Tumbes. La región más pequeña del Perú, ubicada en la frontera con Ecuador, vive golpeada desde hace una década por diferentes actividades ilícitas, entre ellas el crimen organizado, el tráfico ilegal de migrantes, especies marinas y productos de primera necesidad, y sobre todo por la corrupción pública de sus funcionarios de más alto nivel. Los dos últimos gobernadores electos de Tumbes desde el 2011 hoy están en prisión: Gerardo Viñas Dioses (11 años de cárcel por lavado de dinero) y Ricardo Flores Dioses (con prisión preventiva por colusión).

En este contexto, 164 mil electores de Tumbes acudirán a las urnas para votar por sus dos representantes en el Legislativo. OjoPúblico hizo una radiografía de los principales candidatos en carrera de entre los 63 postulantes de 20 partidos. Tres de ellos destacan por su pasado como legisladores en diferentes períodos de las últimas dos décadas: los fujimoristas Néstor Valqui Matos (quien cumplió dos años de cárcel por proxenetismo) y María Cordero (conocida por sus visitas nocturnas al expresidente Alberto Fujimori), así como Manuel Merino de Acción Popular.

En las elecciones del 2016, los tumbesinos se inclinaron por Fuerza Popular, eligiendo a Juan Carlos Yuyes, cuya esposa fue jefa de la inspectora de migraciones que ayudó a fugar del país al cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, César Hinostroza; y a Bienvenido Ramírez, quien fue suspendido del cargo junto a Keiko Fujimori tras denunciarse una presunta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Kuczynksi.

Valqui cumplió condena por proxenetismo

En la lista de candidatos polémicos aparece el ingeniero metalúrgico Néstor Valqui Matos (50), quien va con el Nº 3 por el partido Fuerza Popular en representación de la calurosa Tumbes. Hace ya ocho años, Valqui postuló y ganó una curul en el Parlamento para el período 2011-2016, pero por la región minera de Cerro de Pasco, en donde nació, tuvo sus empresas y en la que ha vivido durante más de 25 años, según una de sus declaraciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El pasado de Valqui era completamente desconocido hasta septiembre del 2011, cuando El Comercio reveló que el entonces legislador de Fuerza Popular era el dueño del club nocturno Discotek Calusa, ubicado en las alturas de Yanacancha (Cerro de Pasco), y que el Poder Judicial lo había condenado a dos años de prisión por proxenetismo el 2008. Lo peor llegó cuando se descubrió que siendo candidato había ocultado dicha sentencia en su hoja de vida presentada al JNE.

OMISIÓN. Néstor Valqui no informó de su condena de dos años de cárcel por el delito de proxenetismo en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones para los comicios generales del 2011. 

Foto: Congreso de la República.

El 2012, un año después de revelarse la historia de Valqui y el night club Calusa, la Comisión de Ética elaboró un informe sobre el tema en donde propuso la suspensión de 120 días de dicho personaje, que su caso se remita al Ministerio Público y se le denuncie ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por existir indicios de delitos de lavado de dinero, contra la fe pública y la libertad sexual. Esto no se llegó a concretar. El fujimorismo y el APRA lograron bloquear la suspensión de 120 días de su congresista y la posibilidad de acusarlo ante la Fiscalía.

Luego de concluir su período en el Parlamento, Valqui abandonó la palestra pública hasta que fue elegido por Fuerza Popular recientemente. Este año, cuando le tocó completar su hoja de vida ante el JNE, el excongresista sí informó de la condena de dos años de prisión suspendida que le impuso la justicia el 2008, pero ocultó la naturaleza del delito ya que en el formulario respectivo solo declaró que fue sentenciado por el artículo 181 del Código Penal, sin especificar el ilícito cometido.

La Comisión de Ética del Congreso recomendó enviar el caso de Néstor Valqui al Ministerio Público por lavado de dinero, pero el fujimorismo bloqueó la propuesta 

En su hoja de vida actual, Valqui declaró ingresos de origen privado por S/ 17 mil, así como cuatro inmuebles en Lima, Huánuco, Pasco y un terreno en Tumbes (en el balneario turístico de Canoas de Punta Sal) por S/ 381 mil y dos autos por S/ 95 mil. En su primera postulación al Congreso el 2011, el candidato dijo tener ingresos privados por S/ 11,500, dos viviendas y un terreno por S/ 431 mil, dos vehículos de S/ 140 mil, y cinco máquinas perforadoras y tres compresoras de aire por S/ 120 mil.

En aquella declaración del 2011, Valqui dijo haber tenido 25 años de residencia en Cerro de Pasco, a la que finalmente representó en el Parlamento. En su última hoja de vida, el candidato fijó domicilio de residencia en el distrito de Ticlayán en la misma región. El único nexo evidente con Tumbes es el terreno de Canoas de Punta Sal que el excongresista fujimorista declaró como suyo ante el organismo electoral.

Respecto de su experiencia laboral, el sentenciado por proxenetismo declaró que desde el 2017 labora como promotor del IEP Sudamericano, que en realidad corresponde a la persona natural con negocio de Carlos Valqui Matos, hermano del fujimorista. Según la Sunat, este último se dedica a la enseñanza preescolar y primaria. El exlegislador también indica que fue presidente del directorio de las empresas Grupomin H&N (creada por su esposa en 2007 como Secaval y de baja desde 2015) y Servicios de Empresarios Calusa Valqui Ingenieros SRL (de baja desde 2011).

El condenado Néstor Valqui aportó S/ 47 mil soles en efectivo a Fuerza Popular entre 2011 y 2016

El candidato dijo en su actual hoja de vida que trabajó en esta última empresa entre 2004 y 2007 y que la misma estuvo ubicada en la calle Micaela Bastidas 60 (Ticlacayán, Cerro de Pasco). Sin embargo, Valqui no cita la dirección fiscal de la compañía. Según la Sunat, Servicios de Empresarios Calusa Valqui Ingenieros SRL tuvo como domicilio, hasta ser dada de baja, al Jr. Ángel Ramos Picón 311 (Yanacancha), en donde se ubicaba el edificio del night club que finalmente originó la condena del exlegislador por proxenetismo.

Este no fue el único tema controversial durante el paso de Valqui por el Parlamento. El 2014, durante su gestión como legislador, medios de Lima difundieron unos audios en donde se le escuchaba hablar a favor de los mineros informales de Madre de Dios y de la derogatoria del Decreto Legislativo 1100, que permite las interdicciones del Estado contra la minería ilegal.

Entre el 2011 y 2016, conociéndose ya que había sido condenado por proxeneta, Valqui hizo aportes en efectivo periódicos a Fuerza Popular por S/ 47 mil. Igualmente, aportó S/ 5,374 en efectivo para la campaña de Keiko Fujimori en el 2016. Actualmente, todas las entregas de dinero de dichas campañas están bajo sospecha del Ministerio Público en el marco del Caso Lava Jato.

OjoPúblico se comunicó con Valqui, pero el candidato de Fuerza Popular se mostró esquivo bajo el argumento de que estaba trabajando en Tumbes. Respecto de su condena por proxenetismo del 2008, el postulante la calificó de “injusta” y dijo que la declaró ante el JNE, en esta elección, por un tema de “transparencia”, ya que no estaba obligado.

La legisladora que visitaba a Fujimori en prisión

Otra exlegisladora que postula en estas elecciones es María Cordero Jon Tay (53), quien el 2012 se hizo conocida en los medios por sus visitas frecuentes al penal policial en donde está preso el expresidente Alberto Fujimori (entre noviembre y diciembre de aquel año). La candidata –nacida en Barranca (al norte de Lima) y bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Los Ángeles de Chimbote– ejerció como parlamentaria en el período 2011-2016 por Fuerza Popular y hoy busca volver al Congreso con el Nº 1 por la misma organización.

CANDIDATA. María Cordero declaró en su reciente hoja de vida presentada al JNE que posee seis bienes en la localidad de Barranca (al norte de Lima).

Foto: Congreso de la República.

El paso de Cordero por la política fue polémico, ya que su propio partido le suspendió la militancia el 2015, luego de que una investigación revelara que recortó el sueldo de sus trabajadores en el Parlamento con el objetivo de financiar su campaña para la reelección. La Comisión de Ética del Congreso abrió investigación, por las visitas a Fujimori en prisión y por el tema de los sueldos de sus empleados, pero el 2013 y el 2015, se archivaron ambos casos.

El 2011, cuando postuló al Congreso por primera vez, Cordero declaró al JNE un inmueble en Miraflores valorizado en S/15 mil. Actualmente, la exlegisladora dice recibir un ingreso de fuente privada de S/ 9,373 y ser copropietaria de seis bienes en Barranca (cinco casas y dos tiendas comerciales) por S/ 327 mil, así como una camioneta Toyota Land Cruiser de S/ 83,500. Respecto de la procedencia de sus ingresos, la candidata declaró que labora como gerente de Taypi Consultoría, Asesoría y Negocios EIRL (Taypi CAN), fundada el año pasado en la capital.

La congresista María Cordero se hizo conocida por la investigación que reveló sus visitas a Alberto Fujimori en prisión. 

Entre 2005 y 2006, Cordero Jon Tay figuró como aportante de la campaña de Fuerza Popular por S/ 10 mil en efectivo; mientras que entre 2011 y 2012, la candidata aparece desembolsando S/ 34 mil en efectivo como aportes periódicos al mismo partido, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

En los Registros Públicos, confirmamos que Cordero creó dos empresas en Lima: la citada Taypi CAN, dedicada a consultoría laboral, administrativa, civil, penal, así como a la distribución de maquinarias para construcción y alquiler de paneles publicitarios; y Stussy EIRL, creada el 2000 y dedicada a la compra y venta, confección y exportación de prendas, aunque dada de baja el 2010.

Un detalle que llama la atención sobre sus estudios superiores es que en su hoja de vida reciente, Cordero dijo ser bachiller de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Los Ángeles de Chimbote, pero en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no aparece dicha información. Solo se menciona su bachillerato en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

OjoPúblico intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la candidata desde el domingo pasado, a través de llamadas telefónicas a su casa y a su celular, pero fue imposible ubicarla hasta el cierre de esta edición.

Excongresista quiere volver por tercera vez

Entre los aspirantes por Tumbes también aparece el empresario agricultor con estudios inconclusos de Agronomía Manuel Merino de Lama (58), quien postula como Nº 1 por Acción Popular. Desde hace casi 20 años ha participado en todas las elecciones al cargo de congresista de la República (2000, 2001, 2006, 2011 y 2016) y al puesto de gobernador de su región (2010). De aquellas seis votaciones, salió elegido por el Parlamento para los períodos 2001-2006 y 2011-2016.

El excongresista declaró este año en su hoja de vida al JNE que posee la titularidad de bienes muebles e inmuebles por S/2.3 millones: cinco en Tumbes valorizados en S/ 2 millones (dos viviendas de S/ 1,1 millón y tres predios agrícolas en el distrito de Corrales por S/ 891 mil), y cuatro inmuebles en Lima por S/ 246 mil (un departamento, dos cocheras y un depósito en San Borja). También informó sobre dos camionetas por más de S/ 50 mil y ganado vacuno por S/ 42 mil.

CANDIDATO. Manuel Merino de Lama, comerciante arrocero en Tumbes, se desempeñó como legislador en simultáneo a los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Foto: Congreso de la República.

Según su declaración al JNE, el exlegislador recibió ingresos de S/ 345 mil anuales de fuente privada. Respecto del rubro laboral, que evidenciaría el origen de dicha remuneración, el candidato dijo en su hoja de vida que trabaja en el fundo Santa Ana en el distrito de Corrales. Según la Sunat, Merino de Lama está registrado como persona natural dedicada el negocio del cultivo de arroz. En un currículo elaborado para el Parlamento el candidato también dijo que cosecha frijol, soya y plátano.

En su reporte al JNE, Merino de Lama dijo que fue sentenciado por un caso de demanda laboral en Tumbes, motivado por el despido arbitrario del ciudadano Julio Rodríguez Castillo el 2017. Dicha persona trabajaba en el fundo Santa Ana, de propiedad del exlegislador. El 2016, el hoy candidato realizó aportes en especies por S/ 8,876 a Acción Popular, y del 2010 al 2015, aportaciones periódicas por S/ 7,550 al mismo partido.

El excongresista Manuel Merino declaró este año en su hoja de vida al JNE que posee la titularidad de bienes muebles e inmuebles por S/2,3 millones.

Entrevistado por OjoPúblico sobre sus bienes e ingresos, el candidato descartó que su patrimonio haya aumentado en los últimos años ya que solo compró un departamento que sigue pagando mientras que sus dos vehículos pertenecen a su primer periodo en el Congreso. Dijo además que el 2010 alquiló sus parcelas en Tumbes por S/1,800 el semestre (S/ 3,600 al año por chacra, aproximadamente).

Sin embargo, “el 2018 yo sembré [mis parcelas de Tumbes] y en dos campañas de venta [de productos agropecuarios] obtuve S/ 400 mil de ingresos al año, con una utilidad de S/ 115 mil (...)”, dijo el candidato. Merino indicó además que el sector agrícola es muy informal y que a pesar de que él sí utiliza facturas para la venta de insumos, no puede hacer deducción de ellas por “mano de obra ya que los trabajadores y operadores de maquinaria pesada no cuentan con recibos por honorarios”.

Un candidato con contactos polémicos

Otro de los postulantes es Ricardo Alexsander Izquierdo Noel (44), quien postula como Nº 1 por Democracia Directa. En su hoja de vida presentada al JNE este año dijo que estudió Derecho en la Universidad Los Ángeles de Chimbote y que labora como comunicador en un canal de cable de Tumbes. Desde el 2008 estuvo afiliado al APRA. Sin embargo, sobre su renuncia a dicho partido existe una contradicción. En el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, dice que dimitió en octubre del 2019, y en su declaración ante dicho ente, en el 2017.

CANDIDATO. Ricardo Izquierdo Noel postula por Democracia Directa y recibe el apoyo público de un empresario de la región que enfrenta un proceso por corrupción. 

Foto: Prensa del candidato

Democracia Directa –partido por el que postula Izquierdo Noel– tiene como coordinador en Tumbes al empresario contratista Segismundo Cruces Ordinola, quien enfrenta un juicio por colusión a raíz de la obra de rehabilitación de una carretera ejecutada en el gobierno de Gerardo Viñas, exgobernador de la región condenado a 11 años de prisión por lavado. Inicialmente, Cruces recibió ocho años de prisión por ese caso, pero el fallo se anuló luego de la apelación, ordenándose un nuevo juicio.

En su declaración presentada al JNE, el candidato declaró ingresos del sector público por S/ 10 mil y del sector privado por S/ 30 mil, además un vehículo de S/ 36 mil. Respecto de su pasado laboral, Izquierdo dijo al ente electoral que trabajó en Lima Aviation Services (1998-1999), Corporación Radiodifusora La Hechicera (1999-2012) y como comunicador en CableVisión-Canal 21 de Tumbes (desde el 2012 hasta ahora).

En los Registros Públicos, OjoPúblico halló que Izquierdo Noel fundó la empresa Distribuidora y Servicios La Frontera E.I.R.L. en calidad de gerente en 2011, información que el candidato no declaró ante el JNE. Dicha compañía se dedica a la compra y venta mayorista y minorista de productos de abarrotes y otros artículos, así como servicios publicitarios, encuestas, entre otros.

Según el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), el candidato realizó trabajos como persona natural para el Estado por S/ 29,700, desde el 2014 hasta este año. Entre sus contratos destacan sus órdenes de servicio de publicidad durante el gobierno municipal de la exalcaldesa de Tumbes, Marjorie Jiménez (2011- 2014), investigada hasta el año pasado por corrupción; y otros con el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, dependencia del Ministerio de Agricultura.

Entrevistado por OjoPúblico, sobre el respaldo del empresario Cruces en redes sociales, Izquierdo dijo que: “su apoyo es político, como líder de la agrupación [Democracia Directa] y, en ese sentido, [yo] sé separar las cosas. Si saliera elegido congresista, no tendría reparo en fiscalizarlo a él o a alguien más de la agrupación política (...) Si él tiene que responder a la justicia, lo hará”.

Un candidato que fue alcalde de Aguas Verdes

Por Tumbes también postula el arquitecto Jaime Alberto Hernández Soto, exalcalde de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes (2007-2010), quien va con el Nº 2 por Perú Nación. OjoPúblico comprobó que el postulante es investigado por corrupción de funcionarios en dos juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior de Tumbes.

INVESTIGADO. El candidato Jaime Hernández Soto, exalcalde del distrito de Aguas Verdes, postula por el partido Perú Nación.

Foto: Facebook del candidato

Según una resolución de la Contraloría General del 2018, el candidato fue inhabilitado por cinco años para ejercer función pública desde abril del 2018 porque se halló responsabilidad administrativa cuando se desempeñaba como subgerente de obras del Gobierno Regional de Tumbes en la obra del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría-Jamo II-2 Tumbes. Pese a ello el postulante sigue en carrera.

En su hoja de vida completada este año al JNE, Hernández Soto reportó ingresos económicos por S/ 28 mil del sector privado, así como dos motocicletas valorizadas en S/ 14 mil. Ante la Contraloría declaró en 2010, al término de su gestión como alcalde de Aguas Verdes, ingresos por S/ 2,600 del sector público y por S/ 3,300 del sector privado; así como bienes por un monto de S/ 50,500.

El 2014, el candidato realizó aportes por S/ 6 mil a la organización política Alternativa Verde, con la que postuló ese año para alcalde distrital de Aguas Verdes (Zarumilla), aunque sin éxito. El 2006 realizó un aporte de S/ 1,850 al partido Restauración Nacional, con el que postuló y ganó la alcaldía distrital de Aguas Verdes.

Consultado por OjoPúblico, el candidato dijo que sí puede postular, ya que la sanción de Contraloría es administrativa y no penal. “La Constitución me permite postular porque no he sido sancionado penalmente. Lo de la Contraloría fue una sanción administrativa funcional, por eso el Jurado Electoral Especial de Tumbes me permitió postular”, dijo. 

También figuran como candidatos: Juan Carlos Iglesias Lanfranco, quien postula con el Nº 2 en la lista de Fuerza Popular y tiene estudios técnicos de comercio exterior; así como Ángel Sánchez Álvarez, ingeniero por la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y postulante con el Nº 1 por el Partido Morado; y Napoléon Puño Lecarnaqué, exrector de la Universidad Nacional de Tumbes, quien va con el Nº 1 de Alianza Para el Progreso de César Acuña.