Tras dar un golpe de Estado e intentar asilarse en México, Pedro Castillo se victimiza en pronunciamiento
Pedro Castillo fue detenido el 7 de noviembre después de un fallido golpe de Estado.
Policía Nacional.
Desde la cárcel, luego de dar un golpe de Estado frustrado —en el que anunciaba la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia, la imposición de un régimen de excepción, además de un toque de queda— y buscar asilo político en la embajada de México, Pedro Castillo sigue autodenominándose como presidente de la República.
"Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente, y no renunciaré ni abandonaré mis altos y sagradas funciones", señaló en un pronunciamiento compartido por redes sociales.
Castillo, quien fue vacado por el Congreso el pasado 7 de diciembre horas después de su intentona golpista, aprovechó la oportunidad para victimizarse y tildar de “usurpadora” —aunque sin nombrarla— a la ahora mandataria Dina Boluarte, quien fue su vicepresidenta.
En un contexto de convulsión social en el que ya se registran cinco ciudadanos fallecidos durante las movilizaciones que piden, principalmente, la convocatoria a nuevas elecciones, el mensaje de Castillo pretende, de manera oportunista, persuadir a los manifestantes para que desconozcan al gobierno de Dina Boluarte y se mantengan en las calles.
"El pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. ¡Basta de abusos! ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Libertad inmediata!”, sostuvo el expresidente, que se encuentra recluido en la Diroes y viene siendo procesado por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Además de estos procesos, Pedro Castillo afronta seis investigaciones fiscales: una por el presunto plagio en su tesis de maestría, y otras cinco por presuntos delitos de corrupción durante su mandato.
Tres de estas investigaciones fueron parte de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ante el Congreso el pasado 11 de octubre. La elaboración del informe final de esta denuncia se encuentra en proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo.