En las últimas semanas, el candidato a la presidencia de Acción Popular, Yonhy Lescano Ancieta; y el congresista de Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, han planteado la posibilidad de suspender las patentes de las vacunas contra la Covid-19, para promover la producción local y garantizar la disponibilidad de dosis. 

“Hemos cursado una carta al presidente Sagasti, para que utilice las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y solicite que (...) los laboratorios pongan sus fórmulas a disposición de los países, para que produzcan la vacuna [contra la Covid-19]. Estos pedidos ya han sido hechos por India y Sudáfrica. Pedimos que (...) en el Perú se puedan hacer las vacunas”, dijo Lescano durante un debate en televisión abierta.

Por su parte, Fernández Chacón propone, en el artículo 5 de un proyecto de ley, que la licencia de patentes aplicadas a insumos médicos, métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas para contener la Covid-19 queden suspendidas, hasta “que la pandemia deje de ser un riesgo para la salud pública”, de modo que el Ministerio de Salud (Minsa) pueda dirigir la producción de los antígenos dentro del territorio nacional. 

Estas propuestas tienen lugar en un contexto internacional de difícil acceso a las inmunizaciones, donde Perú ha recibido alrededor de 1 millón 300 mil dosis y ha logrado aplicarlas a solo el 2% de su población objetivo. Pero ¿son realmente viables? Desde el inicio de la pandemia entidades internacionales han pedido a los laboratorios liberar las patentes de vacunas y tratamientos de manera voluntaria.

Sin embargo, estas alternativas no han prosperado por falta de cooperación de los países más ricos y de los propios laboratorios. En simultáneo, según diversos especialistas, aún si se obligara a las compañías a ceder licencias sobre su propiedad intelectual (a través de una licencia obligatoria), Perú no tiene la capacidad para producir vacunas contra la Covid-19.

Dos propuestas internacionales sin respaldo

Las patentes son los instrumentos que protegen legalmente, hasta por 20 años, a las farmacéuticas ante otros fabricantes que puedan producir, usar o vender su invención. De esta forma, les permiten manejar los precios y mecanismos de distribución de sus productos, así como establecer las condiciones de negociación, a pesar de que algunas de estas han sido identificadas en Latinoamérica como abusivas y poco transparentes. 

Los titulares de las patentes, no obstante, pueden ceder sus derechos en ciertas condiciones. Iniciativas como, por ejemplo, la plataforma de Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la Covid-19 (C-TAP, por sus siglas en inglés), promovida desde mayo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el gobierno de Costa Rica, han intentado que los laboratorios compartan datos y propiedad intelectual de manera voluntaria, en paralelo a las negociaciones de compra multilaterales y bilaterales. Pero, hasta hoy, no ha obtenido respuestas de los fabricantes y el pedido solo ha sido respaldado por alrededor de 40 países de bajos y medianos ingresos, entre ellos el Perú. 

Los países más ricos no se sumaron a dicha propuesta pese a que cumplen un papel clave, pues se han asociado con las farmacéuticas que lideran el desarrollo de las vacunas contra el nuevo coronavirus, invirtiendo millones de dólares para financiar ensayos clínicos o modernizar fábricas y, así, tener acceso a un mayor número de dosis. A inicios de febrero, la OMS estimaba que más de las tres cuartas partes de las 120 millones de personas vacunadas -en ese momento- vivían solo en 10 de estos países. 

El conocimiento para combatir la pandemia debería ser un bien público", sostiene Jaime Delgado.

“Este intercambio de conocimientos y datos podría permitir el uso inmediato de la capacidad de producción sin explotar y ayudar a construir bases de fabricación adicionales, especialmente en África, Asia y América Latina”, recordó recientemente Tedros Adhanom, director de la OMS.

Para el abogado y expresidente de Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), Jaime Delgado Zegarra, esta propuesta pudo haber favorecido el acceso equitativo a las vacunas. “El conocimiento para combatir la pandemia debería ser un bien público. Hubiera sido muy importante, pero no prosperó por los países y los laboratorios, que son un poder económico muy grande”, dijo a OjoPúblico.

India y Sudáfrica, por su parte, han solicitado ante la OMC que se permita la exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para que todos los estados miembros de la organización puedan promover la producción local de vacunas y medicamentos contra la Covid-19 dentro de sus territorios. 

Desde octubre, más de 90 países se han unido al pedido, y este ha sido evaluado en más de una ocasión, la última vez el 10 marzo de 2021. Pero, ante la negativa de países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Australia, y otras naciones que conforman la Unión Europa, esta propuesta también se ha estancado, en este caso, hasta junio próximo, cuando se realice la siguiente reunión del consejo de la ADPIC.

Si no es a través de esta vía, a la que hace referencia el candidato acciopopulista Yonhy Lescano cuando menciona el pedido de India y Sudáfrica, los estados miembros están obligados a respetar la propiedad intelectual, salvo que, de manera individual, sometan las patentes a las licencias obligatorias, para que los laboratorios cedan su propiedad intelectual. Esto implica que los gobiernos otorguen una compensación económica a los fabricantes y, además, que el país cuente con capacidad para producir -en este caso- las vacunas.

No se puede proponer suspender la patente sin tener la tecnología [para fabricar vacunas]", indicó Marcial Torres.

Ante el estancamiento de iniciativas de cooperación por parte de los laboratorios, figuras como Tedros Adhanon, director de la OMS, han recomendado a los países en capacidad de fabricar dosis que recurran a las licencias obligatorias. “Si ahora no es el momento para usarlas, ¿entonces cuándo?”, dijo a inicios de marzo. Sin embargo, a la fecha, ninguna nación ha apelado al recurso para el caso de las vacunas contra la Covid-19.

Para el exdecano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Marcial Torres Caballero, poner en la agenda nacional la producción local de vacunas contra la Covid-19, como indica la propuesta del parlamento Fernández Chacón, evidencia un desconocimiento de la industria farmacéutica peruana. 

“De la noche a la mañana no se puede proponer suspender la patente, sin tener la tecnología o el equipamiento adecuado. Esto no tiene sustento técnico. No tenemos un laboratorio a ese nivel. El Instituto Nacional de Salud produce sueros y antídotos, pero no a nivel industrial. Si en algo tenemos experiencia, es en producir vacunas de uso veterinario, pero no para humanos”, advierte el químico farmacéutico

La pertinencia de licencias obligatorias

El abogado Delgado Zegarra explica que las licencias obligatorias son mecanismos que permiten al Estado, bajo ciertas circunstancias, exigir al titular de una patente, que otorgue licencias a terceros para explotar su invención, en este caso las vacunas. “Es una herramienta disuasiva, útil para obligar a los laboratorios a guardar un comportamiento equilibrado y evitar excesos al imponer precios inaccesibles. Además, está prevista en la legislación, no se trata de algo arbitrario”, dijo el especialista.

Las licencias obligatorias están contempladas en el Régimen Común para la Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones y, además, se incluyen en el acuerdo sobre los ADPIC. Esta última característica, precisamente, es el principal argumento de los países que no han respaldado la propuesta de India y Sudáfrica: no es necesario admitir una exención, porque los gobiernos sí pueden recurrir a estas flexibilidades. En ese sentido, indica el abogado Jaime Delgado Zegarra, la medida no depende de la aprobación de una ley en el Congreso, sino del poder Ejecutivo. 

Sin embargo, si se trata de la producción de vacunas contra la Covid-19, Delgado Zegarra también considera que no es pertinente que Perú recurra a este tipo de herramientas de presión, debido a que el país carece del desarrollo tecnológico que demanda, a corto plazo, la fabricación de dichos antígenos. Además, indica, como el país no tiene una experiencia previa aplicando el mecanismo, podría debilitar su capacidad de negociación para adquirir vacunas. 

“Como país [individual] tiene una posición débil para negociar. Más bien, podría ponernos en riesgo, al entrar en conflicto con las proveedoras (...) Entonces, lo que tiene que hacer es asegurar que, por lo menos, todos los habitantes del país se vacunen. Luego, hay que desarrollar capacidad tecnológica, infraestructura, equipamiento y personal para prepararnos para las próximas pandemias y hacer uso [a futuro] de licencias obligatorias”, señaló Delgado Zegarra.