La principal dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, detenida desde la semana pasada, y sus dos asesores Ana Herz (68) y Pier Figari (44), capturados hoy por la Policía, organizaron una operación delictiva para captar aportantes falsos e introducir de manera irregular dinero entregado por personajes no identificados en la campaña presidencial del 2011.

Así lo dijo un testigo protegido al Ministerio Público, según la resolución del Poder Judicial a la que accedió Ojo-Publico.com. El mismo indicó que Keiko Fujimori y sus dos asesores introdujeron de forma irregular por lo menos US$80 mil a las finanzas de su partido por intermedio de Adriana Tarazona, entonces tesorera de Fuerza Popular y hoy detenida por este caso.

DETENIDOS. Preciso momento en que los asesores de Fuerza Popular, Ana Herz y Pier Figari, son detenidos por presuntamente captar falsos aportantes e introducir dinero ilícito al partido político.

Foto: Ojo-Publico.com

El testigo además confesó que uno de los personajes claves en dicha organización era Carmela Paucará Paxi (38), identificada como la secretaria de confianza de Fujimori y responsable de llevar su agenda de reuniones oficiales y extraoficiales en la campaña del 2011. De acuerdo, a la resolución judicial de 24 páginas, Paucará era la encargada de destruir la evidencia de los encuentros secretos de la excandidata presidencial.

El documento también señaló al empresario Vicente Silva Checa (68), quien purgó prisión por formar parte de la organización criminal de Vladimiro Montesinos en los '90, como el hombre clave del fujimorismo actual: “Silva Checa es el asesor que tomó las decisiones en Fuerza 2011. Keiko Fujimori consulta con dicho asesor y es quien toma las decisiones (...) [el testigo] lo ha visto en la oficina [de la excandidata]”, dice la resolución.

El 2001, Silva Checa, presidente del directorio del medio Cable Canal de Noticias (CCN), y Eduardo Calmell del Solar, exdirector del diario Expreso (ya fallecido), fueron detenidos por recibir US$3 millones de dólares del fenecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a cambio de vender la línea editorial de dicho medio de comunicación. Esta noche, 17 años después, el Poder Judicial ordenó la captura de Silva Checa.

INVOLUCRADOS. Vicente Silva, operador fujimorista desde los años '90, y Carmela Paucará, secretaria de confianza de Keiko Fujimori, son considerados como parte de organización criminal.

Foto: Reniec.

Las declaraciones del testigo protegido, signado con la clave TP 2017-55-3, ocurren en el marco de la investigación seguida por el fiscal de lavado de dinero, José Domingo Pérez, contra Keiko Fujimori, en su calidad de presunta cabeza de una organización criminal al interior de Fuerza Popular, y receptora del dinero ilícito de la constructora Odebrecht.

El objetivo de esta presunta organización criminal, según las pesquisas fiscales avaladas por el juez Richard Concepción Carhuancho, “era lograr la Presidencia de la República y el acceso al mayor número de curules congresales” para luego retribuir políticamente a Odebrecht, que aportó US$1.2 millones en la campaña del 2011 de Fuerza Popular.

La Fiscalía asegura que el millonario aporte de la constructora fue “lavado” a través de actividades proselitistas, cócteles, cenas y rifas, y por intermedio del uso de aportantes falsos, que incluían a familiares y allegados del exsecretario nacional del partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Jaime Yoshiyama Tanaka (hoy con orden de captura), y del exsecretario nacional de economía, Augusto Bedoya Camere (detenido con Keiko Fujimori).

Operación Lavado

De acuerdo a la resolución judicial, Keiko Fujimori y sus dos asesores le contaron al testigo protegido de la Fiscalía que ciertos montos de los millonarios aportes de aquella campaña procedían de empresarios que “no querían aparecer en la lista de aportantes” de Fuerza 2011.

Según esta versión, los dirigentes fujimoristas aseguraron que estas compañías no querían “tener problemas posteriores” si su partido ganaba las elecciones y porque “[sus aportes] podrían ser cruzados muchas veces con la Sunat [Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria]”.

OPERATIVO. Un equipo conjunto de la Fiscalía y la Policía detuvieron a los asesores de Fuerza Popular, además de allanar sus domicilios en Surco, San Isidro, La Molina y Villa el Salvador.

Foto: Ojo-Publico.com

“Pier Figari [nos] indica que van a dar un dinero para poder cubrir las donaciones que aparezcan registradas a nombre de terceras personas [y que] debía llevarse a cabo una operación para buscar personas que puedan aparecer como aportantes del partido”, aseguró el testigo protegido al Ministerio Público.

El testimonio revisado por Ojo-Publico.com revela por lo menos cuatro entregas de dinero en efectivo a través de Adriana Tarazona, entonces tesorera oficial del partido fujimorista. La primera entrega ocurrió una semana después de la reunión donde Keiko Fujimori y su círculo partidario íntimo delinearon los detalles para introducir estos aportes irregulares.

“Keiko Fujimori [indicó] que el dinero ya lo tenía Adriana Tarazona (...) [quien] entregó US$30 mil en efectivo o billetes, el dinero estaba listo en su cajón (...) estaba preparado en un sobre de manila”, contó el testigo protegido.

PRISIÓN. La detención de los asesores de Fuerza Popular ocurre casi una semana después de que Keiko Fujimori fuera detenida y llevada a la sede de la Prefectura de Lima. 

Foto: Leslie Moreno / Ojo-Publico.com

Pocos días después, y ya en el local de Fuerza Popular de propiedad del polémico Joaquín Ramírez, entonces secretario general del partido, ocurrió la segunda entrega de dinero. El testigo protegido recibió un talonario de recibos de aportes de Fuerza 2011, entregado por Erika Yoshiyama Koga, sobrina de Jaime Yoshiyama y encargada en las sombras de la contabilidad del partido, y US$20 mil en efectivo en un sobre de manila de manos de Adriana Tarazona.

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Erika Yoshiyama es contadora pública de profesión, pero en ningún momento fue registrada por el fujimorismo como tesorera del partido en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Una tercera entrega, siempre según la versión fiscal, ocurrió a fines de febrero del 2011, cuando Adriana Tarazona le dijo al testigo que “le entregaría US$50 mil, pero que en esa oportunidad le daba US$20 mil en efectivo en un sobre de manila como adelanto”. Esta reunión ocurrió por indicación de Keiko Fujimori.

ASESOR. Vicente Silva Checa, asesor de Keiko Fujimori y quien tomaba las decisiones en Fuerza Popular según un testigo protegido, fue detenido esta noche por la Policía. 

Foto: Ojo-Publico.com

La cuarta y última entrega ocurrió en la segunda semana de marzo del 2011. Entonces, el testigo protegido recibió US$10 mil en un sobre de manos de la tesorera de Fuerza Popular. “En la oficina de Keiko Fujimori, en la que se encontraban Ana Herz y Pier Figari, ésta le indica que vaya a la oficina de Adriana Tarazona para que recoja el encargo”, señala el documento judicial.

El Ministerio Público determinó que 17 aportantes del partido fujimorista utilizaron la presunta modalidad criminal del 'pitufeo', y que otras 25 personas realizaron depósitos en las cuentas bancarias de Fuerza Popular en el banco Scotiabank sin estar registrados como financistas ante la ONPE.

La Fiscalía además identificó a 18 personas que negaron haber realizado aportes a Fuerza Popular y a 16 aportantes fujimoristas residentes en la región San Martín que “no evidencian disponibilidad económica para aportar”, entre los cuales figura la esposa del congresista fujimorista, Rolando Reátegui Flores.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL. La Fiscalía sindica a Keiko Fujimori como jefa de un grupo delictivo al interior de Fuerza Popular, que introdujo de manera irregular los aportes de Odebrecht.

Infografía: Gianfranco Huamán / Ojo-Publico.com

Según el testigo protegido, los actuales congresistas fujimoristas Cecilia Chacón, Héctor Becerril y Federico Pariona, junto con los exparlamentarios Ricardo Pando, Rofilio Neyra, Pedro Spadaro, Martha Moyano y Carlos Raffo conocían de la presunta operación de lavado al interior de Fuerza 2011.

La orden emitida por el juez Concepción Carhuancho, que incluyó las declaraciones del testigo protegido, ordenó la captura preliminar de Figari, Herz, Silva y Paucará, además del allanamiento de sus viviendas en los distritos de Surco, La Molina, San Isidro y Villa el Salvador, respectivamente.