Aunque ya son casi las seis de la tarde y las luces de las viviendas y calles vecinas se encienden en la provincia de Satipo, en la región Junín, la casa de Bernardita Vega Armas permanece en penumbra. Junto a uno de sus tres hijos, la viuda del líder asháninka Santiago Camilo Contoricón Antúnez, contempla el cielo oscuro y el humo de una fogata. Bernardita no permite fotografías ni quiere salir de su hogar: siente que la vigilan y le preocupa que la puedan localizar. 

A poco más de un año del asesinato del líder indígena Santiago Contoricón —ocurrido el 8 de abril de 2023 en la comunidad de Puerto Ocopa, distrito de Río Tambo, en Satipo—, OjoPúblico llegó a esta provincia de la selva central del Perú, donde recogió los testimonios de familiares, amigos y dirigentes que trabajaron con él. Así, pudo comprobar las consecuencias que enfrentan los deudos y su comunidad: el miedo a las amenazas, el abandono de sus territorios, la dificultad de la población indígena para acceder a justicia.

Contoricón Antúnez —asesinado de un disparo en la cabeza a los 58 años— fue elegido jefe de la comunidad de Puerto Ocopa en los años 90 por la coherencia entre sus acciones y sus principios. Virtudes, dice su amigo Héctor Pachacamac Chumpe, que lo hacían respetable ante todos.

“Un líder legítimamente elegido representa a un guardián del territorio y es defensor de los intereses de las mayorías”, explica, desde la plaza de Satipo, Teddy Sinacay Tomás, dirigente asháninka de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec), que representa a 80 comunidades indígenas.

Sin embargo, una muerte violenta —como la que sufrió Santiago Contoricón Antúnez— desestabiliza y debilita la estructura de las comunidades que se rigen bajo el principio del ‘buen vivir’, señala la socióloga Yasmin Rojas Benavides, especialista en gobernanza indígena y máster en políticas públicas por la Universidad Complutense de Madrid. 

La muerte de un líder desestabiliza y debilita la estructura de las comunidades que se rigen bajo el principio del 'buen vivir'"

El principio del ‘buen vivir’ se refiere a una convivencia pacífica y armoniosa en las comunidades, que se rompe por la violencia desencadenada por actividades ilícitas. Afecta directamente a las familias que quedan desprotegidas y a merced de las amenazas, obligándolas a abandonar su territorio y cambiar su forma de vida. 

Esto también se ha evidenciado tras la muerte de otros defensores ambientales y del territorio, entre las más de 33 víctimas reportadas durante la última década en Perú, según la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana (Aidesep). 

En el caso de líder kichwa Quinto Inuma Alvarado, atacado el 29 de noviembre de 2023 en la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín, su hijo mayor, Kevin Inuma Mandruma, pasó a ser el responsable de los gastos de su familia; mientras que Manuel Inuma Alvarado —hermano del defensor ambiental— tuvo que asumir el liderazgo de la comunidad.

Similar es la situación de los deudos de la comunidad ashéninka Alto Tamaya Saweto, en Ucayali, tras el asesinato de cuatro dirigentes el 1 de setiembre de 2014 en la frontera de Perú y Brasil. Luego del crimen, sus viudas abandonaron la zona y aún no se implementa el denominado Plan de Acción Saweto.

Cambios de vida y liderazgos

El principio del ‘buen vivir’ se ha masificado dentro de la cultura amazónica y también hace referencia al reconocimiento legal de las tierras para vivir pacíficamente en ellas y dejarlas como un bien heredable a las nuevas generaciones, refiere Nelsith Sangama Sangama, vocal de Aidesep. Sin embargo, este ideal se ve en riesgo en la Amazonía por la falta de titulación de las tierras. 

Guillermo Ñaco Rosas, asesor de política social de la Federación Ashéninka del Bajo Urubamba en la región Ucayali, destaca la necesidad de titular los territorios indígenas frente al tráfico de terrenos y el avance del sembrío ilegal de hoja de coca, que impide el acceso a programas de desarrollo. 

“Los líderes han muerto protegiendo los bosques, pero no hay presupuesto para la titulación. La ausencia del Estado y el tráfico de tierras fortalecen al narcotráfico, que amenaza a los pueblos indígenas que se oponen a sus actividades”, precisa.

RIO TAMBO.Vista panorámica del distrito de la provincia de Satipo (Junín), que forma parte del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Foto: Andina

Además de la seguridad jurídica, para el pueblo indígena asháninka —al que pertenecía Santiago Contoricón— el ‘buen vivir’ se relaciona a ocho ideales, entre los que destacan: vivir en paz dentro de sus territorios sin estar expuestos nuevamente al terrorismo, y acceder a educación y salud de calidad. 

El arrebato de sus tierras para el sembrío de hoja de coca, la presencia del narcotráfico en sus bosques y la violencia contra sus líderes y población evidencian el resquebrajamiento de este ideal. Y, a la par, obliga a los deudos y otros habitantes de la comunidad a abandonar el lugar donde nacieron.

Por ejemplo, Bernardita Vega Armas, viuda de Santiago Contoricón, vive alejada de la comunidad Puerto Ocopa por temor a las amenazas, que no cesan contra ella y sus hijos, según cuenta a OjoPúblico desde su nuevo hogar. 

Horas antes de que lo asesinaran, el entonces líder del Comité de Autodefensa de Puerto Ocopa había hecho una coordinación con la Policía Antidrogas para incautar más de 200 kilos de cocaína, cuyo destino era la provincia de Atalaya, en la región Ucayali.

UN AÑO. La comunidad asháninka de Puerto Ocopa, en la provincia de Satipo (Junín), recordó a su líder Santiago Contoricón Antúnez en abril pasado. 

Foto: Municipalidad de Río Tambo

“No tengo la confianza de ir a mi pueblo y vivir como antes. Ya el narcotráfico se ve cada día más cerca. Esto me recuerda a los años 80, cuando empezó la guerra con Sendero [Luminoso]”, dice Bernardita sobre Puerto Ocopa. 

Jaime Antezana Rivera, especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, señala que Santigo Contoricón tenía la certeza de que el narcotráfico iba destruir a los asháninka por lo que decidió organizarse y defender su territorio, logrando la incautación de dos toneladas de droga, entre 2021 y 2023, en Río Tambo. 

El distrito de Río Tambo, en Satipo, Junín, se encuentra dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), principal zona productora de hoja de coca en Perú, con 35.709 hectáreas hasta 2022, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Cuando una comunidad está en un escenario de mucha vulnerabilidad y alta violencia, todos sus miembros están expuestos a ataques y amenazas. Por ello —refiere la socióloga Yasmin Rojas Benavides— las medidas de protección deben llegar al líder, e incluir un componente comunal y colectivo.

La especialista sostiene que el asesinato de un líder puede desencadenar protestas en las comunidades. Esta situación, sin embargo, es usada para reforzar estereotipos de racismo contra ellos, a quienes califican de “violentos” o “incivilizados”.

Los deudos del apu Quinto y del caso Saweto

La familia directa de Quinto Inuma Alvarado también abandonó su hogar en la comunidad kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu tras el crimen del apu. A la fecha, su hijo mayor, Kevin Inuma Mandruma, se hace cargo de los gastos de alimentación y vivienda. “Queremos a los defensores vivos, no muertos (...). A raíz de ello, las comunidades terminan enlutadas, desamparadas y en caos”, señala. 

Tras la muerte de Quinto, su hermano Manuel Inuma Alvarado volvió a la comunidad. Allí, el 17 de mayo asumió el liderazgo para seguir con la defensa de los bosques, donde habitan cerca de 50 familias. Los comuneros temen por sus vidas, debido a que no todos los involucrados en el asesinato del apu están en la cárcel. 

“Existe el temor de salir de noche porque pensamos que aprovecharán la oscuridad para balearnos, pero nosotros seguiremos en defensa del bosque”, dice Manuel Inuma a OjoPúblico. 

En ese contexto, el Ministerio de Justicia asegura que mantiene comunicación permanente con los familiares de Quinto Inuma y que 10 miembros de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu cuentan con garantías de seguridad. 

Los deudos del apu kichwa Quinto Inuma Alvarado y de los cuatro líderes de Saweto han tenido que abandonar sus comunidades"

El ministerio precisa, además, que desde febrero pasado —es decir, tres meses después del asesinato— dos de las hijas menores de Quinto Inuma fueron incluidas en el padrón de beneficiarios de asistencia económica por orfandad. En tanto, su familia nuclear fue trasladada a Tarapoto, donde se realizan “patrullajes periódicos”. 

Los deudos del caso Saweto, por su parte, también abandonaron la comunidad indígena ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Julia Pérez Gonzales, viuda de Edwin Chota Valera; Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos Pérez, y Lina Ruiz Santillán, hija de Francisco Pinedo Ramírez, viven ahora en la ciudad de Pucallpa. Solo Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima Meléndez, reside en Saweto, junto a su familia. 

El presidente de la comunidad de Alto Tamaya Saweto, Andrés Arévalo Pérez, denunció que, a una década del crimen, no se ha cumplido con el Plan de Acción Saweto, en el que el Ejecutivo se comprometió a aplicar acciones para mejorar el acceso a la salud, educación y servicios básicos, y brindar protección a la comunidad.

El solitario camino en busca de justicia

La muerte de Santiago Contoricón motivó la protesta de los asháninka en el distrito de Río Tambo, desde el 11 hasta el 28 de abril de 2023, fecha en que los ministros Leslie Urteaga Peña, de Cultura; Daniel Maurate Romero, de Justicia, y Vicente Romero Fernández, entonces del Interior, llegaron a Puerto Ocopa. 

Aquella vez se comprometieron, según figura en un acta, a otorgar un apoyo económico de S/50.000 a la esposa de Santiago Contoricón y una "pensión por orfandad" para realizar estudios superiores a su hija que, a la fecha, tiene 19 años.

Un año después, según contó Bernardita Vega a OjoPúblico, la pensión de orfandad para su hija no fue otorgada y la indemnización de S/50.000 tampoco se concretó. Agregó que la familia afronta, sin acompañamiento y medidas de protección, la búsqueda de justicia. 

Consultado por OjoPúblico, el Ministerio de Justicia reconoce que se había comprometido a brindar un apoyo económico excepcional a Bernardita Vega. Sin embargo, precisa que no cuenta con un marco normativo que habilite la disposición de recursos del Estado para cumplir con esa compensación. 

También señala que, según la Ley N° 31405, que “promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad”, la hija de Santiago Contoricón ya no podía ser beneficiaria porque era mayor de edad cuando falleció su padre. No obstante, asegura que gestionó una beca por orfandad en una universidad de Huancayo (Junín).

El asesinato de Contoricón Antúnez aún está en investigación preliminar a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del distrito fiscal de Selva Central. En octubre de 2023, se ratificó la prisión preventiva por nueve meses contra Neto Prado Palomino y Jesús Sulca Huamán, presuntos asesinos del líder.

El defensor ambiental Quinto Inuma, según confirmó el Ministerio de Justicia, estaba registrado en el mecanismo de protección desde febrero de 2021. De nada sirvió para evitar su asesinato, lamenta su hijo Kevin Inuma. 

Según Mar Pérez Aguilera, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no existe un impacto real del mecanismo de protección por falta de presupuesto y descoordinación de los ministerios. 

No existe un impacto real del mecanismo de protección del Ministerio de Justica para los líderes amenazados"

Esto, a su vez, dificulta la reubicación de los líderes y sus familias, expuestas a actividades ilícitas, que son fortalecidas con propuestas legislativas como la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, refiere Pérez Aguilera. 

Tanto el caso de Santiago Contoricon (Junín) como el de Quinto Inuma (San Martín) figuran en el último informe de Amnistía Internacional 2023 - 2024, que subraya que, en Perú, los defensores de la tierra, territorio y medioambiente se mantienen expuestos a riesgos y persiste la impunidad en los casos de homicidios.

La socióloga Yasmin Rojas Benavides añade la importancia de institucionalizar la agenda del ‘buen vivir’ o kametsa asaike del pueblo asháninka, para que la comunidad no pierda su horizonte en el caso de la muerte de su líder.