Este viernes 26 de junio se desarrolló la segunda edición del programa en vivo #OjoPúblicoPregunta, el nuevo espacio de entrevistas de OjoPúblico, que busca analizar temas de interés desde una mirada rigurosa, y ser un espacio de interacción con el público lector. 

En esta sesión, el tema abordado fue ‘Armas y crimen: la otra emergencia en las calles de América Latina’, en el marco del lanzamiento de una serie de reportajes sobre el circuito legal y clandestino de la venta de armas en puntos clave de Latinoamérica, como Estados Unidos, Colombia, El Salvador, México y Perú.

Nos acompañaron dos de los autores del especial ‘Armas en América: el otro arsenal de un continente violento’. Por El Salvador, Suchit Chávez, periodista especializada en crimen organizado, y por Colombia, Mario Jursich, periodista y fundador de 'El Malpensante'. Además de contar con la participación de Víctor Quinteros, exgerente de políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y David Hidalgo, director periodístico de OjoPúblico.

Sobre la situación que se vive en Colombia, Jursich explicó que durante la pandemia por el Covid-19 se reabrió el debate sobre la flexibilización del uso legal de armas, debido al asesinato de un repartidor de comida. En ese marco, resaltó que deben tomarse en cuenta las grietas del comercio legal de armas en el país, pues desde el 2002 se ha evidenciado que los líderes de bandas criminales son capturados en posesión de armas con autorización. 

“Ello no deja dudas para concluir que una parte del armamento que se usa para asesinar a líderes sociales, provienen de las guarniciones militares en Colombia o de salvoconductos”, indicó.  

En El Salvador, el debate sobre el control de armas no es recurrente, a pesar de que los índices de homicidios causados por armas letales son altos. En los últimos años se ha descubierto que altos cargos militares y funcionarios públicos se encuentran vinculados al tráfico ilícito de armas, alcanzando estos antecedentes incluso a un expresidente, a un exministro de Defensa y otros altos mandos militares, comentó Suchit Chávez.

Para la periodista, esto denota la necesidad de debatir en el país una profunda reforma del sistema de control de armas.

“La estadística de enero del 2017 a julio del 2019 dice [sobre] las incautaciones de armas [vinculadas a delitos], [...] que el 48% tenían matrículas. En El Salvador quienes distribuyen o trafican armas para el crimen organizado son militares retirados, con nexos políticos importantes y con otros rubros empresariales, como un coronel retirado, que tenía intereses en importación de armas y combustible”, recordó.  

Posteriormente, David Hidalgo recordó que la estricta cuarentena implementada en Perú frente al Covid-19 no evitó que se sigan produciendo crímenes a mano armada, pues en lo que va del año, ya se han registrado 400 asesinatos con armas de fuego. En este contexto el gobierno peruano ha anunciado el nuevo “Plan Fortaleza 2020” para reducir la delincuencia. 

A su turno, Víctor Quinteros comentó sobre la experiencia peruana, recordando que, en 2014, durante la preparación de la nueva ley de armas, se buscó tener evidencia sobre el origen de las armas ilegales, identificando que del total de armas incautadas al delito desde el 2013 al 2016, el 33% tenía un origen legal. 

Luego de contrastar las bases de datos de los nombres de usuarios legales de armas, con alrededor de 70 y 80 mil personas que conformaban a la población penitenciaria de entonces, se identificó también que más de 1.050 reos eran usuarios legales, y propietarios de 1094 armas. Todo ello evidenciaba un gran problema en el registro real de armas.

Para Quinteros, cuando la regulación legal tiene tantas grietas, las entidades de control como Sucamec en Perú tienen un rol clave para reducir el flujo de las armas legales hacia la delincuencia. 

En otro momento del diálogo, se comentó sobre el impacto del uso de armas en la letalidad hacia la sociedad civil. Por ejemplo, David Hidalgo recordó la existencia del libro ‘More guns, less crime’, usado ampliamente para sostener el uso flexible de armas, a pesar de que ha sido rebatido por diversos estudios posteriores que reportaban que los estados norteamericanos con uso libre de armas, tenían una probabilidad de delitos 6 a 8 veces mayor. 

En torno a las preguntas del público, Jurisch aseguró que el control de armas no afecta mucho a los grupos criminales, pero sí protege a la población civil, según han concluido las encuesta en Colombia: “De un 100% de personas que mueren en conflictos con armas, solo el 10% a 15% pertenecen a actores directos del conflicto, todos los demás son civiles que caen en el fuego cruzado. Solo con ese dato se entiende que hay que reforzar los controles a las armas”. 

Quinteros recordó que tras aprobarse la nueva ley de control de armas en el Perú debió aprobarse un programa de incentivo para la devolución de armas dirigido hacia quienes no tengan interés en su uso. Sin embargo, a pesar que debió habilitarse en 2016, esto no se ha concretado. 

Al finalizar, los participantes coincidieron en el diagnóstico de la ausencia de información respecto a las estimaciones del número de armas que tiene cada país. Por ejemplo, la falta de estas de estas cifras, llevaron a Mario Jursich a construir una base de datos que pudiera aproximarse al número de armas legales en Colombia, en el marco del especial ‘Armas en América’.

#OjoPúblicoPregunta es una iniciativa para informarnos y reflexionar sobre temas del que pocos hablan. Los invitamos a seguirnos en nuestra edición del próximo viernes a las 6:30 p.m.