Por Daniel Politi

Por primera vez en más de un siglo, las mujeres en Argentina pueden abortar legalmente, pero ese cambio histórico en la ley puede servirles de poco en hospitales como el de la provincia norteña de Jujuy, donde todos los obstetras, excepto uno, tienen una respuesta simple: no.

Los opositores al aborto se tambalean después de que la medida que legaliza el procedimiento se convirtiera en ley en diciembre, pero no se han rendido. Han interpuesto demandas alegando que la nueva ley es inconstitucional. Y se han asegurado de que los médicos sepan que pueden negarse a interrumpir los embarazos, un mensaje que está siendo acogido por muchos en las zonas rurales.

“Ya está la ley, es una realidad, pero eso no quiere decir que tenemos que estar quietos”, dijo Gloria Abán, una médica general y opositora al aborto que recorre los remotos valles Calchaquíes de la provincia de Salta para ver a sus pacientes. “Tenemos que ser proactivos”.

En la vecina Jujuy, 29 de los 30 obstetras del hospital Materno Infantil Héctor Quintana se han declarado objetores de conciencia, tal y como permite la ley. También lo han hecho casi todos los 120 ginecólogos que hay en la provincia, dijo Rubén Véliz, jefe del departamento de obstetricia del Héctor Quintana.

“Realmente estamos parados en el ojo del huracán”, dijo.

La ley del aborto de Argentina supuso un gran cambio para los derechos reproductivos en América Latina, que cuenta con algunas de las leyes sobre el aborto más estrictas del mundo, lo que impulsó movimientos para ampliar el acceso al aborto seguro en Colombia, México y Chile.

ARGENTINA. Partidarias del derecho al aborto celebraron en Buenos Aires cuando Argentina se convirtió en el mayor país de América Latina en legalizar el aborto.

Foto: Sarah Pabst / The New York Times

Pero incluso los funcionarios del gobierno del presidente Alberto Fernández, que presentó el proyecto de ley, reconocen que queda mucho trabajo por hacer para garantizar que las mujeres puedan acceder al procedimiento. “La militancia va a tener que militar la implementación”, dijo en una entrevista Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina.

La ley, que entró en vigor el 24 de enero, permite interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas. Hasta entonces, el aborto, que se prohibió cuando Argentina aprobó su primer código penal en 1886, solo era legal en caso de violación o si el embarazo suponía una amenaza para la salud de la madre.

En los últimos días, los activistas antiaborto —que lucharon sin éxito mientras los legisladores debatían la medida— han recurrido a los tribunales, presentando demandas en al menos diez provincias para que la nueva ley sea declarada inconstitucional.

Ganaron una primera escaramuza en la provincia norteña de Chaco, donde una jueza dictó una medida cautelar que impedía la entrada en vigor de la ley a finales del mes pasado. Pero los activistas del derecho al aborto esperan imponerse en los tribunales.

“Era de esperar que algunos sectores tomaran la decisión de acudir a los jueces para intentar bloquear la ley”, dijo Vilma Ibarra, secretaria legal del presidente, quien redactó el proyecto de ley del aborto y desempeñó un papel clave en su aprobación.

También se espera, dijo, que uno de los casos llegue a la Corte Suprema de Justicia, y que esta confirme la ley: “No tenemos ninguna duda”.

Pero los tribunales no son el mayor obstáculo.

La ley enfrenta una amplia oposición entre los médicos de las zonas rurales, especialmente en las provincias del norte, donde las iglesias católicas y evangélicas tienen una influencia considerable.

“En mi hospital, alrededor del 90 por ciento de los profesionales de la salud somos objetores de conciencia”, dijo Mirta Gisela Reynaga, ginecóloga de la provincia de Tucumán y activista antiaborto.

Los activistas del derecho al aborto afirman que los funcionarios federales y estatales han tardado en elaborar planes para poner en práctica la nueva ley, en especial en las zonas conservadoras. Esto, dicen, ha dado ventaja a sus oponentes.

“Las personas que están en contra de la ley son mucho más rápidas que el ministerio y están presionando a la gente a firmar la objeción de conciencia”, dijo Cecilia Ousset, ginecóloga de Tucumán, una provincia conservadora conocida por sus políticas restrictivas sobre la interrupción del embarazo.

Ousset se vio envuelta en las guerras del aborto en Argentina en 2019 tras asistir a una niña de 11 años que fue violada, pero a la que se le negó un aborto. El bebé nació por cesárea, pero murió poco después. El caso levantó pasiones en todo el país.

La ley enfrenta una amplia oposición entre los médicos de las zonas rurales, especialmente en las provincias del norte".

Los funcionarios dicen que la oposición de los médicos tendrá un impacto limitado porque la gran mayoría de los abortos dentro de las primeras 14 semanas de embarazo se realizan con píldoras y no requieren un procedimiento médico. Incluso cuando se necesite un procedimiento, dijeron, habrá formas de sortear los obstáculos.

“La práctica está garantizada porque si en algún hospital no hay profesionales que no sean objetores de conciencia vamos a trasladar a la paciente”, dijo Claudia Castro, quien dirige el área de Salud de la Mujer de la dirección general de Maternidad e infancia de Jujuy.

En las zonas rurales, sin embargo, puede resultar difícil para las mujeres pedir ayuda en primer lugar.

María Laura Lerma, psicóloga de la Quebrada de Humahuaca, un remoto valle montañoso de Jujuy, dijo que los médicos a menudo intentan asustar a las mujeres embarazadas para que no aborten. Los trabajadores de la salud, dijo, “le dicen a chicas jóvenes que su feto se va a convertir en duende”.

“Es una de las varias creencias populares que está en el imaginario colectivo”, dijo Lerma, que pertenece a una coalición por el derecho al aborto de proveedores de atención a la salud.

Hace poco, dijo Lerma, una mujer de unos 20 años vino a verla y le dijo que estaba aterrada ante la perspectiva de abortar porque un ginecólogo le había dicho que le causaría cáncer.

Los activistas antiaborto han presentando demandas en, al menos, diez provincias para que la ley sea declarada inconstitucional".

Mientras trabajan para mejorar el acceso al aborto en las zonas rurales, los activistas también tratan de eliminar los antecedentes penales de cientos de mujeres que fueron acusadas de delitos relacionados con el aborto en los últimos años. El Centro de Estudios Legales y Sociales, un grupo de derechos humanos que hizo campaña a favor de la legalización del aborto, dijo que desde 2012 hasta 2020, hubo más de 1.500 procesos judiciales directamente relacionados con el aborto y 37 por “eventos obstétricos” que normalmente se refiere a abortos espontáneos.

La primera categoría puede ser más fácil de manejar. Dado que el aborto está ahora permitido, cualquier caso pendiente puede ser desechado, aunque “no va a ser tan automático”, dijo Diego Morales, un abogado del centro de defensa de derechos humanos.

Los activistas quieren asegurarse de que incluso los casos que no hayan dado lugar a condenas sean eliminados.

“La cantidad de condenas es muy baja, pero el proceso penal opera en sí mismo como una pena por el estigma”, dijo Soledad Deza, una abogada de Tucumán que ha representado a muchas mujeres acusadas de haber abortado.

El mayor desafío son los cargos relacionados con los llamados eventos obstétricos, presentados después de que las mujeres informan sobre mortinatos o abortos espontáneos tardíos. Algunos fiscales han tratado estos casos como asesinatos.

Victoria Tesoriero, alta funcionaria del Ministerio del Interior, dijo que esto formaba parte de una estrategia del sistema judicial “misógino” para “ocultar la situación” de que las mujeres eran efectivamente acusadas por abortos espontáneos.

Natalia Saralegui Ferrante, profesora de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue coautora de un libro publicado el año pasado que sacó a la luz lo comunes que se habían vuelto estos juicios. A veces, dijo, las mujeres dicen que ni siquiera sabían que estaban embarazadas, “pero nadie les cree”.

“En nuestro sistema jurídico debería haber una presunción de inocencia”, dijo Saralegui Ferrante, “pero en estos casos es al revés, hay una presunción de culpabilidad”.

Una mujer, Rosalía Reyes, fue puesta bajo arresto domiciliario tras ser condenada a ocho años. Dice que sufrió un aborto cuando estaba embarazada de siete meses.

Los jueces lo declararon asesinato.

Como madre de cuatro hijos, los jueces razonaron que Reyes debería haber sabido cómo cortar el cordón umbilical, aunque perdió tanta sangre que se desmayó, según su abogada, Fabiana Vannini.

Vannini espera que ahora se pueda reabrir el caso. La nueva ley, argumenta, hace algo más que legalizar el aborto.

“También cambia el paradigma de lo que es una mujer y quién tiene el control sobre su cuerpo, su útero”, dijo la abogada.

@2021 The New York Times Company