DIFICULTADES. Si en la comunidad no hay un local de votación, los indígenas deben acudir a la capital de sus distritos.
Hace cinco años, para sufragar en las elecciones de 2016, Gilberto Inmuna viajó durante un día en peque peque (una pequeña embarcación de madera) por el río Corrientes, desde su comunidad San Pedro de Patoyaquillo, ubicada en el distrito de Urarinas, región Loreto, hasta Concordia, capital de este distrito de la Amazonía peruana. Aquella vez el indígena de la etnia urarina permaneció un día en la ciudad y luego volvió a su comunidad. Gastó S/ 240 en pasajes, hospedaje y alimentación. En abril de este año, debido a la crisis económica y sanitaria, Inmuna no acudió a votar en la primera vuelta; y tampoco lo hará este domingo.
Un reciente informe del Jurado Nacional de Elecciones señala que el 30% de electores hábiles en Perú, es decir 7,5 millones, no sufragaron en la primera vuelta de las elecciones generales. Dicha cifra de ausentismo representa un incremento de casi 10 puntos porcentuales en comparación con las elecciones del 2016.
El análisis indica, además, que las regiones de Loreto (con la mayor población indígena en Perú), Pasco y Amazonas registran un ausentismo de entre 35% y 40%. De igual forma, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Huánuco y Junín, que también albergan etnias amazónicas, registran entre el 28% y el 34% de ausentismo.
De las cinco regiones amazónicas: Ucayali, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Amazonas, en la primera vuelta electoral, el distrito con mayor porcentaje de ausentismo fue Yurua, ubicado en la provincia de Atalaya (Ucayali). Allí el 71,8% de votantes no acudió a sufragar, lo cual representa una cifra mayor en 2,6 puntos porcentuales en comparación a los comicios del 2020. Además, en los 207 distritos que conforman estas cinco regiones, el promedio de ausentismo electoral durante la primera vuelta fue de 35,3%, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Pero Gilberto Inmuna no es el único indígena al que le resulta difícil acudir a votar en este contexto de crisis. Los habitantes de la comunidad Nueva Unión, ubicada en el mismo distrito de Urarinas, emplean tres días de viaje para ir a sufragar y, de regreso, otros cuatro días, porque es más difícil ir a contracorriente.
“No solo es la distancia, también el frío, la lluvia, el sol y los días [comiendo] alimentos enlatados. Si nos exponemos, podemos enfermarnos. En nuestro territorio apenas hay tres puestos de salud de nivel I-1 [el más básico], que no pueden atender a toda la población porque solo hay un técnico [en enfermería]. Tenemos muchos hermanos enfermos, ¿cómo nos piden ir a votar?”, cuestiona Inmuna, líder de la Federación de los Pueblos Indígenas Urarina del Río Corrientes, que agrupa a 16 comunidades en la cuenca del río Corrientes.
TRASLADO. La mayoría de los indígenas debe viajar horas o días para llegar hasta su local de votación.
Foto: Ojo Público / Sebastián Castañeda
El pueblo urarina tiene una población de 5.802 personas, que viven principalmente en la región Loreto, entre los ríos Tigrillo, Patayacu, Chambira y Corrientes, de acuerdo con la base de datos del Ministerio de Cultura. Para ejercer su derecho al voto, deben trasladarse hasta el territorio de los kukamas, donde se ubican los locales de votación. Pero llegar hasta allí implica un gasto de entre S/110, en el caso de las comunidades más cercanas; y S/350, cuando son más distantes. El costo lo asume cada indígena, ya que el estado no les ofrece ningún subsidio.
Similar situación enfrentan las comunidades en contacto inicial del pueblo matsigenka: Tayakome, Maizal, Cacaotal y Yomibato, que se localizan al interior del Parque Nacional del Manu, en Madre de Dios. Aquí viven en total 350 personas, pero en la primera vuelta la mayoría no acudió a votar, por falta de recursos económicos. Para hacerlo deben desplazarse durante dos días por río hasta la capital del distrito Fitzcarrald.
Al respecto, el apu Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), que agrupa a 35 comunidades de la región Madre de Dios y dos del Cusco, dijo a OjoPúblico que en estas elecciones el ausentismo de los indígenas fue superior al de las elecciones pasadas. La razón, explicó, es que existe temor de salir de sus comunidades y contraer la Covid-19; además que el pago de las multas por no votar es menor que los gastos del traslado.
Los indígenas temen de salir de sus comunidades y contraer la Covid-19 al ir a votar".
“La pandemia ha complicado la situación. Antes el mayor problema era costear el viaje hasta los locales de votación, pero ahora el temor es enfermarse; peor aún cuando no han llegado las vacunas para los pueblos indígenas. No hay seguridad para ir a votar”, indicó a OjoPúblico el líder indígena.
Solo en las comunidades Tayakome y Yomibato, ubicadas en la provincia de Manu, región Madre de Dios, hay 166 electores. Al igual que en primera vuelta, este domingo no asistirán a sufragar por el peligro de contraer el nuevo coronavirus, la falta de recursos económicos y la distancia de los centros de votación.
Enormes distancia para ir a sufragar
Además de la falta de recursos económicos para solventar el viaje hacia los locales de votación, otra de las dificultades es la distancia de los locales de sufragio, sobre todo en zonas de frontera. “Si el territorio está alejado, el costo del traslado es mayor. Lo ideal sería que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instalara las mesas de votación en las comunidades indígenas”, señaló el líder de la Organización Regional Aidesep de Ucayali, Berlín Diques.
En el Perú hay 2.703 comunidades indígenas, con una población estimada de 470.591 integrantes que se autoidentifican como parte de los 51 pueblos de la Amazonía, según la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura. OjoPúblico consultó a la ONPE cuántas mesas de votación se instalarán este domingo en los territorios indígenas, e indicaron que hay 155 distritos con comunidades indígenas en la Amazonía y los Andes.
El ente electoral precisó que allí se instalarán 710 mesas de votación para una población electoral de 177.591 indígenas. En tanto, los electores que no cuenten con un centro de votación en su comunidad o en un lugar cercano, deberán acudir a la capital de su distrito.
DIFICULTADES. Los pueblos indígenas están clasificados como extremos pobres, pero para acudir a sufragar en las ciudades deben gastar en transporte, comida e incluso alojamiento.
Ilustración: Claudia Calderón
Para dar un ejemplo, en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Coronel Portillo, que tiene a su cargo las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Purús, en la región Ucayali, solo hay dos mesas de votación en las comunidades indígenas Nueva Alianza de Sheshea, con 257 electores; y Puerto Belén, con 201 electores. No obstante, estas tres provincias concentran a 221 comunidades indígenas.
La ODPE Coronel Portillo precisó que las demás comunidades indígenas, donde no se instalaron locales de votación, deberán acudir a los centros poblados más cercanos para sufragar este domingo.
El centro de votación de Puerto Belén, en Ucayali, fue instalado este año para los indígenas de esa comunidad y las vecinas Roya y Utucuro. Antes, los shipibos que viven allí viajaban hasta la capital del distrito de Iparia, a una hora navegando por el río. “Desde nuestra comunidad hasta Iparia gastábamos S/ 50 por persona, en pasajes y comida. No votaban los que no tenían dinero”, contó Alberto Yui Chávez, jefe de la comunidad.
La población indígena que vive en la Amazonía está clasificada como de extrema pobreza por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde el 2014. Y de acuerdo al reciente estudio técnico de Pobreza 2020 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 38% de la población con lengua materna quechua, aimara y amazónica vive en condiciones de pobreza monetaria.
El pasado 22 de abril el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, solicitó al JNE exonerar a los electores indígenas de las multas por no acudir a votar o por no haber asumido su rol como miembros de mesa en la primera vuelta. Sin embargo, hasta ahora su pedido no recibe una respuesta.
En muchos casos, el costo del traslado a los locales de votación es mayor al monto de la multa".
Las multas para las personas que viven y sufragan en distritos calificados como pobres extremos es de S/ 22 por no ir a votar y de S/220 por no cumplir con su rol como miembros de mesa. No obstante, para la responsable del programa de pueblos indígenas de CoperAcción, Siu Lang, es “ilógico multar a los indígenas” porque no tienen las mismas oportunidades que las personas que viven en zonas urbanas.
La experta precisó que los indígenas tampoco pueden presentar sus justificaciones a través de la página web del JNE, porque no dominan el uso de las plataformas virtuales. “No hay forma de que acrediten su ausentismo por enfermedad o por dificultades en el traslado, pues en sus territorios no hay médicos o agentes comunitarios que avalen esas condiciones. El JNE debe proceder con las exoneraciones”, argumentó Lang .
Por su parte, el apu Julio Cusurichi, de Madre de Dios, indicó que los indígenas no pueden realizar los trámites virtuales porque no cuentan con celulares, computadoras, laptops, ni internet. En ese sentido, cuestionó que se les multe en este contexto de pandemia y crisis económica.
Falta de información en lenguas originarias
En la actualidad el derecho al voto está reconocido en la Constitución Política del Perú para todos los mayores de 18 años que estén inscritos en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Pero el 18% de indígenas, que equivale a 32.939 de ellos, no cuentan con este documento, según el Censo Nacional del 2017.
Nelly Aedo, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, dijo a OjoPúblico que en 2019 advirtieron de este problema. “Si una persona no tiene DNI no puede acceder a la educación, salud, programas sociales, al derecho a votar, es decir, no es considerado ciudadano. Por eso venimos solicitando que se continúen las campañas gratuitas [de entrega de DNI] en las comunidades”, señaló.
ALERTA. La Defensoría del Pueblo advirtió que no se brindó información en lenguas originarias en este proceso electoral.
Foto: ODPE Coronel Portillo
Pero no es el único problema. Otro de los cuestionamientos es la falta de información electoral en lenguas indígenas. “No se respeta la variable étnica al momento de informar. En las comunidades donde no hay internet, radio y televisión, los indígenas no conocen cómo es el desarrollo del proceso electoral, lo cual genera una falta de representatividad y alejamiento del estado”, alertó Julio Cusurichi, de la Fenamad.
En la misma línea, Nelly Aedo advirtió que en este proceso electoral no se brindó información en lenguas originarias sobre los cuidados sanitarios al momento de ir a votar. Tampoco se distribuyeron mascarillas para los indígenas de extrema pobreza.
De igual manera, Aedo consideró que el gobierno debió enviar “capacitadores con conocimiento de lenguas indígenas que estén en los locales de votación para orientar a los indígenas”. Sin embargo, precisó que su pedido fue rechazado por falta de presupuesto.
Los desafíos de la representación indígena
El líder indígena Gilberto Inmuna recalca que, en la actualidad, no se sienten representados por las autoridades. “Los políticos solo vienen a nuestras comunidades para elecciones, luego no aparecen más. ¿Cómo confiar en un gobierno que no ve nuestros problemas? Ahora hay derrames de petróleo y nadie dice nada, nuestros animales se mueren y nosotros debemos tomar agua contaminada porque no hay otra opción. ¿de qué estado somos parte si solo nos ven como un voto cada cinco años?”, cuestionó.
Un sentimiento similar comparte Berlín Diques, representante de los pueblos indígenas de Ucayali y Huánuco. “No nos sentimos representados”, dijo. Su indignación cobra fuerza cuando se analiza el perfil de los 130 congresistas electos para el periodo 2021-2026. Ninguno de ellos es indígena.
Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, explicó que la ausencia de representantes indígenas se explica por el proceso electoral mismo. “Muchas veces solo son colocados en las listas como relleno, en puestos con pocas posibilidades de alcanzar una curul”, dijo.
MALESTAR. Los líderes indígenas dicen no se sienten representados por las autoridades, pese a ejercer el derecho al voto.
Foto: David Diaz
En julio del 2019, como parte de la reforma política, el expresidente Martín Vizcarra presentó una iniciativa legislativa que modificaba la Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema Electoral Nacional y buscaba incorporar un escaño para los pueblos indígenas y dos para los peruanos en el extranjero.
En respuesta a dicha iniciativa, las bancadas Nuevo Perú y Frente Amplio plantearon la propuesta de ley n°4542, cuyo objetivo era que los pueblos indígenas tuvieran 32 escaños en el parlamento. La cifra es proporcional a la cantidad del 25,8% de población que se autoidentifica como parte de un pueblo indígena de los Andes o de la Amazonía. Es decir, más de 5 millones de personas.
El proyecto legislativo planteaba que la elección de los 32 congresistas se realizara a través de las organizaciones indígenas. “La propuesta iba a permitir que la población indígena tenga representantes que conozcan la problemática de sus pueblos y propongan leyes a su favor”, explicó Pérez.
De los 130 congresistas electos para el periodo 2021-2026, ninguno de ellos es indígena".
Sin embargo, el proyecto fue modificado por la Comisión de Constitución y Reglamento. En cambio, de la iniciativa de Vizcarra el Congreso aceptó incorporar las dos curules para peruanos en el extranjero, pero no el escaño para los pueblos indígenas.
Mar Pérez cree que el nuevo Congreso puede presentar una propuesta para mejorar la representación indígena en esta institución del Legislativo. “Es posible cambiar la norma electoral para incorporar los 32 escaños indígenas y la forma de elección. En otros países de Latinoamérica ya se realiza. En Perú solo falta voluntad política para reconocer y darle representatividad política a los pueblos indígenas”, precisó.