Cerca de la mitad de los 2.325 postulantes al Congreso han contratado o prestado algún servicio con el Estado. A dos semanas de los comicios para elegir a los representantes del nuevo Congreso, OjoPúblico determinó -luego de analizar la base de datos del Proyecto Funes- que 1.141 candidatos prestaron servicios al Estado por más S/ 66 millones, y otro grupo de 56 aspirantes contrató (entre el 2015 y el 2018) a través de empresas vinculadas por más de S/ 180 millones. 

La lista de los diez postulantes con mayores montos facturados como personas naturales, representantes de empresas y a través de compañías vinculadas a un consorcio, la lidera el contador José Martín Olarte Panduro (51), candidato por Lima de Perú Nación, agrupación que tiene como cabeza de su plancha congresal a Francisco Diez Canseco Távara. 

Olarte Panduro es apoderado legal de Isetek S.A., empresa que ha obtenido sola o como integrante de un consorcio, entre 2015 y 2018, contratos por más de S/ 22 millones. La compañía se dedica a la comercialización de equipos electrónicos y de telecomunicaciones. Entre las instituciones que la contrataron está la Marina de Guerra, la Contraloría General de la República, el Gobierno Regional de Madre de Dios y el Instituto Geofísico del Perú.

Esta compañía fue sancionada el 2010 y 2015 por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) por presentar documentación falsa y no cumplir el contrato de orden de servicios. 

Como parte de su patrimonio, el candidato no declaró en su hoja de vida ningún tipo de inmueble. Solo reportó un vehículo valorizado en S/ 20 mil e ingresos del sector privado durante el 2018 por S/ 90 mil. Los años 2014 y 2018 postuló sin éxito a la alcaldía municipal del Rímac por la organización local "Rímac, camino a la modernidad" y Perú Nación, respectivamente. 

OjoPúblico se comunicó con el candidato para conocer su relación con la empresa y mencionó que debido "a la avanzada edad de los accionistas", él asumía la función de apoderado legal. El candidato indicó que si salía elegido dejaría su cargo en la compañía. 

El segundo candidato con más montos contratados con el Estado es Jhony Santiago Caja (37), candidato también de Perú Nación por la región Ica, zootecnista de profesión y gerente de Compañía Constructora Luysan SRL. La constructora que representa, sola o en consorcio con otras empresas, obtuvo entre 2015 y 2018 proyectos de infraestructura por más de 18 millones S/ 800 mil para obras de instalación de agua potable o construcción de veredas en avenidas de las municipalidades distritales de Chincha Baja, El Carmen y Miraflores, esta última en Lima.  

Ante el JNE, Santiago Caja registró un ingreso anual en el sector privado por S/ 48 mil. No reportó información sobre bienes o inmuebles a su nombre.

El tercero en la lista es Gregorio Torres Cayetano (49), candidato por Avanza País en la región Huancavelica. El contador es gerente general de MRG Security SAC, empresa dedicada a brindar servicios de seguridad, que entre 2015 y 2018 contrató (sola y en consorcio) por más de S/ 18'700 mil con entidades como el Ministerio de Vivienda, de Economía, Seguro Integral de Salud, Cofopri, Banco de la Nación y el Ministerio de Educación. 

En su hoja de vida, Torres Cayetano declaró S/ 75 mil como ingresos del sector privado y otros S/ 45 mil del arrendamiento de predios e inmuebles. El candidato no reportó la propiedad de ningún bien. 

Otro candidato que aparece entre los que más contrataron con el Estado es José Antonio Núñez Salas (51), postulante por el Partido Morado en Arequipa y gerente de Vigilancia y Seguridad Organizada SAC. Esta empresa obtuvó entre el 2015 y 2018 más de S/ 18'300 mil en contratos por seguridad a las sedes de Registros Públicos en Tacna, el Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y la Sunat. 

1.141 candidatos prestaron servicios al Estado por más de S/ 66 millones, y otro grupo de 56 contrató por más de S/ 180 millones.

Núñez Salas, economista de profesión, declaró dos bienes con valor de autovalúo de S/ 170 mil y seis vehículos valorizados en S/ 86 mil. En su hoja de vida también incluyó un ingreso de S/ 300 mil correspondientes a sus actividades en el sector privado y arrendamiento de sus predios.

En una quinta posición figura Néstor De la Rosa Villegas (52), candidato por Somos Perú en Lima, economista y gerente general de Macap Technology E.I.R.L y Asivtel SRL, empresas dedicadas a la instalación de redes de tecnología. Los contratos de ambas empresas (solas o en consorcio) con el Estado suman S/ 15' 400 mil, entre 2015 y 2018. Los servicios se dieron al Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional del Agua, el Banco de la Nación, el Seguro Social de Salud, entre otros.

De La Rosa, también dos veces candidato al municipio distrital de Rímac, declaró en su hoja de vida ingresos por más de S/ 103 mil por remuneraciones en el sector público, privado y arrendamiento de sus propiedades. También reportó dos casas con un valor de autovalúo de más de S/ 221 mil. 

La nómina de los diez candidatos con más contratos la completan los candidatos Miguel León Meza (en Lima, Acción Popular); Carlos Torres Pérez (en Lima, por Contigo); Miguel Ángel Vivanco Reyes (en La Libertad, por Fuerza Popular); Cristian Palacios Ruiz (en Arequipa, por Podemos Perú); y Luis Enrique Becerra Jiménez (en el Callao, por Podemos Perú).

Fuerza Popular y servicios al Estado 

En la mayoría de los casos, los vínculos de los candidatos se dieron a través de prestaciones de servicio a título personal. Si se analizan solo los montos registrados en el Ministerio de Economía y Finanzas como personas naturales (sin considerar la representación de empresas), la lista la encabeza José Antonio Ramírez García (53), candidato por Fuerza Popular en Cajamarca. Él presto servicios al Estado por más de un S/ 1'500 mil durante los últimos 10 años. 

De acuerdo a su ficha en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), dada de baja desde 2013, Ramírez García tenía como actividad económica la venta minorista de materiales de construcción, ferretería y transporte terrestre. Además de estos servicios, el candidato está vinculada a la contratación con el Estado en proyectos por más de S/ 2'670 mil, a través de la empresa Corporación Jesucristo Cautivo SRL, de la que es gerente general.

Ramírez García renunció al Partido Aprista el 2014 y postuló por Fuerza Popular a la alcaldía provincial de San Ignacio el 2014 y el 2018

La compañía está ubicada en la provincia de San Ignacio (Cajamarca) y se dedica a la venta de artículos e insumos de ferretería. En la última década, esta empresa también contrató con las municipalidades distritales de Namballe y de Chirinos, así como con la propia municipalidad provincial. 

La cifra más alta de estas contrataciones se registró el 2012: S/ 1'100 mil. De este total, más de S/ 840 mil correspondieron a órdenes de servicio adquiridas por la Municipalidad Provincial de San Ignacio, cuando el alcalde era Carlos Martínez Solano, quien ocupaba el cargo desde el 2002.

En enero del 2019, Ramírez García fue acusado penalmente por un presunto caso de corrupción (en su modalidad de colusión), que involucró precisamente al exalcalde de la provincia de San Ignacio, Martínez Solano. La investigación sostuvo que existió un irregular proceso de selección en la compra de materiales destinados a una obra pública. Según los cálculos de la fiscalía de delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque, que estuvo a cargo del caso, este acto habría generado un perjuicio económico para la provincia de más de S/ 120 mil.

Ramírez García, renunció al Partido Aprista el 2014 y postuló por Fuerza Popular a la alcaldía provincial de San Ignacio el 2014 y el 2018. Ante el JNE ha declarado tener una decena de bienes inmuebles: cinco terrenos, tres casas, un hotel y un hostal. En su hoja de vida, Ramírez García no ha reportado ingresos del sector público ni privado. En el rubro otros declaró tener adicionalmente S/ 180 mil. 

Otro aspirante al Congreso que figura entre los que más servicios han prestado, es Abraham Pacheco Cajaleon (58), candidato en Lima provincias por Fuerza Popular y exasesor del grupo parlamentario fujimorista durante la anterior gestión. Él figura con más de un S/ 1'154 mil en contrataciones. 

El ingeniero agrícola de profesión registra contrataciones con los gobiernos regionales de Lima y Huancavelica, las municipalidades provinciales de Huaura, Yauyos y otras, entre 2008 y 2018. El candidato del partido presidido por Keiko Fujimori también declaró una casa en el distrito limeño de San Martín de Porres con valor de autovalúo de más de S/ 115 mil y dos camionetas valorizadas en más de S/ 180 mil. Como parte de sus ingresos declaró más de S/ 158 mil provenientes del sector público.

Contratos en Lima y Áncash

En el ránking también está Yermi Rocío López Zubieta (47), postulante por Somos Perú en Lima. La candidata registra como persona natural contrataciones por más de un S/ 1'177 mil entre 2008 y 2019. Los servicios fueron realizados a las municipalidades de Santa Rosa, Puente Piedra, Los Olivos, y al Ministerio de Salud y el Poder Judicial. Además, la empresa que representa, Amzur Servicios Generales, registra contratos con el Estado por S/ 853 mil.

La postulante confirmó a OjoPúblico que de manera individual realizó contrataciones con diferentes instituciones públicas porque en los últimos años habían requerido sus servicios de ventas de artículos diversos, pero aclaró que de obtener una curul en el Congreso la compañía que representa no prestaría ningún tipo de servicio. López Zubieta no declaró ingresos del sector público ni privado. En el rubro otros reportó S/ 220 mil. La aspirante declaró una casa ubicada en el distrito de Santa Rosa y dos camionetas valorizadas en S/ 75 mil.

Otro candidato con elevados montos por contrataciones con el Estado proviene de la región Áncash. Se trata de Jhosept Pérez Mimbela (43), quien postula por Alianza para el Progreso. El también exalcalde de la provincia de Casma, en el período 2015 - 2018, registra entre el 2005 y el 2009 más de S/ 645 mil en servicios como persona natural y S/ 1'111 mil en contratos a través de las empresas Estación de Servicios Delusa EIRL, Complejo Turístico Huancamuña EIRL y Distribuidora de Lubricantes y Repuestos Automotriz Delusa EIRL, con sedes en Lima y su natural Áncash, de las que él es gerente.

Pérez Mimbela contrató con las municipalidades distritales de Quillo, Yaután y Comandante Noel, en Áncash, y con el Gobierno Regional, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa, entre otras instituciones que adquirieron los servicios de venta de combustible y transporte de carga por carretera.

A fines del año pasado, OjoPúblico informó que Pérez Mimbela es investigado en el Ministerio Público del Santa por negociación incompatible y enriquecimiento ilícito. El candidato declaró ocho inmuebles, reportó cinco vehículos, entre los que se encuentra una camioneta y un volquete. Las rentas del 2018 de Pérez Mimbela, según su hoja de vida, ascendieron a más de 260 mil provenientes de ingresos del sector privado y otros ingresos anuales como el alquiler de predios o muebles.