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Por Adam Liptak
La jueza Amy Coney Barrett, elegida por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos, ha compilado un historial de votación conservador casi uniforme en casos relacionados con el aborto, el derecho a las armas, la discriminación y la inmigración. Con su confirmación, podría mover al tribunal leve pero firmemente hacia la derecha, lo que hará menos probable el compromiso y pondrá en riesgo el derecho al aborto establecido en Roe vs. Wade.
Las opiniones judiciales de la jueza Barrett, basadas en una muestra sustancial de los cientos de casos que ha considerado en sus tres años en la corte federal de apelaciones de Chicago, están marcadas por el cuidado, la claridad y el compromiso con los métodos interpretativos utilizados por el juez Antonin Scalia, el gigante de la jurisprudencia conservadora para quien trabajó como asistente legal de 1998 a 1999.
Pero mientras que los métodos del juez Scalia lo llevaron ocasionalmente a resultados liberales, sobre todo en casos de quema de banderas y el papel de los jurados en casos penales, la jueza Barrett podría ser de un tipo diferente.
“Puede que haya menos sorpresa de alguien como ella que del juez Scalia”, dijo Brian T. Fitzpatrick, exasistente legal del juez y profesor de derecho en la Universidad de Vanderbilt. “Ella simpatiza con los métodos del juez Scalia, pero no tengo la sensación de que vaya a ser una líder filosófica sobre cómo se deben ejecutar esos métodos”.
Un área en la que casi nadie espera sorpresas es el aborto. Trump ha prometido nombrar jueces dispuestos a invalidar Roe vs. Wade, la decisión de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Los grupos que se oponen al aborto han defendido la nominación de la jueza Barrett. Y sus textos académicos y judiciales se han mostrado escépticos ante las amplias interpretaciones del derecho al aborto.
La jueza Barrett sin duda les dirá a los senadores que la decisión de Roe es un precedente asentado, como lo hizo cuando Trump la nominó a la corte de apelaciones en 2017. Y es posible que la Corte Suprema no escuche un desafío directo a Roe en el corto plazo y prefiera considerar casos que podrían socavar el derecho al aborto.
Pero cuando llegue el día, muchos de los partidarios de la jueza Barrett están convencidos de que ella no dudará. El juez Scalia escribió que la Constitución no tiene nada que decir sobre el aborto y que los estados deberían poder decidir la cuestión por sí mismos. No hay razón para creer que la jueza Barrett no esté de acuerdo.
Por supuesto, invalidar un precedente importante no es una labor pequeña. Pero la jueza Barrett ha indicado que algunos precedentes son más dignos de respeto que otros.
En un artículo de revisión de leyes de 2013, examinó el papel de la doctrina de stare decisis, que en latín significa “estar de acuerdo con las cosas decididas” y es la abreviatura de respeto por los precedentes. La doctrina, escribió la jueza Barrett, “no es una regla estricta en los casos constitucionales de la corte”, y agregó que su poder disminuye cuando el caso bajo revisión es impopular.
“La respuesta pública a casos controvertidos como el de Roe”, escribió, “refleja el rechazo público a la propuesta de que el stare decisis pueda declarar un vencedor permanente en una lucha constitucional divisiva”.
El profesor Fitzpatrick dijo que estaba seguro de una cosa. “Tengo la certeza de que ella piensa que Roe vs. Walde no es una decisión bien razonada de la Corte Suprema”, dijo. “La pregunta difícil es si ella estaría dispuesta a revocarla”.
En las próximas semanas, meses y años, es posible que la Corte Suprema tenga que sopesar cuestiones tan variadas y de peso como las elecciones presidenciales, el destino de la acción afirmativa, la estructura del estado administrativo y el papel que los tribunales pueden desempeñar en la lucha contra el cambio climático. La jueza Barrett no ha escrito opiniones importantes en ninguna de esas áreas, y, en cualquier caso, las opiniones expresadas por los jueces de los tribunales de apelación no siempre predicen sus posiciones cuando ascienden a la Corte Suprema.
A continuación, se presentan algunas de las opiniones de la jueza Barrett en casos importantes del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito y lo que sugieren sobre su impacto en su futuro en la Corte Suprema.
Aborto
La jueza Barrett ha considerado tres leyes que restringen el aborto en su estado natal, Indiana. En los tres casos, ella expresó sus dudas sobre los fallos anteriores de los jueces de apelación que habían anulado las leyes.
En un caso, su tribunal mantuvo vigente un fallo que anuló una ley que hacía más estrictos los requisitos para notificar a los padres de menores que deseaban abortar. La jueza Barrett estaba del lado perdedor, al unirse a la opinión de que el fallo era prematuro y que se debería haber permitido que la ley entrara en vigor para evaluar su impacto real.
Citando el “estado no resuelto de las impugnaciones previas a la aplicación de la ley en el contexto del aborto”, la opinión pedía al pleno del tribunal que abordara la cuestión. “Impedir que una ley estatal entre en vigor es un acto judicial de extraordinaria gravedad en nuestra estructura federal”, decía el dictamen.
El juez Kavanaugh también discrepó de tales impugnaciones previas a la aplicación de la ley en un disenso en el caso más reciente de la Corte Suprema sobre el aborto, que anuló una ley restrictiva de Louisiana. En julio, la Corte Suprema envió el caso de Indiana de nuevo a la corte de apelaciones para su reconsideración a la luz de la de Louisiana.
La jueza Barrett también se unió al disenso en 2018 en relación con otras dos leyes de Indiana, una que prohíbe los abortos solicitados únicamente por el sexo o la discapacidad del feto y la otra que exige a los proveedores de abortos enterrar o incinerar los restos fetales. Ambas habían sido bloqueadas por un panel de tres jueces.
“Ninguna de las decisiones de la corte sobre el aborto sostiene que los estados no tienen ningún poder para prevenir abortos diseñados para elegir el sexo, la raza y otros atributos de los niños”, decía el disentimiento. Añadió que la ley de restos fetales era totalmente irracional. “El panel ha considerado inválido un estatuto que se sostendría si se tratara de los restos de gatos o jerbos”, dijo el disentimiento.
En 2019, la Corte Suprema rechazó la apelación del estado sobre la primera ley y confirmó la ley de restos fetales.
Durante sus audiencias de confirmación para el Séptimo Circuito, la jueza Barrett insistió repetidamente en que un juez no debe imponer sus convicciones personales a la ley. También dijo varias veces que, como juez de la corte de apelaciones, seguiría el precedente de la Corte Suprema sobre el aborto.
El cuidado de la salud
El 10 de noviembre, una semana después del día de las elecciones, la Corte Suprema escuchará los argumentos sobre el último desafío a la Ley de Atención Médica Asequible. Con su confirmación, la jueza Barrett estará en el banquillo para escuchar el caso.
Desde que el juez Roberts, el presidente de la Corte Suprema, se unió al ala liberal de cuatro miembros del tribunal para rechazar los esfuerzos de desmantelar la ley, la última disputa parecía tener pocas posibilidades de éxito mientras la jueza Ginsburg estaba viva. La presencia de la jueza Barrett añadirá incertidumbre, aunque muchos expertos jurídicos dicen que los argumentos de los retadores, apoyados por el gobierno de Trump, son más creativos que convincentes.
En un artículo de revisión de la ley de 2017, escrito antes de que se uniera a la corte de apelaciones, la jueza Barrett fue crítica de la opinión del presidente de la Corte Suprema en 2012 que sostenía una disposición central de la ley de atención de la salud. “El presidente Roberts empujó la Ley de Atención Médica Asequible más allá de su significado plausible para salvar el estatuto”, escribió.
El nuevo caso fue presentado por funcionarios estatales republicanos, quienes argumentaron que cuando en 2017 el Congreso redujo a cero la pena por no obtener seguro médico, los legisladores condenaron toda la ley. Se desconoce el punto de vista de la jueza Barrett sobre esos argumentos.
Derechos de armas
En un disentimiento de 2019, la jueza Barrett dijo que habría limitado el alcance de una ley federal que prohibía a las personas con condenas por delitos graves poseer armas. Ella se basó en el originalismo, una teoría legal defendida por el juez Scalia que busca interpretar la Constitución como fue entendida originalmente.
Pero parece haber ido más lejos que su antiguo mentor, el autor de la opinión mayoritaria de 2008 en el caso del Distrito de Columbia vs. Heller, que estableció un derecho individual a poseer armas para la defensa propia en el hogar. “Nada en nuestra opinión”, escribió el juez Scalia, “debe ser tomado para poner en duda las prohibiciones de larga data sobre la posesión de armas de fuego por parte de delincuentes”.
En su disidencia, la jueza Barrett escribió que la ley que prohibía a las personas con condenas por delitos graves la posesión de armas no debería aplicarse cuando los delitos en cuestión eran no violentos.
“La historia no apoya la proposición de que los delincuentes pierden sus derechos de la Segunda Enmienda solo por su condición de delincuentes”, escribió. “Pero sí apoya la proposición de que el estado puede quitar el derecho a portar armas a una categoría de personas que considera peligrosas”.
La Corte Suprema ha dado poca orientación sobre el alcance del derecho a llevar armas desde la decisión de Heller. Los cuatro jueces más conservadores del actual tribunal han escrito que están ansiosos por volver a tratar el tema, particularmente dada su opinión de que muchos tribunales inferiores han tratado los derechos de armas como derechos de segunda clase.
En junio, sin embargo, la corte rechazó unas 10 apelaciones en casos de la Segunda Enmienda. Como solo se necesitan cuatro votos para conceder la revisión, hay razones para pensar que el ala conservadora del tribunal no estaba segura de poder asegurar el voto del presidente Roberts. Con la confirmación de la jueza Barrett, es probable que la corte escuche más casos de la Segunda Enmienda.
Pena de muerte
En 1998, escribiendo con John H. Garvey, ahora presidente de la Universidad Católica de América, la jueza Barret sugirió que los jueces católicos se recusaran en algunos casos de pena de muerte que pudieran entrar en conflicto con sus creencias religiosas.
En su audiencia de confirmación de 2017, dijo que “me recusaría y no entraría en la orden de ejecución” si fuera jueza de un tribunal de primera instancia en un caso de pena de muerte. Sin embargo, señaló que había ayudado al juez Scalia en casos de pena capital como asistente legal.
En el Séptimo Circuito, ella ha votado para permitir que las ejecuciones procedan.
El juez Stephen G. Breyer, junto con la jueza Ginsburg, había instado a sus colegas a reconsiderar la constitucionalidad de la pena de muerte. Ese proyecto no tuvo éxito y la mayoría conservadora del tribunal ha mostrado impaciencia con muchas apelaciones de condenados a muertes.
Aunque la jueza Barrett aparentemente tiene algunas reservas, no hay razón para pensar que la corte cambiará el curso de su apoyo a la pena capital.
Discriminación
Escribiendo para un panel unánime de tres jueces el año pasado, la jueza Barrett revivió una demanda de un estudiante que había sido suspendido por la Universidad de Purdue después de que un programa de disciplina escolar encontró que había cometido violencia sexual. “El proceso de Purdue”, escribió, “se quedó corto de lo que incluso una escuela secundaria debe proporcionar a un estudiante que se enfrenta a una suspensión de días”.
En una larga disidencia en junio, dijo que habría revocado un fallo del tribunal de primera instancia que bloqueaba los esfuerzos del gobierno Trump para hacer más estricta la regla de la “carga pública”, que permite a los funcionarios negar el estatus legal permanente, también conocido como green card, a los inmigrantes que probablemente necesiten asistencia pública.
“Los litigios no son el vehículo para resolver las disputas políticas”, escribió.
Nota de redacción: este artículo fue redactado horas antes de que la jueza fuera juramentada en el cargo.
