La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) realizó un informe especial que analiza el papel de las empresas en esos casos. El documento revela que un total de 1.431 responsables legales de diferentes empresas actualmente son investigados por delitos de corrupción en todo el Perú.

Se trata de casos en los que el representante de la empresa firmó algún contrato de manera irregular con el Estado y ahora es investigado por  presuntos actos de corrupción. La lista compila todos los procesos en curso que acompaña la Procuraduría anticorrupción y se encuentran en diferentes etapas fiscales y judiciales.

El informe mantiene en reserva la identidad de los investigados, pero identifica 359 casos en etapa de diligencias preliminares, 457 en investigación formalizada, 400 en etapa intermedia y 148 en juicio oral.

INVESTIGADOS. El informe de la Procuraduría analiza el papel de los representantes legales en casos de corrupción.

En varios de estos casos, además del representante legal, la empresa también podría tener la calidad de imputado o de tercero civil responsable. La Procuraduría señala que el objetivo es “reducir los espacios de impunidad por el lado empresarial y, de otro lado, asegurar el futuro pago de las reparaciones civiles a favor del Estado”.

Los delitos más comunes en las investigaciones en curso son: colusión, negociación incompatible y peculado. Las regiones con más casos de corrupción en el sector empresarial son: Áncash (258), Junín (196) y Lima (160).

El informe señala que, además de los 1.431 casos en curso, existen otros 16 procesos en los que se incluyó a la empresa como imputada. En este último grupo se encuentra la Constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú, investigada por el delito de lavado de activos. Además, los sectores comprometidos en estos 16 casos fueron: construcción (5), transporte (4), servicios generales (3), combustible(2), entre otros.

El informe también revela que hay cinco casos con sentencia firme en donde una o varias empresas fueron condenadas  como tercero civil responsable. Estos involucran a 12 compañías que deben pagar S/90 millones a favor del Estado por reparación civil. Más del 75% corresponde Odebrecht.

El mes pasado, la Procuraduría Anticorrupción anunció que se efectuó el cobro de S/65 millones a la constructora brasileña por los casos de “La centralita” y “Carretera Carhuaz-Chacas-San Luis”, que involucran al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, actualmente investigado por delito colusión y próximo a recibir sentencia el 11 de junio.

El monto restante, que asciende a S/24 millones (22%), corresponde al pago que deben hacer un grupo de compañías vinculadas a funcionarios del gobierno de Alberto Fujimori durante la década de los 90’.  Según el expediente judicial, dichas empresas pertenecían al entorno familiar y amical del general EP (r) José Villanueva Ruesta, ex ministro del Interior y Defensa y ex comandante general del Ejército. Villanueva fue condenado en el 2003 a diez años de prisión por delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios.

La Procuraduría sostiene en el informe que la incorporación de la persona jurídica a un proceso penal para la aplicación de medidas accesorias, es una práctica poco usual en el sistema de justicia anticorrupción, pero necesaria en varios procesos por la alta responsabilidad que tiene la organización en casos como los relacionados a Odebrecht.