El 10 de febrero de 2021 se conoció la masiva vacunación irregular y secreta de 470 personas —entre ellas un presidente, ministros, médicos, empresarios y políticos— fuera del ensayo clínico del laboratorio chino Sinopharm. El Vacunagate expuso el abuso de poder en beneficio personal en medio de uno de los peores momentos de la pandemia en Perú. 

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud (Minsa), así como el Colegio Médico del Perú (CMP) anunciaron sendos procesos administrativos contra los involucrados. Tres años después, solo 44 funcionarios y médicos han sido sancionados.

En la Cancillería, OjoPúblico identificó que seis de los siete trabajadores involucrados e investigados por haberse vacunado al margen de la ley trabajan actualmente en el sector. El grupo, conformado por cinco diplomáticos y una servidora administrativa, recibió sanciones de entre siete días y seis meses de suspensión. Todos ellos cambiaron de cargos y, a la fecha, trabajan en otras áreas.

Solo un funcionario fue destituido, luego de que tres de sus familiares también recibieran la entonces candidata a la vacuna. Y, en el caso de la embajadora Esther Elizabeth Astete Rodríguez —una de las beneficiadas con la vacunación secreta—, la Cancillería determinó que no procedía iniciar el proceso tras haber sido inhabilitada por el Congreso.

La situación en el Minsa es diferente: impuso sanciones en primera instancia a 28 funcionarios y servidores públicos. Sin embargo, 24 apelaron ante el Tribunal de Servicio Civil, y la mayoría de los procesos fueron declarados nulos por deficiencias que el ministerio debe subsanar. 

En el Colegio Médico, mientras tanto, se sancionó, de manera inapelable, a nueve profesionales de la salud.

¿Qué sanciones recibieron?

Los impactos políticos del Vacunagate generaron, también, la inhabilitación por 10 años de la función pública a quien ejercía el más alto cargo de gobierno: el presidente Martín Vizcarra. Y, por ocho años, a la entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti. ¿Qué pasó con los otros funcionarios, diplomáticos y médicos vacunados en secreto?

Según los documentos a los que accedió OjoPúblico, entre los seis funcionarios sancionados que actualmente trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay diplomáticos que, por sus cargos, tenían acceso privilegiado a información sobre las vacunas candidatas de Sinopharm. En todos los casos, las sanciones señalan que se configuraron actos graves de negligencia en sus funciones.

BENEFICIADAS. Las exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, recibieron dosis covid-19 fuera del ensayo clínico.

Foto: Minsa

Las sanciones iban desde siete días de suspensión sin goce de haber —para el caso de una funcionaria administrativa— hasta seis meses —para los diplomáticos—.

Entre los sancionados se encuentran Manuel Augusto Gonzáles Chávez, actualmente funcionario diplomático en Tokio (embajada de Perú en Japón), Jorge Efraín Lazo Escalante, hoy diplomático en la embajada de Perú en el Vaticano, y Óscar Rafael Suárez Peña, ahora en la embajada de Perú en Irlanda.

A ellos se suman los diplomáticos Javier Martín Sánchez Checa-Salazar, nombrado embajador de Perú en Israel; Francisco Tenya Hasegawa, nuevo embajador de Perú en Singapur, y Claudia Pamela Halabi Almeyda, servidora administrativa de la Secretaría General de Cancillería.

El único diplomático destituido, por la gravedad de sus faltas, fue el embajador Jorge Arturo Jarama Alván, quien entonces era director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería y asesor principal del despacho ministerial. Tres de sus familiares también se beneficiaron con la vacuna del laboratorio Sinopharm.

El Ministerio de Salud identificó a 32 funcionarios y servidores involucrados en el caso Vacunagate, fuera de los trabajadores de órganos desconcentrados y hospitales. De dicha relación, 28 personas recibieron sanciones en primera instancia. Sin embargo, la mayoría de estos casos se encuentran “en proceso” tras ser apelados.

Las sanciones en el Ministerio de Salud

La comisión investigadora del Vacunagate identificó una lista de funcionarios de la sede administrativa del Minsa vacunados irregularmente y recomendó derivar los casos a la Secretaría de Procedimientos Administrativos Disciplinarios.

A través de pedidos de acceso a información pública y la revisión de resoluciones, OjoPúblico pudo determinar que, de 32 funcionarios y servidores investigados —entre ellos los que recibieron hasta tres dosis—, 28 fueron sancionados con suspensiones de entre cinco y 240 días, entre marzo y agosto de 2022.

En los procesos administrativos disciplinarios se les imputó "haber usado su cargo para obtener ventaja indebida al recibir dosis de la candidata a vacuna contra covid-19, pese a no ser voluntarios en el ensayo ni parte del equipo de investigación en el marco del ensayo clínico”.

COORDINACIÓN. Captura de conversación presentada por un beneficiado con las dosis fuera del ensayo, donde recibe indicaciones para la vacunación.

Captura: Minsa

Sin embargo, de esos 28 trabajadores, 24 presentaron recursos de apelación y elevaron su caso hasta el Tribunal de Servicio Civil, última instancia administrativa que resuelve las controversias entre los servidores y las entidades públicas. 

Dicha entidad, entre octubre de 2022 y junio de 2023, declaró la nulidad en 21 casos por "haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo". Por lo tanto, los mismos deben retornar al Minsa para que este subsane las fallas detectadas y reinicie el proceso. Su cumplimiento es obligatorio.

En el grupo de los sancionados en primera instancia, hay seis funcionarios que actualmente trabajan en el ministerio. Cinco de ellos también apelaron ante el tribunal y en los casos de Jorge Alejandro Medrano Galoc, Cecilia Isabel Arrese Mogollón y Marita de los Ríos Guevara, el tribunal declaró la nulidad de las resoluciones de sanción.

Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), esto último no significa un pronunciamiento que genera impunidad en los hechos imputados contra el servidor, ya que su responsabilidad será determinada en el proceso a cargo de la entidad.

Seis de los siete trabajadores investigados en Cancillería por haberse vacunado al margen de la ley trabajan hoy en el sector".

Janeyri Boyer Carrera, doctora en Derecho y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explica que las autoridades tienen que procesar y sancionar en un plazo máximo de tres años desde la presunta infracción o en un año desde que la autoridad conoció el hecho. 

No obstante, cuando el caso llega al Tribunal de Servicio Civil, este plazo se suspende. “Muchas veces el tribunal declara nulo porque hubo un defecto en el procedimiento, porque no hubo derecho a defensa o por temas procedimentales”, sostiene la expresidenta de Servir.

Fernando Carbone Campoverde, presidente de la comisión investigadora de la vacunación irregular, cuestiona que, a tres años del Vacunagate, aún no hayan concluido todos los procesos administrativos. 

“Si a esta comisión le tomó 10 días [la investigación], cómo puede ser que con los que vinieron después hayan pasado tres años y, en algunos casos, no haya conclusión. En último caso, si no han encontrado alguna responsabilidad, deberían expresarlo de esa manera. Me llama la atención [que algunas personas sigan trabajando]. No sé bajo qué criterios”, señaló.

Este medio envió un cuestionario más detallado al Minsa sobre los trabajadores con procesos disciplinarios, pero no contestaron.

Solo nueve médicos sancionados

De acuerdo a la nueva gestión del Colegio Médico del Perú, un total de 98 médicos fueron sometidos a procesos éticos disciplinarios por el caso Vacunagate, pero el 55% fueron absueltos (54 médicos). De los otros 44 restantes, 16 fueron sancionados por el Consejo Regional de Lima, pero apelaron y solo nueve de ellos fueron sancionados. Los otros casos siguen en curso.

“La [sanción] más larga ha sido de un año a uno de ellos. Hay dos [médicos] con seis meses de suspensión, uno con tres y después con suspensiones más cortas de 14 o siete días. Hay amonestaciones también públicas (...). El resto [44 casos] todavía está ahí para iniciar un proceso o terminar la investigación”, refirió a este medio la vicedecana del CMP, Virginia Garaycochea Cannon, quien considera que sí existieron infracciones éticas. 

Uno de los médicos que aparece como suspendido es el investigador principal del ensayo clínico de Sinopharm y quien también vacunó a Martín Vizcarra, Germán Javier Málaga Rodríguez.

REGISTRO. Germán Málaga, investigador principal del ensayo clínico, figura actualmente como suspendido en el Colegio Médico.

Captura: CMP

El abuso de poder en Cancillería

El 10 de febrero de 2021, cuando se hizo pública la vacunación irregular, el embajador Javier Martín Sánchez Checa-Salazar ya había recibido su primera y segunda dosis de la vacuna de Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En ese momento era jefe del despacho ministerial.

La resolución de sanción a la que accedió OjoPúblico señala que el diplomático “tuvo conocimiento de la posibilidad de ser inoculado a mediados de setiembre de 2020, tras una reunión en la Cancillería donde participaron representantes de la embajada de China, Minsa y Sinopharm. Sin embargo, decidió vacunarse luego de reiteradas conversaciones con el embajador Arturo Jarama”. 

El diplomático fue sancionado con seis meses de suspensión tras acreditarse dos de los cuatro hechos que se le imputaron: incurrió en actos graves de negligencia ante una disposición que lo beneficiaba personalmente y ocasionó el desprestigio del servicio diplomático. Javier Martín Sánchez apeló, pero su medida no prosperó.

En abril de 2022, el diplomático fue nombrado director de la oficina desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Piura. Y, el 5 de marzo de este año, el gobierno oficializó su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Estado de Israel. 

El caso del embajador destituido, Jorge Arturo Jarama Alván, fue considerado como el más grave por la comisión de procesos disciplinarios. Él recibió la primera dosis el 3 de octubre de 2020, y la segunda el 24 de octubre del mismo año. Desde mayo de 2022, el exfuncionario figura como pensionista.

Sobre la sanción a Óscar Rafael Suárez Peña, quien había sido designado para representar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ante la comisión encargada de realizar seguimiento a la adquisición de vacunas contra la covid-19, la resolución detalla que, por la posición que tenía, “asistió a 19 de 22 sesiones” en las que se habló de la vacunación. 

Estos procesos sancionadores se llevaron a cabo durante la gestión de Allan Wagner, a excepción del de Jarama Alván, que concluyó con su destitución durante el periodo de Óscar Maurtua Romaña. 

“La actual gestión respeta la legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios y de sus respectivas acciones, llevados a cabo en el marco de la legalidad, durante la gestión correspondiente”, respondió la Cancillería por escrito a la consulta de OjoPúblico.

El caso Vacunagate sigue vigente. En abril último, la revista médica global The Lancet Regional Health – Americas se pronunció en su editorial sobre lo que denomina como un gran escándalo, una acción vergonzosa, poco ética y corrupta cometida por 487 personas. Entre ellas, influyentes científicos peruanos, autoridades de salud pública, políticas, empresarios y estudiantes. 

“Probablemente uno de los mayores escándalos relacionados con la salud en la historia de Perú está relacionado con la pandemia de covid-19, que ha matado a más de 200.000 peruanos (...) Han pasado tres años desde que el escándalo del Vacunagate se hizo público. Sin embargo, el Vacunagate sigue siendo una ignominia para millones de peruanos que vieron cómo sus familiares, amigos y colegas sucumbían al virus”, refirió la publicación.