Por estos días se han expresado diversas opiniones sobre el contexto político y el indulto. Algunas de ellas, de profesionales, cuyas opiniones son tomadas en cuenta por muchos lectores. El sábado 13 de enero del 2018, El Comercio, publicó la opinión del historiador Carlos Contreras, algunas de las cuales comento.

La sentencia a Fujimori no fue excesiva, sino dentro del marco que el Código Procesal Penal establece como pena máxima, 25 años de cárcel. Es una sentencia que razona y sustenta la responsabilidad individual del expresidente. Si Contreras “no está seguro de que la presidencia tuviera el control real de los efectivos armados”, hace falta que lea y revise la Sentencia de la Sala San Martín (1), porque ya no se trata de lo que cada uno de nosotros crea o no sino de verdades jurídicas establecidas y ratificadas por la Corte Suprema.

Cuando hablamos de los crímenes de Cantuta, Barrios Altos, no hablamos de asesinatos cometidos por cualquier efectivo armado sino por un escuadrón de la muerte organizado dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército, que formaba parte de la estructura militar y que recibía órdenes directas de Montesinos, como jefe real de Inteligencia; Hermoza Ríos, como Comandante General de la Fuerzas Armadas. Estos actos eran informados a Alberto Fujimori como artífice de la implementación de estas políticas.

Si, 25 años después de estos crímenes, un historiador no recuerda que esos asesinos eran el Grupo Colina y no conoce cómo funcionó o cuál fue el objetivo político y militar para el que fue creado después de sentencias en varios casos, eso sí me preocupa.

No se trata de lo que cada uno de nosotros crea o no sino de verdades jurídicas 

En un texto de Ronald Gamarra (2), publicado en abril del 2016, podemos encontrar un resumen de los crímenes del grupo Colina como lo establece la sentencia de la Sala del Dr. San Martín, a partir del párrafo 576 para adelante:

• Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de seis personas en la localidad de Pativilca, en los pueblos de Caraqueño y San José, el 28 de enero de 1992.

• Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de nueve pobladores del distrito de El Santa en Chimbote, en los Asentamientos Humanos “La Huaca”, “Javier Heraud” y “San Carlos”, el 2 de mayo de 1992.

• Desaparición forzada y ejecución extrajudicial del periodista Pedro Herminio Yauri Bustamante en Huacho, el 24 de junio de 1992.

• Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de la familia Ventocilla – cinco personas- en Huacho, el 24 de junio de 1992.

• Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Fortunato Gómez Palomino, denominado caso “el Evangelista” en el distrito limeño de Chorrillos, en el Asentamiento Humano “Pescadores”, en mayo o junio de 1992.

• Desaparición forzada y ejecución extrajudicial de una o dos personas en Ate-Vitarte, inmediaciones de la carretera central, en fecha no precisada del año 1992.

En otro párrafo, Contreras señala: “Condenar a quien abusó de su poder y permitió que ocurrieran víctimas mortales fue correcto como una señal de enmienda del rumbo seguido hasta entonces por la República, pero aplicar carcelería de 25 años a un hombre que entonces tenía 68 fue armar una bomba de tiempo”

Entonces, ¿la responsabilidad de “armar una bomba de tiempo” es de los magistrados quienes sentencian o aplican justicia en nombre del Estado? ¿No es acaso consecuencia de quién comete un crimen? ¿Desde cuándo, la gravedad de los delitos deben tomar en cuenta la edad del acusado para imponer condenas? Estas deben ir de la mano con la gravedad y no de su edad.

La sentencia a Fujimori no fue excesiva

“Mirando las cosas con ánimo positivo, creo que el indulto a Fujimori elimina un elemento de distorsión de la política peruana”, señala Contreras casi al final de su texto. Suena demasiado ingenuo, creer que, con Alberto Fujimori libre, el panorama político va a cambiar, va a mejorar o se va a enderezar.

El expresidente ha hecho política dentro de la DIROES, como lo señalan las investigaciones periodísticas. Ha seguido haciendo política con el manoseado tema del indulto desde el 2010, presionando y chantajeando a quienes estaban en el poder ejecutivo. Y va seguir haciendo política ahora que está libre.

Un delincuente indultado, haciendo política, ¿no es acaso una mayor distorsión? No es bueno acostumbrarnos a que nuestros políticos sean uno peor que el otro o normalizar la actuación de delincuentes. El elemento de distorsión de la política peruana, no sólo es Fujimori, sino todo el fujimorismo.

Los familiares, desde hace 25 años, defendemos nuestro derecho a la justicia, que ahora, al parecer, algunos columnistas no entienden y menos, defienden. También, defendemos  el derecho a la verdad que no sólo es de los familiares sino de la sociedad; por eso, 26 años después que el grupo Colina empezara a actuar secuestrando, asesinando y desapareciendo a decenas de peruanos, es inaceptable que no se conozca de su actuación y de sus responsabilidades.

Sobre el indulto humanitario, en diversas oportunidades, hemos manifestado estar de acuerdo si así se presenta el caso; no sólo para Fujimori, sino para cualquier otro sentenciado por la muerte de nuestros familiares. Pese a todas las injusticias que vivimos, no hemos perdido nuestra humanidad y entendemos lo difícil que debe ser morir solo en una cárcel.

Pero lo que no podemos aceptar, de ninguna manera, es que los delincuentes y sus voceros se burlen de las víctimas aprovechándose de esta prerrogativa presidencial para negociar o beneficiarse indebida e ilegalmente de indultos que no corresponden.

Los familiares, desde hace 25 años, defendemos nuestro derecho a la justicia

Lo que nos sigue haciendo daño, a los familiares en particular y al país en general, es que la necesaria solidaridad que se requiere, no es dirigida a las víctimas sino a los victimarios. Y ahí sí hay una gran distorsión. A las víctimas se las sigue cuestionando por responsabilidades que nunca investigaron, acusaron o sentenciaron; se les pide demostrar que no fueron “culpables”, aun cuando están muertas o desaparecidas. Existen sentencias que hablan de un aparato organizado de poder para cometer crímenes, éstas nos demuestran la responsabilidad de los asesinos y sus cómplices; aun así, se sigue dudando de ellas.

Por todos estos hechos históricos es que es necesario mantener activa la memoria sobre lo que fue el fujimorismo y la manera como hizo política durante diez años. Por todas estas tergiversaciones es que hace falta respeto por  la justicia. Hace falta seguir leyendo y aprendiendo de nuestro pasado reciente.

*Gisela Ortiz Perea es Directora de Operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense y hermana de Enrique Ortiz Perea, una de las víctimas asesinadas por el Grupo Colina en el caso 'La Cantuta'.

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1. https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/jurisprudencia/j_20101107_05.pdf

2. http://www.justiciaviva.org.pe/blog/wp-content/uploads/2016/04/sentenci…;