Luego de 24 años de discusiones, los países miembros del organismo internacional de las Naciones Unidas que regula la propiedad intelectual llegaron a un acuerdo para atajar la biopiratería, como se le conoce a la apropiación ilegal de propiedad intelectual o recursos genéticos sin el consentimiento de comunidades locales y pueblos indígenas. 

El nuevo tratado, firmado a finales de mayo, es el primer acuerdo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que aborda el impacto del sistema de patentes de los países más ricos sobre los pueblos indígenas. El tratado además revive discusiones sobre la reivindicación del conocimiento ancestral ante la COP16 de la Biodiversidad en Cali, Colombia, donde se espera que los líderes discutan la repartición equitativa de los recursos naturales.

"Podemos demostrar que no hay contradicción alguna entre un régimen de PI [propiedad intelectual] sólido y previsible […] y uno que responda a las necesidades de todos los países y sus comunidades en todas partes, incluidas las de Pueblos Indígenas y comunidades locales", dijo el director general de la OMPI Daren Tang durante la apertura de la conferencia diplomática en Ginebra, donde se firmó el tratado.

A pesar de que varios sectores aplaudieron la medida como un paso positivo hacia el respeto del conocimiento de las comunidades indígenas, algunos expertos en propiedad intelectual y la Amazonía señalaron en entrevistas con OjoPúblico que el tratado no es muy útil para situaciones prácticas de biopiratería.

El aporte más importante del acuerdo dispone que cuando la reivindicación de una nueva solicitud de patente (es decir, la parte de la solicitud donde se define específicamente lo que el inventor considera que es nuevo sobre su invención) esté basada en recursos genéticos o conocimientos ancestrales, los solicitantes deberán divulgar el país de origen o la fuente de estos recursos.

Pero entre las grandes deficiencias del acuerdo para una zona como la Amazonía, donde se han documentado casos de biopiratería de manera continua desde la colonización europea, es que no se pueda aplicar de forma retroactiva. Y aunque ha sido firmado por más de 30 países –incluyendo a Perú, México, Chile, Colombia, Brasil, Nicaragua, Paraguay y Uruguay– el tratado solo podrá entrar en vigor una vez sea ratificado por 15 países. El acuerdo solo aplicará de cara al futuro. 

Además, los lugares con los sistemas de patentes más robustos, como Estados Unidos y Europa, no han firmado el tratado.

La Amazonía y la bioprospección

Entre los casos más emblemáticos de biopiratería en la Amazonía está el del científico estadounidense Loren Miller. A mediados de los años ochenta, Miller patentó una planta de ayahuasca (Banisteriopsis caapi), nativa de la Amazonía, que se ha utilizado por comunidades locales hace más de mil años. A pesar de las críticas de organizaciones indígenas de Ecuador, Perú y Brasil, la oficina de patentes de Estados Unidos canceló una revocatoria inicial de la patente. La patente venció finalmente en el 2003.

En Perú, la sangre de grado y la maca son los productos que más aparecen en patentes de nuevos inventos en países fuera de la región. Una investigación de OjoPúblico, realizada en 2021, identificó que en las últimas décadas se registraron más de 180 casos de biopiratería, de ese número 38 fueron detectados ese mismo año.

Según la Comisión Nacional contra la Biopiratería (CNB) en Perú, para el año 2022 la comisión identificó un total de 246 casos de biopiratería en sistemas de patentes alrededor del mundo desde su creación en el 2004. Los casos están relacionados al uso indebido de 41 recursos genéticos de origen peruano.

En Brasil, un estudio reciente encontró que 11 patentes en países desarrollados habían utilizado información apropiada de comunidades indígenas durante un "experimento antropológico" sobre la secreción de la Phyllomedusa bicolor, una pequeña rana verde cuya secreción ha sido utilizada durante generaciones por varios pueblos amazónicos como analgésico y antibiótico.

BIOPIRATERÍA. La sangre de grado es uno de los productos de la Amazonía peruana más citados en solicitudes de patentes de otros países.

Foto: Agencia Andina

"Lo que está pasando es una apropiación de recursos biológicos a gran escala. Entonces, aunque haya más justicia en todo este reconocimiento, termina siendo un proceso de apropiación por parte de empresas y de instituciones principalmente occidentales", opinó Michael Schmidlehner, un activista ambiental que ha trabajado con comunidades indígenas en Brasil sobre el tema de biopiratería.

Schmidlehner señaló que muchas veces en la bioprospección, o como se denomina al proceso de explorar e investigar organismos vivos, existe una colaboración de científicos o investigadores y las comunidades locales. "La compañía farmacéutica [por ejemplo], tiene muchas más posibilidades de encontrar nuevos ingredientes activos cuando acuden a los pueblos indígenas. Esto es algo conocido", dijo.

En muchos casos, nuevos descubrimientos con orígenes en zonas habitadas por pueblos nativos tienen pocas probabilidades de ser invenciones originales o es difícil precisar de dónde realmente origina un recurso o un conocimiento y recibir el consentimiento previo.

"Tenemos esta pluralidad de conocimientos tradicionales, esta imposibilidad muchas veces de revelar un origen. Entonces, ¿qué es realmente este concepto de consentimiento previo libre e informado? ¿Qué se supone que debe ser? Eso es muy complicado", añadió Schmidlehner, quien vive en Brasil.

¿Quién define el conocimiento ancestral?

Según Luiz Ricardo Marinello, abogado de propiedad intelectual en Brasil, el acuerdo de la OMPI es una señal de que los países quieren enfrentar la conservación de la Amazonía. No es el primer tratado internacional que aborda el tema de la biopiratería, pero es el primero que obliga a los solicitantes de patentes que identifiquen el origen del recurso o conocimiento.

En el 2010, durante la COP 10 de la Biodiversidad en Japón, se adoptó el Tratado de Nagoya, que aborda la repartición de beneficios que deriven del uso de recursos genéticos. En ese acuerdo, ya existe la obligación de que cada país decida cómo se distribuyen los beneficios a las comunidades originarias. "Dejan a cada país definir cómo se debe hacer la distribución de beneficios, si debe pagarse al gobierno o directamente a las comunidades. Cada país tiene sus propias reglas al respecto", explicó Marinello a OjoPúblico.

Sin embargo, Marinello acepta que una gran deficiencia del nuevo acuerdo es que no define lo que significa un "conocimiento tradicional".

 "La legislación de Brasil y la de varios países lo define, pero globalmente no hay un concepto claro sobre lo que constituye el conocimiento tradicional asociado. Te puedo decir que eso es un problema", explicó.

Marinello hace énfasis en que habían dos opiniones muy distintas durante las discusiones en Ginebra, la sede de la OMPI: los países megadiversos querían que cualquier mención en la patente que incluyera recursos genéticos o conocimientos tradicionales ya fueran suficientes para obligar a los solicitantes a indicar el origen. Mientras tanto, los países más ricos querían que la definición fuera menos amplia y que solo se considerara en la parte de la reivindicación de una patente. 

"Esto fue más restrictivo. Los países desarrollados ganaron en este aspecto porque querían que fuera más restrictivo y eso fue lo que se aprobó", dijo. Y si el solicitante no sabe el origen del recurso genético o del conocimiento tradicional, el acuerdo plantea una solución.

¿Qué es realmente este concepto de consentimiento previo libre e informado? ... Eso es muy complicado".

"En una situación como esta, el solicitante tendrá que hacer una declaración de que no tiene el conocimiento. Sin embargo, una de las obligaciones de este tratado fue la posibilidad para los países y las oficinas de patentes locales de crear bases de datos para aumentar este tipo de información y evitar la situación de 'Ah, no sé de dónde viene. Ah, no sé quién es el titular'", dijo Marinello.

Contradicciones 

El Perú es uno de los países que más esfuerzos ha hecho para perseguir la biopiratería. Con una ley en el 2004, se creó la CNB, integrada por miembros de varios ministerios y del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

"Es necesario contar con estas bases de datos para incrementar la cantidad de información sobre qué países son titulares de ciertos recursos genéticos y cuáles son los pueblos y comunidades tradicionales que poseen ciertos conocimientos tradicionales asociados", explicó Marinello.

Andrés Valladolid Cavero, que preside la comisión en Perú, dijo durante una presentación en 2020 que Perú ha tenido éxito en muchos de los casos que ha apelado ante las oficinas de patentes.

"La ventaja con China y con Japón es que han ratificado el Protocolo de Nagoya, y a través de esta nueva herramienta normativa se puede ejercer una mayor presión; sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado ningún convenio vinculante, entonces, la cosa es un poquito más complicada, pero igual presentamos nuestras observaciones y siempre nos han respondido de manera correcta", dijo Valladolid en aquel momento.

AYAHUASCA. Esta planta fue patentada por un científico estadounidense en los años ochenta, a pesar de las denuncias de pueblos indígenas de la Amazonía.

Foto: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)

Marinello, quien estuvo en Ginebra durante las discusiones del tratado de la OMPI, dice que a pesar de todas las deficiencias, sí opina que el tratado es un paso positivo. "Quiero ser optimista sobre esto, que los países están viendo con otros ojos la necesidad de mantener el bosque vivo, mantener el bosque en pie, y solo a través del empoderamiento y el respeto a los derechos de los pueblos, esto puede ser posible", opinó.

Schmidlehner no está de acuerdo. Opina que el tratado deja de lado muchos detalles para combatir la biopiratería en campo e hizo referencia a las palabras de Tang, el director general de la OMPI.

"Dijo que esto resuelve la contradicción entre la cultura de las patentes y la cosmovisión indígena. Y creo que es muy ingenuo decir esto, porque es una contradicción muy profunda. La cultura de las patentes es algo totalmente occidental y capitalista, es decir, es una parte fundamental de la economía capitalista. Y por supuesto, para los pueblos indígenas, tienen una forma muy diferente de manejar el conocimiento", señaló.