Por Maria Abi-Habib, Natalie Kitroeff, Anatoly Kurmanaev, Catherine Porter and Julie Turkewitz

Las calles de Haití estuvieron obstruidas durante meses con manifestantes furiosos que quemaron neumáticos, irrumpieron en bancos y robaron tiendas. Las pandillas, a veces con el permiso tácito de la policía, han secuestrado monjas, vendedores de frutas e incluso colegialas para pedir rescates. Y el 7 de julio, el país cayó en un descontrol todavía más profundo cuando en la mitad de la noche un convoy de hombres armados irrumpió sin ningún pudor en la casa del presidente, Jovenel Moïse, y lo mató a tiros.

Casi siempre que los haitianos creen que sus circunstancias no pueden empeorar, parece que la nación da otro giro siniestro y ahora se está balanceando en el borde de un vacío político, sin un presidente, un Parlamento ni una Corte Suprema que funcione.

Durante décadas, el atolladero del país lo ha puesto cerca de la cima de una lista de naciones, como Afganistán y Somalia, que han captado la imaginación del mundo por sus niveles de desesperanza. La atribulada historia de Haití es profunda, con raíces en una excolonia de esclavos de Francia que obtuvo su independencia en 1804, después de derrotar a las fuerzas de Napoleón Bonaparte, y luego sufrió más de dos décadas de una brutal dictadura, que terminó en 1986.

Luego, después de que un terremoto devastó el país en 2010, un influjo de ayuda internacional y fuerzas de paz tan solo parecieron empeorar los infortunios y la inestabilidad del país.

Los fracasos de Haití no han ocurrido en un vacío; han recibido la ayuda de la comunidad internacional, la cual ha inyectado 13.000 millones de dólares para ayudar a la recuperación del país en la última década. Sin embargo, en vez de la construcción nacional que supuestamente se lograría con el dinero recibido, las instituciones de Haití se han vuelto cada vez más vacías.

Tras el terremoto del 2010 el influjo de ayuda internacional y fuerzas de paz tan solo parecieron empeorar los infortunios y la inestabilidad del país.

El año pasado, cuando el presidente permitió que el periodo del Parlamento expirara, dejó a Haití con once representantes electos —Moïse y diez senadores— para una población de 11 millones de personas, lo cual desencadenó una fuerte condena de Washington, pero poca repercusión. Durante el último año y medio, hasta su asesinato, Moïse gobernó cada vez más por decreto.

Haití no es tanto un Estado fallido como lo que un analista nombró como “Estado de ayuda”: subsiste a duras penas gracias a los miles de millones de dólares de la comunidad internacional. Los gobiernos extranjeros no han querido cerrar el grifo, por temor a permitir el fracaso de Haití.

No obstante, el dinero ha servido como un salvavidas complicado, pues ha dejado al gobierno con pocos incentivos para llevar a cabo las reformas institucionales necesarias para reconstruir el país, pues siempre le apuesta a que, cuando empeore la situación, los gobiernos internacionales abrirán sus arcas, dicen analistas y activistas haitianos.

CRISIS. Largas colas se forman para recibir la ayuda de los cuerpos de paz que asisten en Haití desde el terremoto del 2010.

Foto: Damon Winter/ The New York Times

La ayuda ha apoyado al país y sus líderes, pues ha brindado servicios vitales y suministros en un país que ha necesitado con urgencia inmensas cantidades de ayuda humanitaria. Sin embargo, también ha permitido el descontrol de la corrupción, la violencia y la parálisis política.

Aunque lo nieguen, los políticos haitianos históricamente han dependido de las pandillas para que influyan a su favor en las elecciones y para expandir su territorio político. En los últimos tres años de la presidencia de Moïse, más de una decena de masacres de pandillas vinculadas con el gobierno y las fuerzas policiales han asesinado a más de 400 personas en vecindarios que no apoyan al gobierno y han desplazado a 1,5 millones de personas, pero todavía no se ha responsabilizado a nadie de los crímenes.

Cuando explota un escándalo político o de derechos humanos, el gobierno estadounidense lanza condenas similares a figuras de papel. Los líderes de la sociedad civil haitiana aseveran que, en vez de aceptar el largo camino de las reformas y crear un sistema que funcione, Estados Unidos ha apoyado a caudillos y ha amarrado el destino de la nación a ellos. Muchos haitianos denunciaron en repetidas ocasiones el apoyo de Estados Unidos a Moïse, pero señalaron que tenían poco poder para detenerlo.

“Desde 2018, hemos pedido rendición de cuentas”, comentó Emmanuela Douyon, experta en política haitiana que rindió testimonio en el Congreso de Estados Unidos este año, donde instó a Washington a cambiar su política exterior y estrategia de ayuda hacia Haití. “Necesitamos que la comunidad internacional deje de imponer lo que crea correcto y mejor considere el largo plazo y la estabilidad”, opinó Douyon en una entrevista.

Estados Unidos debe condicionar la ayuda a Haití a que sus líderes limpien y reformen las instituciones del país, según Douyon y otros analistas. Además, las figuras poderosas deben ser responsabilizadas de la violencia y la corrupción que permea en todos los aspectos del país.

El asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio, enfatizó otro capítulo más en la década violenta del país. Los asesinos que asaltaron el recinto de Moïse mataron a un presidente que llegó al poder en 2016, tras ganar las elecciones con apenas unos 600.000 votos. Tan solo el 18% del electorado ejerció el voto y hubo acusaciones generalizadas de fraude.

Sin embargo, Estados Unidos apoyó al líder impopular y controvertido, incluso en medio de peticiones para que dimitiera en 2019, cuando se descubrió que la ayuda internacional que se le había dado al gobierno había desaparecido.En febrero, Moïse insistió en que se iba a quedar un año más como presidente porque se le había impedido asumir el puesto durante ese tiempo, mientras se investigaban las acusaciones de fraude electoral. A pesar de que los líderes de la sociedad civil exigieron su renuncia, Washington lo respaldó. Se le criticó por considerar que aferrarse así al poder era inconstitucional y esto provocó que el descontento hirviera en las calles y expuso a la capital, Puerto Príncipe, a más incertidumbre y violencia.

TRAGEDIA. El terremoto de 7,0Mw dejó más de 300 mil fallecidos y más de millón y medio de damnificados en Haití.

Foto: Lynsey Addario/ The New York Times

Con el respaldo continuo de Estados Unidos, Moïse se había vuelto cada vez más autocrático, como cuando el año pasado aprobó una ley antiterrorismo tan amplia que podía ser usada en contra de su oposición.

A inicios de este año, Moïse declaró que iba a redactar una nueva Constitución, para darle más poderes al ejército y permitir que los presidentes futuros pudieran postularse para un segundo periodo consecutivo. Moïse organizó un referendo sobre la Constitución y unas elecciones nacionales para septiembre, a pesar de las advertencias de que realizar elecciones en medio de tanta violencia iba a detener la participación de los votantes e iba a llevar al poder a las mismas figuras políticas que han causado las penurias de Haití. No obstante, Estados Unidos apoyó los planes de Moïse.

“Es difícil pensar en el momento presente como una oportunidad, pues es probable que cree más caos”, opinó Alexandra Filippova, abogada sénior del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, una organización que brinda representación legal para las víctimas de abusos a los derechos humanos. “Si Estados Unidos y otros socios internacionales de verdad quieren ayudar a Haití, deben escuchar a la sociedad civil haitiana y tomar el camino difícil: construir un cimiento real para la democracia”, comentó.

Jornadas de titoteos y detenidos

Después de enfrentamientos armados con los sospechosos del asesinato del presidente de Haití, las autoridades anunciaron el arresto de 20 personas (18 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano) y pidieron a Estados Unidos el envío de tropas para ayudar a proteger la infraestructura clave.

El singular pedido de Haití de asistencia militar de Estados Unidos es una muestra del profundo impacto que estos días de caos e intriga han tenido en el país. La mayoría de los arrestados han resultado ser originarios de Colombia —exmilitares que son ahora mercenarios— mientras que surgían dudas sobre por qué había sido tan fácil irrumpir en el hogar del presidente Jovenel Moïse y matarlo sin que, al parecer, su personal de seguridad disparara ni un arma.

Y en la crisis política que se está gestando, la sospecha ha provocado una tensión que podría convertirse en un enfrentamiento entre gobiernos paralelos.

Funcionarios de Colombia dijeron que al menos 13 de los hombres pertenecieron al ejército colombiano y que dos de ellos habían sido abatidos. Los dos estadounidenses arrestados dijeron en una entrevista con un juez haitiano que no estaban en la habitación cuando Moïse fue asesinado y que habían trabajado únicamente como intérpretes para el escuadrón de ataque. Uno de ellos dijo que había respondido a un anuncio en internet para llevar a cabo el trabajo.

Las autoridades haitianas citaron a cuatro de los elementos de seguridad del presidente para interrogarlos la próxima semana, mientras los fiscales intentaban desentrañar exactamente cómo fue que los asesinos armados lograron haber traspasado la compleja operación de seguridad que custodiaba la residencia personal de Moïse sin encontrar demasiada resistencia.

Pero mientras los funcionarios haitianos han señalado la “participación extranjera”, funcionarios estadounidenses y muchos observadores dentro de Haití cuestionan cada vez más si el ataque no fue planeado con la cooperación del propio aparato de seguridad haitiano. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo recientemente a los legisladores que no existían informes de que los atacantes hirieran a algún guardia o que siquiera se registrara un enfrentamiento.

“El grupo que financió a los mercenarios quiere crear caos en el país”, dijo Mathias Pierre, el ministro a cargo de las elecciones de Haití, quien comentó que el gobierno haitiano había pedido tropas estadounidenses para ayudar a proteger el aeropuerto del país, los puertos y las reservas de combustible, entre otros puntos estratégicos. “Atacar las reservas de gasolina y el aeropuerto podría ser parte del plan”, dijo Pierre.

El embajador de Haití en Estados Unidos también solicitó apoyo del FBI para la investigación del magnicidio. En Washington, un alto funcionario del gobierno de Joe Biden dijo que el FBI y los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional irían a Puerto Príncipe “lo antes posible” para evaluar cómo ayudar. El funcionario también dijo: “No hay planes para brindar asistencia militar estadounidense en este momento”.

Haití se dirigía hacia una batalla interna por el poder el viernes 9 de julio cuando los partidos políticos desafiaron directamente al primer ministro en funciones al declarar que deseaban formar un gobierno para reemplazarlo, liderado por el presidente del Senado, solo uno de los 10 parlamentarios en funciones en el país. Otro grupo de activistas civiles planeaba una gran reunión el sábado para crear un consenso sobre el futuro del país.

El senador Patrice Dumont acusó al primer ministro interino, Claude Joseph, de planear un golpe de Estado: “No era un primer ministro normal, se impuso a sí mismo, no podemos aceptar esto”, dijo en una estación de radio local, Kiskeya.

El caos que ahora se ha instalado en Haití solo ha agudizado las tensiones internas que se han ido acumulando en los últimos meses. La actividad de las pandillas ha aumentado: se llevan a cabo secuestros y ataques armados en barrios pobres de la capital, lo que ha causado que miles huyan de sus hogares. En algún momento del mes pasado, el crimen organizado bloqueó la principal arteria vial de la capital hacia el sur del país e impidió el acceso tanto a las reservas petroleras como al resto del país, observó Pierre.

En ausencia de información clara sobre quién era el responsable, algunos haitianos intentaron hacer justicia por sus propias manos: incendiaron automóviles que pensaban que habían sido utilizados en el ataque y detuvieron a las personas que creían sospechosas.

Clément Noël, un juez que participa en la investigación, comentó que había entrevistado a los dos estadounidenses poco después de su arresto. Los identificó como James J. Solages, un ciudadano estadounidense residenciado en el sur de Florida y que anteriormente trabajó como guardia de seguridad en la embajada de Canadá en Haití; y Joseph Vincent, de 55 años. El gobierno de Estados Unidos ha estado en comunicación con Solages, según dos personas que han estado en contacto con el Departamento de Estado y hablaron bajo condición de anonimato.

El juez Noël dijo por teléfono que los dos estadounidenses sostuvieron que el complot había sido planeado intensamente a lo largo de un mes. Comentó que los estadounidenses se habían reunido con otros integrantes del escuadrón en un hotel de lujo en Pétionville para preparar el ataque. Aseguró que le habían dicho que el objetivo no era matar al presidente, sino llevarlo al palacio nacional. El juez Noël dijo que Solanges le contó que al principio del ataque gritó por un altavoz que los atacantes eran agentes de la DEA.

Vincent contó que había estado en el país durante seis meses y que se hospedaba con un primo. Solages dijo que había estado en Haití durante un mes. Los hombres dijeron que los colombianos involucrados en el complot llevaban alrededor de tres meses en el país. Sobre el plan general, lo único que Vincent pudo decir fue que el cerebro detrás era un extranjero llamado “Mike” que hablaba español e inglés. Solages dijo que encontró la oportunidad de trabajar como intérprete para el escuadrón en un aviso publicado en línea. No indicó cuánto le habían pagado.

Al menos uno de los detenidos por el asesinato del presidente, el colombiano Francisco Eladio Uribe, estuvo bajo investigación por homicidio el año pasado por el tribunal especial de paz, según documentos obtenidos por The New York Times. Uribe fue acusado de participar en el escándalo de “falsos positivos” del país, en el que cientos de miembros del ejército han sido acusados de asesinar a civiles y presentar a las víctimas como bajas de guerra en un intento por mostrar que el país iba ganando en el largo conflicto armado colombiano.

En entrevista con una estación de radio local, una mujer que se identificó como la esposa de Uribe dijo que la pareja había estado casada por 18 años y que tenían tres hijos y que él se había marchado de casa un día luego de contarle que tenía “una muy buena oportunidad de trabajo”. Dijo que a su marido lo habían investigado en el caso de los falsos positivos pero que lo habían exonerado.

Las autoridades de Colombia indicaron que algunos de los individuos acusados habían salido de Bogotá desde mayo y que volaron a Panamá antes de trasladarse a la República Dominicana y de ahí a Haití. Otros llegaron a la República Dominicana a principios de junio y luego viajaron a Haití.

Colombia tiene un ejército numeroso que lleva décadas luchando contra grupos guerrilleros de izquierda, paramilitares y narcotraficantes, a menudo con financiamiento y capacitación estadounidense. Con los años, miles de jóvenes colombianos han sido reclutados a las filas militares pero a menudo salen del servicio militar con pocas alternativas laborales.

El 2015, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos había enviado en secreto a cientos de colombianos a Yemen para combatir en el violento conflicto civil del país. Muchos se quedaron debido a los buenos sueldos, según informes enviados a The New York Times; los colombianos recibían sueldos de hasta 3000 dólares mensuales, una gran diferencia con los 400 dólares mensuales que ganarían en su país.

“Cuando a una clase económica baja se le enseña poco más que a luchar y a llevar a cabo operaciones militares, esas habilidades no se transfieren fácilmente al sector civil, excepto en el ámbito de la seguridad privada”, dijo Paul Angelo, fellow del Council on Foreign Relations que estudia temas de seguridad. El viernes, el general Luis Fernando Navarro, comandante del ejército de Colombia, dijo que los acusados salieron del ejército entre 2002 y 2018. Dijo que los hombres estaban involucrados en “actividades mercenarias” y que sus motivos eran “puramente económicos”.