Desde 2010 y por más de 12 años la encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú, elaborada por Proética, sitúa a la delincuencia y a la corrupción como los dos principales problemas del país. En el último estudio de 2022, el 60% de los consultados percibe a la delincuencia como el problema principal y un 57% a la corrupción como el segundo. 

En el comparativo con otros países, respecto a si se percibe a los políticos como corruptos (percepción de corrupción entre políticos), el más reciente Barómetro de las Américas LAPOP 2023 ubica al Perú en el primer puesto, con un 87%, y en percepción de inseguridad, en el tercer lugar con 58%. Estamos en la cúspide, pero no por resultados positivos. 

Han pasado años y los números demuestran que ambos problemas —corrupción e inseguridad— siguen latentes. Frente a ello, el Estado ha aprobado diversos instrumentos de gestión hasta las actuales políticas nacionales para cada materia. 

La ejecución de estos planes y políticas, más allá de su real eficacia, supuso, o debió suponer, un aprendizaje constante para superar los problemas que pudieran identificarse en el proceso.

En el plano de la lucha contra la inseguridad, estos planes datan del año 2007, y en el ámbito de la lucha contra corrupción, desde el 2008 [El Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2008-2011 no fue aprobado por norma legal, pero el Decreto Supremo Nº 119-2012-PCP que aprueba el Plan 2012-2016 da cuenta de su existencia]. 

Corrupción e inseguridad son problemas latentes desde hace más de 12 años en Perú".

En términos generales, estas iniciativas, sus actualizaciones y el aprendizaje generado, no dejan dudas del enfoque interinstitucional y multidisciplinario con que deben afrontarse ambos problemas, tampoco de la necesidad de disponer de información accesible, completa, precisa y oportuna para tomar decisiones, verificar avances y hacer balances sobre lo logrado en cada ámbito. 

Y, al hablar de acceso a la información, también resultan imprescindibles las mejoras tecnológicas. La modernidad e interoperabilidad son atributos básicos para optimizar al máximo las capacidades de sistematización, consolidación y de control que un órgano rector requiere para verificar y garantizar el impacto real de la política, plan o modelo bajo su responsabilidad.

En ambos ámbitos —corrupción y seguridad—, las líneas de acción son diversas y abarcan amplios ejes de intervención. Para fines de este artículo, tal verificación se efectuará a partir del seguimiento de la implementación del Componente 7 del Modelo de integridad para la prevención de actos de corrupción, y de dos objetivos prioritarios: el 1 y el 4 de la vigente Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030). 

En cada caso, los instrumentos de observación son el Reporte nacional anual de la implementación del Modelo de integridad para el año 2023 y el Informe de evaluación de la PNMSC 2030 para los años 2022 y 2023, respectivamente. 

Corrupción: Modelo de integridad

La acción planificada del Estado para la prevención y lucha contra la corrupción tiene larga data y cuenta con todo un montaje de medidas para hacerla efectiva. Se consideran normas diversas y, principalmente, la actual Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de 2017, así como los planes y lineamientos varios que derivan de ella. 

La línea de prevención de actos de corrupción se ubica dentro de esa estructura y, en ese marco, se ejercen las funciones de integridad desde 2019 y también se implementa el denominado Modelo de integridad desde 2021, cuyos avances se miden a través del progreso sobre nueve componentes de un Índice de capacidad preventiva frente a la corrupción (ICP). 

La responsabilidad de la implementación del Modelo de integridad en las entidades públicas recae en la Secretaría de integridad pública, en su calidad de órgano rector de la mencionada política nacional.

El aumento de la percepción de la corrupción de 73% en 2019 a 81% en 2022, según la última encuesta nacional de Proética, nos da una aproximación del impacto que ha tenido la política nacional vigente. Panorama al que también contribuye el mismo Modelo de integridad, que, pese al conjunto de medidas que involucra, no sólo coexiste con tal indicador, sino que se ve burlado permanentemente.

El ejemplo más actual y notorio de ello es la propia presidenta de la República. Su caso personal proyecta una imagen contraria a los componentes 1 (Compromiso de alta dirección), 3 (Política de integridad) y 4 (Transparencia). En tanto, son públicas las denuncias sobre omisiones de información en sus declaraciones juradas de bienes y rentas, que involucran artículos de lujo y cuentas bancarias, como omisiones en la agenda presidencial y el registro de visitas a Palacio de Gobierno.

Es decir, una actitud contraria a la integridad, transparencia y ánimo de rendir cuentas propias de quien lidera la estructura oficial del Estado, marco en el que opera precisamente el Modelo de integridad. 

La mayor percepción de corrupción en el país se proyecta en la propia presidenta de la República".

Aunque el Modelo de integridad merece un análisis profundo sobre la utilidad y forma de medir sus componentes, así como sus impactos reales para prevenir la corrupción, sólo me referiré al componente 7 (Canal de denuncias), el mejor evaluado de nueve indicadores, según el Reporte Anual 2023. 

El componente 7 (C7 - Canal de denuncias) debe implementarse en cinco etapas, y el Reporte Anual 2023 evalúa el avance en las dos primeras. Así, de 167 entidades públicas evaluadas, el C7 obtuvo el mayor avance, con un promedio del Índice de capacidad preventiva frente a la corrupción (ICP) de 1,69, el más próximo a la meta de 2,00. La evaluación del C7 durante el 2023 consideraba los siguientes aspectos:

En la medida que interesa verificar la efectiva accesibilidad y/o manejo eficiente de la información, y que esta tenga una utilidad real y sea oportuna para la toma de decisiones y de evaluaciones sobre lo avanzado, interesa conocer: 1.1. la implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas (PDUDC); y, 2.2. el reporte semestral de denuncias recibidas y medidas de protección otorgadas durante el 2023 (Reporte). 

Para ello, se recurrió a los mecanismos de acceso a la información pública y solicitar a la PCM-Secretaría de Integridad Pública, información tanto de la herramienta PDUDC, como del mencionado Reporte. En teoría, ambos instrumentos debían complementarse, pues la PDUDC registra denuncias y medidas de protección presentadas, y el Reporte, las denuncias recibidas y las medidas de protección otorgadas por cada entidad. 

Finalmente, se hicieron dos pedidos de información: múmero de denuncias por actos de corrupción registradas en cada entidad del Poder Ejecutivo en la PDUDC, desde que esta herramienta estuvo en funcionamiento. Y, además, número de medidas de protección otorgadas a partir de denuncias por actos de corrupción, registradas por las entidades del Poder Ejecutivo en la PDUDC, que hayan sido reportadas a la Secretaría de Integridad Pública.

Con todos los años de trabajo en materia de seguridad y anticorrupción, los resultados al pedido de información sobre el componente 7 (Canal de denuncias) revelaron un tipo de seguimiento precario, muy lejano a los estándares de modernidad y carácter integrado e interoperable que debían ser propios de la PDUDC. Los informes internos y respuestas de la Secretaría de Integridad Pública pusieron en evidencia serias limitaciones. Las respuestas fueron las siguientes:

Sobre el PDUDC: “la Secretaría de Integridad Pública no cuenta con información cuantitativa de denuncias recibidas por tipo de sector, así como de las medidas de protección otorgadas a los denunciantes (…)”.

Sobre los Reportes semestrales 2013: “los reportes de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante (…), no son registrados en la PDUDC, siendo estos reportes remitidos por correo electrónico (…) en formato Excel”.

“(…) No es posible remitir dicha información porque las entidades no registran en la PDUDC las denuncias por actos de corrupción, ni las medidas de protección otorgadas, así tampoco los reportes aludidos”.

En conclusión, la Secretaría de Integridad Pública, siendo órgano rector y pese a contar con una plataforma integrada e interoperable, que es la Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas (PDUDC), no tenía información cuantitativa, sistematizada, registrada por entidad, menos consolidada, y tampoco vinculada a los Reportes semestrales del año 2023, sobre denuncias recibidas y medidas de protección otorgadas.

En consecuencia, su información no era accesible en tiempo real, sino mediante envíos vía correo electrónico por cada entidad y en formato Excel.

La Secretaría de Integridad Pública no cuenta con información cuantitativa de denuncias [por corrupción]".

Por consiguiente, respecto del componente 7 (Canal de denuncias), se advierte un limitado acceso y manejo ineficiente de la información, lo que afecta la capacidad de disponer en el ámbito nacional, de información completa, precisa y oportuna para tomar decisiones, verificar avances y hacer balances certeros en materia de prevención de actos de corrupción. 

Evidenciado el problema, la propia Secretaría de Integridad Pública, dio cuenta de las acciones que piensa desplegar: “se viene impulsando el proceso de adecuación de la PDUDC en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, lo cual implicará cambios estructurales y de mejoras en la citada plataforma, a fin de contar con información estadística que permita procesar y analizar la información vinculada a la gestión de denuncias por actos de corrupción y solicitudes de medidas de protección al denunciante y/o acciones posteriores a los resultados de las mismas, para el diseño de estrategias de gestión de riesgos que afectan la integridad pública”.

Seguridad: Política nacional multisectorial al 2030

En el ámbito de la seguridad ciudadana, el recorrido de aprendizaje es similar. Así como la vigencia de un marco legal se vincula a la estructura creada en torno al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, como parte de este el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) es el órgano de mayor nivel.

En el Conasec se aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 (PNMSC 2030), cuyo primer informe de evaluación, correspondiente a los años 2022 y 2023, interesa comentar, específicamente, los objetivos estratégicos 1 y 4. 

En este caso, verificar si se cuenta con información para medir resultados y verificar los avances de la política en cuestión. El Ministerio del Interior es responsable del seguimiento y evaluación de la PNMSC 2030.  

La información debe circular con facilidad y de manera completa y oportuna; primero para medir, y seguidamente para verificar el cumplimiento de metas y objetivos. Sin lo primero, no hay logros que verificar, y sin logros, no hay respuesta eficaz frente a la inseguridad.

Dado el formato del Informe de evaluación, el cual reproducimos, corroborar los niveles de información disponibles en los objetivos estratégicos elegidos, es un ejercicio de fácil comprobación.

Para el Objetivo estratégico 1: "Incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencias cometidos por los adolescentes y jóvenes que afectan a la población", se plantean seis indicadores. Por lo tanto, igual número de valores para el año 2022, como 2023, para verificar los logros alcanzados.

Lamentablemente, para el año 2022, dos indicadores no cuentan con valores, y para el 2023, cuatro. Es decir, se avanza a ciegas.

Para el Objetivo Estratégico 4: “Reducir la incidencia de delitos violentos que afectan a la población", el panorama no es más alentador. Para 2022, tres de siete indicadores no cuentan con valores; y para el 2023, seis.

Puede que la información exista, lo que sería el mejor escenario, suponiendo que el PNMSC 2030 aseguró su medición anual, pero el que sea tardía es un problema, pues no sólo afecta la verificación de logros, sino también el análisis y la toma de decisiones oportuna. Por tanto, el seguimiento en este ámbito también resulta precario.

Conclusiones

Por más de 12 años, según la Encuesta Nacional de Proética de 2010, la corrupción y la delincuencia han sido percibidos como los principales problemas del país. Y, por más de 12 años, ambos problemas han generado respuestas diversas por parte del Estado, así como aprendizajes respecto a cómo afrontarlos. 

En todo ese tiempo, ha sido posible generar un abordaje interinstitucional y multisectorial de ambos problemas, así como plataformas de información que permiten el análisis, el seguimiento y la toma de decisiones en cada uno de ellos. 

Es decir, la información se convierte en un elemento fundamental para contar con plataformas integradas e interoperables, tal como ocurre, en teoría, en el caso de la PDUCD aplicada al Modelo de integridad para la prevención de casos de corrupción.

Con todo ello, se ha verificado, a partir de aspectos específicos del seguimiento al referido Modelo de integridad, en el ámbito de lucha contra la corrupción, y la PNMSC 2030, en el ámbito de lucha contra la inseguridad ciudadana, que en ambos casos el seguimiento de sus respectivos instrumentos de gestión resulta precario, porque no disponen de información completa, precisa y oportuna que permita verificar avances y hacer balances certeros en cada ámbito. 

Tales aspectos específicos fueron el componente 7 (Canal de denuncias) del Modelo de integridad; y los Objetivos estratégicos 1 y 4 del PNMSC 2030. En el primer caso, fue posible corroborar que el ente rector en la materia, la Secretaría de Integridad Pública, no cuenta con información cuantitativa sistematizada ni consolidada sobre las denuncias recibidas ni las medidas de protección otorgadas por cada entidad del Poder Ejecutivo a partir de denuncias por actos de corrupción. 

En el segundo caso, a partir del primer Informe de evaluación de la PNMSC 2030, correspondiente a los años 2022 y 2023, pudo corroborarse de los objetivos estratégicos 1 y 4, que en conjunto plantean un total de trece (13) indicadores, siendo que para el 2022 ocho (8) de ellos contaban con valores para medir el cumplimiento de metas, y para el 2023 tan solo tres (3) .

Se concluye que, en ambos casos, se trata de un acceso limitado y/o de un manejo ineficiente de la información, lo que deviene en un seguimiento precario de sus instrumentos de gestión, ello impacta negativamente en el modo de cómo se afrontan los dos principales problemas del país: la corrupción y la delincuencia. Lo que exige una reacción y medidas urgentes por parte del Estado para superar tales limitaciones. 

Hay un seguimiento precario de la corrupción y la delincuencia, y ello impacta negativamente en cómo afrontarlos".

Transparencia 

La Secretaría de Integridad Pública, a través del PDUDC, no contaba con información cuantitativa, sistematizada ni consolidada, de denuncias por corrupción recibidas por cada entidad del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, solo entregó información general de denuncias distribuidas por años, desde 2020 a mayo de 2024. Esta información no había sido materia del pedido de información presentado en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tanto, mi pedido no fue atendido.

Los Reportes semestrales correspondientes al año 2023, que fueron solicitados, no fueron ingresados a la PDUDC y tampoco vinculados a dicha plataforma, ni a ninguna otra integrada e interoperable, sino que fueron remitidos a la Secretaría de Integridad Pública por cada entidad por separado, por correo electrónico, pero no sólo en formato Excel, también los hubo en PDF.

El ente rector brindó acceso a una carpeta generada por este, con todos los reportes enviados por las entidades del Poder Ejecutivo evaluadas. En total, son 192 archivos, de los cuales, menos de la tercera parte (58) son en formato Excel y el resto en formato PDF.

En casi la totalidad de casos, cada entidad remite dos archivos, uno por el primer semestre de 2023 y otro por el segundo, y no existe entre ambos ningún vínculo, por lo que el conteo debe ser manual y por separado. 

Los archivos en PDF de 33 entidades, lamentablemente, son capturas de pantalla de los correos enviados, en los que pueden visualizarse los archivos adjuntos (en excel o PDF), pero sin tener acceso a ellos. Y, en los casos en que sí se tuvo acceso, la lista de denuncias incluía aquellas archivadas por no corresponder a casos de corrupción.

Es decir, el conteo requeriría un filtro previo. Por tanto, aun cuando la Secretaría de integridad considera que el pedido fue atendido de manera parcial, lo concreto es que, en este extremo, tampoco fue atendido.