Actualización: 16 de octubre del 2024 a las 10:50 a.m.

El proceso para elegir a la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad a cargo del nombramiento, ratificación y sanción de jueces y fiscales, sigue su curso pese a los cuestionamientos por la falta de transparencia y el pedido de 62 organizaciones civiles para que se convoque a un nuevo concurso público.

El viernes 11 de octubre, la Comisión Especial publicó el cronograma de entrevistas —última etapa de evaluación— para los 15 postulantes que siguen en carrera: Francisco Távara Córdova, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Chanduvi Cornejo, Jaime de la Puente Parodi, Mónica Rosell Medina, Alejandro Serkovic González, Ivan Guevara Vásquez, Tito Esteves Torres, Iris Pacheco Huancas, Gino Ríos Patio, Jorge Balarezo Rengifo, Rafael Ruiz Hidalgo, Cayo Galindo Sandoval, Freddy Hernández Rengifo y Roque Bravo Basaldua. Todas las entrevistas se realizarán este jueves 17 de octubre.

En las últimas semanas, este medio ha informado sobre los antecedentes de los postulantes, entre ellos procesos penales, sanciones administrativas, aumento patrimonial y vínculos con investigados por organización criminal. Además, reveló que la Universidad ESAN, a cargo del examen de conocimientos, eligió a recién egresados y abogados de otras especialidades para elaborar la prueba. 

Ahora, OjoPúblico detectó que la Comisión Especial para la Elección de miembros de la JNJ, presidida por el defensor del pueblo Josué Gutiérrez Cóndor, encargó el examen de conocimientos a una universidad que acababa de cumplir una inhabilitación de tres años para contratar con el Estado. 

El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) le había impuesto esta sanción por presentar un documento falso en un concurso público similar al que brindó para el de la JNJ. El caso data de 2018 y corresponde a un proceso en el que ESAN se hizo cargo de elaborar las distintas fases de un examen de conocimiento para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), según las resoluciones del TCE.

ESAN fue sancionada por haber presentado un documento falso en una oferta pública a la SBS, en 2018".

Las coincidencias no terminan allí: Marleni Dorothy Ruiz Loayza, una licenciada en administración por la Universidad Norbert Wiener y actual trabajadora de la Universidad ESAN, participó en ambos procesos.

En el caso de la SBS fue quien recibió los documentos —entre ellos uno falso— de los posibles evaluadores del examen. En el concurso de la JNJ fue coordinadora del equipo de evaluadores.

Hasta ahora, la Comisión Especial no ha brindado detalles sobre la convocatoria en la que resultó elegida la Universidad ESAN. OjoPúblico solicitó una entrevista con el secretario técnico de la Comisión Especial, Manuel Balladares Ramírez, para consultar por el tema. Sin embargo, denegaron el pedido.

La opacidad del proceso tampoco ha permitido conocer si la Comisión Especial valoró la calificación de tres de un total de cinco estrellas por parte del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) al desempeño de ESAN. Dicha información consta en el Buscador de Proveedores del Estado. 

CONCURSO. La Comisión Especial, presidida por el defensor del pueblo Josué Gutiérrez, está a cargo de la elección de la nueva JNJ. 

Foto: Comisión Especial JNJ

“Un concurso de esta naturaleza requiere de una diligencia máxima porque debe cuidarse, además de la capacidad efectiva de un proveedor de prestar el servicio, que no se afecte la confianza ni la credibilidad de los resultados. Proteger esa confianza es un deber de la Comisión Especial”, señaló Úrsula Indacochea Prevost, abogada de la Fundación Para el Debido Proceso.

A este contexto se suman los nexos entre participantes del concurso y allegados al mismo con dos partidos políticos. Entre estos destacan el notario Alejandro Rodríguez Cruzado, abogado que realizó servicios al fujimorismo durante las campañas electorales de 2011 y 2016, y quien validó el servicio brindado por ESAN. 

Un caso similar es el del actual secretario general de dicha universidad: Jorge Alejandro del Castillo Reyes. El especialista en negocios internacionales es hijo de Jorge del Castillo Gálvez, excongresista aprista y abogado de la exfiscal de la nación Patricia Benavides. Esta última fue destituida por la JNJ tras revelarse una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público bajo su liderazgo. 

En conversación con este medio, Del Castillo Reyes confirmó su parentesco con el excongresista, pero negó haber participado en el servicio que brindó la casa de estudios para el concurso de elección de la nueva JNJ.

CALIFICACIÓN. El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado califica con tres de cinco estrellas el desempeño de ESAN como proveedor.

Captura: Buscador de Proveedores del Estado

Documento falsificado

En mayo de 2018, la Universidad ESAN obtuvo la buena pro de la SBS para encargarse del examen de conocimientos para el Programa de Extensión de 2019 de la entidad. El monto pactado entre ambas por el servicio fue de S/167.998.

El 5 de octubre de ese mismo año, cuando la universidad ya estaba a punto de culminar el trabajo, la SBS solicitó al TCE que le imponga una sanción por haber presentado un documento falso en su oferta. 

La superintendencia informó al TCE que había realizado una fiscalización posterior y, en esta, encontró que la constancia de trabajo emitida por la Institución Educativa N°6020 Micaela Bastidas en favor de Vilma Jeny Vilca Apaza, una de las personas que iba a estar a cargo de la aplicación del examen, era falsa. 

Para llegar a esa conclusión, la SBS se comunicó con la directora de dicha institución educativa, Haydee Ruth Roca Rodríguez, quien aseguró, por correo electrónico, que Vilca Apaza no era parte de su plantel y que jamás había emitido una constancia a su favor. Roca Rodríguez ratificó su respuesta en dos oportunidades. 

ESAN estuvo inhabilitada para contratar con el Estado desde marzo de 2021 hasta marzo de este año".

En 2020, el TCE inició un procedimiento disciplinario contra ESAN. La universidad se defendió indicando que la constancia de trabajo había sido proporcionada por Maribel Sánchez Vargas, una locadora de servicios a quien habían contratado para que seleccione y proponga a docentes que se encargarían de la aplicación del examen. 

Asimismo, presentó un documento en el que Sánchez Vargas supuestamente admitió que la presentación de la constancia de estudios de Vilca Apaza fue su responsabilidad. En ese contexto, la Universidad ESAN aseguró “que no tuvo conocimiento que la constancia era falsa ni tuvo intención de presentarla”. 

La Ley de Procedimientos Administrativos señala que los contratistas o postores tienen el deber de comprobar la autenticidad de la documentación que presentan en los concursos públicos. También precisa que ellos son los únicos responsables cuando se presentan documentos adulterados. 

Por eso, el TCE concluyó que ESAN —y no Maribel Sánchez Vargas— era la responsable a nivel administrativo. Sobre Sánchez Vargas, en tanto, detalló que enviaría la documentación a la Fiscalía para que se le inicie un proceso penal por falsificación de documentos.

RESPONSABLE. El TCE encontró responsable a la Universidad ESAN por no haber comprobado la autenticidad de los documentos presentados en su oferta.

Documento: Resolución TCE

“Debe tenerse en cuenta que los responsables ante la Entidad [SBS] por la presentación de la documentación siempre son los postores, en este caso, el contratista [Universidad ESAN]”, se lee en la resolución.

Así, el 1 de febrero de 2021, la Cuarta Sala del TCE sancionó a ESAN por tres años de inhabilitación para contratar con el Estado. Aunque la casa de estudios apeló la decisión, esta fue ratificada el 26 de febrero de 2021.

Maribel Dorothy Ruiz Loayza, la trabajadora de ESAN que recepcionó los documentos remitidos por Sánchez Vargas —entre ellos uno adulterado— también participó del reciente examen de la JNJ, según las actas notariales del proceso. En este caso, fue responsable del grupo de evaluadores de la prueba, realizada el 25 de agosto pasado.

Al ser consultada por el tema, la Universidad ESAN informó que, cuando la SBS halló el documento adulterado, retiró del equipo a la persona reclutada. Y, además, formalizó una denuncia ante la 2° Fiscalía Provincial Penal de San Isidro por el delito de falsificación de documentos contra la fe pública en contra de la “facilitadora” que presentó el certificado de trabajo observado. Es decir, contra Sánchez Vargas.

Maribel Ruiz Loayza participó en el servicio que brindó ESAN a la SBS y a la Comisión Especial de la JNJ".

La institución indicó que ya no tiene relación laboral con el coordinador del servicio brindado a la SBS en 2018, aunque no precisó su nombre.

Por último, ESAN confirmó que Ruiz Loayza participó tanto en los servicios brindados a la SBS como a la Comisión Especial de la JNJ. En el primer caso, explicaron, lo hizo como asistente administrativa y, en el segundo, se encargó de la impresión del examen, y de la entrega de la prueba y de la ficha óptica a los evaluadores. 

En contraposición,  Sánchez Vargas aseguró que no tuvo ninguna participación en los hechos que generaron la sanción a ESAN y negó haber presentado un documento falso.

“Nunca reconocí tal acción”, dijo a este medio. Sánchez Vargas precisó, asimismo, que brindó declaraciones sobre el tema a la Fiscalía. OjoPúblico también buscó los descargos de Ruiz Loayza, pero no respondió.

TÉCNICO. El secretario técnico de la Comisión Especial, Manuel Balladares, es el responsable de coordinar cada fase del concurso para elegir a la JNJ.

Foto: Sucamec

Más sanciones

ESAN cuenta, entre sus antecedentes, con tres sanciones administrativas adicionales que, en conjunto, la inhabilitaron para contratar con el Estado por otros 18 meses. La primera ocurrió el 9 de julio de 2014, cuando la Tercera Sala del TCE le aplicó esta sanción por seis meses. 

De acuerdo a la resolución, a la que accedió OjoPúblico, la casa de estudios no presentó los documentos para la firma de un contrato dentro del plazo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado. En este caso, el servicio era para el Ministerio de Economía y Finanzas. 

La resolución del TCE sostiene que la universidad tenía hasta el 20 de diciembre de 2012 para entregar dichos documentos. Sin embargo, lo hizo recién el 4 de enero del siguiente año. Es decir, 15 días después. 

En sus descargos, la institución hizo referencia a un cambio normativo, aunque este ocurrió tres meses antes de la buena pro. Además, argumentó que, en diciembre de 2012, había problemas para acceder a la página de OSCE. Los errores, agregó, no se solucionaron hasta el 18 de diciembre, fecha en la que se iniciaron las vacaciones de los estudiantes y de su personal administrativo.

ESAN fue seleccionada para realizar el examen de conocimientos del concurso público para la nueva JNJ".

El segundo caso data de octubre de 2014. Entonces, la Primera Sala del TCE sancionó a la universidad con seis meses de inhabilitación para contratar con el Estado por no presentar los documentos para la firma de otro contrato. En esa ocasión, se trató de un servicio para el Poder Judicial. 

La casa de estudios tenía como fecha límite para presentar los documentos el 21 de diciembre de 2012, algo que no ocurrió. En ese contexto, el Poder Judicial le informó que había perdido la buena pro para dictar el curso de gestión administrativa para asistentes de gerencia. 

La entonces directora de Programas Institucionales de ESAN, Lydia Arbaiza Fermini, contestó al Poder Judicial que no habían podido cumplir con la entrega porque la universidad se encontraba en receso administrativo por fin de año. 

Sin embargo, durante el proceso sancionatorio, la casa de estudios cambió de argumento: sostuvo que, de nuevo, había experimentado problemas para acceder a la página de la OSCE. Como en el caso previo, el TCE la sancionó. 

HISTORIAL. La Universidad ESAN fue sancionada cuatro veces por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Foto: Universidad ESAN

A estas se añade una sanción de 2016. Ese año, la Cuarta Sala del TCE dictó otros seis meses de inhabilitación para contratar con el Estado contra la universidad. ¿La causa? Firmar un contrato, pese a estar impedida, y presentar un documento con información inexacta.

En ese proceso, el TCE confirmó que ESAN había firmado un contrato con el Programa de Educación Básica para Todos, del Ministerio de Educación, aunque tenía como apoderado a Jaime Félix Serida Nishimura, quien a su vez era parte del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). 

De acuerdo a la Ley de Contrataciones, los altos funcionarios de organismos autónomos están impedidos de contratar con el Estado. La norma precisa que están excluidos tanto ellos como los consorcios que integran durante su período como funcionario y hasta un año después. 

El TCE también confirmó que la universidad había presentado una declaración jurada donde aseguraba que no tenía impedimentos para contratar con el Estado. Algo que, de acuerdo a la resolución, constituía un documento con información inexacta. 

Nota de redacción: Tres días después de publicado el reportaje, la Comisión Especial emitió un comunicado respaldando la elección de la Universidad ESAN y el contrato suscrito con la institución. Este medio solicitó los descargos al secretario técnico Manuel Balladares, pero indicaron que este no estaba autorizado para brindar entrevistas. La comisión también señaló que la entidad se encuentra habilitada para contratar con el Estado. Esta información no contradice lo informado, pues, como se precisa en el artículo, la inhabilitación fue entre marzo de 2021 y marzo de 2024.