En Ecuador la Fiscalía General del Estado intervino esta semana a un grupo de policías –incluido un teniente coronel–, ciudadanos chinos y ecuatorianos por presuntamente integrar una red de tráfico de combustible destinado a la minería ilegal en la provincia amazónica de Napo.

Según la denuncia policial, esta red se dedicaba al almacenamiento, transporte, y comercialización de combustible que era transportado desde el cantón Joya de los Sachas hasta la empresa minera de capitales chinos Terraearth Resources SA., en el sector de Yutzupino.

Durante el operativo, realizado el 14 de mayo, la fiscalía no logró detener a tres ciudadanos chinos acusados también de cohecho. De acuerdo a la información oficial, estos fueron protegidos por decenas de comuneros que operan en la minería ilegal en Yutzupino.

En esta zona, hasta el 2023, se reportó una deforestación acumulada desde el 2021 por minería ilegal de 125 hectáreas. Los sitios mineros ubicados alrededor del río Napo sumaban 490 hectáreas desde el 2017, según el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP).

En la confluencia de los ríos Jatunyaku y Anzu, que forman el río Napo, se encuentra la zona del Yutzupino, enclave de la minería ilegal desde finales de 2021.

IMPACTO. Análisis satelital muestra el avance de la pérdida de bosque por minería en la provincia ecuatoriana de Napo. 

Mapas: MAAAP

Según la información de la Fiscalía, este grupo de policías desviaba el combustible hacia la empresa de capitales chinos Terraearth Resources SA, ubicada en Napo, acusada de trabajar con mineros ilegales en su concesión. 

La hipótesis fiscal sostiene que funcionarios de la empresa TerraEarth pagaban para que la policía agilizara los trámites de transporte y venta del combustible que tenía como destino la minería ilegal. El operativo se extendió a las provincias de Pichincha y Orellana.

Durante la intervención se detuvo a ocho personas, seis de ellos policías en servicio activo. Según el reporte policial de la zona, durante la intervención a las instalaciones de Terraearth Resources, no se pudo detener a tres ciudadanos de nacionalidad china, porque uno de ellos se escondió en una habitación blindada y desde ahí disparó contra la policía. 

A la zona también llegaron aproximadamente 200 comuneros, quienes –según el informe de la intervención– impidieron la labor de la policía. “Con la finalidad de precautelar la seguridad física de personal policial y fiscalía”, se lee en el parte policial al que esta alianza periodística accedió, procedieron a retirarse del lugar si lograr concretar la orden de allanamiento y detención.

Este operativo se ejecutó como parte de una investigación que comenzó hace seis meses por el delito de cohecho, que incluye además delitos “en contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles”.

EXTRACCIÓN.  En provincias amazónicas del Ecuador, la minería ilícita de oro avanza con la complicidad de efectivos policiales de la zona.  

Foto: OjoPúblico / Segundo Espín. 

De acuerdo con la información oficial, se trata de una estructura integrada por diez policías, siete ecuatorianos y tres ciudadanos chinos, que almacenaban combustible ilegal para luego venderlo y ser usado en las actividades mineras de la compañía TerraEarth. Según la Fiscalía, la empresa también sería parte de la red de corrupción.

Como parte de la intervención, se incautaron 12 teléfonos móviles, USD 4.000 en efectivo, documentos, una computadora y un arma con municiones.

El mes pasado, OjoPúblico y Vistazo como parte de la serie investigativa en América Latina sobre Las rutas del oro ilegal, reveló que desde el 2014 hasta 2023, se exportaron más de 3.000 toneladas de oro de origen sospechoso desde cinco países de la región amazónica, entre ellos Ecuador. 

En el caso de Ecuador, se detalló cómo el crimen organizado había tomado el control de varias minas ilegales, a través del grupo armado Los Lobos y reveló cómo el proceso judicial que involucra a un exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Energía ha dejado al descubierto la complicidad de las autoridades con estas actividades ilícitas.
 

Polémica licencia ambiental
 

TerraEarth es una empresa minera de capitales chinos que consiguió licencia ambiental para su proyecto de más de 7.000 hectáreas, en Napo, a pesar de los serios cuestionamientos por los impactos ambientales ocasionados en la zona de Yutzupino. Actualmente, la compañía tiene derecho sobre las concesiones Talag, Anzu Norte, El Icho y Confluencia, a orillas del río Napo, muy cerca de Tena, capital de la provincia.

Una de las principales acusaciones en contra de la empresa es que ha permitido que grupos que se dedican a la minería ilegal continúen extrayendo materiales de concesiones a su cargo, en las que las operaciones estaban suspendidas por orden del gobierno de Ecuador.

Sin embargo, el año pasado, el mismo gobierno de Ecuador le otorgó licencia ambiental a la minera para su proyecto Tena.

En febrero de 2023, en una comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, José Dávalos, entonces viceministro de Ambiente, dijo que las suspensiones previas no daban argumentos para cerrar la puerta a TerraEarth para una nueva concesión, porque la legislación ecuatoriana no permitía “discriminar a nadie por ninguna razón”.

La empresa china se ha defendido diciendo que está trabajando en la remediación ambiental en la zona. Colectivos locales señalan que TerraEarth compra a los ilegales el oro que sacan de sus concesiones.

De hecho, el Cuarto Informe del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, publicado a mediados de julio de 2023, señaló a TerraEarth entre los 28 proyectos chinos en Latinoamérica y ocho en Ecuador que están afectando los derechos humanos y de la naturaleza.