Cusco y Apurímac concentran la mayor cantidad de demandas contra las operaciones mineras, según el último Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. En total, suman 19 casos, de 88 incidentes relacionados a la minería registrados hasta el mes de junio en Perú.

El epicentro de este contexto es el corredor minero del sur que comprende las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Paruro en Cusco, y las de Cotabambas y Grau en Apurímac. La zona conecta a grandes minas como Las Bambas, Constancia, Antapaccay y Hudbay con el puerto de Matarani en Arequipa.

En este complicado escenario, cinco candidatos buscan gobernar la región Apurímac. Tres partidos y dos movimientos regionales ingresaron sus solicitudes de inscripción ante el Jurado Electoral Especial (JEE). Hasta el momento, solo Acción Popular ha sido declarado improcedente a nivel nacional al no cumplir con la paridad horizontal, ya que tienen seis candidatos hombres a gobernadores regionales y solo dos postulantes mujeres. 

La lista de Alianza para el Progreso transita por el periodo de tachas. Solo las listas de Hatariy Apurímac, Progresista de Apurímac y Frente de la Esperanza 2021 han sido admitidas, aunque ninguna organización figura como inscrita hasta el momento.

En Cusco, seis partidos políticos y tres movimientos regionales siguen en carrera por el cargo de gobernador regional. La lista del Frente Regional Túpac ha sido declarada improcedente; Somos Perú, Autogobierno Ayllu, Inka Pachacuteq, Frente de la Esperanza 2021, Alianza para el Progreso y Podemos Perú lograron su inscripción; mientras que la fórmula de Juntos por el Perú, después de haber sido observada, fue admitida esta última semana.

Espinar. En julio del 2020, esta provincia cusqueña protestó para solicitar bonos de S/ 1.000 para los afectados económicamente por la pandemia. 

Foto: OjoPúblico / Melissa Valdivia

De acuerdo a la revisión de las hojas de vida declaradas por los 14 candidatos de ambas regiones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cinco ya han sido autoridades por elección popular. Ocho de los postulantes han cambiado de camiseta política, dos continúan en los partidos donde iniciaron su vida política y cuatro no tienen trayectoria partidaria. 

Del total de candidatos, dos refieren que tienen demandas por juicios de alimentos; mientras que los 12 restantes no consignaron ninguna sentencia, ni deudas por concepto de reparación civil. Aunque la Asociación Civil Anticorrupción Kuskachay (“hacer justicia” en quechua), que ha analizado los antecedentes en el Ministerio Público y el Poder Judicial de candidatos regionales de Cusco, Arequipa y Tacna, refiere que los casos penales de muchos postulantes no se encuentran en sus hojas de vida brindadas al JNE.

Candidatos por Apurímac

Omar Merino López, candidato de Alianza Para el Progreso (APP), es médico del Hospital Guillermo Díaz en la ciudad de Abancay. Postuló sin suerte para regidor provincial en 2006 y 2014, para congresista (2016) y vicegobernador regional (2018) hasta que el 2020 fue electo congresista por APP. Tiene una sentencia en el ámbito civil por demanda de alimentos interpuesta por la madre de su hijo y afrontó un proceso por usurpación de funciones.

Otro candidato con experiencia política es Percy Godoy Medina, quien postula por el partido Frente de la Esperanza 2021. Era alcalde del distrito de San Jerónimo, en Andahuaylas, por el movimiento popular Kallpa, pero renunció a este cargo el pasado 4 de abril. Es gerente general de Radio San Jerónimo.

Omar Merino López (APP) tiene una sentencia por demanda de alimentos y afrontó un proceso por usurpación de funciones.

El movimiento regional Hatariy Apurímac tiene como candidato al cirujano dentista Elvyn Samuel Díaz Tello. En abril de este año renunció al cargo de director del Programa Sectorial III de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Ayacucho. También ha sido director regional de salud en Huánuco, Ayacucho y director subregional de salud en Andahuaylas. Fundó la organización política Frente Popular Llapanchik, en donde militó del 2006 al 2012, y perteneció a Podemos Perú, al que renunció el año pasado.

Por Acción Popular (AP) postula Jaime Illish Zegarra Peña, un ingeniero mecánico nacido en Abancay, sin pasado político ni partidario, ni sentencias. Su inscripción está en veremos ya que AP no cumplió con la paridad horizontal, por lo que fue declarado improcedente a nivel nacional. En sus listas tienen seis candidatos varones y solo dos postulantes mujeres, cuando la ley obliga que sean candidaturas pares (mitad hombres y mitad mujeres). AP ha apelado la decisión del JNE y esperan la decisión en última instancia.

Otro candidato que postula por primera vez a una elección popular es Christian Anderson Zegarra Palomino del movimiento Progresista de Apurímac, fundado por él. Trabaja como médico en Estados Unidos desde el 2015.

Los postulantes de Cusco

En las candidaturas por Cusco destacan algunos postulantes persistentes a diversos cargos. Tal es el caso del periodista y empresario Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez del Frente de la Esperanza 2021, fundado el 2020. Es la sexta oportunidad que postula a este cargo.

Cuaresma Sánchez hasta la fecha ha militado en cinco organizaciones políticas, fue alcalde del distrito de Santiago por Izquierda Popular (1984-1986), congresista por el Frente Independiente Moralizador (1992-1995) y en el (2000-2001). Además, fue gobernador regional en el año 2003. Volvería a tentar este último cargo, aunque sin suerte, en el 2006 (FIM), 2010 (Perú Posible), 2014 (APP) y 2018 (Movimiento regional Inka Pachacuteq). En 2018 se le cuestionó en una entrevista sobre sus constantes cambios de organización política, a lo que respondió que fueron “alianzas transitorias”.

Otro candidato con varios intentos en su haber es el ingeniero agrónomo Werner Máximo Salcedo Álvarez de Somos Perú. Postuló sin éxito al cargo de gobernador en las elecciones del 2018 y en tres oportunidades ha intentado ser congresista: 2001 (Fonavistas del Perú), 2016 (Democracia Directa) y 2019 (Democracia Directa).  En 2017, un juzgado de Cusco declaró fundada una demanda por alimentos en su contra.

Werner Salcedo Álvarez, de Somos Perú, intentó ser gobernador en las elecciones del 2018 y congresista en tres oportunidades.

Ha sido consultor y supervisor en municipios de jurisdicción minera: Ocoruro y Suykutambo (Espinar, Cusco), Haquira y Cotabambas (Apurímac) entre el 2016 y 2019. Además, el 2020 fue gerente general de la Municipalidad Provincial de Espinar, cargo donde fue cuestionado por presuntos favorecimientos a empresas foráneas en obras locales y la designación de su entorno en distintos cargos de esta municipalidad.

Demandas. En los últimos siete años, las comunidades de ambas regiones han realizado diversas protestas socioambientales a Las Bambas.

Foto: OjoPúblico / Melissa Valdivia 

Llama la atención que en su hoja de vida del 2019 declaró ingresos del sector público por S/ 120.000, un predio rústico en Espinar de S/100.000 y una camioneta de S/ 45.000. Actualmente, indica no percibir ningún tipo de ingreso económico, tener el mismo predio rústico valorado ahora en S/1.000 y que ha vendido la camioneta que declaró anteriormente.

El abogado Raúl del Castillo Alatrista postula por Juntos Por el Perú (JPP), del cual es secretario general nacional. Desde el 2021 es asesor legal de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú en el Congreso de la República y en 2017 fue analista legal del Ministerio de Interior.

Juntos por el Perú es uno de los dos partidos cuyas listas han sido declaradas improcedentes en la región. “JPP fue declarado improcedente respecto a las fórmulas de gobernador regional y vicegobernador regional, porque no cumplen con la paridad horizontal. A nivel nacional la organización presentó ocho listas; siete de ellas son encabezadas por varones y solo una lista encabezada por una dama”, refirió el jefe del JEE de Cusco, Pedro Álvarez.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Edy Cuéllar Margholt, pidió licencia de sus funciones para presentarse por primera vez a una elección, encabezando la lista regional del Movimiento Inka Pachakuteq. Es conocido por su rol en el sector turismo y como dirigente del Club Cienciano.

Ha militado en Unión Por el Perú (UPP) y en el Partido Popular Cristiano (PPC), al que renunció el 2021. Registra ingresos económicos anuales del sector privado por S/ 301.160,00, así como acciones y participaciones en las empresas Machupicchu EIRL y South America Invesment SAC.

Rosmi Rivas Hurtado es la única mujer que encabeza una lista regional en Cusco por el movimiento Autogobierno Ayllu. Es una deportista calificada y enfermera de profesión. Trabaja en la gerencia regional de salud de Cusco y fue secretaria del consejo directivo regional del Colegio de Enfermeros. Es su primera incursión en la política, no tiene trayectoria partidaria.

Rosmi Rivas Hurtado es la única mujer que encabeza una lista regional en Cusco por el movimiento Autogobierno Ayllu.

El abogado Boris Germaín Mujica Paredes postula por Alianza Para el Progreso (APP). Ha sido regidor provincial de Cusco durante dos períodos consecutivos por Patria Arriba Perú Adelante (2011 – 2014) y por el Partido Democrático Somos Perú en el periodo 2015 – 2018. Entre el 2014 y 2015 fundó el movimiento regional Cusco Lindo y también militó en el Movimiento Etnocacerista Regional del Cusco, al cual renunció en el 2019.

El abogado Hugo Prieto Valencia busca ser gobernador regional con el partido Podemos Perú. En su hoja de vida declara que es funcionario en el Gobierno Regional de Cusco desde el 2018 hasta la actualidad y es gerente general de Qorimuju Inversiones S.A.C., una empresa dedicada a la venta al por mayor de materiales de construcción y de ferretería. Además, ha sido gerente general de la Municipalidad de Omacha (2012) y director de recursos humanos en el Gobierno Regional de Cusco (2016-2017).

El docente Edgar Américo Ochoa Pezo postula por un movimiento regional de corta trayectoria: Frente Regional Túpac, fundado el 28 de noviembre del 2021. Fue parlamentario por Nuevo Perú en el disuelto Congreso del 2016 y regidor en el consejo provincial de Paruro en 1998 por el Movimiento Independiente Vamos Vecino. Fue cuestionado en 2017, cuando era parlamentario, al recibir a tres miembros de un grupo vinculado al Movadef en su despacho.

La fórmula y la lista de candidatos Ochoa Pezo ha sido declarada improcedente por el JEE debido a que el movimiento regional por el que postula no estaba inscrito. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, el movimiento está “en proceso de inscripción”. “El caso está en apelación, le veo pocas posibilidades. No le debieron permitir realizar elecciones internas si no tenían la inscripción del movimiento regional, pero la norma [Reglamento de Elecciones Internas de las organizaciones políticas] era defectuosa también”, dijo Oscar Matutti Sánchez, especialista en temas electorales.

El JNE admitió esta semana la candidatura de Saúl Sánchez Santos de Perú Libre, cuya organización en Cusco no se había inscrito a tiempo, alegando problemas con el sistema. El organismo electoral declaró fundada la apelación de Sánchez Santos, quien inició su vida política en el Partido Socialista y actualmente es secretario regional de Perú Libre. Fue presidente de la Federación Universitaria Cusco (FUC). No declaró sentencias e informó que percibe ingresos de S/12 mil del sector privado

Propuestas ligeras para gobernar

Además de las operaciones formales en el corredor minero del sur, el economista Epifanio Baca Tupayachi, especialista en industrias extractivas del Grupo Propuesta Ciudadana, llama la atención respecto a la actividad minera que, desde hace cinco años, se realiza sin control en las provincias altas de Cusco, así como cerca de los entornos mineros de Apurímac. “Estas actividades se realizan en territorios liberados, es un panorama complejo donde los gobiernos regionales y municipales poco o nada pueden hacer”, afirma el especialista. Según el experto, solo en Apurímac hay 30.000 mineros informales.

OjoPúblico revisó los planes de gobierno de los 14 candidatos de Cusco y Apurímac para el sector minero desde sus competencias. Salvo Cuéllar Margholt, Prieto Valencia, Sánchez Santos y Zegarra Peña, quienes ofrecen mejoras en la gestión e inversión de recursos provenientes de la minería (canon y regalías), los diez restantes refieren que fortalecerán la fiscalización de las actividades mineras fuera de la ley y formalizarán la pequeña minería y minería artesanal, además de mediar en los conflictos sociales. 

Uno de los que se muestra a favor de la formalización de la minería artesanal es el candidato Christian Zegarra Palomino (Progresista Apurímac), quien propone “proveer de asistencia técnica para la formalización de la minería artesanal y apoyar con el manejo del tema medio ambiental a través de capacitaciones permanentes. Esto llevará a que los mineros artesanales sean reconocidos como formales y paguen impuestos por sus actividades extractivas”. Rosmi Rivas (Autogobierno Ayllu) y Werner Salcedo (Somos Perú) candidatos al Gobierno Regional de Cusco también ofrecen programas de formalización de mineros ilegales para reducir la minería informal.

Christian Zegarra Palomino (Progresista Apurímac) señala que dará asistencia técnica para formalizar la minería artesanal.

Zegarra Palomino señala en sus propuestas que “el gobierno regional va a monitorear la actividad extractiva de todas las empresas mineras en Apurímac” exigiendo el cumplimiento de los acuerdos contractuales y que se respete el medio ambiente en base a estudios de impacto ambiental.

A la espera. Las comunidades de Cotabambas (Apurímac) participan en una mesa de diálogo con Las Bambas y el Gobierno que estará vigente hasta fines de agosto.

Foto: OjoPúblico / Melissa Valdivia

Percy Godoy Medina (Frente de la Esperanza 2021) propone aplicar auditorías ambientales a los titulares mineros de Apurímac. Ofrece, además, establecer políticas que permitan prevenir impactos ambientales, la formalización de la minería artesanal informal, concertación con los concesionarios mineros para un desarrollo social y económico sostenible de las áreas de influencia. También plantea una delimitación de áreas intangibles para la explotación minera en las cabeceras de cuencas y áreas adyacentes a espejos de agua. Elvyn Díaz (Hatariy Apurímac) centra su mirada en identificar los pasivos ambientales mineros e intervenir y remediar las áreas afectadas por la actividad minera.

Omar Merino López (Alianza Para el Progreso) plantea el fomento de la minería responsable e inversión de presupuestos de canon en proyectos que mejoren la competitividad regional de Apurímac, aunque sin dar mayores detalles al respecto. 

En Cusco, Boris Mujica (Alianza Para el Progreso) sostiene que el cumplimiento de la fiscalización ambiental de los gobiernos regionales es ineficiente, por lo que propone la implementación de cuatro gerencias regionales para llevar a cabo esta labor. Édgar Ochoa (Frente Regional Tupac) también califica de deficiente la vigilancia y control ambiental del impacto de la pequeña minería ilegal, por lo que ofrece mejorar la fiscalización ambiental fortaleciendo la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Cusco.

Por su parte, Carlos Cuaresma (Frente de la Esperanza) plantea “una economía diversificada de valor agregado con industrialización de los recursos naturales y respeto al medio ambiente”, donde enfatiza brevemente que en un eventual gobierno suyo no habrá “ni minería ilegal, ni tala ilegal”. Raúl del Castillo Alatrista (Juntos Por el Perú) refiere que buscará promover el observatorio ciudadano regional para la gestión del recurso minero.

Carlos Cuaresma (Frente de la Esperanza) plantea que en un eventual gobierno suyo no habrá minería ilegal, ni tala ilegal.

Consultado sobre estas propuestas, Baca Tupayachi, del Grupo Propuesta Ciudadana, indica que los candidatos hacen “propuestas ligeras” en sus planes de gobierno, pero realmente las capacidades sobre la formalización de la minería, el cuidado del ambiente y el tratamiento de los conflictos sociales están en manos del Gobierno Central. “En el fallido proceso de descentralización se les transfiere esas competencias a los gobiernos regionales, pero sin los recursos económicos necesarios y sin tener un soporte institucional y de capital humano”, afirma.

Obras para prevenir conflictos

Luis Alvarado Zavala, comisionado adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, señala que los gobiernos locales y regiones sí pueden contribuir a reducir la conflictividad social ejecutando el presupuesto por canon y regalías destinado para proyectos en los distritos que albergan la actividad minera.

“Existe una serie de demandas organizadas en procesos de diálogo distintos. Hay comunidades con pedidos específicos que involucran mayores beneficios de empleabilidad, saneamiento, mejor calidad de vida, acceso a la salud, etc. Estos pedidos están enmarcados en proyectos de inversión pública que requieren conseguir financiamiento, hacer estudios, diseñar proyectos que sean viables, aprobados y programados para ser ejecutados”, explica Alvarado Zavala.

El verdadero desafío y responsabilidad de las autoridades locales y regionales en torno a los conflictos sociales es cómo ejecutan el presupuesto del canon y regalías, qué tan eficiente son en la gestión, su capacidad de gasto y cómo evaden la corrupción generalizada en todo ámbito”, refirió.

Del 100% de dinero que llega por canon y regalías, el 75% va a las municipalidades locales, el 20% a los gobiernos regionales y el 5% a las universidades, todo ello genera un poderoso impacto positivo en el desarrollo económico de los sectores mineros, pero sus efectos son mayoritariamente negativos en términos sociales, ambientales y de gestión pública, según un estudio realizado por Propuesta Ciudadana. Se asocia a la minería con el aumento de la migración de la población rural hacia zonas donde se desarrollan las operaciones, el incremento de conflictos políticos y socioambientales y corrupción a escala regional.

En relación al medio ambiente, el estudio indica que hay reducción en el acceso al agua y de la disponibilidad de tierra para la agricultura, la erosión de la calidad del aire y tierra, y el incremento de la percepción de contaminación. En cuanto a la eficiencia de la gestión pública, Propuesta Ciudadana señala que el impacto es preponderantemente negativo por la ineficiencia en el gasto público y de la dependencia presupuestal de los recursos provenientes de esta actividad.

“En 10 o 15 años de ejecución de canon ha tenido poco impacto y con sesgo urbano. Ha llegado poco a las comunidades rurales, justamente las que están en el entorno de la actividad minera”, asegura Baca Tupayachi.

La corrupción en las gestiones es otro indicador del impacto negativo del canon, concluye el estudio. Al respecto, Matutti Sánchez señala que la descentralización del gasto público y del que proviene de la minería se ha traducido en la “descentralización de la corrupción”, prueba de ello son exautoridades regionales y locales en Apurímac y Cusco con pasado oscuro, investigadas, que han pisado la cárcel o son prófugos de la justicia. Tal es el caso, por ejemplo, de los exgobernadores regional cusqueños, Edwin Licona Licona (2015-2018) y sus antecesores Jorge Acurio Tito y Hugo Gonzales Sayán, procesados por acusaciones de corrupción.

El exgobernador regional de Apurímac, Elías Segovia (2010-2014), fue hallado culpable del delito de apropiación agravada y peculado por apropiación en su modalidad simple junto a otros funcionarios por usar más de S/629.000 para su campaña reeleccionista.

“Es necesario que los candidatos que pretenden ocupar los puestos de gobernadores y alcaldes, más allá de que estén limpios de sentencias o acusaciones, tengan la capacidad técnica necesaria para utilizar de la manera adecuada los millonarios recursos obtenidos por la minería, y reducir la brecha de desigualdad social”, sostuvo Matutti Sánchez.

Baca Tupayachi cuestiona que las municipalidades distritales reciban más dinero del que pueden ejecutar “hay saldos sin ejecutar cada año, estas se concentran en municipios locales”. No obstante, destaca el progreso en la ejecución presupuestal que muestran los gobiernos regionales en Cusco y Apurímac.

“La ejecución anual en estos últimos años de ambos gobiernos regionales está cerca al 80%, el progreso es marcado en Apurímac y en Cusco hay una ligera mejoría. No están mal ambas regiones, cada una tiene prioridades distintas en inversión”, refiere Baca Tupayachi.

Según la página amigable del MEF, el promedio nacional de avance en ejecución de gasto e inversión de los gobiernos regionales de este año es del 26%, en tanto el avance en Cusco es aproximadamente del 30% y de Apurímac, 33%. “Ambos gobiernos regionales están arriba del promedio con la diferencia de que Cusco dispone de un presupuesto de S/874 millones y Apurímac, S/490 millones, son datos que pueden ser alentadores frente a regiones como Cajamarca que, con un presupuesto parecido a Cusco, tiene un 17% de ejecución presupuestal, eso sí es grave”, concluye el experto.