Los documentos incautados en las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, exsecretario general y exsecretario de economía de la organización fujimorista Fuerza 2011 respectivamente, así como las revelaciones del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, fueron claves para que la justicia ordene hoy el impedimento de salida del país para ambos.

La medida también comprende al expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño.

Así lo decidió el juez de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, tras recibir el pedido del fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, quien conduce la investigación contra el partido de Keiko Fujimori.

Según el fiscal, Yoshiyama y Bedoya utilizaron a 16 personas de su entorno cercano para lavar más de US$500 mil –entregados por Odebrecht– como aportes a la campaña fujimorista del 2011.

Entre los presuntos falsos contribuyentes se encuentran Efraín Goldemberg –exministro de Alberto Fujimori y propietario de la casa en la que según Barata se produjo las reuniones con Yoshiyama–, Melissa Keiko Sasaki, Johana Sasaki, Joon Lim Lee, Sil Yok Lee –familiares de Yoshiyama–, Milagros y Raúl Maraví Sumar –esposa y cuñado de Bedoya–.

IDENTIFICADOS. La fiscalía señala que los investigados utilizaron la modalidad del "pitufeo" para fragmentar el aporte de Odebrecht en montos menores y evitar identificar a la empresa donante.

Además, la fiscalía argumentó que en la casa del exsecretario general de Fuerza Popular se encontraron contratos simulados para presuntamente justificar un desbalance patrimonial. En el caso del expresidente de Confiep, se tomó esta medida porque el empresario tenía un viaje programado al exterior para el próximo 21 de marzo y se teme que no regrese. El juzgado ordenó la medida restrictiva contra los investigados a dos días de la llegada oficial de los audios del interrogatorio a Barata en Brasil. 

Según Jorge Barata, Yoshiyama, Bedoya y Briceño fueron intermediarios para la entrega de US$1,2 millones de la constructora a la campaña de Keiko Fujimori en la campaña del 2011. En su última entrevista, la excandidata presidencial dijo que confiaba plenamente en los exdirigentes de su partido.

El fiscal José Domingo Pérez encabezó el allanamiento de las viviendas de dos de los involucrados y la inspección en la sede de la Confiep donde incautó documentos, dinero en efectivo, computadoras y celulares que sirven a la investigación por lavado de activos contra Fuerza Popular. 

Entre los elementos presentados por la fiscalía contra Yoshiyama y Bedoya, para justificar los allanamientos, se encuentran las copias de los videos de vigilancia del aeropuerto Jorge Chávez, que confirman que ellos viajaron juntos a Estados Unidos, días antes del interrogatorio a Barata en Brasil.