Un grupo de 17 personas –entre ellos un representante de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), Rubén Awa Matsukawa; un empresario del mismo sector, Iván Katekaru Gushiken; así como otros del rubro inmobiliario y legal– financiaron el pago de tasas de más de 300 apelaciones presentadas por el partido de Keiko Fujimori, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para revertir los resultados oficiales que dan como ganador a Pedro Castillo, de Perú Libre, al 100% del conteo de la ONPE.

La ley electoral indica que el personero legal de cada partido deberá pagar una tasa de S/660 por cada apelación planteada ante el Pleno del JNE. OjoPúblico comprobó que Katekaru Gushiken y Awa Matsukawa, relacionados al negocio de juegos de azar, pagaron más de S/25 mil en 39 apelaciones, que representan el 12,6% de los más de S/203 mil solventados en favor de Fuerza Popular después de la segunda vuelta del 6 de junio. Dichos pagos deberán ser reportados como aportes de campaña por Fujimori, según la normativa. 

Katekaru Gushiken es un empresario de 46 años vinculado a, por lo menos, 12 compañías del sector de juegos de azar y tragamonedas. Su principal marca es la cadena Mythic, con cuatro locales en Los Olivos, Breña, Cercado de Lima y el Callao; aunque también cuenta con una sala de juegos llamada ‘Bambú’ en Tarapoto, San Martín. Awa Matsukawa, por su parte, tiene 52 años; es apoderado de Inversiones Kyodo, cuyo nombre comercial es Emporium; y ejerce como tesorero del citado gremio de juegos de azar desde 1998.

Los juegos de azar tienen alto riesgo de lavado de dinero, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De los 39 pagos identificados, Katekaru Gushiken financió el costo de 16 pagando S/10.560; mientras que Awa Matsukawa pagó S/15.180 por los 23 recursos legales restantes de segunda instancia. Los números de sus documentos de identidad están impresos en cada uno de estos 39 comprobantes de pago que fueron entregados por Fuerza Popular, y que están alojados en el portal del JNE.

La aparición de estos empresarios, como financistas del pago de tasas de Fuerza Popular, confirma una relación de larga data entre el fujimorismo y el sector de juegos de azar. El régimen de Alberto Fujimori inafectó del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) a este sector; por lo cual el Estado dejó de recaudar alrededor de S/400 millones al año, desde el 2017, según el Ministerio de Economía y Finanzas. El Marco Macroeconómico Multianual proyecta que no se recaudará S/174 millones este año debido a dicha medida. 

En 2018, el Gobierno impuso un Impuesto Selectivo al Consumo para los juegos de azar. Fuerza Popular y el excongresista, Miguel Torres, intentaron derogar esa medida con un proyecto de ley, que no llegó a ser aprobado. Torres fue integrante, hasta 2016, del estudio Torres y Torres Lara, que defiende a clientes del sector de tragamonedas. Según la acusación fiscal contra Fujimori por el Caso Lava Jato, dicha iniciativa legal fue un intento para “favorecer a grupos de poder empresarial vinculados a la organización criminal”.

REAPARICIÓN. Miguel Torres era parte del equipo legal de Keiko Fujimori, hasta que el Poder Judicial ordenó que no se reúna con ella por ser testigo del caso Lava Jato.

Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario

La relación entre Fuerza Popular y dueños de casinos, efectivamente, está bajo investigación del Ministerio Público, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha alertado sobre los enormes riesgos de lavado de dinero en dicho sector. De acuerdo al Equipo Especial Lava Jato, el empresario José Sam Yuen ─dueño de los casinos Golden Palace y Hacienda, y de las salas de juego Tropicana, Copacabana y Silver Moon─ reclutó a 11 falsos aportantes para la campaña de Fuerza Popular en 2011 y 2016.

La acusación contra Fujimori, presentada por el fiscal José Pérez Gómez, incluye además a la empresaria Sil Yok Lee como presunta cómplice del delito de lavado de dinero e integrante de dicha organización criminal. En 2020, OjoPúblico reveló que ella y su hijo Juan Yi Lee, ambos aportantes de Fuerza Popular, son dueños del grupo empresarial que controla las salas Wan Wha en el Callao y Bingo Palace en Surco. Este conglomerado incluye sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, a través de Mossack Fonseca.

El sector de casinos y tragamonedas, como muchos otros del rubro de entretenimiento a nivel nacional, ha sido uno de los afectados por la pandemia debido a las restricciones sanitarias. Entre noviembre del 2020 y abril de este año, trabajadores de este sector han realizado diversos plantones en Lima, exigiendo la reactivación de sus actividades. Mientras tanto, empresarios de juegos de azar han destinado parte de su capital al financiamiento de la estrategia legal de Fuerza Popular. 

Los financistas de las apelaciones
de Fuerza Popular

En la lista de financistas de las apelaciones de Fuerza Popular, elaborada por OjoPúblico, destacan Katekaru Gushiken y Awa Matsukawa; quienes pagaron, en conjunto, un total de S/25.740 para que dicha agrupación política pueda presentar 39 recursos legales ante el Pleno del JNE. A la fecha, del total de 271 apelaciones que fueron admitidas para trámite y que buscan anular mesas de sufragio donde ganó el candidato de Perú Libre, dicha autoridad electoral ha rechazado alrededor de 81 recursos por falta de pruebas.

Katekaru Gushiken es natural de Lima, hijo del comerciante Carlos Katekaru Kadekaru y de Mercedes Gushiken. De acuerdo a los Registros Públicos, su primera incursión en el sector de juegos de azar ocurrió en el 2003, con la fundación en Breña de la compañía Triple Play, dedicada a la administración de tragamonedas. Katekaru Gushiken constituyó esta empresa junto con su socio Roberto Arakaki Taba, con quien registra un largo historial de inversiones conjuntas en el sector de apuestas.

Ambos socios son los dueños de la cadena de tragamonedas Mythic, con cuatro locales en la capital y el Callao. El primero está ubicado en la avenida Antúnez de Mayolo, en Los Olivos. En dicha dirección están registradas tres compañías que fueron constituidas por Katekaru Gushiken y Arakaki Taba, entre 2012 y 2014: Okanecorp, Okanekin e Inversiones Gaming Kin Capital. Esta última sociedad es la única de las tres que se encuentra de baja ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

CADENA. La sala de juegos Mythic, de propiedad de Iván Katekaru Gushiken, financista de Fuerza Popular, tiene cuatro locales distribuidos en Lima y el Callao.

Foto: Facebook de Mythic

El segundo local de Mythic está en la avenida Alfonso Ugarte, en Breña; domicilio de Triple Play y Gaming Okane, ambas constituidas por Katekaru Gushiken y Arakaki Taba en 2003 y 2014. La tercera sede se encuentra en la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima, bajo la administración de Inversiones Kamiya. Esta empresa también fue creada por Katekaru Gushiken en 2015. El último local está ubicado en el Callao, en el mismo domicilio fiscal de Domokane, sociedad fundada en 2015 por Katekaru Gushiken y su socio.

En 2015, además de fundar una octava empresa bajo el nombre de Okanefiori en San Martín de Porres, Katekaru Gushiken y Arakaki Taba expandieron sus negocios fuera de Lima. Ese año constituyeron Tokanet SAC en el jirón Jiménez Pimentel, en Tarapoto, San Martín; donde funciona la “Sala de Juegos Bambú”. Katekaru Gushiken es, además, gerente general de Menfixa, una compañía que administra la sala de juegos Memphis en Los Olivos, y de La Máxima, que controla el tragamonedas Metrópolis en San Juan de Miraflores.

Katekaru Gushiken registra la importación de máquinas tragamonedas y accesorios de estas, entre los años 2012 y 2013, a través de otra empresa vinculada a él: Okane SAC, que hoy se encuentra en liquidación. En 2013, se sumó Okanecorp a esta labor. Las importaciones de ambas empresas ascienden a US$335 mil en dicho periodo de dos años, y sus principales proveedores son Guangzhou Zhengyu Trading de China, y Spielo International de Canadá.

Iván Katekaru Gushiken financió 16 apelaciones de Fuerza Popular ante Pleno del JNE con más de S/10 mil.

El segundo empresario del sector de juegos de azar y financista de las apelaciones de Fuerza Popular es Awa Matsukawa, quien es natural de Lima e hijo de Jose Awa Matayoshi y Ana Masoko Matsukawa. En 2003, dicho empresario y otros cinco socios ─Ángel Gima Shimabukuro, José Kohatsu Hirano, Daniel Moromisato Kanashiro, Rafael Arashiro Oshiro y David Shimabukuro Makikado─ fundaron Nikkei Investment SA. De acuerdo a su partida de inscripción, se dedica a la administración de tragamonedas.

Desde ese mismo 2003, sin embargo, Awa Matsukawa ya figuraba como representante de otra empresa de juegos de azar: Inversiones Kyodo. De acuerdo a los Registros Públicos, Awa Matsukawa figura desde dicho año como representante de Inversiones Kyodo ante la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), gremio que agrupa a las empresas de este sector. A la fecha, según el portal web de dicha asociación, Awa Matsukawa se mantiene como tesorero de la entidad, y aún vinculado a Inversiones Kyodo.

Inversiones Kyodo es una compañía constituida en 1998 por siete socios: Pedro Tokashiki Gamaja, Ricardo Ogusuku Oshiro, Francisco Tamashiro Oyakawa, Ricardo Ganaja Kamistao, Juan Gibu Tsukayama, Tomas Miyasato Miyasato y Rafael Arashiro Oshiro. Este último también es fundador de Nikkei Investment junto con Awa Matsukawa. La sala de juegos Emporium, ubicada en San Borja, es administrada por Inversiones Kyodo; y Awa Matsukada es apoderado de dicha empresa desde 2009, de manera oficial. 

RELACIÓN. Rubén Awa figura desde el año 2003 como representante de Inversiones Kyodo, que administra la sala de juegos Emporium en San Borja.

Imagen: Google Maps

Ante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Inversiones Kyodo está registrada como importadora de equipos vinculados a este sector. Desde 2013, esta compañía ha importado productos por más de US$615 mil; y sus principales proveedores son Aristocrat Technologies de EE.UU., Baez y Ayala Group de México, Guangzhou Zhengyu Trading de China, e International Game Technology (IGT) de Inglaterra.

Awa Matsukawa, además, ha sido financista de la campaña regional de Fuerza Popular en Ica, en el 2014. De acuerdo a la base de datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dicho empresario aportó S/20 mil en publicidad para la lista que encabezó Fernando Cilloniz Benavides, quien sería elegido como gobernador regional. Nuestro medio intentó contactarse con Awa Matsukawa y Katekaru Gushiken para recoger sus comentarios sobre este reportaje, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición.

Además de Katekaru Gushiken y Awa Matsukawa, OjoPublico detectó otros 15 financistas de las apelaciones que fueron presentadas por Fuerza Popular ante el Pleno del JNE. Esta lista es encabezada por Álvaro Estrada Briceño con el pago de S/25.080 por 38 recursos legales del fujimorismo. Estrada Briceño es gerente general de la constructora AJJ Contratistas Generales y de la inmobiliaria Evergran Grupo Inmobiliario.

La lista continúa con José Roberto Estremadoyro Ramírez, quien desembolsó S/19.140 para financiar 29 apelaciones de Fuerza Popular. Dicho empresario es administrador de compañías dedicadas a la venta de productos médicos. También aparece Rafael Isidoro Franco Montes, empresario dedicado al sector transporte y que tuvo un breve paso por la política, como candidato al Congreso en 1995 por la organización Renovación.

Rubén Awa Matsukawa pagó S/15.180. para financiar un total de 23 recursos legales de Fuerza Popular.

En el listado de financistas aparece también Rosa María Perales Rivera, abogada y fundadora del estudio legal Perales & Asociados, que tiene oficinas en Lima y en el norte del país. Su aporte asciende a S/16.500 y está vinculada a 25 apelaciones. Dicho aporte ha sido incluido en las indagaciones del despacho del fiscal José Pérez Gómez, quien ha abierto una nueva investigación por presunto lavado de dinero contra Fujimori.

En la lista además destaca Manuel Marquez San Román. Este último ─gerente general de la compañía Linings, dedicada a la fabricación de maquinaria─ ha pagado S/15.180 por otras 23 apelaciones de Fuerza Popular. Le sigue Karl Reusche Arambulo con S/12.540 por 19 recursos legales del fujimorismo en segunda instancia. Reusche Arámbulo está dedicado a la gerencia de compañías de consultoría empresarial e inmobiliarias.

La lista de financistas también incluye a las excongresistas fujimoristas Milagros Takayama Jiménez y Alejandra Aramayo Gaona, quienes financiaron, en conjunto, 21 apelaciones por un total de S/13.860. Otros 85 recursos legales fueron pagados por José Navarro Tantalean (S/11.220), Stephan Reusche Ciriani (S/10.560), Erika Márquez San Román (S/10.560), Enrique Portaro Pancorvo (S/9.900), Jaime Barco Roda (S/8.580), Steve Wakeham Penny (S/3.960) y Adolfo Laura Chirinos (S/1.320).