La demanda de un amplio sector de transportistas, comerciantes, bodegueros y estudiantes, para que se derogue la Ley 32108 —que debilita la investigación del crimen organizado— fue rechazada el viernes 11 de octubre por la mayoría del Congreso de la República. Esta cerrada decisión del Legislativo motivó que los transportistas anuncien el inicio de coordinaciones para llevar a cabo una medida de lucha más contundente: un paro nacional indefinido.

El 10 de octubre, las empresas de transporte público en Lima y Callao, y en algunas regiones del país, paralizaron sus servicios casi de forma total para exigir al Gobierno acciones concretas contra las extorsiones y el avance de la criminalidad. La protesta se extendió hasta el día siguiente, viernes 11, con marchas que llegaron hasta los exteriores del Congreso de la República.

Según especialistas consultados por OjoPúblico, esta paralización del servicio de transporte público, que incluyó el cierre de mercados de abasto y otros servicios y negocios menores como bodegas de barrio, constituye la primera medida de fuerza masiva y congregante que se registra en el país para demandar la derogatoria de la ley que beneficia a las organizaciones criminales, y se ponga freno a la ola de extorsiones y homicidios.

En los últimos meses, los pedidos de auxilio, por la creciente ola de inseguridad —y sin que la policía y el gobierno articulen una estrategia clara para enfrentar la violencia urbana— ha partido de diversos sectores afectados, entre los que se cuentan transportistas, gremios empresariales, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles y hasta de madres de comedores populares, que han sido amenazados por extorsionadores.

En los últimos meses, los pedidos de auxilio, por la creciente ola de inseguridad ha partido de diversos sectores afectados".

Pese a estas demandas de la población, el viernes 11 de octubre, durante un sesión extraordinaria, el Congreso —encabezados por las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre y sus aliados— salieron en defensa de la Ley 32108 y ratificaron que no darán marcha atrás en lo dispuesto.

Un día antes, el jueves 10 de octubre, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides (APP), dijo a los dirigentes transportistas, que la norma cuestionada podía ser corregida y perfeccionada en el Pleno.

Sin embargo, eso no ocurrió. La demanda de los transportistas fue desoída por los congresistas, en un contexto en que conductores son amenazados para que paguen cupos a mafias, a cambio de que puedan trabajar sin que sus vidas corran peligro. El 7 de octubre pasado, hace menos de una semana, fueron asesinados en el Callao cuatro personas que viajaban en una combi.

DIÁLOGO ROTO. Representantes de un sector de transportistas con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y representantes de las distintas bancadas.

Foto: Congreso de la República

A fines de agosto, cerca de 130 conductores de la Línea A, de la Empresa de Transportes Urbanos los Chinos S.A. (Etuchisa), una de las más conocidas en Lima y que hacen la ruta de sur a norte en la capital, no salieron a trabajar algunos días en protesta por dos ataques armados que sufrieron en menos de una semana.

El mismo mes una unidad de la empresa ETUL4 S.A., conocida como “La P”, fue atacada a balazos en Villa María del Triunfo y su chofer resultó herido.

El gobierno, por su parte, ha impuesto el estado de emergencia en 14 distritos de la capital, sin que ello signifique un retroceso del clima de inseguridad.

¿Qué gremios protestan y cuántos son?

El paro del servicio de transporte urbano que se acató esta semana, tuvo como precedente el paro del 26 de setiembre, convocado por empresas formales, y que afectó principalmente a los ciudadanos de los distritos de Lima norte. Los transportistas reclamaron desde ya a las autoridades acciones concretas contra la criminalidad, las extorsiones y los homicidios.

Antes del paro del 10 de octubre, representantes de 12 gremios que representan a 200 de las 365 empresas formales de Lima y Callao sostuvieron reuniones con los titulares de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, del Interior, con la Policía Nacional y con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El 7 de octubre dichos gremios anunciaron que no iban a participar del paro. El Ministerio del Interior se comprometió a darles la seguridad para que puedan trabajar con normalidad.

GREMIOS. Reunión del 2 de octubre: transportistas formales con el ministro Raúl Pérez Reyes, del MTC, y el presidente de la ATU, David Hernández.

Foto: ATU

En las reuniones con el Ejecutivo estuvieron Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas; Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao; Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao; Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.

Asimismo, Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano; Manuel Odiana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano; y Marlon Milla, presidente del Gremio Fuerza Camionera.

Aunque dichos gremios anunciaron que iban a circular con normalidad, y para ello contaban con la promesa de seguridad ofrecida por el Gobierno con efectivos policiales y militares, lo cierto es que un gran número de sus vehículos no salieron a trabajar el día que empezó el paro.

Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, que cuenta con 64 empresas asociadas, manifestó a OjoPúblico que no salieron a realizar el servicio de transporte por razones de seguridad, para no exponer sus unidades y pasajeros ante eventuales ataques. Vargas informó, además, que no participarán de ningún paro convocado estos días.

De otro lado, están los dirigentes que se presentan como voceros de los transportistas en paralización, estos son Miguel Ángel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores; Julio Campos Cárdenas, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas; y Walter Carrera Álvarez, dirigente de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani).

DESIERTO. Las principales avenidas de Lima norte lucían desiertas y en algunos puntos solo había tránsito de autos particulares y buses del Metropolitano.

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

En 2020, Julio Campos Cárdenas era presidente de la Federación de Colectivos de Lima y, según información proporcionada por el Ministerio del Interior aquel año, fue uno de los dirigentes de gremios que participó en la convocatoria y organización de un paro de colectiveros informales.

Por su parte, Walter Carrera Álvarez, promueve la formalización del auto colectivo y, según declaraciones a Radio Exitosa en mayo de 2023, él mismo cubre una ruta informal.

Mario Arce Vera, de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, que en Lima representa a alrededor de 100 mil miembros, señaló que no se unieron al paro del jueves 10 de octubre, porque tienen programado participar de otra marcha convocada para el lunes 28 de octubre.

¿Cuáles son las principales demandas?

Al paro y la protesta del jueves 10 de octubre se sumaron otros sectores, como los comerciantes, bodegueros, estudiantes y ciudadanos en general, que incluso llegaron a encabezar las marchas. En diversos distritos de Lima y Callao cerraron varios mercados. En algunos casos como protesta para exigir acciones al gobierno contra la inseguridad y en otros por temor a posibles saqueos.

El mismo mes una unidad de la empresa ETUL4 S.A., conocida como “La P”, fue atacada a balazos en Villa María del Triunfo."

En Puente Piedra, declarado en estado de emergencia por la ola de inseguridad, cerraron siete mercados, entre ellos Huamantanga y Tres Regiones. Según Katherine Gómez, administradora del mercado Huamantanga, los comerciantes son extorsionados desde hace meses, e incluso han llegado a asesinar a una vendedora de verduras, a quien le pedían 200 soles diarios.

Un sector de los comerciantes del emporio de Gamarra también se unió a la medida de fuerza con el cierre de sus comercios y su participación en una marcha al centro de Lima.

Además de la derogación de la Ley 32108, otro eje demandado es que se archiven las iniciativas de ley que buscan tipificar el denominado delito de “terrorismo urbano” en el Código Penal. Sin embargo, el viernes último en el Congreso se intentó discutir un texto sustitutorio que reemplazaba dicho término por el de “criminalidad sistemática”, pero sin llegar a ningún acuerdo hasta el día siguiente.

¿Cuánto han crecido las extorsiones?

El incremento de la violencia urbana se confirma en el número de denuncias por extorsión. De acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, estas denuncias en el país se incrementaron de 4.510 en 2021 a 22.162 denuncias en 2023. Es decir, en solo dos años la cifra se quintuplicó.

Desde hace algunos años, en Lima operan bandas criminales como el Tren de Aragua, que actúa con fines de explotación sexual, extorsión, sicariato, homicidios entre otros crímenes violentos.

En el país, en ciudades como Trujillo, la extorsión es un delito presente desde hace unos 15 años, explica el criminólogo Nicolás Zevallos Trigoso. “Ya eran conocidos los taxis con stickers asociados a determinadas bandas y la obligación de esos taxistas a pagar cupo a esas bandas. Lo mismo con casas marcadas”, dijo en una entrevista a OjoPúblico a fines de setiembre.

El año pasado la policía detuvo en Trujillo a los miembros de la banda “Los Malditos de La Hermelinda”, que tenían en su poder armas de fuego, dinamita, municiones y celulares. Según el Ministerio del Interior, en Lima este año se desactivaron las bandas “Los duros del hampa”, “Los injertos de aragua” y “Los terribles del cupo”.

¿Qué implica esta paralización para la capital?

De acuerdo a Noam López Villanes, experto en temas de seguridad, un antecedente de ciudadanos afectados que reclaman por su derecho a la seguridad, se vio en Huancayo en 2015, con el “Atrapa tu choro y déjalo paralítico”.

Aquella medida “se hizo muy política y mediática, pero empezó siendo una movida, porque la justicia no procesaba bien a los delincuentes y las personas afectadas querían tomar justicia por sus propias manos”, cuenta López Villanes.

Otro antecedente de protestas ciudadanas por seguridad se puede ver, recuerda el especialista, en las movilizaciones de vecinos de barrios para pedir justicia contra delitos que van desde el robo hasta las violaciones, y que terminan en protestas frente a las comisarías.

Sin embargo, el paro acatado el jueves 10 de octubre marca una línea divisoria. “Esta vez [la medida de protesta] es masiva, congregante, con varios actores diferentes, ya no son solo de barrios, sino son cientos de personas que están afectados directa o indirectamente”.

CONGRESO. Durante dos días de paro del transporte, manifestantes llegaron hasta el Congreso para exigir la derogatoria de ley que beneficia al crimen organizado.

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

Víctor Quinteros Marquina, exdirector general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia, también calificó de inédito que sectores diversos, que habitualmente protestan por separado, ahora lo hagan unidos por el tema de inseguridad.

“Estamos hablando de una protesta expresa nacional y sobre riesgos de vida específicos. Es decir, no se puede negar que hay un tema de zozobra en la población, que está temerosa de abrir negocios. Y eso ya no solo impacta en las familias y las personas, sino que impacta en la sociedad en su conjunto”, explica Quinteros.

En su opinión, la ciudadanía, más allá de las leyes que hagan frente a la inseguridad, “lo que reclama es un liderazgo, de alguien [una autoridad] que diga: en este sector hay determinado problema y se tiene que corregir así”.

¿Por qué la Ley 32108 amenaza la lucha contra el crimen organizado?

La Ley 32108, que entró en vigencia el 9 de agosto de este año y que modifica el Código Penal, la ley contra el crimen organizado y la ley sobre medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, ha recibido cuestionamientos de juristas como de diversos sectores, tanto ciudadanos como empresariales.

Por ejemplo, en junio pasado, cuando la norma fue aprobada en primera votación por el Congreso, la propia Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), junto a otros gremios empresariales y la propia Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), sentaron posición conjunta contra la cuestionada ley y advirtieron que esta “pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana del país”. 

“Es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen 'la cadena de valor de un mercado o economía ilegal ', con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto”, alertaron en un comunicado. 

Esta vez [la medida de protesta] es masiva, congregante, con varios actores diferentes, ya no son solo de barrios"

La norma establece, además, que los allanamientos a inmuebles ejecutados en el marco de una investigación preliminar deben cumplirse con la presencia del investigado y su abogado. Este cambio también ha sido denunciado por el Ministerio Público, pues se elimina el factor sorpresa al perseguir el delito.

Según el director ejecutivo de Proética, José Hélice Navarro, no solo basta con que se derogue la Ley 32108, sino que “es necesario, desde el punto de vista técnico, aprobar una nueva ley que recupere el régimen normativo de las leyes modificadas o, mejor aún, que recupere ese régimen con mejoras destinadas a fortalecer la eficacia de los órganos competentes en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la inseguridad”.

En los próximos días se verá si la nueva coordinadora —anunciada por los dirigentes de transporte que demandan derogar la Ley 32108, que beneficia al crimen organizado— convoca a los sectores amenazados por la ola de extorsiones y homicidios en el país.