Héctor Enrique Delgado Pérez tenía solo 10 años cuando el Perú enfrentó uno de los eventos climáticos más fuertes de su historia: el fenómeno El Niño de 2017. Sus estragos fueron particularmente alarmantes en Cantagallo, una comunidad amenazada por las inundaciones del río Rímac. La mamá de Héctor, quien es abogada y activista, lo llevaba allí a menudo. 

Mientras tanto, cerca de donde vivía Héctor, mucha gente enfrentaba una escasez de agua. En la escuela José Antonio Encinas, que promueve un enfoque educativo no tradicional, él aprendió sobre las consecuencias de la crisis climática y su gran rol en la intensificación de los efectos del fenómeno El Niño.

“Nos sentíamos sin el poder de cambiar algo que estaba afectando a todos en ese momento”, recordó sobre las conversaciones con sus compañeros de clase. 

Fue por eso que Héctor se unió a un caso legal, coordinado por un abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz Molleda, padre de uno de sus compañeros de escuela. 

La demanda de estos jóvenes puede tener repercusiones en futuros litigios climáticos, dentro y fuera de Perú".

Ahora, en medio de otro año de efectos por El Niño y un calor sin precedentes, Héctor es uno de siete demandantes jóvenes en el caso Álvarez y otros contra Perú.

Varios demandantes, quienes tienen entre 14 y 16 años, han entrado en la adolescencia desde que presentaron su caso en el 10º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en 2019. 

A través de la orden judicial, piden que el gobierno peruano establezca un plan concreto para disminuir la deforestación neta a cero en la Amazonía peruana al año 2025, que los gobiernos regionales establezcan planes relacionados a este objetivo, incorporando medidas de mitigación y adaptación climática, y que el Estado detenga la deforestación en tierras públicas.

La propuesta surgió de los dos hijos pequeños de Ruiz Molleda, también demandantes, inspirada en un caso similar ocurrido en Colombia, en el que la Corte Suprema falló a favor de un grupo de jóvenes exigiendo acciones de mitigación del gobierno para proteger la Amazonía y abordar la crisis climática.

Después de su audiencia virtual, en julio del año pasado, todavía no hay una fecha límite para que se presente un fallo. Los demandantes afirman que, sin frenar la deforestación en la Amazonía y mitigar la crisis climática, el Estado peruano está violando sus derechos a la vida, al acceso al agua, a la salud, y a un ambiente sano. 

Mientras Héctor y sus compañeros esperan ansiosamente la decisión, el crecimiento de los movimientos globales, como “Viernes por el Futuro” (FFF, por sus sigla en inglés), y el aumento de los recursos legales sobre la crisis climática lideradas por jóvenes traen nuevas esperanzas para su caso, que ya lleva cinco años estancado. 

DEMANDA. Los demandantes sustentaron su denuncia virtualmente en 2023, desde la oficina del Instituto de Defensa Legal.

Foto: Instituto de Defensa Legal

Recientemente, en Estados Unidos, un grupo de jóvenes logró un fallo histórico en el caso de Held contra el estado de Montana. En este, una jueza declaró que parte de una ley estatal, que impedía considerar los impactos de la crisis climática en sus normas ambientales y proyectos de combustibles fósiles, era inconstitucional.  

El caso Álvarez y otros contra Perú plantea consideraciones claves en torno a la justicia intergeneracional. Entre ellas, la obligación ética que tienen los políticos hacia los jóvenes y las generaciones futuras que no pueden votar, pero cuyos derechos se afectarán por las políticas actuales.

Pero eso no es lo único: también resalta temas de inequidad en las obligaciones de los países para frenar las emisiones de carbono y conservar los recursos naturales. 

Así, sus resultados podrían tener repercusiones para futuros litigios climáticos y acciones políticas, tanto dentro como fuera del Perú.

Momento oportuno para revitalizar el caso

Para muchos jóvenes que crecen en un mundo de calor extremo, desastres naturales y derretimiento rápido de los glaciares, las amenazas que presenta la crisis climática a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y la salud, son obvias.

Sin embargo, el uso exitoso del litigio estratégico para establecer estándares claros, de modo que los gobiernos y las empresas reconozcan estos riesgos y tomen medidas climáticas, es un fenómeno más reciente y global. 

Un mes después del éxito de los jóvenes de Held contra el estado de Montana, la Corte Europea de los Derechos Humanos celebró una audiencia para seis jóvenes portugueses, que buscaban responsabilizar a 32 gobiernos nacionales por insuficiencias en sus medidas de mitigación de la crisis climática.

A pesar de que la Corte Europea de los Derechos Humanos no se ha pronunciado sobre el caso Duarte Agostinho y otros contra Portugal y otros 32 Estados, su desarrollo es una señal de la creciente voluntad de los sistemas legales internacionales para contemplar y perseguir la inacción climática. 

En este contexto y tras la COP 28 en Dubai, donde las partes firmaron un acuerdo para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, el momento representa una excelente oportunidad para los jóvenes peruanos de revitalizar su caso.

El uso del litigio estratégico para que gobiernos y empresas tomen medidas climáticas es un fenómeno reciente y global". 

Pese a que los antecedentes con demandantes jóvenes de Estados Unidos y Europa no afectan directamente a ​​Álvarez y otros contra Perú, según la experta Maria Antonia Tigre, directora de Litigios sobre Cambio Climático del Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia en Nueva York, el impulso y la presión amplia que han creado estos casos son significativos. 

“Hay olas en el movimiento climático y eso ayuda a casos que no están relacionados en términos de jurisdicciones, pero que también se centran en el mismo tipo de cuestiones legales”, dijo.

El año pasado, Colombia y Chile hicieron una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que de una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en materia de la “Emergencia Climática y Derechos Humanos”, y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) está elaborando una opinión consultiva sobre las obligaciones climáticas de los Estados a nivel mundial ante la solicitud del Vanuatu, un Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID). 

Tigre explicó que ambos procesos podrían tener un impacto en los litigios de este tipo, aclarando las responsabilidades de los países para tomar acción climática. Destacó que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas hizo una afirmación histórica, en agosto del año pasado, reconociendo que los niños tienen derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, un paso importante para este tema.

El caso peruano también podría reforzar la sensación de que el país se ha quedado atrás en el ámbito climático, en comparación a otras naciones de América Latina. 

Al Perú todavía le falta mucho en el tema de acción climática a nivel de implementación".

Desde que Ecuador reconoció los derechos de la naturaleza en su constitución del 2008, otros países latinoamericanos han reconocido a la naturaleza como una persona legal. Varias luchas legales similares están en curso en Perú, incluyendo la de Álvarez y otros contra Perú, en la que los jóvenes piden convertir a la Amazonía peruana en sujeto de derechos.

En 2018, el Acuerdo de Escazú entre Estados de América Latina y el Caribe —que Perú firmó, pero no ratificó— afirmó el derecho universal a un ambiente sano. Los demandantes de Held contra el estado de Montana argumentaron con éxito que este derecho también es parte de la Constitución de su estado, la cual hace referencia a un clima estable y a la protección contra la crisis climática.

Luego, en setiembre de 2022, el Rastreador de Acción Climática calificó a Perú como “insuficiente” debido a la falta de compromisos de acción climática adoptados, su fracaso en combatir la deforestación, y la aprobación de la extracción de petróleo en el Amazonas.

“Desde mi perspectiva, al Perú todavía le falta mucho en el tema de acción climática a nivel de implementación”, dijo Andrea Domínguez, profesora de la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinadora de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, quien dice que percibe una falta de conciencia climática entre el gobierno y las autoridades judiciales. 

A través de un amicus curiae, un escrito realizado por un tercero ajeno para compartir su perspectiva o experticia en un caso, que presentará a la corte, Domínguez y sus estudiantes pretenden “mostrarle al juez que este caso es parte de un movimiento más amplio para la mitigación del cambio climático y la conexión con los derechos humanos”.

Lucha climática en países en vías de desarrollo 

A diferencia de los jóvenes demandantes de Held contra el estado de Montana, y de Duarte Agostinho y otros contra Portugal y otros 32 Estados, los de Álvarez y otros contra Perú buscan acción climática en una economía emergente de ingresos medios altos, que, si bien ha contribuido poco a la crisis climática, es muy vulnerable a sus daños. Esta realidad complica su caso.

Cuando los países han contribuido más a esta crisis, el argumento a favor de una mayor acción climática parece sencillo. Estados Unidos es el mayor contaminador histórico de carbono del mundo, y los países europeos han contribuido significativamente a las emisiones globales.

Aunque, ahora, muchos de estos mismos países buscan ser líderes en el tema de legislación y regulación para promover una transición a las energías renovables, su responsabilidad de mitigar el cambio climático es clara. 

Perú, por el contrario, es responsable del 0,11% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo cada año. Históricamente, eso representa apenas el 0,16% de las emisiones acumuladas en la atmósfera desde la revolución industrial. 

Abordar este tema en Perú, como se puede ver en el análisis del Rastreador de acción climática, implica algo más que evitar el uso de combustibles fósiles. Es algo que requiere, fundamentalmente, conservar los recursos naturales que mitigan la crisis climática. 

Perú contiene el 13% de la Amazonía, uno de los sumideros de carbono más indispensables del mundo. Algunas partes de está región se están transformando rápidamente en fuentes de carbono por incendios forestales grandes, alimentados por una actividad industrial imprudente, temperaturas más cálidas y una mayor sequía. 

Perú es responsable del 0,11% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo cada año".

Al mismo tiempo, Perú tiene importantes industrias mineras, agrícolas y madereras, las cuales contribuyen a la deforestación. De acuerdo con Vigilancia forestal mundial, en 2022, Perú perdió 236.000 hectáreas de bosque natural, una extensión territorial que se acerca al tamaño de Lima Metropolitana, y equivale a 155 toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono. Esta pérdida se debe, en gran parte, a las industrias extractivas.

Como explica Tigre, es claro que los países ricos tienen mayores responsabilidades para disminuir sus emisiones, de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas.

No obstante, los países en vías de desarrollo deben asumir su parte justa de acción climática. “Especialmente para los países que comparten la Amazonía, considerando [su] importancia para el mundo y la lucha contra el cambio climático, existe esta obligación”, dijo. 

En agosto del año pasado, los países pertenecientes al Tratado de Cooperación Amazónica, entre ellos Perú, dieron un paso esperanzador hacia el cumplimiento de esta obligación: presentaron una nueva declaración en torno a esfuerzos conjuntos para la conservación de la Amazonía, dentro del contexto de la crisis climática.

Al mismo tiempo, Tigre reconoció como importantes los llamados para que los países ricos financien la adaptación y mitigación de la crisis climática en los países en vías de desarrollo.

Estos llamados, realizados en la COP 27, inspiraron el establecimiento de un fondo de pérdidas y daños que todavía está en elaboración, como un primer paso para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentar la devastación de la crisis climática. Domínguez también advierte que la falta de fondos públicos suficientes en el gobierno peruano es un obstáculo persistente.

En 2022, Perú perdió 236.000 hectáreas de bosque natural".

Mientras tanto, Héctor y sus compañeros comprenden la complejidad de exigir la conservación de un recurso natural de gran importancia económica y ambiental, del que dependen muchos agricultores como fuente de sustento. Las prácticas agrícolas contribuyen significativamente a la deforestación de la Amazonía peruana. Sin embargo, la conservación de la Amazonía sigue siendo esencial, dijo Héctor. 

La selva no solo desempeña un papel crucial en la regulación de la crisis climática, sino que además alberga una inmensa biodiversidad e innumerables comunidades indígenas, para quienes la justicia también está en juego.

Inspirados por el éxito de los jóvenes en el país vecino de Colombia, los demandantes peruanos piden un cambio de política significativo respecto a la crisis climática y la deforestación.

En 2018, en la decisión de “Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente”, la Corte Suprema de Colombia falló a favor de los jóvenes que habían demandado al Ministerio de Medio Ambiente del país, coincidiendo en que la inacción del gobierno ante la crisis climática y la deforestación violaba sus derechos. Parte de la solución proporcionada a los jóvenes demandantes incluyó su participación en el desarrollo de un plan para la conservación de la Amazonía.

“Se sienten como objetos legales, no sujetos”, dijo Ruiz Molleda de los demandantes peruanos, refiriéndose al significado personal del caso. El abogado destacó el valor de la demanda como una oportunidad para que los jóvenes alcen sus voces, las cuales normalmente son excluidas de los espacios de toma de decisiones políticas o jurídicas.

El futuro del litigio climático

A medida que aumentan las temperaturas globales, los peruanos y los defensores de la acción climática en todo el mundo observan con atención si Álvarez y otros contra Perú puede obligar al sistema legal nacional a enfrentar realmente la emergencia climática.

Para Ruiz Molleda, el factor decisivo es la política: el caso “no es difícil jurídicamente, pero sí complicado políticamente”. Él cree que los jóvenes lograrán un fallo a su favor, que podría incluir una reparación total o parcial en respuesta a sus demandas. Por otra parte, Ruiz Molleda considera que un fallo a su favor podría establecer una obligación legal para que el Estado tome medidas climáticas concretas.

Sin embargo, que esa acción se concrete es un tema aparte. Actualmente, las leyes ambientales están retrocediendo. Recientemente, el Estado peruano debilitó una ley fundamental para proteger las zonas forestales.

Tigre mencionó que todavía está pendiente la implementación del fallo monumental en el caso de los jóvenes de Colombia, por lo que, incluso con una victoria en los tribunales, la demanda de los jóvenes peruanos podría no cumplirse en la práctica.

El caso “no es difícil jurídicamente, pero sí complicado políticamente”.

De cualquier forma, Héctor percibe el momento actual como una oportunidad crítica para que la gente que todavía no se ha involucrado se una al movimiento por la justicia climática.

Además de animar a otros jóvenes a hablar por su futuro bienestar, exhortó a las generaciones mayores a actuar: “¿Cómo se sienten al saber que no se está haciendo nada respecto a una situación que va a perjudicar a sus hijos, a sus nietos?”, preguntó.

Ya sea tomando medidas directas o indirectas a menor escala, como ayudar a compartir información sobre el caso o adoptar hábitos más sostenibles, el joven cree que “desde nuestras distintas posiciones [todos nosotros] podemos contribuir a crear un cambio significativo”.

*Ilana Cohen es voluntaria en la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que presentará un amicus curiae en apoyo a los demandantes de Álvarez y otros contra Perú. Trabaja como investigadora con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental a través del Programa Fulbright de Estados Unidos.

**Este artículo fue originalmente publicado por The Nation en Estados Unidos. Fue traducido y publicado por OjoPúblico.