Las reiteradas noticias sobre crímenes con armas de fuego han despertado diversas opiniones en torno al uso autorizado de estos objetos y las eventuales restricciones que se dispondrían respecto a su portabilidad; intención, esta última, que los usuarios legales de armas de fuego atribuyen al gobierno nacional.

Más allá del debate, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dan cuenta de una problemática cuya atención merece ser priorizada, considerando el aumento en el porcentaje de victimización con armas de fuego que ha sido registrado al cierre de 2018 y octubre de 2019.

A nivel nacional, este indicador aumentó del 9,1% al 10,9%, y en Lima Metropolitana del 13,6% al 15%. El crimen se está volviendo más letal y ello impacta en los niveles de percepción de inseguridad, que a nivel nacional mantienen un registro histórico superior al 85%.

El enunciado para Perú podría llegar a ser: "Más armas, más crímenes".

Diversas opiniones se han dado sobre el tema, y algunas de ellas señalan que el mayor acceso a armas de fuego reduciría los niveles de criminalidad; es decir “más armas, menos crímenes”, posición que toma como referencia un estudio del profesor John Lott en EE.UU. Sin embargo, las conclusiones de este estudio no pueden ser trasladables a realidades como la peruana, o incluso otras realidades de la región.

Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que al igual que los EE.UU. permite el libre acceso a armas de fuego, el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 26, mientras que en EE.UU fue de 5,3. En Guatemala, 8 de cada 10 personas es asesinada con arma de fuego. A partir de estos datos, el enunciado en este país sería: “Más armas, más crímenes”.

A diferencia de los EE.UU, Perú es un país donde la corrupción y la informalidad son un signo distintivo, y donde la ley y los procedimientos presentan altos niveles de incumplimiento; es decir, un sistema con controles y recursos diametralmente distintos a los que rigen el control de armas en los EE.UU.

ORIGEN. Según estadísticas de la autoridad reguladora de armas de fuego de uso civil, el 60% de armas incautadas podría tener un origen legal. 

Foto: Andina 

En Perú, según estudios de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), más del 60% de armas incautadas a la delincuencia podría tener origen legal y 25% de hecho lo tiene, siendo que de este último porcentaje sólo un 15% reportó el robo o pérdida del arma.

Este bajo nivel de denuncia deja dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control aplicados a los procedimientos de otorgamiento de licencias, dudas que siguen vigentes considerando las últimas noticias de delincuentes capturados que aparecen como usuarios legales en los registros de la Sucamec.

Entonces, si bien no serían admisibles prohibiciones o restricciones desproporcionadas al uso y portabilidad de armas de fuego, sí corresponde un control riguroso, lo que exige contar con sistemas de registro confiables, tanto de armas como de municiones, precisamente aquellos sistemas y recursos con los que cuenta EE.UU. pero el Perú no.

De hecho, luego de la vigencia de la Ley de control de armas, Ley Nº 30299, promulgada en enero de 2015, hasta la fecha no existe un balance público sobre su pleno cumplimiento o impacto, como para impulsar una reforma orientada a mejorar los niveles de control y servicio al usuario legal.

En el Perú ha aumentado la victimización con armas de fuego.

No cualquiera puede tener un arma de fuego, pero quien califica, si bien debe cumplir con adecuados estándares de idoneidad personal, también debe tener la posibilidad de ejercer plenamente su derecho de defensa, lo que abona a respetar la portabilidad del arma en espacios públicos.

Es de precisar que esta reflexión abona a un aspecto vinculado al control de armas de fuego de uso legal, y ello constituye un aspecto que, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, resulta complementario al combate frontal contra la delincuencia y el uso ilegal de armas de fuego, responsabilidad que recae principalmente en la Policía Nacional del Perú y en el sistema de justicia en su conjunto.

Para concluir, al no ser aplicable el estudio en cuestión a la realidad peruana, sí constituye una necesidad inmediata hacer un balance sobre la aplicación de la Ley Nº  30299 y, sobre esa base, adoptar decisiones que favorezcan el control de armas de fuego. Si no, el enunciado para Perú también podría llegar a ser: "Más armas, más crímenes".