Durante las recientes movilizaciones contra el Congreso y Manuel Merino se reportaron más de 200 personas heridas y fallecieron Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22), como consecuencia de la violenta represión policial. Con el nombramiento de Francisco Sagasti como presidente, uno de los temas que se abre al debate es la reforma policial. El último lunes, en una de las primeras medidas del Ejecutivo, se designó a César Cervantes como nuevo comandante general de la PNP y, al mismo tiempo, se pasó al retiro a 15 generales. 

¿Qué otros cambios se necesitan en uno de los sectores más golpeados por la pandemia? ¿Cómo impulsar el cumplimiento de los derechos humanos desde esta entidad? Solo en los últimos 10 años se han reportado 99 muertes durante las represiones policiales en manifestaciones y conflictos sociales.

Para hablar sobre este tema en OjoPúblico-Pregunta invitamos al congresista y exministro del Interior, Gino Costa; a la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez; y  al general PNP en retiro, Alberto Jordán. 
 

Movilizaciones y represión
 

Previo al análisis sobre los cambios requeridos en la Policía Nacional, el congresista Gino Costa recordó que el debate en torno a la renovación de esta institución apareció a inicios del 2000 con la caída del régimen de Alberto Fujimori pero no pudo continuar porque desde quienes los alentaron en ese momento -la sociedad y la política- perdieron el “espíritu reformista”. 

“Esta oportunidad que se abre [para la reforma] hay que aprovecharla, utilizarla bien y darle la continuidad que no le dimos a la experiencia de hace ya hace 20 años”, agregó el legislador del Partido Morado. Costa también mencionó que la Policía Nacional no tenía la preparación suficiente para enfrentar circunstancias como las marchas y no justificaba que “reprimiera manifestantes, incluyendo a periodistas”.

“Hay miles de personas en las calles que han testimoniado lo ocurrido y sin embargo hasta ahora la policía se niega a reconocerlo. No puede ser que el nuevo gobierno democrático conviva con una policía responsable de estos hechos que insiste en que nada ocurre”, dijo el parlamentario del Partido Morado.

A su turno, Alberto Jordán coincidió con el congresista en que hubo excesos en el manejo policial durante las manifestaciones, pero indicó que mientras no existiera un veredicto de la justicia no se podía culpar a la policía y se debía continuar con las indagaciones. En el llamado ‘Moqueguazo’, protesta social ocurrida el 2008 en el sur peruano, Jordán se negó a aceptar la orden del entonces presidente García de dispersar a los manifestantes sin importar las medidas que se tomaran para lograrlo. 

“No pueden decir que la policía los ha matado. Si la policía los mató, que se vayan a la cárcel. Si la policía los secuestró, que vayan a la cárcel porque no merecen estar en la institución. Pero tampoco pueden manchar la honorabilidad de una institución. Tenemos buenos como malos. Y yo me considero uno de los buenos”, explicó el general PNP en retiro. 

Mar Pérez, precisó que a la fecha hay tres procesos en curso por los sucesos ocurridos en los últimos días: uno contra el expresidente Merino, otro enfocado en las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado; y uno tercero a cargo de la fiscalía de Trata de Personas donde se investigaba la detención y desaparición de ciudadanos. 

“Si bien estamos planteando la necesidad de que haya una responsabilidad penal para las personas involucradas en estos hechos, nos estamos concentrando en las autoridades políticas y en los mandos policiales del más alto nivel. Y además porque pensamos que debe hacerse un esfuerzo para revisar en profundidad cuáles son las fallas que hay en estos momentos en la Policía”, explicó.  

Otro de los temas centrales del programa fue el de la participación y excesos de la policía durante las manifestaciones ciudadanas contra la clase política peruana. El análisis partió de los hechos recientes con la mención a los heridos y fallecidos, pero la abogada Mar Pérez también recordó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuenta con un registro de 161 personas fallecidas en movilizaciones sociales entre el 2002 y este año.

“En julio, durante las protestas en Espinar, la policía bajó de un camión a los campesinos que venían de la marcha, los roció con combustible, los patearon, los golpearon y a las mujeres las manosearon. También se ha producido la muerte de tres manifestantes indígenas en Requena [Loreto] que estaban protestando contra la empresa Petrotal, demandando algunas atenciones de salud y demás en el marco de la pandemia”, explicó Pérez.
 

Cambios en el sector
 

En la última parte del programa, los invitados analizaron los puntos que eran necesarios para modificar en la Policía Nacional. El congresista Costa indicó que pese al poco tiempo del gobierno de transición se debía iniciar la reforma para que los siguientes mandatos tomen la posta. El legislador también señaló que la labor era compleja pero se debía apuntar a que la institución sea “un instrumento del Estado democrático que sirva para proteger los derechos y las libertades ciudadanas”. 

Costa también sostuvo que la policía requería un respaldo ciudadano ya que la la efectividad de su trabajo dependía del respeto y respaldo de las personas. “La efectividad de la policía para proteger a sus ciudadanos frente al crimen depende del respeto y el respaldo, de la información y de la colaboración que brinda a los ciudadanos”, señaló. 

Para Alberto Jordán, se requería cerrar brechas para lograr que la policía evolucione en una institución “viva y dinámica”. El general en retiro de la PNP dijo que efectivos policiales no recibían uniformes ni recibían bonos para los salarios, prometidos en campañas presidenciales. 

Jordán también cuestionó que la formación policial se haya reducido de tres años a menos de diez meses. “El político quería gente en la calle. Y esa situación era contraproducente, porque sacabas a gente que no estaban bien capacitados”, dijo el exalto mando policial. 

Mar Pérez señaló que se necesitaba un cambio en la formación así como el aseguramiento de equipos y medios para que usen los policías en las manifestaciones. La abogada también indicó que era importante que se retire la “condición del anonimato” en efectivos que se encuentran en campo. 

“Hay un montón de vídeos de lo que ha pasado estos días de policías disparando, pero no podemos saber cómo se llaman, ni siquiera a qué dependencia o a qué cuerpo pertenece exactamente. La policía debería salir al terreno con elementos distintivos que permitan fácilmente establecer la identidad de las personas que tenemos al frente. Lo de los ternas es el ejemplo extremo de ese problema”, finalizó.