Aunque las imágenes del último vacunatón revelan el entusiasmo de muchos ciudadanos por ser inmunizados —especialmente de los más jóvenes—, la reticencia a la vacunación sigue presente en un importante sector de la población. De ahí que los esfuerzos, en la actualidad, no solo están dirigidos a asegurar el aprovisionamiento de dosis, sino también a diseñar estrategias para convencer a aquellos que aún tienen dudas sobre las vacunas.

Pero esta oposición no es un fenómeno local, ni regional. Países que tuvieron un acceso anticipado a dosis, entre ellos, Estados Unidos, Francia e Italia, llevan meses lidiando con el mismo problema. Dichos gobiernos han adoptado una serie de políticas, que incluyen desde incentivos y restricciones para no vacunados, hasta la obligatoriedad para ciertos grupos, como trabajadores de la salud, docentes o servidores públicos. Estas medidas no siempre han sido bien recibidas, y han propiciado extensos debates.

Una visión del derecho

¿Las empresas privadas pueden limitar el derecho al trabajo de quienes se niegan a recibir una vacuna? A través de redes sociales, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) explicó que, tal como indica la Ley 31091, la inmunización contra la Covid-19 en nuestro país es voluntaria. Por lo tanto, los empleadores no pueden obligar a los trabajadores a vacunarse, “pues se estaría vulnerando el derecho a la libertad de conciencia”. Sin embargo, hay otros análisis e interpretaciones sobre este punto.

Para Walter Albán Peralta, abogado y exDefensor del Pueblo, si bien la vacunación debe ser opcional para la población en general, sí deben imponerse ciertas restricciones dependiendo de la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, en el caso del personal sanitario o fuerzas del orden. No obstante, el especialista considera que este tipo de medidas requieren un marco normativo adaptado a las circunstancias actuales.

“En la ley [31091] o en el decreto de suspensión perfecta no se consideraron todas los escenarios que hoy conocemos. (...) Por eso, hay que evaluar situaciones concretas y su regulación, pues tampoco se puede dejar que cualquier empleado tome la decisión que le parezca más correcta. Deben haber pautas precisas y es oportuno iniciar un debate público. Una restricción solo puede ser admitida cuando está en una norma”, dijo Albán Peralta a OjoPúblico.

Es oportuno iniciar un debate público sobre las restricciones para no vacunados", dijo Walter Albán.

La obligatoriedad de las vacunas contra la Covid-19 puede dar lugar a conflictos entre los derechos individuales (la libertad personal, integridad, o libertad de conciencia) y el derecho a la salud pública. Así lo explica Francisco Eguiguren Praeli, abogado especialista en Derecho Constitucional y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien considera que para resolver estas situaciones, se recurre a la ponderación. Es decir, el balance entre los intereses individuales y colectivos.

“Al tratarse de una pandemia, de una enfermedad muy contagiosa, mi libertad individual tiene que tener como freno el perjuicio que pueda ocasionar a terceros (como los contagios) o al Estado (al terminar en una cama UCI). Así, la obligatoriedad podría ser una posibilidad, pero como producto de una ponderación y de hacer prevalecer el interés más urgente”, sostuvo el especialista.

Elena Alvites Alvites, doctora en Derecho y catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explica que esto se debe a que los derechos fundamentales no son absolutos. “Nuestro derecho a decidir recibir un tratamiento con la vacuna, es una decisión que está enmarcada dentro del derecho de protección a la salud pública”, dijo a OjoPúblico. Sin embargo, Alvites Alvites también considera que es preferible recurrir primero a otras alternativas, como las campañas de información y los incentivos.

MAESTROS. Esta semana, el presidente Pedro Castillo y los ministros de Salud y de Educación supervisaron la vacunación a docentes urbanos.

Foto: Andina

Además de la evaluación de los riesgos para la salud pública, la experta recuerda que la obligatoriedad de la vacuna puede considerarse como una alternativa válida solo cuando está garantizado el acceso universal a dosis, y cuando no se asegura el cumplimiento o eficacia de otras medidas de prevención (uso de mascarillas, distanciamiento, ventilación, entre otras), como, por ejemplo, en los entornos médicos. “Solo en estos casos se puede hablar de una obligatoriedad constitucional”, agrega.

Una salida más moderada, explica Eguiguren Praeli, son las restricciones que ya han adoptado algunos países. “No te obligan a vacunarte, pero si quieres utilizar el transporte público o ingresar a un restaurante, necesitas estar inmunizado. Es una fórmula intermedia”. En este contexto, el especialista también opina que son viables las restricciones laborales para ciertos grupos profesionales.

La obligatoriedad puede considerarse solo cuando está garantizado el acceso a dosis", indicó la abogada Elena Alvites.

Reino Unido, Italia y Grecia son algunos de los países que ya han dispuesto la vacunación obligatoria para el personal de salud. En Estados Unidos, funcionarios públicos y proveedores del Estado deben vacunarse para poder seguir brindando servicios. En otras naciones, además, ya entró en vigencia el pasaporte verde o sanitario. Se trata de un certificado digital de inmunización Covid-19, que otorga facilidades en la circulación o el ingreso a ciertos territorios, establecimientos o eventos. 

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideró a este tipo de requisitos como una “medida discriminatoria”, debido a la inequidad en el acceso a vacunas que aún existe en el mundo.

Un asunto de salud pública

 

Perú ha visto de cerca la cara más dura de la emergencia sanitaria por la Covid-19. Prueba de ello es que, a finales de mayo, un sinceramiento en sus cifras de fallecidos, convirtió a nuestro país en la nación con más muertes por cada 100 mil habitantes. En este contexto, la campaña de vacunación ha representado una gran esperanza para reducir las hospitalizaciones y muertes por el nuevo coronavirus.

A medida que avanza la inmunización, nuevos estudios reafirman que las vacunas aprobadas por organismos reguladores, además de seguras, son eficaces para proteger a la persona vacunada y a su entorno, explica Edén Galán Rodas, secretario del Interior del Colegio Médico del Perú (CMP). “Es la única herramienta válida que tenemos en este momento, y hay mucha evidencia científica”, remarcó.

Por ejemplo, un reciente estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, publicado el 10 de setiembre, siguió a más de 600 mil personas y mostró que las personas no vacunadas tienen hasta 11 veces más probabilidades de fallecer y 10 veces más probabilidades de ser hospitalizadas, en comparación a la población protegida. Esto, incluso ante la expansión de la variante Delta, que tiene mayor transmisibilidad.

Cuando no te vacunas, se pone en riesgo a un sistema que cuenta con la mitad de camas que necesita”, indicó Víctor Zamora.

Asimismo, si bien las vacunas contra la Covid-19 disponibles no han demostrado generar inmunidad esterilizante (es decir, prevenir las infecciones), un reciente artículo publicado en “The Lancet” recopila datos de varias investigaciones y explica que la inmunización influye en la transmisión del virus. “Varias de las vacunas disponibles parecen reducir la carga viral, previniendo los síntomas”, sostienen los autores.

La eficacia de las vacunas para disminuir las hospitalizaciones y muertes contribuye, además, a reducir la saturación del sistema de salud, explica el exministro de Salud y especialista en Salud Pública, Víctor Zamora Mesía. En cambio, “cuando no te vacunas, se pone en riesgo a un sistema [el peruano], que cuenta con la mitad de camas que necesita”, dijo el especialista a OjoPúblico. Según explicó, lo mismo ocurre con los trabajadores sanitarios que, al no vacunarse, se exponen a afrontar cuadros graves de la enfermedad y abandonar puestos claves en la lucha contra la pandemia.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo la decisión de una persona de no vacunarse puede poner en riesgo a otros. Las externalidades en salud pública, como indica Zamora Mesía, hacen referencia a los efectos de las decisiones o actos de una persona sobre su entorno. “Las vacunas deben ser ofrecidas a todos los ciudadanos, de manera voluntaria. Sin embargo, la decisión de no vacunarse debe acarrear ciertas responsabilidades”, sostiene. 

PRIORIDAD. En Perú, la vacunación contra la Covid-19 comenzó en febrero, con el personal de salud. Según representantes del sector, la aceptación ha sido mayoritaria.

Foto: Andina

Para Johnattan García Ruiz, abogado colombiano y magíster en Salud Pública por la Universidad de Harvard (Estados Unidos), las medidas restrictivas u obligatorias deben ser la última opción en las estrategias para incrementar el número de vacunados. Por el contrario, de acuerdo al especialista, este tipo de imposiciones se pueden traducir en una mayor oposición a la inmunización.

“La obligatoriedad es el extremo, porque en salud pública no condenamos a las personas, queremos que comprendan por qué es importante la vacunación y ayuden a construir redes. El pilar de la bioética es el consentimiento (...) Si no funciona, vale plantearse medidas más estrictas. Pero la obligatoriedad puede generar mayores movimientos de desconfianza no solo en la vacuna, sino en las intervenciones de salud, en general”, precisó.

Por su parte, Liliana La Rosa Huertas, decana del Colegio de Enfermeras del Perú, señala que es un deber del Estado “propiciar al máximo el convencimiento sobre la importancia de vacunarse”. La representante del gremio de Enfermería, cree que esta es aún una tarea pendiente.

La obligatoriedad es el extremo. En salud pública no condenamos a las personas", sostiene el abogado Johnattan García.

De acuerdo a García Ruiz, antes de recurrir a la obligatoriedad de la vacuna, es necesario identificar con precisión cuáles son los grupos que muestran reticencia. “La pregunta sería si el Gobierno peruano está haciendo una tarea juiciosa para comprender quiénes se niegan a vacunarse y conocer cuáles son sus razones. Primero, hay que medir el problema”, dijo.

Hace unos días, un artículo de OjoPúblico identificó que en el ámbito nacional, hay alrededor de 3 millones de adultos mayores de 40 años que todavía no han recibido una sola dosis de la vacuna. Pero esta cifra no representa al total de personas que se oponen a la inmunización: en algunos casos, los rezagos se deben a la falta de acceso a las dosis por las condiciones geográficas, culturales o socioeconómicas de la población. Precisamente, la falta de estudios a profundidad y de seguimiento dificulta la identificación de las causas.

INFORMACIÓN. Especialistas en Salud Pública consideran que, antes de imponer medidas restrictivas, se debe priorizar la comunicación de los beneficios de la vacuna.

Foto: Andina

Médicos y docentes 

En otros países, los debates sobre la obligatoriedad de la vacuna se han centrado en los sectores salud y educación. En estos casos, ¿son pertinentes este tipo de medidas? Representantes de asociaciones profesionales y sindicales indicaron a OjoPúblico que, por el momento, tanto los trabajadores sanitarios como docentes han mostrado aceptación mayoritaria a la vacunación contra la Covid-19.

“El porcentaje de médicos que no quieren vacunarse, realmente es muy pequeño. Gran parte de ellos era porque, a pesar de ser médicos, cayeron en la desinformación y se negaron a recibir vacunas de Sinopharm. De este grupo, varios se vacunaron con Pfizer, junto a su grupo etario. Otro pequeño grupo rechazó las dosis por un tema religioso”, dijo Edén Galán, del CMP.

De acuerdo con las estimaciones del colegio profesional, hasta mediados de setiembre, un 92,7 % de médicos (70.993) habían recibido por lo menos una dosis de la vacuna Covid-19 y un 88,4 % (67.706) habían sido vacunados completamente, entre una población objetivo de 76.565 profesionales. La brecha de 5,5 mil médicos sin vacunar aún está en evaluación. Pero Galán Rodas estima que, de ese total, un porcentaje importante corresponde a médicos que ya han sido inmunizados en el exterior.

El porcentaje de médicos que no quieren vacunarse, realmente es muy pequeño", aseguró Edén Galán, representante del CMP.

Por su parte, Godofredo Talavera Chávez, presidente de la Federación Médica Peruana, estima que un 18 % del personal de salud, entre médicos, técnicos y enfermeras, aún no se ha vacunado. “El problema es que [los no vacunados] ponen en riesgo al resto de personas y a sí mismos”, advierte el representante de la institución.

A diferencia del sector salud, donde la vacunación inició en febrero de este año, la inmunización a maestros recién comenzó a inicios de julio. De acuerdo a Lucio Castro Chipana, secretario del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), aún está pendiente la inmunización de más de 120 mil integrantes del magisterio, de un total de más de 450 mil docentes nombrados, contratados y auxiliares.

Castro Chipana también considera que la resistencia a la vacunación en este sector es escasa. “Estamos convencidos de que la vacunación es una forma de proteger nuestra vida. Esto, teniendo en cuenta que durante la pandemia han fallecido más de 2.500 trabajadores [del magisterio]. Pero sí quisiéramos que el Gobierno nos dé datos más exactos sobre los maestros que faltan vacunar, para desarrollar campañas más localizadas”, dijo el representante del Sutep.