La expansión de cultivos de palma aceitera en Ucayali ha generado conflictos entre las empresas procesadoras de este insumo y diversas comunidades indígenas. A esta situación, que deberá atender el próximo gobernador de la región, se suma el incremento del narcotráfico, el asesinato de defensores ambientales y la corrupción institucional.

La actual gestión del Gobierno Regional de Ucayali es dirigida por el médico Ángel Gutiérrez Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que el exgobernador Francisco Pezo Torres (Alianza para el progreso) fuera detenido por presuntamente liderar una organización criminal dedicada a la contratación de bienes y servicios de forma direccionada y sobrevalorada desde el 2019.

Actualmente cumple 36 meses de prisión preventiva desde diciembre del 2021 por los presuntos delitos de corrupción y crimen organizado.

Entre los 10 candidatos para presidir el Gobierno Regional de Ucayali está Manuel Gambini Rupay (51), quien ya ocupó ese cargo del 2015 al 2018. Además, fue alcalde del distrito de Irazola, en la provincia de Padre Abad del 2007 al 2010 y del 2011 al 2014. Postula con el Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino, del cual es fundador y actual presidente. 

Su carrera política inició en el 2002 cuando tentó sin éxito a la alcaldía de Irazola con el movimiento Integrando Ucayali. Según su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reportó tener 14 propiedades en los distritos de Neshuya, Campoverde, Irazola y la ciudad de Pucallpa valorizadas en S/780.201,54. Además, cuatro vehículos por S/47.500. 

DEFORESTACIÓN. Santa Clara de Uchunya denunció que la palma aceitera ha causado la deforestación de bosques en zonas que reclaman como sus territorios.

Foto: David Díaz

Gambini Rupay, quien no registra estudios superiores, consignó S/343.316 como ingresos por alquiler de bienes y regalías en el 2021. OjoPúblico conoció a través de un pedido de acceso a la información que el candidato cuenta con tres investigaciones fiscales por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. Estas denuncias fueron presentadas cuando era gobernador. 

Además, el último 22 de agosto, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali formalizó la investigación preparatoria contra el candidato por presuntamente integrar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras y lavado de activos.

El fiscal Dennis Vega señala que la red criminal funcionó desde el 2009 hasta el 2018, durante las gestiones de los exgobernadores Jorge Velásquez Portocarrero (2007 al 2010 y 2011 al 2014) y Manuel Gambini Rupay (2015 al 2018), y con la participación del exdirector regional de Agricultura de Ucayali, Isaac Huamán Pérez. 

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali formalizó la investigación preparatoria contra Gambini Rupay.

Según el documento al que accedió OjoPúblico, la organización criminal operaba a través de la entrega de títulos individuales de tierras consideradas intangibles —por estar en bosques de protección permanente y que pertenecían a pueblos indígenas aún sin titular— a supuestos agricultores. Luego estos vendían sus propiedades, reconocidas por el Gobierno Regional de Ucayali, a la empresa Plantaciones de Ucayali (ahora Ocho Sur) para el monocultivo de la palma aceitera. 

La Fiscalía halló que entre el 2015 al 2018, durante la gestión de Gambini Rupay, se entregaron 128 certificados de posesión de tierras en el distrito de Nueva Requena, perjudicando a los pueblos indígenas.

La Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Dirila) de la Policía Nacional del Perú identificó en el 2018 que la organización criminal era integrada por 215 personas, pero en la formalización del caso solo se sigue la investigación contra 59 personas, principalmente funcionarios públicos. Los directivos de Ocho Sur quedaron fuera del caso.

CONCLUSIÓN. El fiscal Dennis Vega señala que en la región Ucayali hay una organización criminal horizontal que opera a través de las diversas gestiones.

Captura de pantalla

En su actual campaña, Gambini Rupay propuso a los ciudadanos del distrito de Nueva Requena —lugar donde la Fiscalía identificó que se dio el caso de presunto tráfico de tierras— gestionar la redimensión de los bosques de protección permanentes ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para dar títulos de propiedad a los pobladores de los caseríos Nuevo Edén.

Esta propuesta afectaría el pedido de ampliación de la titulación de la comunidad Santa Clara de Uchunya, quien mantiene diferencias con la empresa Ocho Sur por la expansión de los cultivos de palma aceitera.

Berlín Diques, líder de la Organización Regional Aidesep Ucayali, señaló que en los últimos años el tráfico de tierras ha generado un grave daño al pueblo shipibo-konibo. “Las tierras fueron entregadas de manera ilegal, luego se insertó un monocultivo acabando con el bosque de donde los shipibos tomaban sus recursos. Si antes caminaban media hora para cazar, ahora deben recorrer tres horas para conseguir animales”, señaló. El apu dijo que la propuesta de Gambini Rupay atenta con los derechos de los pueblos indígenas.

El candidato es accionista de tres empresas dedicadas a la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal: Servicentro Palma S.A., que se inscribió en junio del 2016 en la Sunat cuando Gambini era gobernador de Ucayali; Agroindustrias Oleaginosas del Perú S.A. y Oleaginosas Amazónicas S.A.

Esta última recibió en el 2021 la indicación de la Mesa sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) de cumplir sus estándares de certificación de la cadena de suministro. 

RSPO estableció que en una auditoría se verificaría la versión de la empresa de que ya no compraba racimos de frutas frescas a la empresa Ocho Sur P. (antes Plantaciones de Pucallpa SAC y acusada de deforestación en tierras indígenas) en el 2020. La denuncia fue presentada en el 2019 por la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau).

El producto de la palma aceitera empieza a tener protagonismo durante la gestión de Gambini Rupay en la gobernación de Ucayali. Según el reporte histórico de exportación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, este producto no era exportado en el 2015, año en el que asumió el cargo de gobernador regional.

En el 2016 alcanzó los USD 2 millones y al final de su gestión en el 2018 la región logró exportar USD 5 millones de palma. En los últimos cuatro años, este insumo se ha posicionado como el principal producto de la región. 

La Contraloría General de la República también señala a Gambini Rupay con responsabilidad penal en dos casos. El primero se dio en 2017, cuando designó al procurador regional, cuyo nombre no se indica en el informe de la Contraloría, sin previo concurso público como señala la norma.

Además, dejó sin efecto un proceso de conciliación extrajudicial con el Consorcio Pucallpa —que debió ejecutar la obra de mejoramiento de las instalaciones del Hospital Regional de Pucallpa— para que el contratista pagara una mora de S/842.371,56 por no cumplir con la obra.

El segundo caso es por una contratación del 2018, donde presuntamente se habría favorecido con el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Vial May Ushin por S/203 millones para el mejoramiento de la carretera Neshuya - Curimaná.

Hasta el cierre de esta edición, estaba pendiente la apelación de una tacha contra el candidato Manuel Gambini Rupay por supuestamente mentir sobre la conclusión de sus estudios de nivel secundario. El Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo lo declaró improcedente, por lo que se espera la decisión del JNE.

Su candidata a vicegobernadora regional, Evelyn Fernanda de la Peña Chávez, también fue excluida del proceso electoral el último 15 de agosto por no consignar una sentencia. OjoPúblico se contactó con el área de imagen de la campaña de Gambini Rupay, quien aceptó la entrevista, pero esta no se llegó a concretar hasta el cierre de esta edición.

La lista del movimiento Ucayali Región con Futuro es encabezada por la enfermera Antonia Hinostroza Gómez, quien inicialmente postulaba a vicegobernadora, pero debió asumir la candidatura a la gobernación luego de que Edwin Vásquez López, del movimiento Ucayali Región con Futuro —del cual es presidente y fundador—, quedó fuera de carrera porque no consignó información sobre sus empresas en su hoja de vida.

El candidato Manuel Gambini Rupay es accionista de dos de las principales empresas de palma aceitera en el Perú".

Hinostroza Gómez es trabajadora de la Dirección Regional de Salud de Ucayali y accionista de las empresas de procesamiento de aceite Oleaginosas Amazónicas S.A. (Olamsa) y Agroindustrias Oleaginosas del Perú S.A. (Olpesa), las mismas en las que tiene participación el candidato Manuel Gambini.

Ambas empresas cuentan con las plantas procesadoras más grandes de Ucayali y la ciudad de Tocache (San Martín), respectivamente, y fueron beneficiadas en el 2020 con los préstamos de garantía estatal Reactiva Perú. 

El gerente general de Olamsa desde el 2018, Nilo Demetrio Maguiña Vásquez, es militante del movimiento Ucayali Región con Futuro —con el que postula Hinostroza Gómez— desde el 2014 y fue vicepresidente de la agrupación política ese mismo año. Además, el empresario fue consejero regional por Ucayali del 2011 al 2014.

La candidata explicó a OjoPúblico que se convirtió en accionista de las empresas cuando compró terrenos agrícolas en el distrito de Curimaná en el 2011. “Los terrenos vienen con las acciones de las empresas, todos los agricultores que tienen tierras también tienen acciones”, anotó. Rechazó tener vínculos con el candidato Gambini Rupay y dijo que no conoce a las decenas de accionistas de las empresas Olamsa y Olpesa.

De llegar al Gobierno Regional de Ucayali, Hinostroza Gómez dijo que impulsará la tecnificación de productos agrícolas, como el cacao y café. En el caso de la palma aceitera señaló que, aunque ya tiene estabilidad en el mercado, se debe continuar impulsando.

Esta es la segunda postulación de la candidata, quien en el 2010 intentó ser consejera regional por Ucayali. Ha declarado en su hoja de vida tener ingresos por S/87.000 en el 2021 y tres viviendas en el distrito de Callería, Ucayali, por S/156.550 y cinco vehículos por S/98.567. 

Otras candidatos en carrera

La médico cirujana Renata Andrea Bullón Lizarbe (32) encabeza la lista de candidatos de Todos Somos Ucayali tras la exclusión del contador Antonio Marino Panduro —que fue alcalde provincial de Coronel Portillo del 2015 al 2018— por omitir información sobre sus ingresos económicos.

El candidato apeló la decisión del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo y hasta el cierre de esta edición estaba a la espera de la respuesta del JNE.

La candidata está afiliada a Todos Somos Ucayali desde enero de este año. Antes militó en el partido Perú Posible del 2010 al 2017, aunque esta es su primera candidatura. En su hoja de vida declaró tener una vivienda y una camioneta por S/81.637 y haber percibido S/115.541,29 durante el año pasado. 

El excongresista César Gonzáles Tuanama, quien postulaba con el partido Podemos Perú, también fue excluido por omitir acciones y participación en cuatro empresas dedicadas al rubro de construcción de edificios. Apeló la resolución del Jurado Especial Electoral de Coronel Portillo al JNE Lima, pero esta fue declarada infundada. Es decir, quedó definitivamente fuera de la carrera electoral. 

La candidata a vicegobernadora Jesús María Febres Pizango (48) asume la posta en la contienda electoral por Podemos Perú. Es docente de primaria y renunció en el 2021 a Acción Popular para pasar al partido de José Luna Gálvez. En su hoja de vida informó percibir S/33.683 durante el 2021 y un vehículo por S/2.700.

CONTIENDA. Diez listas compiten para llegar al Gobierno Regional de Ucayali. Siete pertenecen a partidos de alcance nacional y tres a movimientos regionales.

Foto: Martha Zacarías

El candidato de Perú Libre en esta región es el docente Abel Vásquez Panduro. En el 2009 fue sentenciado por incumplir con sus obligaciones alimentarias con su menor hijo. Además, tiene una investigación fiscal en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. 

En el 2012, el ahora candidato fue secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Sector Educación de Ucayali (Suteru), donde tuvo presencia en medios de comunicación por las diversas protestas que encabezó. A consecuencia de estas  manifestaciones fue denunciado en tres oportunidades por disturbios y daño agravado. Dichas denuncias fueron archivadas. 

Antes de participar en estas elecciones, Vásquez Panduro militó en Unión por el Perú, del 2015 al 2017, y luego pasó a Democracia Directa hasta octubre del 2020. En enero de este año inició su participación en Perú Libre, que lidera Vladimir Cerrón. En su hoja de vida al JNE, el candidato consignó ingresos por S/35.083 en el 2021 y tener una vivienda en el distrito de Callería valorizada en S/16.603,95. 

Otros candidatos que postulan al Gobierno Regional de Ucayali son la contadora Brooke del Pilar Romero Macedo del partido Avanza País, al que está afiliada desde el 2021.

Es accionista de las empresas Manos de Vita E.I.R.L. y Safad Group Perú E.I.R.L., dedicadas a la atención de la salud humana y contabilidad. Esta es su segunda postulación, ya que en el 2014 intentó ser regidora de la provincia de Coronel Portillo con el partido Fuerza Popular. 

El candidato Abel Vásquez fue sentenciado por incumplir sus obligaciones alimentarias con su menor hijo".

La ingeniera agrónoma Celia Isabel Prado Seijas (49) de Acción Popular también compite por la gobernación de Ucayali. Es gerente de la agropecuaria Grupo Internacional S & V E.I.R.L., dedicada a la venta de animales vivos, y esta es su primera postulación.

Además, están en carrera para las próximas elecciones, que se realizarán el 2 de octubre, la técnico en producción agropecuario Doris Mercedes Mendoza Fababa (56) de Alianza Para el Progreso. Estuvo afiliada del 2010 al 2017 al partido Perú Posible y luego pasó a las filas de Alianza Para el Progreso. Sus ingresos al 2021 fueron de S/ 13.200 y tiene una vivienda valorizada en S/17.820, según declaró en su reciente hoja de vida.

La abogada Elva Reátegui Dávila (34) de Somos Perú, que está afiliada en este partido desde el 2020, también intenta llegar al cargo de gobernadora. Antes ha buscado ser regidora del distrito de Yarinacocha en las elecciones del 2014 y congresista en el 2021. En su hoja de vida declaró tener ingresos de S/39.452 durante el 2021. 

También postula la ingeniera forestal Zenayda Emilia Estrada Tuesta (55) del Partido Frente de la Esperanza. En el 2014 postuló a la vicepresidencia de Ucayali con el movimiento político regional Fuerza Ucayalina y en el 2016 al Congreso de la República con el partido Alianza Para el Progreso. En ambos casos, perdió las elecciones.