Por Julie Turkewitz

Con una franca y dura admisión, la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, contradijo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, respecto al origen de las protestas mortíferas que convulsionan al país. Esta semana, la funcionaria dijo que “no tenemos ninguna evidencia” de que las protestas estuvieran siendo impulsadas por grupos delincuenciales.

Las protestas, que iniciaron luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo, han agitado a Perú durante casi dos meses y ha traído como resultado casi 60 fallecidos —la mayoría civiles—. Además, ha dividido profundamente al país en torno a los problemas del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, la desigualdad y la corrupción. 

Una estrategia central de la nueva y cada vez más intransigente presidenta del país, Dina Boluarte, ha sido asegurar que los manifestantes más violentos están organizados por grupos de narcotraficantes, la industria de la minería ilegal y los activistas políticos en la vecina Bolivia.

Sus críticos dicen que la estrategia está diseñada para socavar las protestas mientras intenta presentarse como garante del orden. Pero el reconocimiento de la ministra de Relaciones Exteriores podría golpear aún más la credibilidad de un gobierno que ya está en dificultades, incluso cuando la canciller insistió en que se hallarían las pruebas.

Apenas hace una semana, horas antes de las marchas en Lima, Boluarte sencillamente acusó a criminales de impulsar las protestas en un mensaje a la nación. “Eso no es una protesta pacífica. Eso es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales”, dijo, que tienen una agenda política y económica “basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando”.

Esos señalamientos han hallado eco en funcionarios electos, se han repetido en los principales medios de comunicación y propagado en las redes sociales, ayudando a delinear los contornos de un conflicto social que se agudiza.

“Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”, dijo Gervasi.

Pero en una entrevista con The New York Times, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, dijo esta semana que el gobierno no contaba con pruebas que respalden dichos señalamientos. Comentó que los investigadores estaban trabajando en encontrarlas.

“Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”, dijo Gervasi.

“Están siendo financiados, definitivamente por alguien”, dijo de los manifestantes, y añadió que los grupos criminales “son los que se benefician del caos que hay en el país”.

Las protestas estallaron en Perú a principios de diciembre luego de que su expresidente, Pedro Castillo, un izquierdista sin experiencia política previa a nivel nacional y quien prometió atender los problemas históricos de la pobreza, intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto, una medida considerada ampliamente como un intento de golpe de Estado.

RECLAMOS. Las protestas iniciaron en las regiones del sur del país, y en enero se intensificó también en Lima, la capital de Perú. 

Imagen: The New York Times

En aquel momento, Castillo estaba siendo investigado por corrupción e incluso sus seguidores lo criticaban por el mal manejo de su gestión.

Con una denuncia de la fiscal de la Nación, abandonado por sus propios funcionarios y sin el apoyo de las fuerzas armadas, Castillo fue arrestado poco después y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte. 

Pero en las semanas siguientes, muchos de los partidarios de Castillo salieron a la calle, varios de ellos afirmando que se les había arrebatado el derecho de ser gobernados por el hombre al que habían elegido. Las marchas crecieron y los manifestantes pidieron a los funcionarios que abordaran un problema mucho mayor: una democracia que, consideran, solo funcionaba para la élite.

Algunos manifestantes eran pacíficos, pero otros incendiaron edificios gubernamentales y ocuparon aeropuertos; un policía fue quemado vivo y otros fueron tomados como rehenes. La respuesta de la policía y el ejército, a los que grupos de derechos humanos han acusado de disparar indiscriminadamente contra los manifestantes, no ha hecho sino exacerbar la ira.

Unas 57 de las 58 personas que han muerto en los disturbios eran civiles, según la oficina de la Defensoría del Pueblo.

Boluarte es una antigua aliada de Castillo, pero sus críticos la han acusado de ser una presidenta débil que trabaja a las órdenes de un Poder Legislativo egocéntrico y desconectado de la realidad. El 75% del país cree ahora que Boluarte debería renunciar, según una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

En las últimas semanas, las acciones de su gobierno han sido cada vez más objeto de críticas. El ejército ha ocupado durante semanas la plaza principal del centro de la capital, habitualmente utilizada para protestar. El 21 de enero, más de 500 agentes irrumpieron en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, empleando un vehículo similar a un tanque para derribar una puerta y detener aproximadamente a 200 manifestantes y estudiantes, todos los cuales, excepto uno, fueron liberados al día siguiente por falta de pruebas.

Pronto circularon videos de un oficial de la policía grabándose a sí mismo declarando la victoria sobre “los terroristas” mientras los detenidos estaban boca abajo en el suelo.

Delegaciones. Ciudadanos de las regiones del sur del país se instalaron unos días en la universidad San Marcos, pero luego fueron desalojados por la policía. 

Imagen: The New York Times

En la entrevista, Gervasi, la ministra de Relaciones Exteriores, dijo que la presidenta trabajaba hacia una solución pacífica a los disturbios, y había estado presionando al Congreso para adelantar unas nuevas elecciones, una demanda clave de los manifestantes. (Las próximas elecciones están previstas actualmente para 2026).

El jueves, el Congreso rechazó un tercer intento de algunos legisladores de fijar las nuevas elecciones para 2023.

Gervasi también dijo que, en aras de la rendición de cuentas, el país había recibido visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional. La Fiscalía de la Nación investigará las 58 muertes, añadió.

Pero era importante señalar, dijo, que “el gobierno no ha dado la orden a la policía o al ejército de disparar a los manifestantes. Eso no sucedió”.

Omar Coronel, quien estudia las protestas y los movimientos sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dijo que el discurso en torno a los actores ilegales que financian las manifestaciones se ha utilizado desde la década de 1990 para deslegitimar las protestas que normalmente carecen de una organización centralizada.

En medio de las manifestaciones actuales, dijo que las empresas y las organizaciones comunitarias han financiado a veces el transporte, la comida y el alojamiento de los manifestantes que se dirigían a Lima. A menudo consideran el apoyo como “un asunto de responsabilidad social local, apoyar las protestas” en zonas que ya se están manifestando, “para quedar bien con su comunidad”, comentó.

Pero no ha visto pruebas de que los grupos ilegales estén convenciendo a los peruanos para que salgan a las calles.

Las protestas, que comenzaron en las zonas rurales con el apoyo de los ciudadanos indígenas más pobres, han paralizado zonas del país, al cerrar carreteras, explotaciones mineras y el turismo. Las manifestaciones se han centrado no solo en Castillo, sino en la arraigada disfunción política —ha habido seis presidentes desde 2016— y en problemas profundamente arraigados de desigualdad entre los 33 millones de habitantes del país.

La tensión en Perú se ha visto exacerbada por la respuesta de otros líderes de izquierda latinoamericanos, varios de los cuales han anunciado su apoyo a Castillo y pedido su liberación.

El gobierno de Boluarte ha prohibido la entrada al país del expresidente boliviano Evo Morales, un incondicional de la izquierda, alegando que había entrado anteriormente en Perú “para efectuar actividades de índole política proselitista”.

El 13 de enero, Boluarte afirmó que las armas empleadas en las protestas procedían de Bolivia. 

“Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú”, dijo en un mensaje a la nación. “Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas.”

*Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, Colombia, y Mitra Taj, desde Lima, Perú.