes ambientalistas podrían tener mucho que aportar.

Se podrían impulsar campañas de convencimiento a la opinión pública sobre temas ambientales de interés público. Por ejemplo, el fortalecimiento de estándares ambientales, sociales y tributarios para actividades petroleras, ahora que sabemos que hay intereses por promover cambios legislativos para mejorar las condiciones a esta actividad, incluyendo operaciones en áreas naturales protegidas.

También se podrían buscar alianzas políticas con otros sectores que estén preocupados por la institucionalidad del país. Podrían ser algunos sectores de empresarios, la Iglesia, algunos medios de comunicación, gremios, entre otros. 

Las organizaciones ambientalistas deben articularse con otros actores para continuar su trabajo de conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la gobernanza de recursos naturales. El desafío actual es muy grande, y las tendencias políticas van en sentido contrario a estas agendas. 

(1) Una versión de este texto fue presentado en una reunión de inicios de agosto de 2023, en Lima, con especialistas en temas de conservación y desarrollo sostenible en la Amazonía peruana.