Actualización 27 de mayo de 2024

Hace tres años, Vizcatán del Ene —en el corazón del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem)— pasó por uno de sus episodios más violentos: el 23 de mayo de 2021, un grupo narcoterrorista asesinó a 16 personas, entre ellos tres menores de edad, en dos bares ubicados junto al río Shimpishariato. Los cadáveres tenían impactos de bala de fusiles AKM y Galil.

Leonidas Casas Marmolejo, exjuez de paz del lugar, fue el encargado de registrar formalmente el hecho y asentar la denuncia junto a Alejandro Atao Guerra, entonces alcalde del distrito. "En ese momento, se asumieron muchos compromisos, pero ahora casi no se ven. Todo ha quedado en palabras", cuenta a OjoPúblico.

Aunque, en junio de 2023, las Fuerzas Armadas capturaron a Carlos Solier Zúñiga, sindicado como uno de los responsables del atentado, no ha habido noticias sobre los otros asesinos. La mejora en el acceso a los servicios de salud de esta zona, ubicada en la selva central del país, tampoco ha trascendido de las promesas. 

A la fecha, el distrito cuenta con seis centros de salud, pero ninguno de ellos tiene médicos. Para conseguir tratamiento especializado, los pacientes deben viajar ocho horas hasta la capital de la provincia de Satipo. Si la condición es muy grave, el desplazamiento se extiende hasta Huancayo, otra ciudad de la región Junín, a 15 horas de Vizcatán del Ene.  

En ese contexto, la atención de sus más de 7.000 ciudadanos depende, en buena medida, de 18 enfermeros y técnicos distribuidos para las 28 comunidades que conforman el distrito. El año pasado se designó una plaza para el traslado de un médico serumista. Sin embargo, el doctor solo estuvo unos meses. 

INVERSIÓN. En Vizcatán del Ene menos del 30% de su población cuenta con servicios de agua. 

Foto: Municipalidad distrital de Vizcatán del Ene. 

Artemio Lapa Pérez, actual alcalde de Vizcatán del Ene, cuenta que, a inicios de setiembre de 2023, un técnico de enfermería fue secuestrado a ocho kilómetros de la capital del distrito. De acuerdo a las Fuerzas Armadas, en el hecho estuvieron involucrados presuntos integrantes de la organización narcoterrorista autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). Dos semanas después, se confirmó su muerte.

Este hecho atemorizó al personal sanitario y generó el cierre momentáneo de 13 centros de salud en varios distritos del Vraem. La renuencia de los especialistas a aceptar una plaza en Vizcatán del Ene —cree el alcalde— está relacionada a ese antecedente.

La violencia y la falta de acceso a la salud no son los únicos flagelos que enfrenta la población de este distrito: el 75,8% de sus comunidades no tienen servicios de saneamiento, según el último censo, realizado en 2017. 

Además, el agua que consume la mayoría de las familias —explica Lapa Pérez— proviene de lagunas o quebradas. Y la desnutrición crónica afecta al 20% de los menores de tres años, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud (INS). 

En 2023, el 49% de los niños de 5 años o menos de Río Tambo tenía desnutrición crónica, según el INS".

En otros distritos del Vraem, como Río Tambo —compuesto mayoritariamente por indígenas de los pueblos asháninka, kakinte y machiguenga—, los indicadores son todavía peores: en 2023, el 49% de los niños de cinco años o menos atendidos en las postas del lugar tenía desnutrición crónica. Es decir, 33,3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (15,7%). 

No es el único caso: 26 de los 32 distritos analizados por el INS tienen niveles más altos de desnutrición infantil que el promedio del país. Además, 13 de estos sobrepasan la media nacional (22%) para anemia en menores de 5 años. 

Mientras los indicadores de salud y bienestar decaen, el narcotráfico gana terreno en la zona. Según Devida, el cultivo de la hoja de coca en localidades ubicadas en el Vraem aumentó en más de ocho puntos porcentuales por año, desde 2018. Las cifras más recientes muestran que este territorio concentra el 37,6% del total de superficie sembrada en el ámbito nacional. 

El avance de la desnutrición y la contracción del Estado

El Vraem, que comprende a las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Huancavelica, concentra los niveles más altos de desnutrición y anemia en el país, según el INS. 

En 2023, el porcentaje de menores de cinco años con desnutrición crónica en este sector fue 8,1 puntos porcentuales más alto que la media nacional (15,9%). El promedio de anemia en menores de 6 a 59 meses, en simultáneo, supera por dos puntos porcentuales al nacional (22%). 

Río Tambo es el distrito con mayor incidencia. En 2023, el 49% de los niños de cinco años o menos atendidos en las postas tenía desnutrición crónica. En el caso de los menores de tres años, la población afectada alcanza al 45,7%. 

Los indicadores de anemia para menores de 6 a 59 meses también son críticos: el 40,5% presenta esta condición. En otras palabras, más de 18,5 puntos porcentuales por encima del promedio del país.

María Castro Dasilva, vicepresidenta de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), indicó a OjoPúblico que uno de los principales problemas para las comunidades indígenas es acceder a una alimentación adecuada. Se está reduciendo la pesca y el costo de la canasta básica ha incrementado. "En río Tambo hemos visto que ya no hay pescado", dijo. 

Las comunidades asháninkas del lugar tampoco cuentan con servicios de saneamiento. Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), explica que toman agua del río y, también, la que recolectan cuando llueve.  

Dina Flores, nutricionista de la la red de salud San Francisco, explica que, en zonas con poco acceso a agua limpia, los menores sufren más enfermedades diarreicas agudas. Y esto afecta, a la vez, su absorción de nutrientes y desarrollo. 

A pesar de estos alarmantes indicadores, en los últimos cinco años, la presencia del Estado a través de programas sociales ha disminuido en la mayoría de los distritos del Vraem.

OjoPúblico analizó la cantidad de beneficiarios de los programas Cunas Más, Juntos y Qali Warma y detectó que, aunque la población global del Vraem que accede a los mismos aumentó 12,2% entre marzo de 2019 y marzo de este año, el incremento no es uniforme. 

Así, se observa que en 26 de los 38 distritos que, actualmente, están en el área de intervención directa del Vraem se dio una reducción en la cobertura, según el aplicativo Infomidis, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

DESNUTRICIÓN. El 49% de los niños menores de cinco años en Río Tambo tenía desnutrición crónica en 2023.

Foto: Municipalidad Distrital de Río Tambo. 

En el caso de Cuna Más, que tiene el objetivo de mejorar el desarrollo infantil, la cantidad de beneficiarios disminuyó en 10 distritos. El caso más severo es el de Anco (-49,5%), en la provincia La Mar (Ayacucho). Este pasó de tener 551 familias atendidas a 278. 

En Qali Warma, que tiene la misión de garantizar la alimentación de los estudiantes de colegios públicos, la cantidad de beneficiarios ha descendido en 14 distritos. El caso más pronunciado se dio en Santo Domingo de Acobamba (-20,4%), provincia de Huancayo (Junín). De 1.537 escolares atendidos, en 2019, se pasó a 1.223.

El Programa Juntos, por último, tuvo una reducción de afiliados en 21 distritos. El mismo promueve la salud preventiva materno infantil y servicios de escolaridad, mediante la entrega de una bonificación económica a las familias, condicionada al cumplimiento de controles de salud. 

La mayor reducción de hogares afiliados se dio en Anco (-36,5%), provincia de La Mar (Ayacucho). Pasó de tener 839 familias atendidas, en 2019, a 533, este año.  

OjoPúblico envió un cuestionario al Midis para entender a qué se debe la reducción de la cobertura, teniendo en cuenta el avance de la desnutrición y la anemia en el Vraem. Pese a la insistencia, no hubo respuesta. La Presidencia del Consejo de Ministros también fue consultada, pero no contestó.

El Ministerio de Salud, mientras tanto, alegó dificultades para acceder a las comunidades indígenas, donde se encuentra la mayor proporción de menores afectados por la anemia y la desnutrición. 

A esto se suma, según refirieron, limitaciones en el presupuesto otorgado por las Direcciones Regionales de Salud (Diresas) para distribuir medicamentos y actividades educativas a la población. 

La violencia y el narcotráfico 

El distrito de Vizcatán del Ene fue creado en 2015, como una estrategia estatal para erradicar la presencia del narcotráfico y “rezagos del terrorismo”. Es decir, remanentes de estos grupos que se habían establecido en el Vraem, desde 1983. Otros de reciente creación son Río Magdalena, Putis y Unión Progreso, en Ayacucho; y Manitea y Unión Asháninka, en Cusco. 

La institución de estos nuevos distritos también buscaba concentrar los esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Sin embargo, la presencia del Estado en la zona es débil. 

Por el contrario, el narcotráfico se ha impuesto en Vizcatán del Ene, advierte el exministro del Interior y experto en crimen organizado Rubén Vargas Céspedes. "Después de 40 años de combate, no se ha podido tomar el control de la zona. [Este distrito] es un ejemplo del fracaso en la lucha contra las drogas y contra el terrorismo", sostiene.

El avance de los cultivos de hoja de coca es palpable en todo el Vraem: dicho sector concentra el 37,6% de la superficie sembrada en el territorio nacional. Solo entre 2021 y 2022, sus sembríos crecieron en 11%.

Al ampliar el análisis al periodo comprendido entre 2018 y 2022 y segmentar la información por distrito, se observa que el que experimentó el mayor crecimiento de cultivos es Río Tambo. 

Los sembríos en este lugar aumentaron en 175,7%, según el último informe de monitoreo de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). En dicho periodo pasó de 1.140 hectáreas cultivadas a 3.143. 

Vizcatán del Ene, mientras tanto, ocupa el segundo lugar. Entre 2018 y 2022, la superficie sembrada aumentó 82,6%, con 1.903 nuevas hectáreas afectadas.

Para Vargas Céspedes, una de las razones del fracaso en la lucha contra el narcoterrorismo en estas localidades y en el Vraem en general, tiene que ver con una estrategia deficiente del Gobierno.

CRECIMIENTO. Desde 2018, la cantidad de superficie de hoja de coca sembrada en el Vraem incrementa más de ocho puntos porcentuales de forma anual. 

Foto: Ministerio de Defensa. 

Al año siguiente del atentado en Vizcatán del Ene, por ejemplo, Devida redujo en casi 43% el presupuesto para las actividades relacionadas a la ejecución de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030.

En 2021, se destinaron S/73'684.708 para estas tareas. Y, en 2022, los recursos se contrajeron a S/42'131.112, de acuerdo a información presentada por el presidente ejecutivo de la entidad, Carlos Antonio Figueroa Henostroza, ante la comisión Vraem del Congreso, en enero de 2023. 

"La falta de inversión pública y privada y el aumento de las economías ilegales genera una tormenta perfecta. Entonces, la población campesina, que no encuentra oportunidades de trabajo lícitas, se conecta a las actividades ilícitas, como el cultivo de la hoja de coca y otros eslabones de la cadena de fabricación de cocaína", explica el especialista en políticas contra las drogas.