Actualización: 7 de junio de 2023 - 8:38 p.m.

Horas antes de que la presidenta Dina Boluarte declare en el marco de la investigación preliminar que le sigue el Ministerio Público por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en contra de las víctimas de las protestas iniciadas en diciembre del año pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola —quién también está comprendido en las indagaciones— aseguró que la madataria no iba a utilizar el derecho a guardar silencio. 

“Va a responder todas y cada una de las preguntas que se le formulen porque es interés del gobierno y, especialmente, de la presidenta Boluarte que los hechos se esclarezcan”, dijo a RPP. 

Boluarte guardó silencio y evitó preguntas de los abogados de las víctimas y de la Procuraduría".

Este discurso fue manifestado en reiteradas oportunidades por la misma mandataria, su abogado y representantes del Gobierno que conocían el detalle de los participantes en la diligencia. Sin embargo, esta mañana, la presidenta se negó a contestar preguntas de los abogados de las víctimas, y de los representantes de la Procuraduría General del Estado.

Durante el interrogatorio, según se pudo conocer horas después, la presidenta solo respondió las consultas de la Fiscalía. Posteriormente, cuando las otras partes debían formular sus preguntas, Boluarte se acogió al derecho al silencio, por recomendación de su abogado.

Sobre las preguntas de la Fiscalía, una fuente de OjoPúblico con conocimiento de los hechos informó que la presidenta Boluarte brindó respuestas muy generales ante las consultas del fiscal Marco Huamán. Es decir, no dio detalles ni aportes sustanciales para el esclarecimiento de los hechos. 

Asimismo, el abogado Carlos Rivera, a través de sus redes sociales, informó que Boluarte volvió a negar su responsabilidad en los delitos que se le imputan. También descartó, según precisó Rivera, haber dado disposiciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía para llevar a cabo una represión violenta, que culminó con la muerte de 49 civiles durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

FISCALÍA. El interrogatorio contra Dina Boluarte duró dos horas y media y estuvo a cargo del fiscal Marco Huamán. 

Foto: OjoPúblico / Abel Cárdenas

La diligencia estaba programada para las 9 a.m. Sin embargo, esta recién empezó a las 9:30 a.m. y tuvo una duración de casi dos horas y media. Durante ese lapso, el representante de la Fiscalía realizó, aproximadamente, 25 preguntas, según pudo conocer OjoPúblico.

En la sala, además del fiscal coordinador del Área Especializada de Denuncias Constitucionales, Marco Huamán, también estuvo presente la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y una fiscal de apoyo.

La presidenta Dina Boluarte se sentó junto a su abogado, Joseph Campos. En la diligencia también participó la abogada Gloria Cano, representante de las víctimas de las protestas en Ayacucho. Y, por la Procuraduría General del Estado, se apersonó el coordinador de la Unidad Funcional para la Defensa del Estado en Casos Contra Altos Funcionarios, Omar Rojas, acompañado de la abogada de dicho despacho, Lilia del Río.

A la diligencia también estaban citados los abogados Carlos Rivera y David Velasco, representantes de otras víctimas de las protestas. Sin embargo, estos no participaron de la misma pues funcionarios de la Fiscalía le prohibieron el ingreso bajo el argumento de haber llegado “siete minutos tarde”. 

“Nos [hicieron] demorar por temas de seguridad en la puerta [principal] y, luego, atribuyeron que habíamos demorado siete minutos y que ya no podíamos ingresar”, declaró el abogado David Velasco. La sesión inició media hora después de la hora pactada. 

Derecho al silencio

El 22 de febrero de este año, la Procuraduría General del Estado solicitó una tutela de derechos ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria luego de que el Ministerio Público no le notificara sobre una diligencia indagatoria contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, realizada el 16 de febrero. 

El 8 de marzo, el juez Juan Carlos Checkley declaró fundada la tutela de derecho a favor de Procuraduría y autorizó su participación en las diligencias futuras en las investigaciones preliminares que comprenden a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, al ministro de Defensa Jorge Chávez, al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, y al exministro del Interior, Víctor Rojas. 

A raíz de esta decisión, la Procuraduría y los abogados defensores de las víctimas y deudos de las protestas tenían autorización para participar de las diligencias fiscales y preguntar a los investigados. No obstante, el Ministerio Público apeló la resolución. 

Fuentes de OjoPúblico informaron que, tras la apelación, el Poder Judicial dio a conocer al Ministerio Público que la resolución de primera instancia se dio “sin efecto suspensivo”. En otras palabras, esta debía cumplirse mientras se resuelve la apelación en segunda instancia. 

El abogado Joseph Campos recomendó a la presidenta que se ampare en el derecho al silencio".

Durante la diligencia de este 6 de junio, los representantes de la Procuraduría recordaron esta disposición y defendieron su derecho a interrogar a la investigada. En ese contexto, este medio pudo conocer que la Fiscalía reconoció el planteo de los procuradores y, ante ello, el abogado Joseph Campos recomendó a la presidenta que se ampare en la prerrogativa del silencio. 

Luego de la diligencia, Campos señaló a diversos medios que su defendida había respondido todas las preguntas de la Fiscalía. Además, indicó que no respondieron a los demás participantes porque consideran que ellos no deberían participar en esta etapa de la investigación. 

“Hemos respondido a todas las preguntas del Ministerio Público. [No hemos guardado silencio] en las preguntas de la Fiscalía, en ninguna. En esta etapa [de la investigación], participa el Ministerio Público y el investigado. En ese escenario no ha habido ninguna respuesta en silencio”, indicó en Exitosa.

Nota de redacción:

Este artículo fue actualizado para precisar que, durante la diligencia fiscal, los representantes de la Procuraduría General del Estado y los abogados de las víctimas no llegaron a formular las preguntas que tenían preparadas debido al pedido de acogerse al derecho al silencio por parte de la presidenta.