El 2024, año del Bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, encuentra al país sumido en una profunda crisis política, lo que ha llevado, por ejemplo, a que por segundo año consecutivo la revista The Economist califique la democracia peruana como un régimen híbrido; es decir, a medio camino entre una democracia y una autocracia y por debajo de las así consideradas democracias imperfectas. 

Los politólogos Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara hicieron hace un año este palmario diagnóstico y desde entonces la situación del país no ha hecho sino empeorar: “En los últimos seis años, Perú ha tenido seis presidentes, ocho intentos de vacancia presidencial, un golpe de Estado, una disolución del Congreso y, más recientemente, en los primeros meses de la presidencia de Dina Boluarte, una represión estatal que ha dejado más de 60 muertos, algo absolutamente inadmisible en una democracia. La democracia peruana, en suma, ya no cumple con sus funciones y objetivos básicos.” 

Habría que añadir que otra de las manifestaciones de este colapso de la democracia peruana, quizás la más relevante, es el gran agravio que sufren sectores mayoritarios de la población nacional.
 

Otra manifestación del colapso de la democracia peruana es el gran agravio que sufren sectores mayoritarios de la población”.

Entiendo por gran agravio el conjunto de sucesos y episodios que en los últimos tres años han afectado severamente la vida y los derechos humanos de las mayorías indígenas y mestizas de origen indígena de varias regiones de la sierra centro y sur del país, al tiempo que han menoscabado sus derechos políticos, desde el derecho fundamental al voto hasta el de participación ciudadana. 

Los sectores indígenas y mestizos mencionados son las comunidades campesinas de las zonas rurales, así como también los mayoritarios sectores populares de las capitales provinciales y regionales de Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho y otras regiones. Son estos sectores y sus organizaciones, como frentes de defensa, juntas de regantes, sindicatos de comerciantes de mercados, organizaciones barriales, mototaxistas y en general transportistas provinciales e interprovinciales, los que, por otra parte, protagonizaron el estallido social que se vivió los meses de diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023.

Sostengo que estos hechos que ahora el país en su mayoría mira con cierta indiferencia marcan un antes y un después en la profunda crisis política que enfrentamos lo menos desde el 2017, cuando se produjo el primer intento de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski promovido por la bancada de Keiko Fujimori, en tanto configuran lo que algunos especialistas definen como un “acontecimiento político”, en el sentido de “una situación que tras un cúmulo de agravios produce una mutación de la subjetividad mostrando lo que una época tiene de intolerable.”

Debo aclarar que este concepto de “acontecimiento político” lo tomo prestado de la socióloga Patricia Oliart, quien lo aplica en uno de sus trabajos para entender cómo percibieron vastos sectores de la población lo ocurrido durante el segundo régimen de Alberto Fujimori, entre 1995 y el 2000.

Tres momentos

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021 fueron el toque de largada para los acontecimientos que poco a poco se fueron traduciendo en el gran agravio. Me refiero a las maniobras para anular el voto rural en el sur y centro andinos en mesas de votación donde todas o casi todas las papeletas habían favorecido a Pedro Castillo. Esta estrategia de Fuerza Popular —es importante precisarlo— enfrentó a prestigiosos estudios de abogados de Lima, esos que se especializan en los asuntos de las grandes empresas del país, contra votantes de comunidades indígenas que eran acusados sin ninguna prueba de haber adulterado las actas de votación.

Un segundo momento de este gran agravio se da cuando la mayoría congresal en el parlamento, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, que son voceros de los poderes económicos del país, inician desde el día mismo de instalación del nuevo gobierno y del congreso las maniobras para destituir a Castillo apelando a la figura de la vacancia por incapacidad moral. Lo resaltante a tener en cuenta aquí es que dichas maniobras corrían de manera paralela a abiertas manifestaciones de profundo racismo contra los sectores indígenas y mestizos que apoyaban a Castillo. 

Numerosas muestras de esto inundaron las redes sociales y fueron recogidas por José Carlos Agüero en su libro Desprecio. La política del miedo en el Perú, pero una sola aseveración es suficiente para ilustrar a qué nos referimos: “Los únicos responsables aquí son los quispes y los mamanis. Afirmo mi posición: debemos independizar la costa.”

Un tercer episodio de este gran agravio ocurre cuando Dina Boluarte llega a la presidencia de la república tras la destitución de Castillo debido a su fallido intento de golpe de Estado. Las protestas que se desatan ante este hecho son reprimidas de manera tan violenta que en pocas semanas cobran cincuenta víctimas que, según investigaciones periodísticas e informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía y el ejército.

Las protestas son reprimidas de manera tan violenta que en pocas semanas cobran 50 víctimas”

Las razones que se esgrimieron desde el ejecutivo para justificar la represión y el eco que hallaron en los grandes medios de comunicación, como la tan manida de terruquear a los manifestantes y sus dirigencias, no hicieron más que hurgar en las profundas heridas que esas cincuenta muertes habían abierto y que rápidamente hallaron expresión en cánticos como el de “esta democracia yo no es democracia, Dina asesina el pueblo te repudia”.

Un dato a tener en cuenta, asimismo, es que las maniobras de vacancia en el parlamento y en general las zancadillas que permanentemente le ponían al gobierno, como las interpelaciones a distintos ministros, generaron en un sector mayoritario de la población la percepción de que Castillo fue víctima de un golpe de estado y no perpetrador de un golpe fallido. 

Es lo que recoge una encuesta de Ipsos del 19 de febrero de 2023, con un contundente 51% de los encuestados que responde que el congreso dio un golpe de estado contra Pedro Castillo frente a un 43% que sostiene que fue Castillo quien intentó hacer un golpe de Estado. Esta percepción es aún más marcada en zonas rurales, donde el 69% acusa al congreso frente al 23% que responsabiliza a Castillo.

La postura del Perú oficial ante el gran agravio

Debo aclarar aquí que por Perú oficial entiendo a casi todo el conjunto de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil como gremios empresariales, universidades, iglesias, sindicatos, plataformas y colectivos de distinta índole y que uso el término en tanto este conjunto de organizaciones e instituciones han asumido una postura parecida ante el gran agravio que han sufrido los sectores que protagonizaron el estallido social.

Es notoria, en primer lugar, una mirada de soslayo ante las gravísimas violaciones de los derechos humanos de los sectores indígenas que tuvieron lugar durante los meses del estallido social y se saldaron no solo con decenas de muertes, sino además con centenares de heridos, buena cantidad de ellos de gravedad. Las voces que se encargaron de denunciar estos hechos fueron las de organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional y las de algunos medios de prensa independientes. Los grandes medios de comunicación, con la televisión a la cabeza, prefirieron mirar al costado y una postura similar terminaron asumiendo las principales instituciones del país.

A esto se suma una notoria indiferencia ante la impunidad tanto de los responsables políticos de las muertes como de los ejecutores directos. El Ministerio Público, el principal responsable de las investigaciones, no solo está marchando con pies de plomo, sino que además, sobre todo en un primer momento, realizó una serie de cambios que entorpecieron la posibilidad de llevar a juicio a los culpables, los principales: la reorganización de las fiscalías especializadas en derechos humanos y la creación de un equipo especial centralizado de once fiscales que, al trabajar desde Lima, impide a los familiares de las víctimas hacer seguimiento a las investigaciones. 

La respuesta del Perú oficial ante esta descarada lenidad es nuevamente la de un elocuente silencio. No solo los medios masivos de comunicación callan en siete idiomas sobre el deplorable accionar de fiscales y altos cargos policiales y militares, sino que las instituciones no hacen nada o casi nada para colocar en el debate público el tema de llevar a juicio cuanto antes a los responsables de las matanzas y en general de la brutal represión. 

La respuesta del Perú oficial ante esta descarada lenidad [por las muertes causadas] es la de un elocuente silencio”

De más está decir que todo esto no hace sino echar sal sobre las heridas que han dejado las muertes en el sentimiento de los sectores indígenas y de origen indígena que protagonizaron el estallido.

Por si todo lo anterior fuese poco, asistimos a una desmoralizante pasividad de instituciones, sociedad civil y en general ciudadanía ante la demolición de nuestra precaria democracia, tanto de parte de la alianza autoritaria del ejecutivo y el congreso, como del Ministerio Público (sobre todo mientras Patricia Benavides ocupaba el cargo de Fiscal de la Nación), la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. 

Todas estas instancias parecieran competir en cuál provoca mayor daño a nuestro ordenamiento institucional y la palma seguramente se la lleva el congreso, empeñado con ahínco tanto en el desmantelamiento de reformas como la de educación universitaria y las relacionadas con el sistema electoral cuanto en la promulgación de normas en favor de intereses particulares o directamente de las economías ilegales, como las que lucran de la deforestación y la minería. 

El Tribunal Constitucional, por su parte, no se queda atrás y prueba de ello es el indulto a Alberto Fujimori que se ha sacado del sombrero, el mismo que rompe no solo nuestro propio ordenamiento jurídico sino también el internacional.

Este círculo que deja fuera de la agenda nacional el tema que debería estar en el centro del debate se cierra con la falacia de apuntar a las elecciones del 2026 como si fueran la solución a la profunda crisis en que está sumido el sistema democrático. 

Se recurre, para pintar este espejismo como una realidad, principalmente a la relativa proximidad de estos comicios y al hecho de que permitirán la elección de un nuevo presidente y, sobre todo, la conformación de un nuevo congreso. No se discute, por supuesto, que con el marco normativo vigente y, sobre todo, con las organizaciones políticas que actualmente se tiene e incluso con las nuevas que puedan surgir en el camino las elecciones no pasarán de ser una lotería que repartirá el premio mayor del sillón presidencial y las curules del parlamento entre personajes que los únicos objetivos que perseguirán serán los crematísticos y el de terminar de demoler la democracia para seguir copando todo el aparato estatal.

El accionar de los sectores que protagonizaron el estallido social   
 

En las regiones de la sierra sur y centro del país que presenciaron el estallido social entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, las protestas se han vuelto esporádicas y vinculadas mayormente a la conmemoración del primer aniversario de las masacres en los lugares donde tuvieron lugar. 

El gran agravio, sin embargo, ha encontrado otros canales de expresión, especialmente a través de manifestaciones muy importantes de la cultura popular, como diverso tipo de festividades, sobre todo las más características de cada región, tal el caso de las celebraciones de la Virgen de la Candelaria en Puno o los carnavales en Ayacucho. 

Particularmente notoria fue la explosión de coplas y cánticos en contra de Dina Boluarte y su ex premier Alberto Otárola durante los carnavales huamanguinos del 2024, en los que también hubo presencia de figuras alegóricas que representaban a “la asesina” o “la descarada”, como ha sido bautizada la ilegítima presidenta de la república.

Otra manifestación de la rabia y el dolor que agobian a los sectores que cuentan en sus filas con muertos y heridos en las protestas es el fuerte rechazo a la presencia de Dina Boluarte en sus regiones. Esas visitas, cuando se dan, deben estar acompañadas de fuertes operativos policiales, pero incluso así no se puede reprimir la presencia de manifestantes que le espetan a Boluarte su responsabilidad coreando “Dina asesina, Dina asesina.” 

Más aún, en enero del 2024, en una de tales actividades oficiales en Ayacucho, la presidenta fue agredida por dos mujeres, una que le jaló de los cabellos y otra que le recriminó su responsabilidad en las muertes de sus seres queridos. Este jalón de mechas, en el contexto que estamos pintando, adquiere sin duda una enorme carga simbólica pues condensa el rechazo a Boluarte, al tiempo que subraya la ilegitimidad de su gobierno.
 

Este jalón de mechas condensa el rechazo a Boluarte, al tiempo que subraya la ilegitimidad de su gobierno”

Se debe tomar en cuenta, asimismo, que en tanto el estallido social desnudó la debilidad de las actuales organizaciones indígenas y populares de origen indígena, estamos asistiendo a variadas formas de fortalecimiento de las mismas, desde la realización de escuelas de líderes hasta el surgimiento de nuevas organizaciones que ponen el acento en la identidad y la política indígenas. 

Un ejemplo de esto último es el Círculo de Estudios Saturnino Willka, cuyos integrantes, estudiantes de la Universidad Nacional del Cusco, marcan distancia con los partidos tanto de izquierda como de derecha y apuestan por una refundación de la república de modo que las naciones quechuas y aimaras tengan un lugar importante en ella. 

Otra muestra alentadora es el surgimiento de importantes liderazgos de mujeres indígenas, como los recogidos en el cómic Defensoras de los territorios del Centro Bartolomé de Las Casas, que recoge testimonios de cinco mujeres de Cusco y Apurímac pertenecientes además a distintas generaciones. 

Salidas a la crisis de la democracia

Es impensable buscar soluciones a la angustiante situación por la que atraviesa el país si no se pone en el primer lugar de la agenda pública todo tipo de acciones que apunten a reparar el gran agravio del que han sido objeto las poblaciones indígenas y populares de origen indígena durante el estallido social. Esto implica, en primer lugar, una exigencia permanente de investigar y llevar a juicio a los culpables políticos de las cincuenta ejecuciones extrajudiciales, las otras dos decenas de muertes y los centenares de heridos. 

Pasar la página, como está ocurriendo actualmente, significa en la práctica que como nación y sociedad seguimos normalizando que a las poblaciones indígenas se les prive de sus derechos más elementales, desde el derecho a la vida hasta el de participación política.

Por la misma razón, debemos colocar en el centro del debate nacional los temas de las fracturas étnicas y el racismo que campean en la sociedad peruana. Esto implica debatir la problemática de la polarización social que se reaviva a raíz del estallido social.