El tiempo no avanza en Pusa Pusa, un pequeño anexo alpaquero ubicado en la zona andina de la región Arequipa, entre los 3.800 y 4.300 metros sobre el nivel del mar. En 2016, el gobierno regional inició la expropiación y compra de 52 fundos de la localidad para inundarlos y construir la represa de Angostura —componente principal de Majes Siguas II, la segunda etapa del proyecto de irrigación Majes Siguas—. A cambio de sus tierras, los propietarios debían ser trasladados a otros terrenos productivos. Sin embargo, en ocho años, no se ha realizado ninguna reubicación de las familias afectadas, y tampoco se ha construido la represa por la que fueron desalojados.

Por su propia cuenta, algunos propietarios de Pusa Pusa han dejado sus terrenos y migrado a la capital del distrito de Caylloma, ubicada a 20 minutos del anexo. Otros, en cambio, se han resistido a dejar sus fundos y continúan criando sus alpacas en los bofedales del lugar. Félix Yanque Huanca es parte del grupo de 32 propietarios que permanece en la zona, y ha emprendido una acción legal para evitar que se construya la represa sin que antes se efectúe la compensación de tierras ofrecida.

"Nosotros hemos cumplido con entregar de buena fe nuestros terrenos al proyecto, ellos [las autoridades] ahora también tienen que cumplir con el restablecimiento del cuadro de vida [así se denomina el programa que contempla su traslado y desarrollo de capacidades]. Para eso se han firmado acuerdos y convenios", señala Félix Yanque Huanca, en referencia a la ordenanza regional 339, de 2016, que reserva 506,1437 hectáreas de la primera etapa del proyecto Majes Siguas para los afectados de Pusa Pusa. El terreno, de propiedad del gobierno regional, se denomina Asentamiento PB3. 

La segunda etapa del proyecto, denominada Majes Siguas II, lleva paralizada más de 10 años por diferencias entre la empresa a cargo de su construcción —la transnacional Cobra Infraestructuras Hidráulicas— y el Gobierno Regional de Arequipa —encargado de su administración—. Pese a que se mantiene en pie un arbitraje entre ambas instituciones por la rescisión del contrato, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha propuesto al gobierno regional asumir la ejecución de la obra de irrigación, con el objetivo de destrabar el proyecto y volver a licitarlo bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G). 

FUTURO. La proyectada represa de Angostura, que forma parte de Majes Siguas II, inundará los terrenos de pastoreo del anexo de Pusa Pusa. 

Foto: Autodema

Aunque los detalles de la transferencia todavía están en negociación, la propuesta ha causado preocupación en la provincia de Caylloma y sus distritos, zona de influencia directa del proyecto, por la falta de claridad respecto a los compromisos de resarcimiento asumidos hasta el momento. Temen que las obligaciones asumidas por el gobierno regional queden en el aire una vez el Midagri tenga la competencia de ejecución del proyecto.

“Si no se presta atención a las demandas de la provincia de Caylloma, lo más probable es que se de un conflicto mayor, porque ya hubo manifestaciones anteriores de los afectados del proyecto”, indicó el consejero regional César Huamantuma Alarcón.

Marcelino Condori Condori es el presidente de la comunidad de Quenco Cala Cala, ubicada en el distrito de Tisco, a 53 kilómetros de Pusa Pusa. Cuenta a OjoPúblico que teme que los procesos de resarcimiento por la afectación del proyecto se vuelvan más lentos todavía, una vez que el gobierno central esté a cargo de ellos. 

Si no se presta atención a las demandas de la provincia de Caylloma, lo más probable es que se de un conflicto mayor".

La comunidad será afectada por la inundación del río Chalhuanca, que recibirá el trasvase de aguas desde la represa de Angostura. Además de la erosión del suelo del río, se causarán daños a la pesca, una de las pocas actividades productivas que se realizan en la comunidad, indicó Marcelino Condori. Según indican los términos de referencia para la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, los cuerpos de agua del río Chalhuanca y también del río Hornillos se verán afectados por el desarrollo del proyecto.  

"Se tienen que hacer obras de encauzamiento y también construir un puente para que la población pueda cruzar el río hacia otros lugares", indicó el dirigente de Quenco Cala Cala. Pese a las mesas de trabajo iniciadas con el gobierno regional y central, hasta ahora no se ha logrado la ejecución de las obras solicitadas.

El pasado jueves 29 de febrero, se realizó una reunión, en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Caylloma, para tratar la propuesta del Midagri y los compromisos incumplidos a la población. Acudieron distintos representantes de las comunidades, autoridades locales y población en general. Los asistentes coincidieron respecto a la falta de transparencia de las negociaciones entre ambas entidades.

COMPROMISO. Durante la primera quincena de febrero, autoridades de la región Arequipa se reunieron para discutir la transferencia del proyecto Majes Siguas.

Foto: Autodema

"La posición, hasta ahora, es de no ceder y no transferir este proyecto al gobierno central, porque existe una acumulación de problemas sociales y, hasta la fecha, no se han cumplido los compromisos asumidos, como la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (Pama)", indicó a este medio la consejera por Caylloma, Yesenia Choquehuanca Cruz.

Por su parte, el consejero César Huamantuma Alarcón refirió que la provincia de Caylloma tiene una mesa de trabajo por Majes Siguas II, la cual preside la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que tiene más de seis años de existencia con pocos resultados. “Entonces, esto provoca una desconfianza grande con el Poder Ejecutivo", afirmó.

En 2017 y en 2022 ya se realizaron paros provinciales que restringieron las actividades comerciales y el transporte en el Valle del Colca, por reclamos en la ejecución del proyecto.

Incumplimientos y afectación 

Majes Siguas II posee un presupuesto actualizado de S/2.448'642.649. Para su ejecución, se tomarán las aguas del río Apurímac, en la frontera entre Cusco y Arequipa, que se almacenarán en la represa de Angostura, es decir en el área de Pusa Pusa. 

Luego, mediante diversos canales y bocatomas, se derivará el recurso hasta las irrigaciones de Majes y de Santa Rita de Siguas. La ejecución de este proyecto comprende la adecuación de 38.500 nuevas hectáreas dedicadas, principalmente, a la agroexportación y agricultura en latifundios.

“Como varios proyectos de este tipo, Majes Siguas tiene conflictos no atendidos, algunos de ellos con las comunidades de donde se toma el agua o temas que tienen que ver con la distribución de la tierra. La propuesta [de los gobiernos] en los últimos años ha sido entregar las tierras a grandes corporaciones, en extensos tamaños, como Chavimochic”, explica a OjoPúblio Eduardo Zegarra, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). 

“En Majes Siguas —continúa el economista especializado en agro— hay una fuerte oposición de agricultores locales porque sienten que se va a favorecer a las grandes empresas, que se beneficiarán con subsidios involucrados en el desarrollo del proyecto”. 

En la región Arequipa, el 77,8% de la población dedicada al agro —estimada en 115.584 en el último censo agrario— realiza agricultura de tipo familiar, según información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Apenas el 22,2% realiza actividades a mayor escala. 

PROMESAS. El gobierno regional emitió ordenanzas comprometiendo terrenos de la primera etapa de Majes Siguas y algunos beneficiarios no son afectados.

Foto: Autodema.

En Caylloma, la mayoría de agricultores producen en pequeña escala y no tienen la opción de adquirir tierras en la segunda etapa del proyecto. Los lotes que se ofertarán en Majes Siguas II superan la extensión de 200 hectáreas, dimensión que, explica Eduardo Zegarra, está fuera del alcance de las familias dedicadas a trabajar el campo. Aunque el proyecto está destinado para la agroexportación, los pequeños agricultores de Caylloma son parte de la población afectada por el proyecto.

De acuerdo a los Términos de Referencia y al Plan de Participación Ciudadana para la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Represa Angostura, la ejecución de esta obra tiene un área de influencia interregional entre Arequipa y Cusco, que incluyen a las municipalidades provinciales de Caylloma y Espinar; y a las municipalidades distritales de Callalli, Caylloma, Sibayo, Tisco, Espinar y Suyckutambo. En total, se han identificado 377 centros poblados en el área de influencia preliminar del proyecto.

Leonardo Huaccha Condo, exalcalde del distrito de Caylloma, indicó a OjoPúblico que, los compromisos asumidos en el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en 2010, se han ido desvirtuando o incumpliendo por parte del gobierno regional y la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), entidad del gobierno regional creada exclusivamente para manejar el proyecto Majes Siguas.

Los lotes que se ofertarán en Majes Siguas están fuera del alcance de las familias dedicadas a trabajar el campo".

Uno de estos acuerdos es la entrega de 3.008,5781 hectáreas para los afectados del distrito de Caylloma, señala la exautoridad. Huaccha Condo explica que este predio, denominado Pampa Grande y ubicado en la primera etapa de Majes Siguas, era una compensación negociada en las mesas de trabajo de la Carretera Vizcachani-Caylloma y Majes Siguas II. 

Pese a este acuerdo, en 2018, el gobierno regional aprobó la ordenanza 441, que entregó el terreno de Pampa Grande a 20 distritos de la provincia, algunos de ellos ubicados fuera de la zona de influencia directa del proyecto. Reduciendo así la compensación correspondiente para el distrito de Caylloma, lugar donde se construirá el embalse. 

Tampoco se ha cumplido con elaborar el expediente para la reposición de la carretera Caylloma - Apacheta Rajada, que será afectada por la inundación del embalse, señaló el exalcalde Leonardo Huaccha Condo.

BENEFICIOS. Las comunidades afectadas por el proyecto en Caylloma no ven resultados concretos de las mesas de diálogo iniciadas años atrás. 

Foto: Autodema. 

Los terrenos que el gobierno regional entregó, mediante dos ordenanzas, a los afectados de Majes Siguas siguen en posesión del gobierno local y no han sido traspasados. El Asentamiento PB3, destinado para los propietarios de Pusa Pusa es terreno que no puede producir por falta de agua. "Nosotros hemos dado un terreno con buenos pastos, pero a cambio nos dan un terreno sin agua", acusó Félix Yanque Huanca.

En 2022, los propietarios de Pusa Pusa denunciaron al Gobierno Regional ante el Poder Judicial, mediante un proceso contencioso administrativo, para que se cumpla con la ordenanza 339. En setiembre de 2023, el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Arequipa ordenó la anotación de la partida del lote PB3 como una medida cautelar, hasta que se solucione el proceso con la autoridad regional.

El dirigente Félix Yanque Huanca indicó que el gobierno regional y la Autodema tratan de desconocer el compromiso asumido con la aprobación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (Meia) del proyecto. En octubre de 2023, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó los Términos de Referencia y el Plan de Participación Ciudadana para la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Represa Angostura, presentado por Autodema.

En dicho documento técnico no se hace referencia al plan de restablecimiento de cuadro de vida, mediante el cual se otorgó los terrenos en el Asentamiento PB3 y tampoco se considera como parte del proceso de participación ciudadana a los dueños de los terrenos expropiados de Pusa Pusa. Los propietarios han indicado que no abandonarán sus tierras hasta recibir la compensación. 

OjoPúblico solicitó una entrevista a Celso Palomino García, gerente de la Autodema, para abordar los incumplimientos a las comunidades y la eventual transferencia del proyecto al gobierno central. Aunque en un principio accedió al diálogo, canceló el encuentro a último momento. Luego, señaló que no daría declaraciones sobre el tema hasta firmar el acuerdo con el Midagri.

Transferencia de obligaciones

Las autoridades de la provincia de Caylloma han convocado a representantes del gobierno regional y del Midagri, con el fin de realizar una mesa técnica donde se expliquen las condiciones de traspaso del proyecto y se discuta la solución a los compromisos incumplidos. Inicialmente, la reunión debía darse el 12 de marzo, pero el ministerio ha pedido que esta reunión se reprograme para la segunda quincena del mes. 

“De esta reunión va a depender mucho, la reacción de la provincia de Caylloma hacia la transferencia del proyecto”, manifestó la consejera Yesenia Choquehuanca.

Hasta el momento, los detalles de los acuerdos entre el gobierno regional y el gobierno central, para la transferencia del proyecto, se manejan con opacidad. Este medio envió dos cuestionarios al Midagri, consultando sobre los alcances del cambio de titularidad de Majes Siguas. Hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta.

De esta reunión va a depender mucho, la reacción de la provincia de Caylloma hacia la transferencia del proyecto”.

No obstante, OjoPúblico accedió al primer borrador del convenio remitido por el Midagri al gobierno regional, el pasado 14 de febrero. Según señalaron fuentes del Gore, esta propuesta tiene cuestionamientos que han sido comunicados al ministerio. La autoridad regional se encuentra a la espera de que el ministerio responda estas consultas. Una vez se formalice el convenio, debe ser discutido en el consejo regional. Esta instancia tomará la decisión sobre el traslado del proyecto.

Una de las dudas de los dirigentes de Caylloma, tiene que ver con el desconocimiento sobre quién asumirá la ejecución de los compromisos adquiridos con las comunidades directamente afectadas por el proyecto. 

En el borrador no hay un solo acápite sobre los acuerdos de las distintas mesas de diálogo instaladas con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros. Solo se hace referencia al saneamiento de terrenos, que, según la propuesta del Midagri, seguirá en manos del gobierno local. Es decir, el mismo que no ha logrado cumplir con las expectativas del contrato para su entrega, en diversas gestiones. 

Esta es una de las razones argumentadas por la empresa Cobra para rescindir el contrato de construcción de la represa y el sistema hidráulico del proyecto. Desde agosto de 2023 se mantiene activo un arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima entre ambas instituciones, que alegan que la parte contraria incumplió los compromisos asumidos en el contrato.

Por el lado del gobierno regional, se señaló mediante el informe de rendición de cuentas, de 2023, que la empresa no cumplió con levantar observaciones del expediente número dos e iniciar obras contraviniendo las advertencias técnicas. A esto se suma, además, el incumplimiento en la actualización de instrumentos ambientales.

El proyecto se paralizó por este arbitraje, alcanzando una ejecución del 11,98% del total del avance físico de la inversión en 14 años. Cesar Huamantuma Alarcón, consejero de la región, señaló a OjoPúblico que uno de los puntos más controversiales de esta transferencia tiene que ver con la resolución del arbitraje en curso: “acaso el Midagri se llevará el proyecto, para perder el arbitraje”, cuestionó. 

RETRIBUCIÓN. Midagri ha propuesto financiar obras de mejoramiento de infraestructura de riego a cambio de asumir la ejecución de Majes Siguas.

Foto: Autodema

Debido a la confidencialidad con las que se manejan los arbitrajes, no se conocen detalles sobre la demanda económica realizada por Cobra o el gobierno regional. No obstante, la inversión del proyecto supera los S/2.000’000.000, por lo que el costo equivalente a los daños y perjuicios causados por su falta de ejecución es considerable 

Ante el desarrollo de este arbitraje, el Midagri ha planteado blindarse de las responsabilidades que suponga un laudo en contra. El borrador del acuerdo de transferencia señala que el Gore Arequipa deberá “hacerse cargo de las actuaciones o relaciones jurídicas procesales existentes a nivel judicial y/o arbitral relacionadas con el proyecto, así como asumir cualquier tipo de pago u obligación que se deriven de estos procesos”.

Otra cláusula del borrador, en tanto, indica que el Gore se “obliga a defender judicial y extrajudicialmente, indemnizar y liberar de toda responsabilidad a el Midagri y a sus directores, funcionarios, empleados y representantes respecto de cualesquiera reclamos, demandas, acciones, perjuicios, sanciones, obligaciones, responsabilidades, pérdidas o gastos (incluyendo honorarios y gastos legales) que surjan de actuaciones judiciales”. 

A cambio de la transferencia, el Midagri se ha comprometido a realizar la puesta a punto del proyecto, que comprende obras de restauración de todo el sistema hidráulico de la primera etapa. En otras palabras, los trabajos requeridos para que el agua de la represa de Angostura llegué sin desperdiciar hasta las nuevas áreas irrigadas. 

El ministerio ya había propuesto la transferencia del proyecto en 2020, durante otra gestión regional. Sin embargo, los consejeros de aquel periodo no aprobaron el convenio. A decir de César Huamantuma Alarcón y Yesenia Choquehuanca Cruz, las negociaciones actuales aún están en una etapa inicial. 

Pese a ello, hay presión por parte del gobierno central para que el acuerdo se formalice lo más pronto posible. El pasado 20 de febrero, durante una sesión de consejo regional, los representantes locales sostuvieron una videoconferencia con la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras Álvares; representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, y del Ministerio de Economía y Finanzas. “La ministra pensaba que ese día íbamos a votar, pero ni siquiera nos habían pasado el convenio”, advirtió el consejero regional César Huamantuma Alarcón.

El ministerio ya había propuesto la transferencia del proyecto en 2020, pero fue reachazada por el gobierno regional".

Durante la sesión el viceministro de Economía, Daniel Barco Rondán, señaló que era necesario conseguir la titularidad del proyecto Majes Siguas antes de abril, mes en que se realiza la programación presupuestal. Aseguró que, en caso la transferencia se dé luego, no se podría garantizar el presupuesto para la ejecución del proyecto este año o el 2025. 

Eduardo Zegarra Méndez cuestionó la posición del Midagri, respecto a la captación de proyectos hidráulicos que se encuentran bajo la administración de gobiernos regionales. “El gobierno nacional está diciendo ‘yo tengo la billetera para hacer el proyecto y pásamelo’. Eso es una propuesta irresponsable porque no le compete asumir obras que están en una sola región”, señaló.

En cuanto a los cuestionamientos al gobierno regional, por no lograr ejecutar Majes Siguas en más de una década, el especialista en temas agrarios, refirió que el papel del ministerio debería ser del fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales y no de absorción de obras. “Si no ocurre lo que ya hemos visto, estos proyectos terminan en pocas manos, como pasó con Olmos”, afirmó. 

El proyecto Olmos irriga 43.500 hectáreas de terrenos eriazos en Lambayeque. Se trasvasaron las aguas del río Huancabamba, de la vertiente del Atlántico a la vertiente del Pacífico, a través de un túnel trasandino de 20 kilómetros. Las nuevas áreas ganadas para la frontera agrícola fueron subastadas a conglomerados como el Grupo Gloria, que compró 25.600 hectáreas a través de dos de sus subsidiarias, Corporación Azucarera del Perú (Coazucar) y Gloria.