Han pasado casi dos años y medio del peor desastre ecológico ocurrido en el mar de Perú, a causa del derrame de cerca de 12.000 barriles de hidrocarburos —el 15 de enero de 2022— en el mar de Ventanilla, en las instalaciones de la Refinería La Pampilla (propiedad de Repsol). En este tiempo transcurrido, la petrolera aún no logra cumplir con la remediación total del daño ambiental ni la reparación civil a las personas afectadas. 

Para exigir mayor celeridad, el viernes 10 de mayo, representantes de las organizaciones ambientalistas Oxfam Intermón, Greenpeace y Finanzas con Derechos Perú participaron en la Junta General de Accionistas de Repsol, en Madrid (España), para solicitar que se cumpla con lo prometido tras el derrame en la costa de Lima. Y, en un pliego de cinco preguntas, trasladaron el malestar y la incertidumbre de las familias afectadas.

María Bardolet Dilme, encargada de Incidencia Política de la Fundación Oxfam Intermón de España, explicó a OjoPúblico que lograron ingresar a la reunión gracias a que un accionista de la petrolera les delegó su participación. Mencionó que su petición en la junta está respaldada por más de 80 organizaciones y las firmas de 1.600 personas. 

REUNIÓN. En la Junta General de Accionistas de Repsol participaron organizaciones ambientalistas que enfrentaron a la petrolera por el desastre en Perú. 

Foto: Repsol

En la sesión a la que tuvo acceso OjoPúblico, Nerea Basterra García, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, planteó a los inversionistas cinco preguntas que cuestionan la falta de transparencia en la evaluación de impacto de los daños y en los procesos de compensación, que son percibidas como ‘injustas e impuestas’ por parte de los afectados y que no toma en cuenta los impactos diferenciados sobre las mujeres.

Las interrogantes también giraron en torno a la ausencia de un plan de remediación ambiental y sobre si Repsol aplicará cambios en sus políticas de derechos humanos y la debida diligencia luego del derrame del crudo. 

“Una empresa que se considera referente en la aplicación de los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos debería mostrar mayor transparencia sobre sus procesos —y también sobre sus dificultades y aprendizajes— de la escucha de las preocupaciones de las partes interesadas y afectadas, en este caso por el derrame [en Ventanilla]. La apertura para implementar las mejoras en los procesos de reparación y un enfoque de género robusto deben ser prácticas fundamentales de una empresa líder con capacidad de influencia entre las empresas de su sector”, resaltó Nerea Basterra García. 

A su turno, María Bardolet Dilme enfatizó a OjoPúblico sobre el compromiso de comunicación de la empresa respecto a su proceso de debida diligencia vinculado al derrame del crudo en Perú. Ello en referencia a que la empresa aún no ha publicado su informe de evaluación de impactos en derechos humanos y ambientales.

María Bardolet Dilme hizo hincapié, además, en la necesidad de reforzar el enfoque de género en el manejo de la remediación del desastre. Esto debido a que, por ejemplo, las mujeres con actividades vinculadas como armadoras fileteras, pescadoras de orilla tuvieron mayores dificultades que los hombres para recibir sus compensaciones, porque no fueron consideradas como "pescadoras propiamente dichas”. 

PROTESTA. Activistas reclamaron a las afueras de la sede principal de Repsol en Madrid (España), donde se llevaba a cabo la Junta General de Accionistas. 

Foto: Juventud por el Clima

“Repsol no asume esta responsabilidad” 

El consejero delegado de la compañía petrolera, Josu Jon Imaz, inició su respuesta a las preguntas de las representantes de Oxfam Intermón con un enfático “Repsol no fue responsable de la causa original del accidente de Perú” y trasladó la culpa al movimiento del buque de la italiana Mare Doricum que transportaba el hidrocarburo. 

“Repsol no asume —en términos legales— esta responsabilidad porque no estuvo en el origen de la causa, pero lo que Repsol hizo desde el primer momento fue actuar. Y, más allá de la responsabilidad legal que pudiera corresponder a otros, en el primer momento del derrame en Perú en 2022 acometimos todas las acciones necesarias. Hemos destinado más de USD 300 millones a limpieza, a remediación, a compensaciones en las zonas afectadas”, afirmó Josu Jon Imaz. 

ENFÁTICO. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que la compañía española no es responsable del derrame de petróleo en Perú. 

Foto: Repsol

El CEO de Repsol aseguró que “toda la zona afectada ya cumplía con los estándares de calidad ambiental desde el segundo semestre de 2022, contrastable con los estudios presentados a las autoridades peruanas”.

No obstante, es preciso señalar que, hasta junio del 2023, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) señaló que todavía persistía la presencia de hidrocarburos totales de petróleo en las “zonas más costeras, así como en línea de playa”. 

Y en enero de 2024, la Defensoría del Pueblo advirtió que “a dos años del derrame de petróleo frente al mar peruano, aún no se da inicio a la etapa de rehabilitación ambiental”. 

Respecto a la compensación económica a las familias afectadas, el ejecutivo de la petrolera señaló que la compañía española reparó a 10.000 personas que figuran en el Padrón Único de Afectados, elaborado por el Gobierno peruano. 

“Los pescadores afectados han recibido como promedio S/100.000, que es una cantidad superior al ingreso habitual por su actividad”, dijo Josu Jon Imaz.

 

Cinco respuestas pendientes de Repsol

Antes de asistir a la Junta General de Accionistas, las organizaciones ambientales ya habían hecho llegar una carta abierta con el pliego de preguntas a Repsol, las cuales se basan en un informe elaborado por Oxfam, CooperAcción, Alianza por la Solidaridad (ActionAid), Greenpeace y Finanzas con Derechos Perú.

Repsol, por su parte, respondió a las ONG con un documento en el que detalla en 34 puntos sus acciones realizadas posterior al derrame de crudo de enero de 2022 en Ventanilla. 

Cinco respuestas pendientes de Repsol: Incumplimientos en el proceso de remediación y reparación de una de las mayores catástrofes medioambientales del Perú es el informe —publicado el 10 de mayo— que recoge los cuestionamientos que consideran que la petrolera todavía no ha resuelto frente al desastre ambiental en Ventanilla. 

La primera pregunta está referida a la necesidad de transparencia en la evaluación de impacto de los daños y en los procesos de compensación de los afectados: ¿en qué fecha va Repsol a hacer públicos sus informes de valoración de impactos en derechos humanos y de valoración de daños?

Ello en cuanto a que los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas establecen que los procesos de debida diligencia deben incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, además de la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. 

No obstante, a más de dos años del derrame de crudo en Perú, Repsol aún no ha publicado su informe de evaluación de impactos en derechos humanos y ambientales. Y las organizaciones alertan que tampoco ha compartido información clave, como su inventario de daños, la identificación de las partes afectadas o la metodología que ha empleado para calcular las compensaciones.

“Es urgente que Repsol diga cómo va a reparar los daños a pescadores. Las medidas de remediación son consideradas injustas"

El segundo cuestionamiento es sobre la ausencia de remediación ambiental dos años después de la catástrofe: ¿cuándo va a implementar Repsol los planes de remediación ambiental en las zonas afectadas y cómo va a garantizar transparencia y participación de las partes afectadas conforme a los estándares internacionales?

Sobre ello, María Bardolet Dilme, de Oxfam Intermón, explicó a OjoPúblico que, a dos años de la contaminación ambiental, los planes de remediación que ha estado presentando Repsol al Gobierno peruano no cumplen con los requisitos necesarios para que sean admitidos a trámite y se puedan implementar. 

“Pedimos que Repsol sea diligente en presentar unos informes que tengan las condiciones suficientes para que sean admitidos y que el Gobierno peruano también haga su parte de admitirlos y facilite que esta remediación ocurra lo antes posible, porque hasta ahora eso no está ocurriendo”, resaltó. 

La tercera consulta traslada la percepción de los afectados que consideran que las compensaciones han sido injustas e impuestas: ¿qué medidas va a tomar Repsol para saldar las deudas pendientes y garantizar compensaciones justas y adecuadas para todas las partes afectadas?

Las organizaciones enfatizan que uno de los aspectos más problemáticos del proceso de compensación fue la identificación de las partes perjudicadas. Ya que, si bien el Estado peruano creó un padrón de afectados dos meses después de la catástrofe, Repsol debió realizar inmediatamente su propio censo —tal como lo exige la legislación nacional—, pero no lo hizo. 

Sumado a ello, se reportaron deficiencias en el cálculo de las compensaciones, como lo dio a conocer OjoPúblico en un reportaje que fue citado en el informe de las ONG.

“Es urgente que Repsol diga cómo va a reparar los daños causados a los pescadores y que responda sobre las medidas de remediación que son consideradas injustas por parte de los afectados. Cuándo van a reanudar los posibles diálogos para asegurar que la reparación sea justa”, manifestó la representante de Oxfam Intermón.  

AFECTADOS. Se reportaron deficiencias en la identificación de los perjudicados por el derrame de petróleo y en el cálculo de las compensaciones económicas. 

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

La cuarta pregunta aborda el proceso de compensaciones que no ha tenido en cuenta los impactos diferenciados sobre las mujeres: ¿cómo va a abordar y remediar Repsol los impactos del derrame sobre las mujeres?

Luego de entrevistar a diversas mujeres afectadas, el informe  evidencia que Repsol no ha identificado adecuadamente que los impactos del derrame de petróleo ha afectado de manera diferenciada a las mujeres de las comunidades cercanas a la zona del desastre, y no ha incorporado una perspectiva de género en su respuesta a la crisis. 

“Las indemnizaciones que Repsol les ha ofrecido hasta la fecha las califican de abuso y decepción, porque no cubren sus necesidades. Según la opinión de una informante, ganaba hasta tres veces más antes del vertido. Esta sensación de injusticia es tal que alguna de las entrevistadas ha llegado a rechazar la remediación por considerarla una falta de respeto”, se detalla en el informe. 

La quinta y última interrogante está ligada a los cuestionamientos a la gestión que ha efectuado la petrolera española respecto a una de las mayores catástrofes ambientales en Perú: ¿qué cambios va a incorporar Repsol en la implementación de sus políticas de derechos humanos y prácticas de debida diligencia?

“Ellos se escudan que sus procesos están basados en estándares internacionales y que además lideran un ranking internacional que existe sobre empresas y derechos humanos, pero no están haciendo un ejercicio de autocrítica para ver qué parte no se ha llevado a cabo bien y qué parte se debería mejorar en un proceso de remediación tan grave como este”, explica María Bardolet Dilme.

La representante de Oxfam Intermón resalta que las organizaciones exigen a Repsol que haga una autocrítica y una revisión del desastre ambiental causado y sobre los mecanismos aplicados, para que en caso ocurra un suceso similar a futuro puedan aplicar procesos de respuesta mejorados frente a lo que se ve en Perú.