Vivir cerca del tajo a cielo abierto de Las Bambas, una de las minas de cobre más grandes del mundo, puede ser más caro que hacerlo en el corazón de San Isidro. Productos ineludibles de la canasta básica —como el pollo fresco, el tomate o el aceite— cuestan más en aquella puna semidesértica, a 3.700 m.s.n.m., que en el Plaza Vea al final de la calle Miguel Dasso, el lujoso bulevar comercial capitalino.

La ecuación tendría sentido si el costo de vida de los vecinos de Las Bambas hubiera aumentado de forma más o menos proporcional a sus ingresos. Algo como lo que ocurre —digamos— en Alaska, donde hace décadas se extrae masivamente oro. Aunque vivir allí es caro, los salarios están por encima del promedio del resto de Estados Unidos. Pero en Cotabambas, la provincia de Apurímac que colinda con Las Bambas, eso no ocurre. 

Es cierto que la llegada de la mina disparó las cifras agregadas de producción regional. También que redujo la tasa de pobreza monetaria. Y ambas son líneas importantes: significan un avance respecto a lo anterior. Pero la realidad es que la mayoría de personas tiene que enfrentar los elevados costos de hoy con ingresos casi tan bajos como los de antes. 

“La mayoría enfrenta los elevados costos de hoy con ingresos casi tan bajos como los de antes”

Y esa es la explicación más sensata a por qué todos los años, a veces más de una vez, Las Bambas se enfrenta a un bloqueo de carreteras. “Cuando [Alejandro] Toledo vendió la mina, nos repartieron folletos llenos de promesas maravillosas”, añora un dirigente local, quien pidió mantener en reserva su identidad, pues antes ya fue juzgado por protestar. Para este reportaje se recorrió la zona durante una semana para entender sus frecuentes conflictos.

Ahora todo es más caro

Comprar en el mercado itinerante de Challhuahuacho, el pueblo que se asienta justo en la entrada de Las Bambas, permite entender con claridad el panorama. Es domingo por la mañana y aquí no hay frigoríficos, anaqueles, ni cajas automatizadas. Pero algunos productos cuestan más que en los supermercados más caros de Lima, a los que acuden las personas de mayor poder adquisitivo de la capital. 

El pollo fresco —un alimento clave en la mesa de los peruanos— es el ejemplo más evidente. El kilo en Challhuahuacho se anuncia a S/11.50, mientras que en Plaza Vea cuesta S/9.70 y en Metro, S/9.50, casi 20% menos. “Todo se volvió más caro y algunos no tenemos plata”, dice Victoria Huillca, vecina de la comunidad de Yuricancha, en Mara, a media hora en carro del ingreso a la mina.

DE PUEBLO A CIUDAD. Challhuahuacho se ha convertido en eje urbano de las comunidades impactadas por la operación minera de cobre en Apurímac. 

Imagen: OjoPúblico / Paolo Benza

Desde que llegó el proyecto Las Bambas, Chalhuahuacho se volvió el eje urbano en torno al cual giran todos los centros poblados y caseríos cercanos. Allí se levantaron edificios de cinco pisos con lunas polarizadas, pese a que sus calles siguen siendo mayormente de tierra. Alberga hoteles, pizzerías, chifas, pollerías. Todo pensado para atender a los trabajadores de la mina. 

En ese pueblo polvoriento —que hoy tiene el tamaño de una ciudad— un cuarto de pollo a la brasa con complementos no baja de los S/22. En el Rocky’s de San Isidro, en cambio, se puede conseguir en oferta a S/16,90. “Ya casi no vamos a comprar allá, porque no nos alcanza”, dice Lucio Osteriano, padre de la viuda de un comunero que murió protestando contra la mina. Vive con su hija y sus dos nietas a media hora de Challhuahuacho. Está fabricando su propio adobe cuando llegamos a entrevistarlo. 

La botella de aceite Sao le costaría S/10 en el vecindario minero, mientras que en Plaza Vea usted la compra a S/7,80 y en Metro, a S/7,90. Y el kilo de tomate —si quiere acompañar el almuerzo con vegetales— allá está a S/6,50, cuando en Plaza Vea llega a solo S/5,60 y en Metro, a S/5,50. “Los costos de vida en la provincia han subido, ahora es parecido o hasta más caro que vivir en Lima”, cuestiona Víctor Limaypuma, exdirigente del Frente Provincial de Cotabambas.

Por supuesto, el precio de los productos más ‘lejanos’ vuela en la zona. Si se prefiere una proteína marina, el kilo de bonito se compra a no menos de S/8. El vendedor asegura que el pescado ha llegado “directo de Matarani [en Arequipa]” ese mismo día, aunque no tiene cadena de frío. En Plaza Vea cuesta S/6,90 y en Metro, S/7. Lo mismo ocurre con la papaya (S/5 el kilo en Challhuahuacho, frente a S/4,20 en Plaza Vea) o los arándanos (S/5 la caja pequeña, versus S/4 en Metro). Los ejemplos sobran. 

 

VOCES. Antonia Huillca, viuda de Quintino Cereceda, que murió en una protesta, y Víctor Limaypuma, ex dirigente provincial, coinciden en el alto costo de vida. 

Imagen: OjoPúblico / Paolo Benza

“Antes los comerciantes eran del lugar o familiares. Daban precios justos y cómodos. Ahora son de Puno, Arequipa, Lima o extranjeros”, explica Limaypuma. Claro que hay alimentos que se encuentran más baratos que en Lima, sobre todo los que se siembran en la zona, como la papa. Pero se trata de una puna fría en la que es difícil para los campesinos locales ampliar la variedad de sus cosechas sin apoyo técnico.

Y hay un tema más, que es crucial: con la mina, se eliminó el intercambio sin dinero. “Antes algunos productos eran accesibles porque se podían canjear por chuño [papa seca]. Se aceptaba el trueque. Ahora solo quieren plata”, explica Antonia Huillca, a través de un traductor. Es viuda de Quintino Cereceda, otro de los comuneros que la Policía mató en una protesta en 2016. Solo habla quechua. Sigue pidiendo justicia por su esposo. 

Números detrás de los números

Este medio consultó a MMG —la empresa china que opera la mina Las Bambas— si quería participar con un vocero en este reportaje. A través de su agencia de comunicaciones, sin embargo, se limitó a enviar un estudio elaborado por Macroconsult sobre el impacto positivo que la llegada de la mina ha tenido en la zona, en números. Dijo que sería su única respuesta. 

Este estudio muestra que el cobre de Las Bambas representa el 72% del PBI de Apurímac, que se ha más que triplicado desde que opera la mina. También que la tasa de pobreza monetaria de la zona que circunda el tajo se ha reducido de 87% en 2007 a 42% en 2018, un ritmo —según el mismo estudio— semejante al de otras áreas andinas del país sin presencia minera. ¿Por qué protestan tanto los vecinos de la mina si su vida ha mejorado?

Los números de Macroconsult son reales, pero apenas muestran una realidad más vasta, profunda y compleja que se asoma detrás de ellos. La gente no come PBI; come pollo fresco, pescado y tomate. Todo eso cuesta más que antes. Y los vecinos del tajo tienen que pagar con los ingresos que obtienen de su trabajo. ¿En qué? Pues si no es en la mina, no hay más opciones para generar un salario mejor.

ESTUDIO. La operación de la mina de cobre Las Bambas ha dado un gran impulso económico y ello se refleja en el PBI de la región Apurímac.

Captura: Impacto económico y social de Las Bambas. Macroconsult. Diciembre 2021.

Según un reporte del investigador César Flores Unzaga para CooperAcción, Oxfam y el Grupo de Justicia Fiscal, el año en que Las Bambas empezó a exportar mineral —el 2015— el valor agregado bruto (VAB) del sector minero en la región Apurímac se disparó 154%. También creció —en 50%— el rubro de electricidad, gas y agua, todos recursos que usa la mina. Sin embargo, ese mismo año el comercio creció sólo 4,3%, la agricultura apenas 3,5%, la pesca cayó 6,2% y la manufactura se redujo 1,8%.

El reporte muestra que en los años posteriores ocurre el mismo fenómeno. Está bastante claro que el aumento del PBI regional equivale casi exclusivamente al PBI minero, por la producción de Las Bambas. La economía de la zona no gira sola: todas las fuentes de ingresos relevantes están relacionadas a la mina. Ninguna otra actividad económica se ha desarrollado de forma que los vecinos puedan dedicarse a ella y ganar más que antes. 

Incluso, los rubros de transporte y alojamiento (incluye a restaurantes) —que del 2011 al 2014 habían crecido a ritmos cercanos al 10%, porque atendían al personal que construía la mina— en 2015 aumentaron apenas 1,4% y 2,8%, respectivamente. ¿Por qué? Es el ciclo normal de un proyecto de esa naturaleza: si en su etapa de construcción empleó a alrededor de 18 mil trabajadores, en operación necesita apenas 3.000. 

Hoy, los hoteles y los coloridos restaurantes del centro de Challhuahuacho lucen prácticamente vacíos. Quienes los atienden suelen combinar ese trabajo con algún otro, por lo que los mostradores están muchas veces cerrados o abandonados. Los inversores perdieron dinero. La plata de la mina ya no ‘chorrea’ en el pueblo de al lado. 

Unas comunidades sí, otras no

Felipe es un vecino de Las Bambas que sube por azar al vehículo de este medio. No quiere dar su apellido. Asegura vivir en Chalcobamba, donde MMG planea abrir su segundo tajo de producción de cobre. Dice que trabaja en un vivero instalado por la empresa, donde gana S/1.650 mensuales. No le alcanza. Por eso, empezó a sacar cobre de los alrededores de su casa, como informal. Hace poco vendió S/28 mil de mineral. Dice que se quedará ahí hasta que lo maten o le ofrezcan el dinero suficiente para removerlo.

Casi nadie en Cotabambas tiene un excedente de dinero si no está, de alguna forma, vinculado a la actividad minera. Y eso genera fricciones entre las propias comunidades, según qué tan cerca están de su explotación. Una constante entre todos los entrevistados para este reportaje es la queja de que solo las comunidades que están en el ámbito de influencia directa de la mina ven beneficios tangibles. Son 18, según información de MMG. Y la diferencia se nota. 

La más cercana era Fuerabamba, cuyos comuneros vivían justo encima de la mina. Ellos recibieron pagos y fueron reubicados a un condominio con casas de tres pisos y todos los servicios imaginables. Pero no son los únicos. En Pumamarca, por ejemplo, los comuneros están empezando a construir edificios de ladrillo y fierro del mismo tamaño. La comunidad está de camino al segundo tajo y en el área de influencia directa (ADI). 

PUMAMARCA. La comunidad está en el área de influencia directa de la concesión minera de Las Bambas, y se nota por los edificios de material noble.

Imagen: OjoPúblico / Paolo Benza

La diferencia con las comunidades que no están en el ADI es clara y fácil de reconocer. A pocos kilómetros de allí, justo donde se acaba el ADI, las paredes de las casas pasan a ser súbitamente de adobe y el techo de paja. Son de apenas un piso —máximo dos— y el movimiento en las calles es casi inexistente. Ellos no tienen acuerdos con MMG para darle servicios a la mina, como las comunidades vecinas, ni forman empresas para tal fin.

“Los que no están en zona de influencia casi no trabajan con la mina. No se ven beneficiados de ninguna forma. Así estés a 15 minutos. A los que están en zona de influencia les regalan, les contratan. A nosotros comprar una moto nos cuesta nuestro sudor”, explica Valerio García, dirigente de la comunidad de Pichaca-Anta. Es la misma queja de casi todos los comuneros. “Toda la plata se ha quedado allá [en el ADI]”, dice Lucio Osteriano. 

“Las comunidades han mandado a analizar su suelo para ver cuánta ley de mineral tienen”

Pero hay un sinsentido aparente: aquellas comunidades que sí obtienen el favor de la mina también están entre las que bloquean la carretera año a año. ¿Por qué? La razón es la misma: como en la zona no hay ningún negocio relevante ajeno a la mina, la única forma que tienen de obtener nuevos ingresos y mantener el excedente de dinero es exprimiendo el mineral. Y eso casi siempre significa reclamarle más a MMG. 

Otra opción, sin embargo, es la de Felipe: extraer cobre por sí mismo. “Casi todas las comunidades de la zona han mandado a analizar su suelo para ver cuánta ley de mineral tienen y empezar a explotarlo de manera informal”, dice un funcionario del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la zona, que también pidió la reserva de su identidad. 

El problema, según este funcionario, es que los excedentes de dinero —dado que en la zona no hay negocios viables en qué invertirlos— se suelen aprovechar mal. “En zona minera, sea formal o informal, siempre suben los índices de alcoholismo e infidelidad. El simple hecho de mejorar sus ingresos hace que el hombre sea infiel. Eso genera hogares disfuncionales y hasta puede tener influencia en los índices de anemia”, explica. 

 

LUCIO OSTERIANO. El comunero vive con su hija y dos nietas fuera del área de influencia directa de la operación minera de cobre.

Imagen: OjoPúblico / Paolo Benza

La anemia eterna

La anemia infantil es el gran problema de Apurímac. Históricamente, la región ha entregado las cifras más duras del país en ese rubro. Y Cotabambas fue siempre una de las más afectadas. En la última década, la cantidad de niños con anemia había bajado, pero la mejoría se estancó con la pandemia, explica Noé Gilberto Ito Cutipa, coordinador de Nutrición en la oficina de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tambobamba

Según las cifras oficiales que maneja la oficina de Ito Cutipa, el 28% de los niños menores de 3 años en Cotabambas tiene anemia. Sin embargo, funcionarios locales advirtieron a este medio que esa cifra tiene un subregistro. El propio Ito Cutipa indica que la anemia infantil de la provincia está alrededor del 40%.

“El 28% de los niños menores de 3 años en Cotabambas tiene anemia. Sin embargo, se advierte un subregistro de alrededor del 40%”

MMG —cuenta Ito Cutipa— apoya a la Diresa comprando algunos de los suplementos nutricionales que combaten la anemia, pero se cerciora de que se repartan solo en las comunidades de su área de influencia directa. Para el resto quedan las que manda el Estado. Aún así, no parece haber un resultado significativo: según el funcionario, los índices de anemia infantil son semejantes en las comunidades que apoya Las Bambas y en las que no.

Los factores son diversos, pero el principal es evidente: lograr una dieta saludable en la zona es caro. Si a ello se le suma que los hogares rara vez tienen una refrigeradora, por lo que deben bajar de los caseríos a hacer el mercado a diario (o interdiario), el dinero simplemente no alcanza. 

“Todo está más caro y algunos no tenemos plata. Y el fango que dejan los camiones le hace daño a nuestros animales. Podremos tener pequeños viveros, pero eso no alcanza para alimentar como se debe a la familia”, dice Victoria Huillca, vecina del distrito de Mara que vive al lado de la vía por donde pasa el mineral de Las Bambas. Pensar en una alimentación balanceada y en la lucha contra la anemia es algo muy lejano de su realidad.

 

CORREDOR MINERO. El paso continúo de vehículos pesados con mineral también causa un impacto en la población de las comunidades.

Imagen: OjoPúblico / Paolo Benza

Pero hay más problemas, según Ito Cutipa: malos hábitos alimenticios, desconfianza en los suplementos para la anemia y hasta la religión. El 20% de los casos de anemia, dice el funcionario, se debería a la fuerte presencia de la religión israelita en la zona, la cual no permite consumir ciertas carnes. 

La mayoría de vecinos entrevistados para este reportaje concluyeron deseando que lo mejor sería que Las Bambas no opere en su vecindario. Sea porque todo ha subido de precio o porque no sienten los beneficios en su bolsillo. Pero Víctor Limaypuma saca una conclusión más realista: “La minera sabe hacer minería, no desarrollo [social]. El Estado es el que tendría que asegurar nuestro desarrollo”. Hasta ahora, ni lo uno ni lo otro.

Notas
* Todos los precios fueron tomados entre el 7 y el 10 de octubre del 2023.
** Este artículo fue realizado con el apoyo de CooperAcción. 
*** Primera edición: Leah Sacín. Segunda edición: OjoPúblico.