Con la colaboración de Gianfranco Huamán.

Actualización a las 18:30 horas del 25 de junio del 2021. 

“Que la historia nos juzgue”, fue una de las últimas frases de Luis Arce Córdova (58) como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El magistrado esgrimió dicha declaración durante la audiencia del 23 de junio, cuando el JNE inició con la revisión de las más de 300 apelaciones de Fuerza Popular. Estos recursos legales son parte del último intento del partido de Keiko Fujimori por revertir el resultado que, al 100% de las actas contabilizadas, ubica en primer puesto a Pedro Castillo Terrones, de Perú Libre.

Después de la segunda vuelta del 6 de junio y luego de que el conteo rápido diera como ganador al candidato de Perú Libre, el equipo legal de Fuerza Popular inició la presentación de más de 945 recursos de nulidad a las mesas de sufragio donde ganó Castillo Terrones. Los Jurados Electorales Especiales (JEE), sin embargo, rechazaron el 100% de estos recursos por falta de pruebas, principalmente. Ante esto, Fujimori inició la presentación de apelaciones ante el Pleno del JNE que a la fecha suman 370, según el portal de la autoridad electoral.

De las 370 apelaciones presentadas por Fuerza Popular, 295 alegan falsificación de firmas.

El Pleno del JNE programó, para la mañana del 23 de junio, el debate sobre las primeras diez apelaciones de Fuerza Popular. Para la presentación de este primer grupo de recursos legales, se pagó S/6.600, pues cada apelación tiene una cuota oficial de S/660. En los comprobantes de pago figuran los documentos de identidad de las excongresistas fujimoristas Milagros Takayama Jiménez (S/3.960) y Alejandra Aramayo Gaona (S/660), y del empresario Rafael Franco Montes (S/1.980), según detectó OjoPúblico.

Durante dicha primera audiencia, que fue transmitida en vivo por las redes sociales del JNE y su canal de televisión, los cuatro miembros del Pleno dejaron en claro la posición que iban a seguir, en los días sucesivos, para resolver las 370 apelaciones del fujimorismo que han sido presentadas hasta la fecha. Por un lado, el Presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, dijo que es el Poder Judicial quien debe determinar ─a través de un proceso penal─ si hubo falsificación de firmas en las actas electorales, pues en el JNE “no existe etapa probatoria”.

De las 370 apelaciones de Fuerza Popular, 295 alegan falsificación de firmas. Salas Arenas desestimó esa acusación y los peritajes que presentó en audiencia la defensa del fujimorismo. “Mientras esperamos el juicio de la historia”, respondió Salas Arenas a la frase de Arce Córdova, “el cotejo que plantea es una pericia judicial y no tiene que ser hecho por nosotros”. Cuatro miembros de las mesas analizadas el 23 de junio, además, ratificaron a OjoPúblico que asistieron a los comicios de segunda vuelta y que su firma es la que aparece en el acta.

PRESIDENTE. El magistrado Jorge Salas Arenas preside el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que revisa las apelaciones de Fuerza Popular.

Foto: Andina

Salas Arenas también se opuso al pedido de la defensa de Fuerza Popular, que solicitaba copias de las firmas de los miembros de mesa en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y la lista de electores de cada mesa de sufragio. Estos registros, según precisó el magistrado durante el debate, tienen datos personales que están protegidos por ley. Ceder en la defensa de estos datos privados por priorizar un interés colectivo solo podría ocurrir “en sociedades más primitivas”, dijo Salas Arenas en la audiencia.

Durante la sesión, efectivamente, la defensa legal de Fuerza Popular ─que estuvo liderada por la excandidata Lourdes Flores Nano y el exintegrante del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani─ reiteró su pedido de acceder a la lista de electores, un documento diferente al padrón electoral. El 17 de junio, ante una solicitud de la personera legal fujimorista Milagros Takayama, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denegó la entrega de dicho listado porque constituiría “una invasión de la intimidad personal y familiar”.

A la posición de Salas Arenas, representante de la Corte Suprema del Poder Judicial ante el JNE, se sumaron los magistrados Jovián Sanjinez Salazar y Jorge Rodríguez Vélez, quienes son representantes de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, de manera respectiva. Sanjinez Salazar indicó que Fuerza Popular no pudo probar que se haya favorecido a uno de los candidatos en las mesas de sufragio; mientras que Rodríguez Vélez aseguró que en todo proceso electoral se parte de la presunción de la validez del voto.

“La única opción es que resolvamos con respecto a la ley y la Constitución, y no a lo que pide la calle”, dijo Rodríguez Vélez en el debate. Desde hace semanas, Fujimori Higuchi ha convocado y participado de diferentes marchas y plantones, que son parte de su estrategia para insistir en el rechazo de los resultados. En este marco se han sumado el acoso en los hogares familiares de funcionarios como el propio Salas Arenas, y pedidos ilegales por desconocer el orden constitucional a través de la intervención de las Fuerzas Armadas.

DEFENSA. La abogada y excandidata presidencial, Lourdes Flores, lideró la defensa legal de Fuerza Popular en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Foto: Jurado Nacional de Elecciones

En la audiencia del 23 de junio, la única voz disonante, y que apoyaba los pedidos de Fuerza Popular, fue la del representante del Ministerio Público ante el Pleno del JNE: Arce Córdova. Dicho magistrado insistió en requerir información al Reniec y la lista de electores, pues esto “calmaría la polarización de la población”; caso contrario, “el candidato electo no tendrá legitimidad”. Sobre la protección de los datos personales, Arce Córdova dijo que “ningún derecho es infinito” y se debería priorizar el “interés general”.

La votación final fue contundente: las diez apelaciones de Fuerza Popular fueron declaradas infundadas en mayoría, por los votos de Salas Arenas, Sanjinez Salazar y Rodríguez Velez. Arce Córdova se abstuvo de votar en las 10 apelaciones, pues “la causa no se encuentra expedita para un pronunciamiento de fondo mientras no se tenga las firmas de Reniec y la lista de electores de la ONPE”. Luego de su primera participación, Arce Córdova se excusó de volver a intervenir en el debate durante lo que restaba de la audiencia.

Con estos resultados, y tomando en consideración que la mayoría de las apelaciones presentadas por Fuerza Popular acusan irregularidades similares, el desenlace de las siguientes audiencias era previsiblemente contrario al partido de Fujimori. En este contexto, la segunda audiencia del Pleno para analizar otros cuatro recursos legales del fujimorismo fue programada para el jueves 24 de junio. Sin embargo, antes de que acabara aquella jornada, una carta de Arce Córdova llegó a la mesa de partes del JNE.

El investigado del Caso
‘Cuellos Blancos’ en el JNE

“Acudo a vuestros despachos amparado en mis convicciones democráticas, a fin de presentar formalmente mi declinación irrevocable, al cargo de representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones”, escribió Arce Córdova en una carta que llegó la noche del miércoles 23 al JNE. Antes de que fuera confirmada la veracidad de esta misiva por la entidad electoral, algunos personajes como el exministro de Trabajo del Gobierno de Manuel Merino, Juan Sheput, compartieron la decisión del magistrado en sus redes sociales.

En su carta, Arce Córdova acusó falta de disposición del presidente del JNE “para hallar la verdad electoral”; y denunció sin fundamentos lo que sería una especie de complot entre este último y los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Presidenta del Poder Judicial, el jefe de la ONPE, la Fiscal de la Nación y el expresidente Martín Vizcarra. En el escrito, Arce Córdova también apoyó las marchas convocadas por Fuerza Popular; y repitió las acusaciones de conspiración y fraude, que diversos sectores han difundido sin evidencia alguna.

La renuncia de Arce Córdova ha gatillado un procedimiento disciplinario inmediato contra el magistrado por "faltas muy graves". Según un comunicado de prensa, la autoridad explicó que Arce Córdova vulneró el carácter "irrenunciable" de su cargo, al apartarse de manera arbitraria del Pleno del JNE. Además, la JNJ rechazó las "expresiones ofensivas contra altos funcionarios del Estado" como el Poder Judicial y la propia JNJ, que profirió el representante del Ministerio Público en su carta de declinación.

Arce Córdova es fiscal supremo desde 2016, y ese mismo año fue designado representante del Ministerio Público ante el Pleno del JNE. En 2018, el diario La República, OjoPúblico, Wayka y Convoca revelaron audios donde el magistrado coordinaba la revisión de casos con el entonces juez supremo César Hinostroza. Un año después, nuestro medio informó que Hinostroza organizó una cena para Pedro Chávarry ─exfiscal de la Nación y destituido del Ministerio Público─ a la cual invitó a “los amigos de siempre”, entre ellos Arce Córdova.

AUDIO. La Policía realizó escuchas legales a César Hinostroza, donde se le escucha coordinar una reunión con el fiscal Luis Arce Córdova.

Video: OjoPúblico

Por este caso, denominado ‘Cuellos Blancos’, el fiscal supremo y representante de la Fiscalía ante el JNE, Arce Córdova, tiene una investigación en el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La Junta Nacional de Justicia, por su parte, inició el año pasado un proceso disciplinario en su contra por favorecer al exjuez Hinostroza y al partido Unión por el Perú como miembro del JNE. A la fecha, la JNJ ya tiene elaborado un informe final sobre Arce Córdova, que podría acabar en su destitución como fiscal.

La renuncia de Arce Córdova fue calificada como “insólita” por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que además resaltó que la labor de los JEE y JNE ha sido “con apego a la ley y a los reglamentos vigentes”. De este mensaje hizo eco la embajadora británica en el Perú, Kate Harrisson. El Gobierno de Canadá y la Unión Europea también han declarado que el proceso fue “libre y democrático”, además de “justo y abierto”. El Departamento de Estado de los EE.UU., por su parte, subrayó que las elecciones fueron “un modelo de democracia en la región”, además de “libres, justas, accesibles y pacíficas”.

En este contexto, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también ha mostrado su preocupación por "los esfuerzos de algunos sectores que amenazan con un golpe de Estado". En entrevista con Jaime Chincha en RPP, Vivanco agregó que la preocupación de la comunidad internacional solo es comparable con aquella que suscitó el autogolpe de Alberto Fujimori. El funcionario agregó que un Gobierno nacido de un golpe de Estado sería "tratado como un paria en sus relaciones políticas y diplomáticas por el resto del mundo".

Durante la jornada del jueves, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazaron las acusaciones sin fundamento que hizo Arce Córdova en su carta. Luego de publicada la misiva del magistrado, la Asociación Civil Transparencia también deploró esta declinación y mostró su apoyo al sistema electoral. Días anteriores, la Defensoría del Pueblo había declarado que no han advertido ningún intento de alterar la voluntad popular en las urnas.

Las elecciones fueron un modelo de democracia, dijo el Departamento de Estado de los EE.UU.

La carta de Arce Córdova culminó pidiendo al Pleno del JNE que acepte su declinación como uno de sus integrantes. “Declinar es no aceptar una oferta o invitación; [Arce Córdova] no está rechazando una oferta, estaría renunciando, lo que está expresamente prohibido”, explicó el jefe de IDEA Internacional, Percy Medina. Efectivamente, la ley orgánica del JNE señala en su artículo 16, de manera expresa, que el cargo de miembro del Pleno “es irrenunciable durante los procesos electorales”, como el actual.

En un momento de la noche del miércoles 23 de junio, la vacancia de Arce Córdova por el Pleno del JNE se planteó como una salida a dicho entrampamiento, según contaron fuentes de dicha autoridad electoral. Aunque la ley indica la renuncia como una causal de vacancia, esta también señala que no es aplicable durante el periodo electoral, explicó el abogado Luciano López a nuestro medio. “Son causales de vacancia de miembro del Pleno [...] renuncia, sin perjuicio de la limitación contenida en el artículo 16”, dice la norma.

La declinación de Arce Córdova planteaba un problema adicional: la normativa del JNE dice que el Pleno solo puede sesionar con mínimo cuatro integrantes. Sin Arce Córdova, y como el Colegio de Abogados de Lima (CAL) no llegó a elegir a su representante, dicha autoridad electoral no podía continuar con la evaluación de los recursos legales presentados por Fuerza Popular. La audiencia del día siguiente, donde se iban a analizar tras cuatro apelaciones del equipo legal de Fujimori Higuchi, tuvo que ser suspendida.

El JNE contra el reloj

El jueves 24 de junio, finalmente, Salas Arenas decidió suspender a Arce Córdova para que sea reemplazado por su suplente, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza. El Presidente del Pleno recurrió al último párrafo del artículo 18 de la ley orgánica del JNE, que permite que la vacancia por renuncia sea debatida luego de acabada las elecciones de manera oficial. "Cuando las causales [de vacancia] [...] se produzcan durante procesos electorales [...] se cubrirá provisionalmente el cargo”, dice la norma.

A las 10:34 horas del jueves, la Secretaría General del JNE emitió dos oficios ─revisados por OjoPúblico─ con la decisión de Salas Arenas. El primero fue para la secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Ana María Velarde; y el segundo al secretario general de la JNJ, Juan Carlos Cortés. Un tercer oficio, finalmente, fue enviado a las 11:06 horas a la propia Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Este último documento era clave, pues, la titular del Ministerio Público era la encargada de notificar al reemplazo de Arce Córdova.

Cuatro horas después, a las 3:50 de la tarde, el Ministerio Público pudo notificar a Rodríguez Monteza. "Queda usted notificado para incorporarse de manera inmediata como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones”, se lee en el documento de notificación difundido por la Fiscalía. A las 6:50 de la tarde, Avalos apareció a través de un video precisando que “la sucesión [del suplente] es automática, sin trámite adicional alguno”, y que la incorporación de Rodríguez Monteza ya había sido comunicada al Presidente del JNE.

APOYO. En 2019, fiscal supremo Víctor Rodriguez Monteza pidió que el Poder Judicial acepte la casación de Keiko Fujimori, para salir de prisión.

Documento: Ministerio Público

El fiscal supremo Rodríguez Monteza también es investigado por el caso ‘Cuellos Blancos’ en la Fiscalía y en la JNJ. En 2018, la fiscal Sandra Castro incluyó a Rodríguez Monteza, a través de un informe al que accedió nuestro medio, en una presunta organización criminal liderada por César Hinostroza. Un año después, el fiscal supremo recomendó a la Corte Suprema del Poder Judicial que declare fundado un recurso de casación presentado por Fujimori Higuchi, quien buscaba se revoque una prisión preventiva en su contra. 

De acuerdo con la normativa, Rodríguez Monteza tiene hasta el 29 de junio para incorporarse al JNE. De no hacerlo, o si recurre a un mecanismo similar al usado por Arce Córdova, su cargo deberá ser asumido por el fiscal Pablo Sánchez, quien fue elegido segundo suplente en julio del 2020. Una vez conformado el Pleno del JNE, este podrá retomar la revisión de las apelaciones de Fuerza Popular. Mientras tanto, la Historia queda a la espera de escribir quién será el Presidente peruano del Bicentenario.