*Con la colaboración de Priscila Hernández Flores

Tapachula, Chiapas, México. El peruano Warner Jonathan Miranda Cueva, de 29 años*, había recorrido alrededor de 100 kilómetros desde la frontera con Guatemala, a bordo de un camión, cuando una ráfaga de balas disparadas por militares del Ejército de México lo asesinaron la noche del pasado primero de octubre en el municipio de Villa Comaltitlán. Junto a él viajaban otros 32 migrantes de Egipto, Nepal, Honduras, Cuba, India, Pakistán y El Salvador. 

En Perú, Warner Jonathan Miranda era del centro poblado El Ron, en la provincia Utcubamba, Amazonas, y decidió migrar, les dijo a sus familiares, para buscar mejores oportunidades. Su tío, Alexander Cueva Burga, declaró a RPP que su sobrino –padre de dos niños– tomó la ruta Chiclayo (Perú)- Panamá- Guatemala- México, con el fin de llegar a los Estado Unidos. 

Además de Miranda Cueva, otros tres migrantes fallecieron en el lugar, y dos más, unas horas después en el hospital, debido a las graves heridas por los impactos de bala. Entre las víctimas había un adolescente de 17 años y un niño de 11.

Los cuerpos presentaban múltiples lesiones en la espalda, la cabeza y extremidades, provocadas por balas de fusiles de asalto (FX-05). Los proyectiles atravesaron fácilmente las rústicas paredes del camión. Los migrantes iban dentro con sus escasa pertenencias en mochilas y llevaban bolsas negras sobre sus cabezas para protegerse de la lluvia.

Los ráfagas de disparos de los militares atravesaron fácilmente las paredes del camión.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas dijeron en un primer momento que confundieron el camión que transportaba al grupo de migrantes con los vehículos que usan los grupos de narcotraficantes en esta parte de la frontera de México con Guatemala, y que luego de escuchar detonaciones comenzaron a disparar. Las imágenes que circularon horas después del hecho muestran al camión cubierto de perforaciones por el impacto de los disparos y los cuerpos de los migrantes sobre el suelo.

En el lugar, que forma parte de la carretera que une las ciudades de Villa Comaltitlán y Huixtla, en Chiapas, quedaron cuatro cuerpos acribillados y tendidos sobre el suelo. El vehículo que trasladó a los migrantes había tomado una ruta alterna, a través de un corredor montañoso que bordea el mar del Pacífico mexicano, para evitar el control del centro aduanal migratorio. 

La Fiscalía General de la República de México ha anunciado que el personal militar involucrado en la masacre “actualmente se halla bajo arresto e investigación por sus propias autoridades”. Por su parte, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos informó que los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), serán interrogados por el Ministerio Público.

AMENAZADOS. Los migrantes dicen que después del Tapón del Darién, la frontera sur mexicana es la más difícil de cruzar para llegar a Estados Unidos por los elevados riesgos que conlleva.

Foto: Policía estatal de Chiapas

Crisis humanitaria

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados (ACNUR), la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU en México y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su preocupación por los hechos. “Las personas en movilidad están expuestas a grandes riesgos durante su trayecto, por eso es indispensable contar con vías legales de acceso, tránsito e integración para evitar tragedias como esta”, dijeron de forma conjunta.

Estas muertes –que aún son investigadas por el gobierno mexicano– confirman lo que muchos migrantes señalan al llegar a Chiapas: “Después del Tapón o Selva del Darién [el territorio ubicado en la frontera de Panamá y Colombia], la frontera sur mexicana es la más difícil de cruzar para llegar a Estados Unidos”. 

El asesinato del peruano Warner Jonathan Miranda Cueva expone los riesgos y la violencia a la que son sometidos los migrantes durante los últimos años. Una investigación de la Red Transfronteriza de OjoPúblico, Migrar en Latinoamérica, identificó que durante los últimos años el número de ecuatorianos, chilenos, colombianos, brasileños y peruanos que atraviesan la selva del Darién en Panamá se ha elevado de manera considerable.

La migración de peruanos a través de Panamá es reciente. El año 2020 se registró solo a cuatro migrantes pasando por el Darién; y en el 2021, a ninguno. Pero desde el 2022 a julio del 2023, la cifra de peruanos alcanzaba las 3.200 personas.

Los números comenzaron a subir de mayo a noviembre del 2022. La búsqueda de oportunidades, sumado al freno del crecimiento económico y el aumento de la violencia urbana es el contexto de estas salidas.

La misma investigación periodística identificó que, de acuerdo a Oficina de Aduanas y Protección de la Frontera de Estados Unidos, entre enero y julio del 2023, alrededor de 39.200 peruanos fueron procesados en la frontera con México. Durante todo el 2022, el número total alcanzó a 76.166 peruanos. Esos números implican a personas intervenidas para ser deportadas y los que son detenidos temporalmente mientras su caso de migración se procesa.

Otro indicador relevante es el del número de peruanos desaparecidos en México. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), señala que al 10 de octubre de este año hay 57 hombres y 25 mujeres desaparecidos en México. 

Violencia desde el Estado

Pero no es la primera vez que estos hechos se producen. El 31 de octubre de 2021, una persona de nacionalidad cubana murió y otras dos fueron heridas, cuando un grupo de efectivos de la Guardia Nacional de México dispararon contra un vehículo donde se trasladaban 13 migrantes.

En un comunicado público, el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur –integrado por una red de 20 organizaciones defensoras de los derechos humanos de migrantes, procedentes de México, Estados Unidos y Centroamérica– señaló que estos hechos no son ni accidentales ni aislados, “son consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el Estado mexicano sigue implementando”. 

En el mismo documento, el colectivo responsabilizó al gobierno y denunció que estos hechos son “consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad, violentando y deshumanizando a las personas, poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida”.

Desde la primera gran caravana que reunió a más de cinco mil migrantes, la mayoría hondureños, en octubre del 2018, hasta este momento, la frontera sur de México con Guatemala ha sido un escenario de éxodos migratorios sin precedente alguno en la historia de esta región. 

Al 10 de octubre de este año hay 57 hombres y 25 mujeres peruanos desaparecidos en México. 

Esta crisis humanitaria expone la situación crítica de cada país de Centroamérica, del Caribe, Sudamérica y de otros continentes como África, Asia o Medio Oriente. 

De los 950 kilómetros de frontera que México comparte con Guatemala y Belice, 650 corresponden al estado de Chiapas. La mayoría de los cientos de miles de migrantes que ingresan a México buscan llegar a los Estados Unidos. 

MOVILIZADOS. Para reducir los riesgos, los migrantes hacen caravanas de miles de personas para cruzar juntos y a pie la frontera hasta el centro de México.

Foto: Isaín Mandujano

La ciudad mexicana más próxima a la frontera es Tapachula, y desde hace unos años han comenzado a llamar “ciudad cárcel”, porque miles de extranjeros llevan varados hace mucho tiempo a la espera de regularizar su situación en México o encontrar alguna ruta clandestina para llegar a Estados Unidos.

La desesperación de los migrantes es usada por las redes de traficantes de personas que los acechan para ofrecerles llevarlos al norte evadiendo los controles impuestos por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), una fuerza armada creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los migrantes de esta parte ingresan por Tecun Umán, municipio del departamento de San Marcos en Guatemala, a un costado del río Suchiate, que marca la frontera con México. Hay zonas donde cruzar este río no es complicado y desde ahí se internan hasta 41 kilómetros en territorio mexicano con el fin de dormir en Tapachula. Es en este punto donde empieza el camino más difícil.

El número de migrantes muertos y desaparecidos superan los cientos en toda la frontera. Tapachula concentra la mayor cantidad de casos de personas de todas las nacionalidades desaparecidas. Hasta mayo de 2024, la cifra alcanzó a 166 personas. Los grupos criminales que operan en la zona los asaltan, secuestran, extorsionan o asesinan. 

Para reducir los riesgos, los migrantes han impulsado la conformación de caravanas, movilizaciones de miles de personas, con el fin de cruzar juntos y a pie la frontera y llegar al centro de México, y de ahí a la frontera con Estados Unidos. En los últimos años estas caravanas se han incrementado.

La caravana de migrantes más reciente se integró el domingo seis de octubre, donde miles de migrantes rompieron la barrera y, desde Tapachula, avanzaron 41 kilómetros hasta la ciudad de Huixtla, pero la sombra de la represión por parte de las fuerzas armadas mexicanas provoca tensión y miedo en el grupo. Miles de hombres, mujeres, niños y niñas, de diversas nacionalidades, la mayoría de ellos jóvenes, cargan mochilas, y los padres caminan con sus hijos.
 

*Las autoridades mexicanas señalaron su edad en 50, pero en Perú sus familiares precisaron que tenía 29 años.