Mientras la selección nacional se prepara para jugar el último partido con miras a clasificar al Mundial Rusia 2018, Manuel Burga Seoane (60), expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) entre los años 2002 y 2014, enfrenta el encuentro de su vida frente la Corte Federal del Este de Nueva York, por cargos de lavado de dinero, fraude fiscal y corrupción en el marco del Caso Fifagate.

En la audiencia realizada ayer en dicha sede judicial, el expresidente de Torneos y Competencias (TyC), el argentino Alejandro Burzaco, habló del proceso de millonarios sobornos en las altas esferas de la poderosa Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Burzaco, uno de los empresarios corruptos que viene colaborando con la justicia, también declaró contra Burga, presidente de la FPF en la etapa eliminatoria para los mundiales Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Los acusados Manuel Burga, Juan Ángel Napout de Paraguay y José Maria Marin de Brasil, todos expresidentes de las federaciones de fútbol de su país, podrían ser sentenciados hasta con 20 años de prisión. 

“Estos acusados engañaron al deporte para llenar de billetes sus propios bolsillos”, dijo Keith Edelman, abogado asistente para el distrito este de Nueva York durante la audiencia realizada el día martes 14 de noviembre.

Burga fue presidente de la FPF durante las eliminatorias para tres mundiales.

En lo que se refiere al Perú, Burzaco dijo que Burga –extraditado a EE.UU. y sometido a medidas restrictivas tras pagar una millonaria fianza para permanecer en libertad– recibió US$ 3.6 millones para adjudicar a grandes televisoras la transmisión de los dos torneos más importantes de la región: las copas Libertadores y Sudamericana. Además indicó que había prometido un pago de US$ 3 millones más pero que este nunca se concretó.

En otra de sus declaraciones, el expresidente de TyC dijo que se suspendió el pago de sobornos al extitular de la FPF luego de que este demostrara una posición contraria –durante una reunión de la Conmebol en el 2013– a los manejos de dicha entidad. La decisión fue tomada por Burzaco y Julio Grondona, quien era vicepresidente de la FIFA en aquella época.

JUSTICIA. Corte federal de Brooklyn./ Don Emmert (AFP). 

En el marco de la etapa preliminar del juicio, Ojo-Publico.com accedió a la transcripción oficial de una audiencia realizada el 6 de abril del 2017 entre el abogado de Burga y la corte federal presidida por la juez Pamela Chen. En la diligencia, el letrado Bruce Udolf dijo que el proceso extradición de su cliente desde Perú se demoró porque las acusaciones de lavado de dinero y fraude correspondían a las figuras de ofensas de sobornos comerciales.

El abogado, en referencia al caso de Burga, dijo lo siguiente: “Es rutinario que los compradores acepten dádivas, una forma de soborno comercial… En efecto, en la mayor parte del mundo es parte de los negocios. En el subcontinente asiático, ellos le dicen ‘baksheesh’, que si lo traducimos a nuestra jerga sería algo así como engrasar, usted sabe, para hacer que las ruedas del comercio funcionen. En este caso, este era la forma de vida”.

Burga recbia pagos anuales de US$ 400 mil, según Burzaco

Diez de los 13 acusados por el caso de corrupción más grande del futbol sudamericano ya se declararon culpables de sus actos ante la corte federal de Nueva York y están esperando su sentencia. Burga se ha declarado no culpable de los cargos imputados al igual que Napout y Marín, quienes también defienden su inocencia.

Burga es juzgado en el marco de la ley conocida como Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, por sus siglas en inglés).
 

La amenaza de Burga

La situación judicial de Burga podría complicarse aún más. La fiscalía de Nueva York dijo que abrirán una nueva investigación criminal contra Burga por supuestos actos de amedrentamiento contra Burzaco. Según esta versión, el extitular de la FPF pasó su dedo alrededor del cuello hasta en dos ocasiones, como quien simula la degollación de una persona.

En los próximos días, la juez Chen decidirá si procede una nueva investigación criminal, cuyo delito tiene una pena de hasta 20 años de cárcel. Por el momento, solo ha decidido restringir las condiciones de la prisión domiciliaria de Burga: solo podrá comunicarse con su abogado y se le ha limitado el uso del Internet. ACTUALIZACIÓN: 17/11/2017 - 17:11.