Los lambayecanos elegirán a su próximo gobernador entre siete postulantes con inscripción vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los aspirantes hay tres excongresistas, tres políticos sin experiencia en el sector público y un exalcalde investigado. 

El nuevo gobernador sucederá en el cargo a Anselmo Lozano Centurión, quien fue electo por el partido Podemos Perú en primera vuelta en el 2018. Dos años después fue detenido por acusaciones del presunto cobro de coimas a tres empresas que ganaron obras públicas. Para la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, estos hechos ocurrieron cuando fue alcalde distrital (2015-2018), pero la investigación señala que el modus operandi se repitió siendo gobernador y en complicidad con un grupo de funcionarios.

El nuevo gobernador sucederá en el cargo a Anselmo Lozano, detenido por presunto cobro de coimas.

En el Ministerio Público, suma 18 investigaciones pendientes, según el Centro Liber. Sin embargo, solo por el caso mencionado, el Poder Judicial le impuso 24 meses de prisión preventiva. En marzo del año pasado, la medida varió a nueve meses de arresto domiciliario. Este plazo se prorrogó por 10 meses más, pero venció el pasado 25 de julio, permitiendo que Lozano Centurión esté en libertad y solicite que se deje sin efecto su suspensión del cargo de gobernador. 

Desde el 2 de setiembre, Lozano Centurión está ejerciendo nuevamente sus funciones. Pese a haber recuperado el poder, se enfrenta al pedido de 21 años de cárcel que ha presentado la Fiscalía en su contra a raíz de las declaraciones que hicieron empresarios y otros testigos sobre el pago de coimas. La acusación es por los delitos de cohecho pasivo impropio, organización criminal, colusión y tráfico de influencias. 

 

Excongresistas en carrera

 

El movimiento regional Construyendo se ha sumado por primera vez a las organizaciones políticas con inscripción vigente a nivel nacional. Su candidato a gobernador en Lambayeque es el abogado Clemente Flores Vílchez, quien fue electo congresista en 2016 con el partido Peruanos por el Kambio. Luego de que esta agrupación política cambió de nombre a Contigo, permaneció como afiliado hasta marzo de 2019. Meses después, dejó el Parlamento tras la disolución que decretó el expresidente Martín Vizcarra. 

En su última hoja de vida indicó que es empleado de la compañía Sirius Perú SAC, con domicilio fiscal en el distrito limeño de Santa Anita. En su candidatura del 2016, figura que fue asesor de la empresa Alimenta Perú SAC. Esta compañía ganó un contrato en 2019 con la Municipalidad Provincial de Cutervo (Cajamarca) por medio millón de soles para la adquisición de alimentos de primera necesidad. Por aquel entonces, Flores Vílchez era legislador; sin embargo, cuando este hecho fue revelado por un medio de comunicación, aseguró que dos de sus hermanos ya no formaban parte de la empresa. “Ellos no tienen representatividad legal”, respondió en una entrevista con RPP. De acuerdo al portal de Proveedores del Estado, su sobrina Maribel Flores Eneque es una de las accionistas de Alimenta Perú. 

Sobre sus bienes, Flores Vílchez solo ha mencionado al JNE una motocicleta valorizada en S/1.000, mientras que durante su período como congresista, nunca declaró tener propiedades y consignó su salario mensual de S/23.217. Además, en 2011, cuando no tenía un cargo público, aportó S/150 mil al partido Perú Posible y unos años después, S/4.500 a Peruanos por el Kambio. 

SIN BIENES. Clemente Flores Palma es el candidato del partido Construyendo. Solo ha informado al JNE que tiene una motocicleta valorizada en S/1.000.

Foto: Congreso de la República

 

El exparlamentario es uno de los 44 postulantes a gobernadores y vicegobernadores en todo el país que reportó tener sentencias condenatorias, según un reciente análisis hecho por OjoPúblico. En su caso, existe un fallo del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita por pensión de alimentos y una segunda condena del Juzgado Civil de Lambayeque por ejecución de garantías contractuales.

Pese a que la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos presentó una denuncia constitucional en su contra por los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó en 2021 que se archive. El informe final concluyó que los hechos, pruebas y argumentos señalados por el Ministerio Público no fueron suficientes para determinar que Flores Vílchez acordó con el exalcalde David Cornejo obtener el 5% de cada obra que se gestione a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

La misma suerte tuvo el excongresista José Marvin Palma Mendoza, quien ahora postula a gobernador de Lambayeque por el partido Fuerza Popular. En julio de este año, se aprobó el informe final que recomendó el archivamiento de la denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. El exalcalde distrital de Olmos, Wily Serrato Puse, afirmó a la Fiscalía que Marvin Palma y el excongresista Javier Velásquez Quesquén ayudaron a David Cornejo para que el excontralor Edgar Alarcón descongele las cuentas de la mencionada municipalidad tras una reunión que sostuvieron en agosto del 2016. 

A cambio de lograrlo, los congresistas exigieron que se les pague con obras públicas, de acuerdo a la denuncia de la Fiscalía. El informe final aprobado por mayoría argumentó que no existen pruebas de que Velásquez Quesquén y Palma Mendoza  “hayan ejercido influencia” frente el excontralor “ya que su participación —conforme lo han sostenido ellos mismos y también el propio Alarcón— fue de mera presencia física y acompañamiento de las autoridades municipales”. 
 
Palma Mendoza, con 33 años de edad, es uno de los candidatos más jóvenes a la gobernación de Lambayeque. Antes de integrar el Congreso (entre 2016 y 2019), fue regidor de la Municipalidad distrital de Santa Rosa, en Lambayeque, por el partido Alianza Para el Progreso.  

ANTECENDENTE. Marvin Palma Mendoza es candidato de Fuerza Popular. Fue investigado por el delito de tráfico de influencias agravado, dicho caso fue archivado. 

Foto: Congreso de la República

 

En su actual hoja de vida, ha consignado que es gerente de la empresa Boxes Car Taller Autoboutique SAC desde el año pasado. No obstante, hay otras dos compañías que son gerenciadas por sus familiares: Grupo Palma SAC —a cargo de su hermana Karina Paola Palma Mendoza de Santisteban— y Copemary SAC, manejada por su hermano Jhan Hamlet Palma Mendoza. En ambas empresas, el excongresista  también fue gerente, de acuerdo a la información que declaró para las elecciones generales del 2016. 

A todo esto se suma la embarcación “Monik”, registrada a nombre de su padre, el armador José Martín Palma Bernal. Actualmente, su permiso de pesca está anulado y registra cinco sanciones por las que el Ministerio de la Producción le impuso multas por un total de 80 Unidades Impositivas Tributarias, entre 2008 y 2011. Una de las resoluciones directorales de sanción explica que en enero del 2010, Palma Mendoza respondió ante el Ministerio de la Producción —como representante de la empresa Grupo Palma SAC, la cual era propietaria de la embarcación— al haber realizado la extracción de especies marinas en área reservada.  

Desde su penúltima candidatura, Marvin Palma pasó de ser propietario de tres inmuebles y dos vehículos —valorizados por un total de S/557.385— a contar con seis predios en Lima y Lambayeque que suman S/2.150.000.  

Un tercer excongresista que intenta convertirse en gobernador es el médico y químico farmacéutico Jorge Luis Pérez Flores, del partido Somos Perú. Durante el último período de Anselmo Lozano como alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria (2014-2018), se desempeñó como asesor “ad honorem” de esa gestión.

De acuerdo a la información que presentó al JNE, ha trabajado desde el 2013 en el Centro Médico Ganmeid EIRL, donde también es accionista. Esta empresa tiene una vinculación muy directa con Pérez Flores, pues su actual gerente —la también química farmacéutica Ruth Becerra Lozano— es su esposa, según la última declaración jurada de intereses presentado por el candidato ante la Contraloría. 

Un tercer excongresista que intenta convertirse en gobernador es el médico y químico farmacéutico Jorge Luis Pérez Flores.

La trayectoria de Pérez Flores por el Congreso fue de apenas dos años, ya que ingresó para reemplazar a los congresistas que fueron cesados tras la disolución del 2019. En las elecciones generales del 2021, postuló a la segunda vicepresidencia de la República en la lista que encabezó Daniel Salaverry con Somos Perú. En ese mismo proceso electoral, fue candidato al Parlamento Andino pero no resultó electo en ningún de los casos. 

EXCONGRESISTA. El médico y químico farmacéutico Jorge Luis Pérez Flores, del partido Somos Perú, también ha sido congresista. Postula por Somos Perú.

Foto: Facebook

 

Este hecho no lo alejó de la política ya que fue designado gerente central de Operaciones de Essalud, en agosto de ese año, durante la gestión del cuestionado presidente ejecutivo Mario Carhuapoma. Apenas dos meses antes, Pérez Flores había sido condecorado por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú cuando Carhuapoma era decano nacional de dicha institución. 

Previo a su ingreso a Essalud, también se reunió con el presidente Pedro Castillo, tal como muestra el registro oficial de Palacio de Gobierno. Un reportaje difundido por Cuarto Poder expuso su visita en octubre del año pasado a la vivienda del pasaje Sarratea, algo que motivó su salida abrupta de Essalud en diciembre. El exparlamentario nunca ha estado afiliado a Perú Libre ni ha postulado con este partido en elecciones anteriores. Además de Somos Perú, ha sido militante del Partido Aprista Peruano. 

Entre su candidatura del 2020 y la del 2021, hubo variaciones en el patrimonio que declaró. Inicialmente dijo tener una camioneta Kia del 2015 y ser propietario de un inmueble en el distrito de La Victoria, todo por un valor de S/288.655. Antes de dejar la curul que ocupaba en el Congreso, su patrimonio ascendía a S/304.675 y ya como candidato a la segunda vicepresidencia de la República, sumó tres vehículos más a sus bienes, pero no declaró el valor de los mismos. En su actual hoja de vida, solo figuran la camioneta y el inmueble, por un total de S/297.571.

 

Exalcalde investigado

 

Alianza para el Progreso es el partido que, tras llevar por dos períodos consecutivos al empresario Humberto Acuña Peralta a la gobernación regional de Lambayeque, mantiene un alto número de postulantes electos dentro de esta región. En las elecciones regionales y municipales del 2014, ganaron 96 de sus candidatos a alcaldes y regidores, según Infogob. Cuatro años después, la agrupación política que dirige César Acuña y sus hermanos alcanzó 78 autoridades electas en Lambayeque. 

Esta vez, su candidato al gobierno regional es el ingeniero agrónomo Alexander Rodríguez Alvarado, quien ya ha sido alcalde provincial de Lambayeque (2018-2022) y alcalde distrital de Mochumí (2010–2018) con Alianza para el Progreso. Antes de estos cargos, postuló sin éxito como alcalde y regidor de Mochumí por el Partido Nacionalista Peruano y Perú Posible, respectivamente. 

Además de su fuerte vinculación a Alianza para el Progreso, ha aportado a este partido S/7.000, entre 2010 y 2011. En el 2014, cuando ya era candidato por segunda vez de este partido, no declaró bienes. Para su siguiente candidatura, consignó ser propietario de una vivienda y un terreno en Lambayeque, por S/105.000. Actualmente asegura tener cuatro inmuebles, valorizados en un total de S/280.000, que le generan ingresos anuales por más de S/24.000.

Rodríguez Alvarado no tiene sentencias condenatorias, sin embargo, registra una investigación preliminar en la Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. Fuentes del Ministerio Público explicaron a OjoPúblico que este caso se inició por irregularidades denunciadas en la obra de mejoramiento e instalación del servicio de agua potable y alcantarillado para los caseríos Punto Cuatro, Los Coronados, La Piedra, Palo Parado y sector La Calzada, ubicados en el distrito de Mochumí, donde fue alcalde por dos períodos consecutivos. 

EXALCADE. Alexander Rodríguez Alvarado es candidato de Alianza para el Progreso. Tiene una investigación preliminar en Fiscalía por irregularidades en obras. 

Foto: Municipalidad de Lambayeque

 

La Fiscalía quiere determinar si hubo direccionamiento en la licitación de este proyecto, pero mientras espera el resultado de las pericias contables, el caso está archivado preliminarmente. Pese a ello, Rodríguez Alvarado seguirá bajo investigación, según las fuentes consultadas. OjoPúblico intentó contactar al candidato de APP para consultarle sobre este caso, pero no obtuvimos una respuesta hasta la publicación de este informe.  

 

Candidatos sin experiencia

 

Perú Libre presentó en su fórmula al ingeniero Humberto Heredia Morales como candidato al Gobierno Regional de Lambayeque, pero para cumplir con el principio de paridad horizontal —es decir, que el 50% de todas sus listas para gobernadores y vicegobernadores regionales sean varones y el otro 50%, mujeres— Perú Libre cambió su propuesta. Actualmente, su candidata a la gobernación es Mavila Esther Vásquez Díaz mientras que Humberto Heredia va como vicegobernador.

Desde la campaña electoral del 2021, Heredia Morales ha sido secretario regional de Perú Libre en la región y apoyó las propuestas del ahora presidente Pedro Castillo. Pero con el distanciamiento que surgió entre el mandatario y Perú Libre, Heredia Morales empezó a usar sus redes sociales para criticar al gobierno y apoyar a Vladimir Cerrón, fundador del partido. 

Antes de militar en esta agrupación, postuló al Gobierno Regional de Lambayeque con tres opciones políticas distintas, aunque todas sin éxito: el movimiento Progreso y Desarrollo (2002), Unión por el Perú (2006) y el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (2014). Desde entonces, ha declarado como única experiencia laboral su puesto como ingeniero civil y gerente de obras en Tectonica Constructores SRL, una empresa de la que también es accionista. 

A través del sector privado, sus ingresos ascienden a S/78.650 anuales y solo es propietario de un vehículo valorizado en S/2.000, de acuerdo a su hoja de vida presentada este año al JNE. A nivel de la Fiscalía, registra una investigación preliminar por los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad, disturbios y violación a las medidas sanitarias y otra en la Fiscalía Anticorrupción de Lima por concusión. Este último caso es por la concesión del proyecto Olmos a Odebrecht. Si bien no era funcionario regional, entre 2010 y 2018, pasó a calidad de investigado.

En cuanto a Vásquez Díaz, antes de su actual postulación buscó convertirse en regidora provincial y congresista con el Partido Popular Cristiano, Alianza Popular y el movimiento regional Amistad Solidaria Independiente, pero sin mayor suerte. En el sector público, la candidata tampoco ha desempeñado un cargo. 

Esther Vásquez Díaz es candidata de Perú Libre. Ha postulado a regidora provincial y congresista por diversos partidos.

De acuerdo a la información que presentó al JNE para las elecciones regionales y municipales del 2014, trabajó como directora de cultura en la Empresa Agroindustrial Pomalca, gerente comercial en el restaurante El Óvalo, conductora de Panamericana Televisión y gerente de la empresa Esther Vásquez Productores Cultural EIRL. A la fecha, la representante de esta compañía es la madre de la candidata, Martha Eufemia Díaz Díaz de Vásquez. Entre 2015 y 2016, el Gobierno Regional de Lambayeque contrató a la empresa para el servicio de publicidad por S/8.245. 

Aunque Vásquez Díaz es bachiller en Administración y Finanzas, declaró durante la campaña electoral del 2016 que fue docente en la Universidad de San Martín de Porres, entre 2006 y 2017. Además, fue coordinadora general de la Asociación Tu cultura Perú. Sin embargo, ninguno de estos empleos figura en su reciente hoja de vida. 

En las elecciones generales del 2016, consignó tres terrenos, una camioneta rural Chevrolet y equipos de producción audiovisual por un valor total de S/297.411; mientras que este año declaró no tener ingresos por bienes o rentas y la única propiedad que figura a su nombre es una motocicleta valorizada en S/300. 

Al igual que Vásquez Díaz, Solinka Cassandra Molina Gonzáles, de 33 años, pasó a ser candidata a la gobernación regional para que el partido Avanza País cumpla el principio de paridad horizontal. Esta es su primera postulación a un cargo público. Según su hoja de vida, es gerente desde el 2021 de la empresa SG Luz del Sol EIRL; sin embargo, no declaró ingresos ni ser propietaria de bienes.

Por el partido Frente de la Esperanza, el candidato a gobernador es el médico Felipe José Granados Carranza. Su primera postulación fue en las elecciones municipales de 1998, cuando intentó sin éxito ser regidor distrital por la agrupación Victoria hacia la Modernización. Años después, representó al Partido Aprista Peruano como candidato a regidor y alcalde distrital con igual suerte. En las últimas elecciones generales, tampoco logró convertirse en congresista por el partido Unión por el Perú. A esta última organización política, estuvo afiliado hasta setiembre del año pasado. 

Su experiencia laboral incluye haber sido gerente del Hospital de Clínicas Chiclayo y oftalmólogo en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud. Además, es accionista y gerente de la empresa Medicservis SAC. A lo largo de su carrera como médico y candidato de distintos partidos, Felipe Granados ha logrado incrementar su patrimonio. En 2011, sus bienes ascendían a S/110.625 y percibía una remuneración mensual de S/7.050, a través del sector público y privado. El 2021 declaró un salario anual de S/156.120 y dos vehículos por S/45.000, pero en su actual hoja de vida sus ingresos anuales ascienden a S/132.000.000. 

 

Un exministro en espera

 

El partido Juntos por el Perú incluyó en su fórmula al Gobierno Regional al exfiscal Juan Carrasco Millones, pero su candidatura fue tachada por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo por incumplir el principio de paridad horizontal de género. Posteriormente, el JNE emitió una resolución en respuesta a la queja que presentó Juntos Por el Perú y determinó que el partido interpuso de manera extemporánea un recurso de apelación contra las dos tachas admitidas en contra de Carrasco.  

Esto provocó que el exfiscal iniciará una batalla legal contra el JNE. El pasado miércoles 7 de setiembre, el juez Ronal Orlando Saavedra Guzmán, del Juzgado Civil Permanente de Lambayeque, declaró fundada en parte la medida cautelar que solicitó el candidato contra este órgano electoral. De acuerdo a la resolución, el juez ordena que la candidatura de Carrasco Millones “debe mantenerse en la condición de admitido” hasta que el JNE se pronuncie nuevamente respecto al recurso de apelación.

El pasado 13 de setiembre, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo emitió una primera resolución que declara como admitida la fórmula de Juntos por el Perú, en cumplimiento a la medida cautelar que ordenó el juez Saavedra Guzmán. Pero el 15 de setiembre, el mismo JEE publicó una nueva resolución que —ante la solicitud de inscripción que presenta nuevamente el partido, amparándose en la orden del juez— declara improcedente la inscripción. En sus argumentos, indican que el juzgado civil "no ha ordenado la inscripción de la fórmula regional", sino que solo se admitan las candidaturas. 

La candidatura de Carrasco Millones “debe mantenerse en la condición de admitido” hasta que el JNE se pronuncie.

Según el JNE, cuando un candidato está inscrito es que puede participar en las elecciones y cuando es admitido, está sujeto a posibles tachas. En el caso de Carrasco Millones, como indica el JEE y el juez, falta el pronunciamiento final del pleno del JNE con respecto a las tachas que ya se habían aceptado contra la fórmula que encabeza el exministro. Hasta el cierre de esta edición, el portal del JNE mantiene que esta candidatura es improcedente. 

Carrasco Millones forjó su carrera en el Ministerio Público desde 2010, desempeñándose como fiscal provincial contra la criminalidad organizada en Lambayeque. Durante el gobierno de Pedro Castillo, ocupó diversos cargos: como ministro del Interior, entre julio y octubre del 2021, un mes después como ministro de Defensa, y luego como asesor del Ministerio de Justicia. Su última designación fue el 12 de febrero de este año, como viceministro de Justicia, pero desempeñó esta función durante menos de 3 meses pues renunció para convertirse en candidato al Gobierno Regional.

Su paso por el actual gobierno motivó dos investigaciones en su contra al interior del Congreso. La primera surgió por las visitas extraoficiales que hizo el exfiscal a un inmueble ubicado en el pasaje Sarratea, en el distrito limeño de Breña —al que también acudía el Presidente de la República— mientras era ministro de Defensa. Por este caso, la comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento ha propuesto formular una acusación constitucional. 

El segundo caso está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el presunto delito de asunción ilegal de cargo y falsedad genérica. En este caso, se investiga si Juan Carrasco asumió irregularmente la dirección del Ministerio del Interior cuando todavía no se había hecho efectiva su renuncia a la Fiscalía. 

En el Ministerio Público, figura otra investigación en su contra por los presuntos delitos de prevaricato y omisión de actos funcionales además de una reciente denuncia —con fecha del 3 de agosto— por los mismos delitos en la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque. 
 

Proyectos postergados

 

Mientras Anselmo Lozano Centurión cumplía arresto domiciliario, fue reemplazado por su vicegobernador regional Luis Díaz Bravo, a quien la Fiscalía también investiga. Los cambios en la gestión han dejado postergadas obras emblemáticas para Lambayeque.

La construcción de un terminal marítimo en el distrito de Puerto Eten, una central hidroeléctrica como parte del proyecto de irrigación Olmos, y la segunda etapa del reservorio Tinajones —la principal fuente de agua para la agricultura y el consumo de la población de esta región— son algunos de los proyectos han quedado pendientes. La actual gestión terminará sin poder mostrar “ningún gran proyecto”, refirió el politólogo Jorge Vallejo Castello .

Otro proyecto que tampoco se ha materializado es la construcción de la represa La Calzada, que fue pensada para mitigar el riesgo de inundación cuando se desborda el río La Leche, un evento climático que daña viviendas y afecta los cultivos de arroz. “Estamos ante una crisis alimentaria. A pesar de tener agroexportadores, el común denominador en Lambayeque son los pequeños productores, quienes no han visto un apoyo real de parte del gobierno regional y nacional”, remarcó el politólogo Roger Santa Cruz. 

Además, recordó que el Plan de Reconstrucción con Cambios —formulado después del impacto que ocasionó el fenómeno El Niño Costero— nunca fue una tarea articulada entre el gobierno regional y las municipalidades. Hasta el momento, no hay coordinación entre las autoridades para revisar la calidad de las obras que se siguen ejecutando. “El Plan de Reconstrucción resultó ser una respuesta ante una emergencia de la que aún no nos hemos recuperado”, finaliza Santa Cruz. 

Finalmente, Santa Cruz resaltó la necesidad de desbaratar las redes de corrupción que operan en el Gobierno Regional de Lambayeque, tras las denuncias que han involucrado a sus últimos gobernadores: Yehude Simon Munaro y Humberto Acuña Peralta, quienes fueron incluidos en la investigación del caso Lava Jato, así como Anselmo Lozano y Luis Díaz Bravo, con investigaciones fiscales en curso.