Con la colaboración de Gianfranco Huamán

Aunque la tasa de población ocupada en 2023 mostró una recuperación frente al periodo pre pandemia (2019), hay un dato que llama la atención: el aumento del empleo informal o subempleo, en lugar del empleo adecuado. Perú todavía adolece de lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina como “trabajo decente”.

Esto se refleja en la cifra de las empresas sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por infringir las condiciones laborales de sus trabajadores. El ente fiscalizador impuso 41.339 multas por un total de S/1.380 millones a cerca de 20.000 empresas en los últimos cinco años —de 2019 a 2023—, según información a la que accedió OjoPúblico mediante el Portal de Transparencia.  

Este medio analizó las sanciones impuestas por la autoridad fiscalizadora en el periodo 2019-2023, tomando en cuenta la fecha de resolución de la multa, y se halló que los infractores son tanto entidades públicas como privadas, y personas naturales con Registro Único de Contribuyente (RUC) que contratan personal.

Las empresas más multadas son Essalud por un total de S/16,8 millones y la Universidad Alas Peruanas por S/11,1 millones. Según la información brindada por la Sunafil, le siguen Consorcio Supervisor Louis Berger - Hob, por S/7,4 millones; la Municipalidad de Chiclayo, con S/7 millones y Empresa Agroindustrial Pomalca, con S/6,5 millones. 

El ranking de las 10 entidades infractoras lo completan Shougang Hierro Perú, con S/6,4 millones; Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control (Esvicsa), con S/6,3 millones; Municipalidad Provincial de Maynas, con S/6,2 millones; Banco de la Nación, con S/5,7 millones, y el Banco de Crédito del Perú (BCP), con S/5,7 millones. 

Es preciso señalar que una multa puede abarcar más de una infracción. En total son 90.570 las faltas cometidas por las empresas en el periodo señalado, de las cuales 36.604 son por “obstrucción a la labor inspectiva” —el 40% del total—. Laboralistas consultados para este informe coinciden que una práctica común de las empresas es impedir la labor de los fiscalizadores de la Sunafil, con el fin de evitar que se les descubra otras faltas más durante la inspección. 

“La mayoría de empresas buscan evadir la fiscalización de diversas maneras, como dificultar el acceso a la empresa, evitar que los fiscalizadores tengan contacto con los trabajadores afectados para tener mayores detalles de la denuncia, no facilitar toda la información de planillas a tiempo para que la autoridad pueda verificar”, explicó el sociólogo del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Enrique Fernández-Maldonado Mujica.

Otras infracciones recurrentes también son el incumplimiento del pago de remuneraciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y bonificaciones, así como la vulneración de la “jornada, horario de trabajo y descansos remunerados” y no contar con planillas o registros de control de asistencia. También es frecuente la falta de un adecuado plan de gestión interna de la seguridad y salud en el trabajo, y la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). 

Lima concentra 19.542 multas. Esto es casi la mitad (47%) del total y —por la mayor carga— esta se reparte en seis dependencias de la Sunafil que emitieron las resoluciones. La segunda región con mayores empresas infractoras es La Libertad, seguida de Arequipa, Callao, Cajamarca y Cusco. 

En 2021 se alcanzó el mayor número de multas (10.402), que suman S/390’494.966. Posterior a ello, la tendencia ha ido a la baja y, en 2023, se registraron 9.063 sanciones, que suman S/285’631.878, aunque estas cifras siguen estando muy por encima del periodo prepandemia —6.907 multas por S/184’018.622, en 2019—.

Empresas de salud y educación 

El Seguro Social de Salud (Essalud) lidera la lista de empresas públicas y privadas con mayor monto de multas impuestas por Sunafil por infringir las condiciones laborales básicas. Recibió 268 de estas sanciones en 24 regiones, que totalizan S/16’847.030. 

Su sanción más elevada fue en Lima por S/812.784 por seis faltas relacionadas a “bonificación no remunerativa”, “Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)”, “obstrucción a la labor inspectiva”, “planillas o registros que la sustituyan”, “remuneraciones” y “seguridad social”. Esta se resolvió en noviembre de 2020 en primera instancia. 

Otras dos multas altas se aplicaron en Lambayeque. Una resuelta en marzo de 2023, cuando se le aplicó S/578.864 por tres infracciones ligadas a las “condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria”, “obstrucción a la labor inspectiva” y la “prevención y protección contra incendios”. Y otra, de diciembre de 2022, por S/483.276 a causa de problemas en la “bonificación no remunerativa”. Ambas están en segunda instancia. 

Al ser consultado por OjoPúblico sobre la cancelación de estas multas, Essalud respondió que “muchas no han sido efectivas”, dado que la entidad recurrió a las instancias administrativas y judiciales. “Las multas, en su mayoría, han sido interpuestas durante el periodo de pandemia”, precisó. 

La mayoría de empresas buscan evadir la fiscalización de diversas maneras".

La segunda empresa con más infracciones laborales es la Universidad Alas Peruanas (UAP), que registra S/11’193.291 por 283 multas impuestas entre 2019 y 2023, en sus diferentes sedes en 20 regiones del país. Sus multas más elevadas, por hasta S/542.187, fueron aplicadas por “obstrucción a la labor inspectiva”, tales como no facilitar la información y documentación solicitada por la Sunafil, o no asistir a una diligencia virtual programada. 

La Universidad Alas Peruanas detalló a este medio que otras de las causales fueron por no acreditar el pago de gratificaciones, de la bonificación extraordinaria, de la CTS, de la remuneración ordinaria y vacacional. También, por no acreditar la declaración y el pago de aportes a la AFP, la entrega de certificado de trabajo y de boletas de pago, no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento y no acreditar el registro de control de asistencia. 

No obstante, la institución educativa señala que las multas impuestas, en su mayoría, responden a citaciones o requerimientos de información de Sunafil que no fueron respondidos por la universidad porque —según atribuye— no tuvo conocimiento de estos por una "errónea notificación". 

“Se causó indefensión a la UAP y esa indefensión derivó en multas sucesivas (...) Por esta razón, la Universidad Alas Peruanas ha iniciado las acciones judiciales correspondientes en contra de la Sunafil, con la finalidad de controvertir estas multas por mala notificación, la cual no le permitió ejercer una adecuada defensa, al no estar al tanto de dichos requerimientos”, señaló en comunicación con OjoPúblico. 

Las que completan el top 10 

La empresa que —según el registro entregado por Sunafil— figura como la tercera con mayor monto de multas acumuladas es el Consorcio Supervisor Louis Berger - Hob, con S/7’476.701, por dos sanciones aplicadas en Huánuco, en 2021. 

En el registro de la superintendencia figura que una de las sanciones al consorcio fue de S/7’460.500, en setiembre de 2021, por la faltas tipificadas como “desnaturalización de la relación laboral”, “obstrucción a la labor inspectiva”, problemas en las “planillas o registros que la sustituyan”, en el pago de las “remuneraciones”, y ligadas a la “seguridad social. 

En el cuarto lugar se ubica la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), que acumula S/7’028.839 por 61 multas. Su principal falta está también relacionada a la obstrucción a la labor inspectiva.

Además, figuran otros motivos, como “gestión interna de seguridad y salud en el trabajo”, “accidente de trabajo que cause muerte o invalidez permanente total o parcial”, “equipos de protección personal”, y “seguro complementario de trabajo de riesgo”. 

En quinto lugar se encuentra la Empresa Agroindustrial Pomalca, ubicada en Lambayeque, que tiene como accionistas a Corporación Agroindustrial del Norte (Perú), IA Capital Structures (Irlanda) y Yielding Accounting Systems (Panamá). 

La agroexportadora suma S/6’552.310, por 35 multas en los últimos cinco años. Su sanción más elevada fue de S/911.400 por observaciones de la Sunafil sobre las “condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria”, “equipos de protección personal”, “estándares de higiene ocupacional”, “gestión interna de seguridad y salud en el trabajo”, “obstrucción a la labor inspectiva”, “planes y programas de seguridad y salud en el trabajo”. 

Le sigue Shougang Hierro Perú (de la estatal china Shougang Group) —que opera la mina Marcona, en Ica—, con 48 sanciones por S/6’479.244. Sus multas más altas —de S/860.000, resuelta en mayo de 2022, y de S/589.050, en marzo de 2019— se dieron por discriminación en el trabajo y obstrucción a la labor inspectiva. La empresa extractiva también registra otras multas por faltas relacionadas a la seguridad y salud de sus trabajadores. 

RECLAMOS. En setiembre de 2023, trabajadores de la empresa de seguridad Esvicsac denunciaron la falta de pago de sus remuneraciones, CTS y gratificación. 

Foto: Prensa Regional

Continúan en la lista dos entidades públicas. La Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control (Esvicsac), con 130 multas por S/6’370.416, y la Municipalidad Provincial de Maynas, con 31, por S/6’252.927. 

Esvicsac es una empresa estatal de vigilancia que pertenece a Essalud. En setiembre de 2023, un grupo de trabajadores de regiones realizaron un plantón en las afueras de la sede central del Seguro Social, en Lima, para reclamar el pago de sus remuneraciones y otros beneficios laborales, como CTS y gratificaciones. 

Completan el ranking de las 10 empresas con mayores infracciones laborales en los últimos cinco años dos entidades financieras, una de ellas estatal y la otra privada:  el Banco de la Nación, con 90 multas que totalizan S/5’738.254, y el Banco de Crédito del Perú (BCP), con 146 multas por S/5’716.027.

El Banco de la Nación —que alberga a 5.000 trabajadores en 552 agencias— registra sanciones en 18 regiones del país. Entre sus principales faltas destacan “discriminación en el trabajo”, “hostigamiento y actos de hostilidad”, y “obstrucción a la labor inspectiva, falta de equipos de protección”, entre otros. 

La entidad bancaria respondió a este medio que “ha cumplido con el pago de las multas en los casos que hayan adquirido firmeza al haberse agotado la vía administrativa o judicial correspondiente. Las que aún se mantienen pendientes de pago se encuentran debidamente provisionadas a la espera que exista una decisión judicial firme de las autoridades, llámese el Poder Judicial o la propia Sunafil”. 

Finalmente, en el caso del BCP —además de Lima y Callao— las sanciones fueron aplicadas en otras 23 regiones del país. La gran mayoría de sus multas, y también las de mayor monto, son por “obstrucción a la labor inspectiva de la Sunafil”. 

El BCP señaló a OjoPúblico que es objeto frecuente de fiscalizaciones por parte de Sunafil, por su cantidad de colaboradores (cerca de 18.000) en 300 agencias en el país, tanto por iniciativa propia de la autoridad como por denuncias de colaboradores y excolaboradores. Aseguró que “la mayoría de estas fiscalizaciones concluyen con informes que favorecen al banco, con cerca del 70% de los casos, en el 2023, finalizando sin hallazgos de infracciones”. 

Este medio contactó a todas las empresas del ranking para pedir sus descargos. Pero, al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta de Pomalca, Shougang Hierro Perú, Municipalidad Provincial de Chiclayo, Esvicsac ni la Municipalidad Provincial de Maynas. 

El proceso sancionador 

La asesora legal de organizaciones sindicales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gisella Figueroa Toledo, explica que los trabajadores tienen dificultades desde el momento en que presentan sus reclamos: se les pide adjuntar pruebas específicas o, de lo contrario, Sunafil no designa un fiscalizador y se archiva el caso. 

“Si no lo has hecho con un abogado y tienes una denuncia sin pruebas, se archiva. Pese a que el discurso es que es sencillo ingresar el reclamo, en la práctica, no es así porque, a la hora de calificar a qué casos designan fiscalizadores, ponen trabas”, anota la especialista.  

El 55% (S/770’574.336) del monto total de las multas impuestas por Sunafil entre 2019 y 2023 se encuentran en segunda instancia, lo que implica que fueron previamente apeladas por la empresa en la primera. 

El abogado laboralista Ricardo Herrera Vásquez explica que, si una falta es "leve" o "grave", lo máximo que puede llegar es a segunda instancia. Solo las consideradas como "muy graves" pueden pasar a una tercera instancia, que es el Tribunal de Fiscalización Laboral. Y, si el empleador aún sigue disconforme con la sanción, puede recurrir al Poder Judicial y, ese proceso, puede demorar años en resolverse.

Herrera Vásquez aclara que, una vez que se agota la vía administrativa, la empresa está obligada a pagar su multa impuesta. De lo contrario, Sunafil puede ejecutar la cobranza coactiva. Esto incluso si la empresa recurrió a la vía judicial, salvo que tenga una medida cautelar que suspenda el cobro de la sanción impuesta. 

Gisella Figueroa, de la CGTP, precisa que, cuando un caso pasa a la etapa sancionadora —donde se aplican las multas—, quedan como partes solo la Sunafil y la empresa, y nada garantiza que el empleador remedie las condiciones al trabajador por las que fue multado. “La Sunafil no rectifica las faltas, solo da recomendaciones. Pero, más allá de eso, no tiene capacidad de corrección a que se cumpla con el derecho”.