Actualización: 3 de mayo de 2023 - 7:29 p.m.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas, en el que confirma que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, el Congreso de la República y en demanda del adelanto de elecciones.

El informe constituye un serio cuestionamiento a un gobierno que lleva en el poder cinco meses y establece una serie de evidencias sobre el abuso de la fuerza en el control de las manifestaciones. 

Una de las conclusiones más relevantes del documento tiene que ver con hechos que señalan una responsabilidad del Estado peruano. El reporte —que analiza con detalle la represión en Puno y Ayacucho—  menciona que detrás de las muertes de los ciudadanos en ambas regiones existen elementos que pueden constituir la figura de ejecuciones extrajudiciales. 

“Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, señala el documento sobre los hechos ocurridos en Ayacucho.

[En Ayacucho], dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, [las muertes] podrían calificarse como una masacre”.

Este informe detalla —como también lo han hecho, durante estos meses, una serie de investigaciones periodísticas de OjoPúblico, otros medios e informes de organizaciones internacionales— el uso excesivo de la fuerza de policías y militares durante la represión a las recientes protestas en Perú. 

En las recientes manifestaciones murieron 49 civiles directamente durante las acciones policiales y militares (entre ellos personas que no protestaban y menores de edad), otros 11 en el contexto de los bloqueos, y seis militares y un policía. También se han identificado en estos meses 1.785 heridos, establece la Defensoría del Pueblo.

La Comisión señala que la respuesta de las fuerzas estatales a las protestas no fue uniforme en todo el país y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza, sobre todo en los contextos en los que intervinieron las fuerzas militares.

“La CIDH registra con preocupación en regiones caracterizadas por una considerable presencia de población indígena y campesina (...) se registraron los episodios de mayor letalidad, así como las más graves denuncias del uso excesivo de la fuerza”.

DOLOR. Desde que comenzaron las protestas, 49 civiles murieron durante las acciones policiales y militares. 

Foto: OjoPúblico / Miguel Gutiérrez

El informe destaca las necropsias realizadas a los cuerpos de los fallecidos en las que se confirma que la causa de las muertes son Proyectiles de Arma de Fuego (PAF), como balas, perdigones y objetos contundentes.

“Al respecto, durante una reunión sostenida con autoridades del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal indicó que todas las personas fallecidas en estos hechos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas”, indica sobre los hechos ocurridos en Juliaca, región Puno.

Además, se precisa que el uso desproporcionado de parte de las fuerzas del orden originaron daños tanto a manifestantes como a terceros que no tenían ninguna participación en las protestas. 

La CIDH ha presentando 36 recomendaciones al Estado Peruano, entre las que se encuentran la modificatoria de las normas para prohibir el uso de armas en el control de las protestas, así como garantizar que los militares solo participen en casos excepcionales y en subordinación de los efectivos policiales.

“Asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles”, se lee.

Además, recomendó al Perú adoptar las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de las víctimas de las protestas estén bajo el mando de fiscales especializados en derechos humanos con la intención de que los procesos se realicen de manera “célere, independiente y con las garantías judiciales pertinentes”. 

Para ellos, la CIDH puso a disposición del Estado peruano su intención de brindar asistencia técnica para la capacitación de funcionarios públicos y en la conformación de un equipo multidisciplinario que investigue los casos. 

El informe analiza la situación de los derechos humanos durante las protestas. No determina responsabilidades individuales".

Sobre las responsabilidades políticas, la CIDH ha dejado en claro que este informe está orientado a mostrar la situación de los derechos humanos durante las protestas, más no determinar responsabilidades individuales, pues eso le compete a las entidades fiscales y judiciales del país.

Finalmente, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, señaló que las recomendaciones planteadas por la CIDH en este informe deberían ser cumplidas por el Perú de manera obligatoria, pues la organización es parte del Tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al que está suscrito el Perú. 

También indicó que la CIDH realiza el seguimiento de sus recomendaciones y, luego, informa a la Asamblea de Estados Americanos. Asimismo, la sociedad civil puede hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones, solicitando audiencias de control, las cuales pueden realizarse tres veces al año. 

Añadió que solo se podrá iniciar una investigación contra el Estado Peruano, siempre y cuando una persona presente el caso a nivel de la CIDH. No obstante, hay que tener en cuenta que los casos a nivel internacional se presentan contra el Estado y no contra personas individuales. Las responsabilidades penales solo se investigan a nivel interno del país. 

La CIDH también tomó conocimiento de la campaña de estigmatización en contra de los manifestantes por parte de las autoridades. En esta línea, señaló que el “terruqueo” ha sido utilizado para justificar el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias.

“La estigmatización tiene el potencial de poner a las personas manifestantes en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”, señala.

El informe también recoge el caso del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, policía asesinado y posteriormente calcinado, durante la madrugada del 10 de enero pasado, en Juliaca (Puno). La CIDH condenó todo tipo de violencia llevada a cabo por cualquiera de las partes involucradas en las protestas. 

Oposición a la CIDH

El informe de la Comisión llega luego de que diversos políticos se manifestaran en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que pertenece la CIDH, y al que el Perú está adherido. 

En febrero de este año, el congresista Jorge Montoya le envió una carta a la presidente Dina Boluarte solicitando que inicie el retiro del país de la Convención Americana y, por ende, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto, según el documento, “por ser entidades vinculadas a ONGs de izquierda que emiten sentencias con sesgo político y no jurídico”.

Dos meses después, a mediados de abril, el congresista de Renovación Popular se reunió con el entonces ministro de Justicia, José Tello, para retomar la conversación sobre el tema. 

En ese contexto, el 17 de abril, el exministro de Educación, Óscar Becerra se mostró a favor de la salida del Perú de la CIDH. “Salgamos de ese adefesio que es la CIDH, con el perdón de los adefesios”, declaró en un evento ministerial.

Las reacciones tras la presentación del informe

Esta tarde, horas después de la presentación del informe, la presidenta Dina Boluarte sostuvo, durante una conferencia de prensa, que el Gobierno respeta el informe emitido por el organismo. Sin embargo, rechazó algunos puntos del mismo, como la mención de ejecuciones extrajudiciales y una masacre, en referencia a lo ocurrido en Ayacucho. 

“Como todo informe, hay puntos que no compartimos, pero respetamos, más si es de la CIDH. Rechazamos que se hayan realizado ejecuciones extrajudiciales y el calificativo de masacre”, dijo. 

Además, indicó que las investigaciones se están desarrollando en la Fiscalía y que el Ejecutivo ha colaborado en todo momento, brindando información para la elaboración del informe de la CIDH. En esa línea, precisó que van analizar las recomendaciones para irlas atendiendo de acuerdo al marco legal vigente en el país. 

En paralelo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, intentó minimizar el informe de la Comisión, al indicar que se trata solo de un informe temático no concluyente. “No estamos ante una sentencia, es un informe temático, solo puede sentenciar la Corte [Interamericana de Derechos Humanos]”, afirmó . 

RESPUESTA. La presidenta Dina Boluarte rechazó que se hayan realizado ejecuciones extrajudiciales durante las protestas. 

Foto: Presidencia de la República

Por otro lado, los parlamentarios Arturo de Alegría, de Fuerza Popular, Norma Yarrow, de Avanza País, y José Cueto, de Renovación Popular, afirmaron que el informe tiene un sesgo político. Para argumentar esto, sostuvieron que el mismo no señala claramente que el 7 de diciembre hubo un fallido golpe de Estado y que no considera en igual magnitud los actos de violencia de algunos manifestantes. 

Sin embargo, el informe sí condena la actuación del expresidente Pedro Castillo al intentar romper el orden constitucional cuando decidió disolver el Congreso “fuera de los procesos constitucionales”. De igual modo, detalla que los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta. 

“Cuando algunos individuos cometen actos de violencia en el contexto de una protesta, estos deben ser individualizados, asegurando que las demás personas manifestantes conserven su derecho a la reunión pacífica”, precisa.

La congresista fujimorista Martha Moyano señaló que no se le debería hacer caso al informe de la CIDH. En tanto, el congresista Alejandro Cavero, por su parte, señaló a través de su cuenta de Twitter que el informe parte de una consigna ideológica y que, por ende, carece de imparcialidad. 

"Es una consigna ideológica llena de arengas inútiles y falsas. Lejos está el texto de un documento objetivo e imparcial sobre un tema tan delicado, como son las violaciones a los derechos humanos. No hay que darle mayor importancia. Al archivo”, sostuvo Cavero.

Mientras que el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, volvió a pronunciarse a favor del retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

“El tema de la Corte es un tema sesgado a la izquierda totalmente. La Comisión y la Corte son lo mismo. Vamos a retirarnos de las dos cosas. Eso es un tema que ya está en proceso, y vamos a seguir concientizando a la gente que toma las decisiones y pueda tomarse a la brevedad”, declaró.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también se pronunció en contra del informe al indicar que no está completo, porque no se considera los ataques contras efectivos del orden, como el caso del suboficial José Luis Soncco.

“Tienen que tomar a todos los involucrados, no sólo los excesos del Ejército, porque ellos están para eso, para poner orden, cuando van a tomar un aeropuerto o una central hidroeléctrica, ¿qué hace el ejército? Debe protegerlo”

No obstante, el informe también menciona la violencia llevada a cabo por ciertos grupos de personas, que quemaron instituciones públicas y privadas y tomaron carreteras, interrumpiendo, en algunos casos, el paso de ambulancias y el adecuado suministro de alimentos. Además, hace mención del caso del suboficial Jose Luis Soncco, asesinado y calcinado por una turba en Juliaca, Puno. 

De otro lado, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló que su entidad es respetuosa de las normas internacionales. Por eso, indicó, tomarán en consideración las recomendaciones brindadas en el informe para fortalecer el trabajo del Equipo Especial, encargado de ver los casos de las víctimas de las protestas. 

“Seguiremos trabajando sobre las recomendaciones dadas por la CIDH, con el subsistema especializado de derechos humanos y el equipo especial realizando investigaciones de forma célere, ordenada en cumplimiento en el enfoque de la víctima e interculturalidad”, aseguró.