Dos exalcaldes investigados por delitos contra la administración pública y cuatro empresarios del rubro de la construcción y consultores de municipalidades forman parte de la lista de siete postulantes para liderar el Gobierno Regional de San Martín, según la revisión de sus antecedentes que realizó OjoPúblico.  

Uno de los candidatos más conocidos en San Martín es el empresario Walter Grundel Jiménez (75), quien busca ser gobernador con el partido Somos Perú, al cual se afilió en agosto del 2021 cuando dejó Alianza Para el Progreso, donde militó desde el 2014. 

En las elecciones del 2018, Grundel Jiménez postuló, aunque sin éxito, al cargo de gobernador. Ha sido regidor provincial desde 1995 al 2006 y fue alcalde de la provincia de San Martín durante los periodos 2010 al 2014 y 2015 al 2018. 

Es accionista de las empresas Agroavícola Escalera S.A.C. y Grupo Las Brisas S.A.C, ambas dedicadas a la venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. Declaró en su reciente hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que en el 2021 tuvo ingresos de S/15.390 anuales del sector privado. Además, registra a su nombre una vivienda en Loreto valorizada en S/23.098 y 15 vehículos por un valor de S/153.200, de los cuales 10 transfirió a otras personas, según informó. 

El candidato de Somos Perú es investigado por lavado de activos en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Tarapoto. El caso se inició en el 2018 tras la difusión de un audio donde se le escucha hablar con un interlocutor llamado Víctor, quien presuntamente sería el excongresista Víctor Isla Rojas, de una supuesta transferencia irregular de maquinaria a una de sus empresas. 

APUESTA. El nuevo gobernador de San Martín deberá continuar con la política de fortalecimiento de las cadenas productivas de café y cacao.

Foto: Andina

También registra investigaciones por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Además, tiene un caso en juicio oral por el delito de colusión, donde se le acusa de contratar irregularmente a una empresa para la supuesta recuperación de deudas en telecomunicaciones. 

Grundel Jiménez es señalado por la Contraloría General de la República con responsabilidad en dos casos. El primero es porque el Gobierno Regional de San Martín otorgó una ampliación de 37 días para la construcción del puente vehicular sobre el río Shilcayo en los distritos de Tarapoto y Banda de Shilcayo pese a que la constructora solicitó el pedido fuera del plazo legal. Además, se incluyeron el pago de partidas no ejecutadas. Esto ocasionó un perjuicio económico de S/ 55.309 y la institución no cobró S/ 457.901 por inaplicación de penalidad. 

El segundo caso está relacionado a la suscripción del contrato de ejecución de la obra de saneamiento de la zona noreste de la ciudad de Tarapoto sin respetar el procedimiento estipulado por la Ley de Contrataciones del Estado y aprobar un adicional irregularmente, lo que generó un perjuicio de S/210.858 por el pago de metrados no ejecutados. Además, se perdió S/689.241 por la inaplicación de penalidades. OjoPúblico contactó con el equipo de campaña de Walter Grundel, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron a nuestros mensajes y llamadas.

El arquitecto Tedy Del Águila Gronerth (59) es el candidato de Acción Popular, partido al que está afiliado desde el 2014 y del que es su secretario general en esta región. Fue elegido en el 2018 como alcalde de la provincia de San Martín hasta el 2022, pero renunció para postular al máximo cargo político en la región. Tiene dos investigaciones en el Ministerio Público en curso por los delitos de peculado y peculado doloso, ambos se encuentran en etapa preliminar e iniciaron en el 2021 cuando era alcalde provincial. Uno de los casos se abrió luego de que el entonces alcalde donará 300 palmeras hawaianas a la Municipalidad distrital de La Victoria sin supuestamente seguir el trámite regular. 

Además, durante su gestión fue vinculado por la prensa local con los empresarios Juan Carlos Rocha López, gerente de la Constructora y Consultora Rocha E.I.R.L y Juan José Rocha Díaz (padre) y Juan José Rocha López (hijo), accionistas de la J.J. Rocha Metal Mecánica E.I.R.L.; quienes son militantes de Acción Popular y habrían obtenido contratos con la Municipalidad de San Martín por presuntamente ese vínculo. 

Walter Grundel, de Alianza Para el Progreso, es investigado por lavado de activos y delitos contra la administración pública".

El pasado mes de junio, el candidato chocó contra un motocar mientras conducía por las calles de la ciudad de Tarapoto, dejando cinco personas heridas. Las víctimas y Del Águila llegaron a un acuerdo donde el candidato asumió el pago de los daños causados.

En su reciente hoja de vida declaró que tuvo ingresos por S/136.800 provenientes del sector público durante el 2021. Además, una vivienda en la ciudad de Tarapoto valorizada en S/154.338 y nueve vehículos, todos por un valor de S/180.500. Cuando postulaba a alcalde provincial de San Martín en el 2018 registraba tener tres bienes muebles: un local comercio, un almacén y un terreno, todo por el valor de S/1’250.000.

OjoPúblico solicitó una entrevista con el candidato para conocer sus descargos a las investigaciones fiscales que se le siguen, pero esta no se concretó.
 

Empresarios en carrera

Entre los postulantes a la gobernación de San Martín hay cuatro empresarios. Uno de ellos es el abogado Máximo Óscar Cabrera Cabrera (49), candidato de  Avanza País, en el que milita desde diciembre del 2021. También fue candidato por Fuerza Popular en el 2018.

Es accionista de siete empresas dedicadas a actividades jurídicas e inmobiliarias. Óscar Cabrera y Gabriel Alejandría Abogados S.A.C, suspendida en la actualidad; Tarapoto Cobranzas S.A.C, Concilia Tarapoto y Óscar Cabrera Abogados E.I.R.L., esta última ha contratado por S/23.000 del 2017 al 2021 con las municipalidades distritales de Buenos Aires-Picota y Sauce. Además, en el 2020 recibió un crédito de Reactiva por S/19.368 y  tiene acciones en las empresas Alojamiento La Guardia E.I.R.L., Consumidores Nor Oriente Peruano y Ecco Project S.A.C, dedicada a actividades inmobiliarias.

Según su declaración de intereses presentada a la Contraloría General de la República, su cónyuge es la exfiscal Wendy Angie Cueva Silva, quien labora actualmente en la gerencia administrativa del Ministerio Público de San Martín. El mismo candidato fue fiscal del 2003 al 2011 en Tarapoto y Nueva Cajamarca y del 19 de agosto hasta el 27 de noviembre del año pasado fue asesor técnico del gabinete de la Presidencia de la República. Mientras ocupaba este cargo participaba en actividades proselitistas del partido Avanza País junto con la congresista Patricia Chirinos, quien promovía la vacancia del mandatario. 

En el 2017 ejerció la defensa legal del ahora candidato Walter Grundel, cuando este era alcalde de Tarapoto, y del exburgomaestre del distrito de Morales, Carlos Philco Balvin, acusado del presunto delito de lavado de activos en el 2015 al no poder sustentar el incremento de su patrimonio. Al respecto, Óscar Cabrera señaló a OjoPúblico que solo patrocinó a ambos exfuncionarios durante las investigaciones preliminares, dejando los casos por “incompatibilidad de valores”.

ALIANZAS. El candidato Óscar Cabrera reconoció que recibe el "apoyo político" del sentenciado por corrupción David Bazán.

Foto: Radio La Poderosa

El último 30 de agosto, Óscar Cabrera estuvo junto al excandidato David Bazán Arévalo en mítines en la provincia de Tocache, como se evidencia en las fotografías publicadas en la página de Facebook del candidato.

Bazán Arévalo también se presentó como candidato de Avanza País al cargo de alcalde provincial de Tocache —puesto que ya ocupó del 2007 al 2010 y de 2015 hasta el 2017, cuando deja el puesto al ser acusado de supuestamente formar parte de la organización criminal de ‘Eteco’ —, pero fue excluido por el Jurado Electoral Especial de Moyobamba por tener una inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años.  

Óscar Cabrera confirmó a OjoPúblico que recibe el apoyo político de David Bazán y dijo desconocer sobre sus procesos de investigación en el Misterio Público. “Mientras no tenga una sentencia no se le puede acusar, desconozco sobre los casos”, anotó. En tanto, sobre la sentencia por delitos contra la administración pública alegó que se trata de un tema político.

El candidato de Avanza País ha señalado en entrevistas locales apoyar a las rondas campesinas y que impulsará su creación en San Martín pese a que la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de esta región ha denunciado que la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú  (Cunarc-P) conforma rondas en el territorio indígena generando conflictos debido a que respaldan a los productores de hoja de coca. 

La Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam) señala que los enfrentamientos entre indígenas y cocaleros se está dando en la comunidad Santa Rosillo de Yanajanca, donde el líder Manuel Quinto ha denunciado el avance del narcotráfico con el apoyo de la ronda campesina. Al respecto, el candidato Óscar Cabrera dijo a este medio que las rondas campesinas no tienen vínculos con actividad ilegales como el narcotráfico. 

La organización indígena Aidesep cuestionó la creación de rondas campesinas en territorio de pueblos indígenas amazónicos".

Otro empresario candidato es Jorge Panduro Ruiz del partido Alianza Para el Progreso, aunque desde el 2004 está afiliado a Acción Popular. El empresario de 47 años postula por primera vez a un cargo de elección popular y ha informado que durante el 2021 percibió S/ 172.230 del sector privado al ser gerente de tres empresas. Además, registra 29 propiedades por S/3’ 919.000 y ocho vehículos equivalentes a S/45.200.

Panduro Ruiz, quien es ingeniero civil, es accionista de las empresas operadoras turísticas Sumaj Casa E.I.R.L., Sumaj Tour Operador E.I.R.L. y Sumaj Lagoon Lodge E.I.R.L. También tiene participación en las empresas Importadora Kawsay Amazon Gold S.A.C., Kawsay Green Busines S.A.C. e Inversiones Las Rocas S.A.C. 

Además, es socio de Protección Global Tierra S.A.C., que se encargaba de eliminar desperdicios, y Nazcasa Contratistas Servicios Generales S.R.L., una constructora de edificios que contrató con la Municipalidad de Jaén y el Gobierno Regional de San Martín del 2008 al 2017 por S/16’572.132 y recibió en el 2020 un crédito estatal por S/402.218.

El empresario Carlos Job Gómez Torres (35) postula con el movimiento regional Nueva Amazonía, donde milita desde enero de este año. Estuvo afiliado al Partido Popular Cristiano (PPC) del 2009 al 2019. Fue consultor del Gobierno Regional de Ayacucho, dirigido por Carlos Rua Carbajal, investigado por lavado de activos al supuestamente tener desbalance patrimonial y delitos contra la administración pública como nombramiento indebido de funcionarios y abuso de autoridad. 

Gómez Torres, quien es ingeniero de sistemas, postuló en el 2019 sin éxito al cargo de regidor de Lima con el PPC. En su última hoja de vida informó que ganó S/ 98.946 en el 2021 y tiene dos vehículos valorizados en S/90.000 en conjunto. Además, es accionista de las empresas Calidad Social S.A.C., dedicada a impresiones y publicidad, quien contrató con la Municipalidad distrital de Marcona y el Gobierno Regional del Callao por S/107.000 del 2019 al 2021. También es socio de Carliz S.R.L, que se dedica al comercio de  alimentos al por mayor, y el Instituto Peruano de Gobierno y Políticas Públicas, que brinda consultorías en gestión pública y llegó a tener un contrato por S/23.800 con la Municipalidad distrital de Lurín en el 2021.

ALERTA. En el 2020 se evidenció el incremento de los cultivos de hoja de coca en el Alto y Central Huallaga, ubicado en la región San Martín.

Foto: Andina

La ingeniera ambiental Alibe Cárdenas Ríos (47) es la candidata de Fuerza Popular y accionista de la constructora Consproser Akari S.A.C. Declaró en su hoja de vida S/ 20.000 como ingresos anuales durante el 2021 y tener una motocicleta valorada en S/1.500. Fue militante del movimiento regional Nueva Amazonía del 2013 al 2021. Este es el primer proceso electoral en el que participa. 

Por último, el contador Víctor Hugo Díaz Mejía (52) busca ser gobernador con el movimiento regional Unión Regional. Esta es la cuarta postulación del candidato, antes intentó llegar a los cargos de consejero regional (2010), alcalde provincial de Moyobamba (2014) y consejero regional (2018). En el 2018 estuvo afiliado al partido Alianza Para el Progreso, al año siguiente en el Apra y desde el 2021 en Unión Regional.

Estos candidatos deberán hacerle frente al avance del narcotráfico en San Martín, donde los dirigentes indígenas han denunciado ataques y amenazas por haber presentado denuncias contra actividades de tala ilegal y narcotráfico, y por exigir la titulación de sus tierras comunales. 

Durante los dos últimos años, los cultivos de hoja de coca se han incrementado en el Alto y Central Huallaga, dentro de la región San Martín, al pasar de 1.527 hectáreas de hoja de coca en el 2019 a 2.143 al año siguiente, cifra que no registraba desde el 2013, según el último reporte de monitoreo de cultivos ilegales de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). 

Gerardo Cáceres Bardalez, gerente de la Autoridad Regional Ambiental, indicó que, según los reportes de monitoreo de la Policía, hay más pistas clandestinas de aterrizaje de aviones en la provincia de Tocache.